Educación Anticomunista

“Anticomunistas, productores y consumidores”

Reflexiones a la luz de las políticas educativas 1956-1976

Por: Brenda Oliva

Ocupar los salones de clase de las escuelas normales no sólo simboliza la imposición de la presencia militar, sino también una suerte de imposición del temor y el terror que dicha figura representa para la historia de la organización estudiantil en Guatemala. Las mal llamadas “ clases de valores” han sido la excusa, para de nuevo imponer la presencia militar en la escuela. No es casual que acciones como estas, estén iniciando en las escuelas normales, en donde los estudiantes en el último tiempo han movilizado importantes luchas y demandas en favor de la educación pública y gratuita, en particular contra la eliminación de la carrera magisterial. Tampoco resulta casual que dicha re militarización en la educación pública hoy pretenda imponerse como figura de autoridad y poder en el ámbito escolar, dado que es evidente el fuerte impulso del poder militar en todas las estructuras del Estado.

Las representaciones militares han tenido continuidad en la escuela y la historia de la educación en Guatemala, en particular en la definición de lo cívico en donde se incorporan rituales, discursos y representaciones que han buscado estabilizar, cohesionar e instalar un “sentido común” que responda a la lógica dominación. El historiador Benedict Anderson (1993), plantea múltiples ejemplos de cómo el Estado en la consolidación de las “naciones” ejerce controles en el campo educativo organizando revisiones de la “la historia oficial”, incorporando representaciones militares y reproduciendo afirmaciones identitarias de una “comunidad imaginada” o bien la consolidación de la “nación”; de esta forma cada tanto y ganando pulso en el campo educativo recrea o trae de vuelta dichas representaciones, discursos, rituales y dinámicas políticas, con el fin de mantener el “orden”.

Lo anterior tiene relación con la configuración del campo ideológico que representa la educación, en donde se ponen en disputa la acción política y parafraseando al sociólogo Pierre Bourdieu (1985) en la producción e imposición de representaciones (mentales, verbales, gráficas o teatrales) que pretende hacer o deshacer grupos de acuerdo a esquemas de clasificación y de dominación; la ruptura de estos esquemas suponen una subversión política por lo tanto una subversión cognitiva es decir una visión distinta del mundo.

Después de algunas reflexiones sobre educación, me remito a compartir algunas percepciones sobre las políticas públicas relacionadas a la historia de la educación en Guatemala, en particular me interesa evidenciar la imposición del imaginario “anticomunista” que se dio abiertamente a partir de 1954 hasta 1976 en las políticas educativas y 1985 en la Constitución. Un “Ser anticomunista, buen consumidor y buen productor” fue lo que delineó la política educativa y atravesó la “historia oficial” los rituales escolares, los discursos y las prácticas educativas.

Entre las primeras medidas del gobierno de facto de Carlos Castillo Armas, se realizaron cambios a los decretos que venían del periodo de la revolución. En consecuencia, en febrero de 1956 se hace una modificación a la Constitución Nacional. A partir de estos cambios, se observan referencias explícitas y prohibiciones relacionadas a la “ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario”. De este modo se instaura de manera “oficial” representaciones que definieron el “ser comunista, ser anticomunista, los sistemas totalitarios”, que poco después contribuyeron a las prácticas y acciones de violencia política justificadas en la persecución y eliminación de la presencia “comunista”.

Modificaciones a la Constitución Nacional 1956:

Artículo 23. Es libre la formación de y funcionamiento de partidos políticos que se normen por los principios democráticos.	Queda prohibida la organización o funcionamiento de todas aquellas entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier sistema totalitario.
Artículo 54. Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse libremente para los distintos fines de la vida humana, con el objeto de promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier orden.	Queda prohibida, sin embargo, la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo o en subordinación con entidades internacionales que promulguen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario.
Artículo 62. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas penadas por la ley a su anterior perpetración.	Toda acción comunista individual o asociada es punible. La ley determinará lo relativo a este punto de delitos.

Este mismo año, se aprobó la Ley Orgánica de Educación Nacional, en la primera parte establece que: “La educación tiende a hacer a los guatemaltecos ciudadanos aptos para vivir democráticamente y considerar a la democracia, a sus valores y a sus instituciones como las mejores formas de convivencia humana en oposición al comunismo y demás sistemas totalitarios”. Agrega: “la educación capacitará a los guatemaltecos para la vida del trabajo; para aprovechar y conservar los recursos naturales; para convertirse en buenos productores y buenos consumidores”. Esta ley tuvo vigencia de nueve años y los contenidos que describimos se mantuvieron vigentes en la nueva ley que se emitió en 1965.

La anterior ley se incorporó en afinidad con las modificaciones de la Constitución, observamos que una de las preocupaciones centrales está en el carácter ideológico desde una perspectiva anticomunista. Las definiciones de educación y mercado en los años sucesivos se inscribieron de manera oportuna para los fines e intereses que se marcaron desde la Alianza para El Progreso.

Fue así como anticomunistas, productores y consumidores inspiraron el perfil escolar que se pretendió consolidar en el campo educativo durante este periodo. Podemos considerar que estos cambios constituyeron sustancialmente a consolidar un proyecto abiertamente anticomunista, de carácter antisubversivo y en defensa de los intereses del mercado.

De acuerdo con Irene Piedra Santa (2011) en su estudio sobre “Alfabetización y poder en Guatemala, los años de la Guerra Fría 1944-1984”, los cambios políticos a nivel nacional, se encontraron estrechamente relacionados con los intereses geopolíticos y las relaciones de dependencia con Estados Unidos, Mismos que responde al contexto internacional que atravesaron los países de la región, en especial nos referimos a la Revolución Cubana y los logros sociales entre 1959 y 1961, la exitosa Campaña Nacional de Alfabetización que para Estados Unidos fue considerada como una amenaza de tipo “comunista” y de fuerte influencia en los países latinoamericanos con altos índices de analfabetismo y pobreza. Estos hechos llevaron a que EUA reconsiderara su política exterior e implementaron nuevas estrategias geopolíticas, dando lugar al impulso de “cooperación y progreso” para los países “amigos”.

Dichas medidas y estrategias tienen surgimiento en 1961, durante el periodo de John F. Kennedy, mientras se da la reunión con el Consejo Interamericano Económico y Social CIES, realizada en Uruguay, en la cual se aprobó la “Alianza para el Progreso” impulsada por EUA. Esta “Alianza” parte de la idea de que la pobreza y la marginación generaban condiciones propicias para la insurrección y empatía por el comunismo, es por ello que el “desarrollo” y las reformas sociales debían articularse a los intereses políticos: preservar de esta manera la “estabilidad” e impedir nuevos brotes insurreccionales.

La noción de desarrollo aparece como criterio para la concesión de ayuda “al desarrollo” a países “amigos” especialmente con riesgos de “desestabilización” política, relacionada a los intereses de seguridad estadounidense: Presencia “comunista”. De acuerdo a ello, contexto político guatemalteco de ese periodo, cumplían con todos los criterios y características para la implementación de dicha alianza. Los compromisos que asumieron los países que conformaron la Alianza para el Progreso, respecto al ámbito educativo, contempló la Acción Cívica Militar y con ello incremento de ayuda militar.

Explícitas ya las políticas educativas de carácter contrainsurgente y desde una perspectiva desarrollista y anticomunista, en 1965 se modificó de nuevo la Constitución Nacional, que se mantuvo vigente hasta 1985 es decir veinte años más.

En esta nueva constitución observamos que mantiene rasgos comunes con la anterior, pero advertimos el aumentó del contenido inspirado en el anticomunismo, dado que aparecen prohibiciones y sanciones explícitas en relación a la “la doctrina comunista”.

Capítulo V. Partidos Políticos Artículo 27: El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de partidos políticos cuyas normas y principios sean democráticos.	Es prohibido la formación o funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la ideología comunista o que por su tendencia doctrinaria, medios de acción o vinculaciones internacionales, atenten contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la organización democrática de Guatemala
Garantías Constitucionales Capítulo 1 Garantías y derechos Individuales Artículo 49: No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas por la ley anterior a su perpetración.	Toda acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia, es punible. La ley determinará lo relativo a esta clase de delitos. No hay prisión por deudas. No podrá imponerse pena de confinamiento.
Artículo 64: Los habitantes de la República tienen derecho a asociarse libremente para los distintos fines de la vida humana con el objeto de promover ejercer y proteger sus derechos e intereses, especialmente los que establece la Constitución	Se prohíbe la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo o en subordinación a entidades internacionales que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario.

Este mismo año, también se deroga la Ley Orgánica de Educación Nacional y se aprueba el Decreto 317 Ley Orgánica de Educación Nacional, vigente por nueve años más, mantiene las características ideológicas de la anterior y en consecuencia aumentó las prohibiciones en referencia al comunismo:

“Artículo 6o	El Estado garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente, siempre que no se atente contra el sistema democrático y la tradición cultural del país.”
Artículo 12	Son fines de la educación: h) hacer de los educandos ciudadanos aptos para vivir democráticamente, y considerar a la democracia, sus valores y sus instituciones, como las mejores formas de convivencia humana en oposición al comunismo y demás sistemas totalitarios. j) Capacitar a los educandos (…) para convertirse en buenos productores y buenos consumidores”
Artículo 20	e) Orientar y controlar el uso de obras de consulta, textos escolares y material didáctico, utilizados para la enseñanza de los diversos niveles educativos”
Artículo 145	(…) El educador se abstendrá de iniciar y activar la participación propia de los educandos en política o influenciar el ánimo de éstos en tal sentido”

En un contexto que se caracterizó por la exacerbación de la violencia política de los gobiernos cívico-militares del periodo, el congreso en 1976 emite el Decreto 73-76 Ley de Educación Nacional. Dicha ley omite todas las alusiones “al comunismo, a los sistemas totalitarios y la prohibición a educadores y educandos de participar en política”, los cambios que se dan en adelante a las políticas educativas ya no contienen prohibiciones o alusiones al comunismo.

Sin embargo, que hayan sido omitidas de manera explícita las representaciones anticomunistas instaladas como política de Estado por más de veinte años en el ámbito educativo, no significó que ya no existieran en el imaginario cotidiano y del “sentido común” de la población guatemalteca; tampoco de la dinámica política y educativa, así como de los rituales, discursos, contenidos curriculares y el aprendizaje de la historia. Consideramos que después de más de veinte años ya no hacía falta explicitar las prohibiciones “comunistas” porque habían quedado instaladas en las dinámicas sociales y políticas que configuraban parte del contexto de represión y terror de Estado en estos años.

Observamos que los hechos históricos y conflictos durante estos años no están aislados del contexto y los actores fuera de la región, sino se enmarcan en un periodo caracterizado por la “Guerra Fría”. La noción de “Guerra Fría Cultural” que implicó una batalla por la conquista de los “corazones y mentes” del bloque occidental frente al conflicto mundial, desde la visión estadounidense, implicó no sólo la guerra militar sino otras formas de “guerra no convencional” que introdujo la propaganda, y “guerra psicológica”, configurando de este modo un enemigo: el “comunismo” (Calandra y Franco 2012). Este enemigo “comunista”, impuso la representación de un “enemigo en nosotros” es decir un “otro interno”. La construcción de ese “enemigo interno” en el ideario colectivo se configuró de manera simbólica e inconsciente, a través del campo cultural que atravesó la política y dinámicas educativas. Este ideario “anticomunista” instalado abiertamente por el Estado, no sólo resultó útil para las clases dominantes sino también legitimó la violencia estatal en las posteriores décadas.

Después de 1976, hubo un aumento sistemático de la propaganda psicológica anticomunista que hizo referencia a las organizaciones guerrilleras así como a la población rural e indígena. La exacerbación de la violencia en las áreas rurales dejó cientos de aldeas y comunidades desaparecidas. Las élites militares en el poder diseñaron y desarrollaron planes de exterminio y genocidio, acciones sistemáticas de contrainsurgencia. El incremento de la violencia de Estado durante estos años, se consideró como el pico más alto en los más de cuarenta años de guerra interna, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico CEH.

Los actuales conflictos sociales que se configuran en respuesta a la resistencia y lucha por la defensa de la vida y territorio contra el modelo extractivista, la búsqueda de la justicia por lograr una condena a los perpetradores del genocidio reciente y terror Estado, las disputan de los sentidos la memoria, las movilizaciones estudiantiles, campesinas y de sectores populares, se confrontan con el discurso y las acciones de criminalización y persecución política en el contexto actual de Guatemala. Distintos actores políticos traen de vuelta la retórica y actualizan en el presente las representaciones del “terrorista-comunista”, entre ellos el sector empresarial y militar, en donde juega un papel importante la Fundación contra el Terrorismo ocupando un espacio en lo público y medios de comunicación, con el fin de ganar en la acción política y en la eficacia simbólica.

No han olvidado intervenir el campo educativo y de nuevo incursionan las aulas, acciones como esta de más demuestran que la ministra actual no sólo responde a los intereses del sector empresarial sino también abre las puertas al sector militar. En escuelas en donde muchas veces no se habla del pasado reciente y la “historia oficial” se aprende en dos párrafos de los textos escolares, una “historia oficial” que encubre al sector militar y empresarial como los responsables del terror de Estado y el genocidio reciente.

BIBLIOGRAFÍA

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Piedra Santa, Irene (2011). “Alfabetización y poder en Guatemala, los años de la Guerra Fría, 1944-1984”. Guatemala. Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA).

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