Mujeres Achi exigen condena por violaciones sexuales a que fueron sometidas durante genocidio

Treinta y seis mujeres del municipio de Rabinal Baja Verapaz no se detienen de exigir justicia por las violaciones sexuales sufridas en manos de las Patrullas de Autodefensa Civil y el ejército nacional en la época del genocidio, luego que un juzgado invalidó sus testimonios y puso en libertad a sus victimarios.

Por Rolanda García (Telesur)

Foto: Rolanda García

Se trata de mujeres que aún sufren las secuelas de las violaciones sexuales. Según relatan que el ejército llegó en sus comunidades en el año 1982-1983 bajo una estrategia de tortura y represión, sometiendo a varias mujeres a la violencia sexual. “Cuando masacraron a 30 hombres en la clínica ese día fue cuando me agarraron a mí, en mi casa, tenía siete meses de embarazo de un mi bebe, un varoncito, lo perdí porque nació torcido, bien golpeado, ahora sigo sufriendo de mi dolor, sufriendo de mi cuerpo”, cuenta Máxima Emiliana García. Esta misma situación enfrentó Antonia Baley, relata que a causa de la violación abortó a su bebe que tenía siete meses de gestación, “A veces me da mucha tristeza contar la historia, somos varias mujeres que sufrimos la violación, quedaron mis dos hijos en la capital ya no regresaron y ya no tuve tantos hijos por el tanto daño que sufrí en mi cuerpo”, manifiesta Baley. Mientras estas mujeres relataban sus vivencias, Higinia Baley quien prefirió hablar en su idioma Achí, destacó que ella se encontraba en su casa cuando un comisionado acompañado del ejército la acosó, “cuando vi que ellos llegaron cargué a mi hijo más pequeño, pero eso no les importó, me obligaron a bajarlo y lo tiraron a un lado, luego empezaron a violarme y dejaron dicho que si me encuentran otra vez en mi casa me van a asesinar de una vez”. Recuerdan que mientras algunas mujeres eran violadas en sus propias comunidades otras fueron trasladadas al destacamento militar donde también fueron sometidas a las torturas sexuales. “Junto a mi mamá nos llevaron al destacamento, allí fuimos golpeadas y violadas, delante de mi mamá fui violada, me dijo mi mamá: aguantá mi hija … No sabía que era una violación, yo tenía 19 años, doy gracias a Dios que aguanté y no me morí en el destacamento, aún recuerdo el nombre de uno de los patrulleros que se llamaba Juan Cecilio Guzman Torres, él ya se murió y el otro se llamaba Cristóbal Pérez”, cuenta Margarita Siana Cruz.

Foto: Rolanda García

Paulina Osorio, otra sobreviviente, afirma que producto del trauma inicialmente se organizaron once mujeres. Todas declararon ante el Ministerio Público de Salamá Baja, Verapaz, pero al ver que la justicia no actúa trasladaron su denuncia en la ciudad capital. Meses después a seis acusados se les dictaminó orden de captura, pero en audiencia de etapa intermedia, celebrada el pasado mes de agosto, fueron liberados por la juez Claudette Domíguez. Desde aquel dictamen las víctimas siguen exigiendo justicia, una recusación contra la imparcialidad de Claudette se dio con lugar el pasado mes de septiembre; la jueza en mención fue retirada del caso, y en su lugar se asignó el juez Miguel Ángel Gálvez, refieren. “Es lamentable que la juez Claudette haya clausurado el caso y dejó en libertad a seis ex Patruyeros de Autodefensa Civil, sin tomar en cuenta los medios de prueba que obra dentro del proceso, resaltó, Jesús Tecú, del Bufete Popular de Rabinal”.

Foto: Rolanda García

Las sobrevivientes son parte de las más de 30 mil mujeres víctimas que pasaron por violaciones sexuales durante la dictadura militar de los años ochenta, cuya lucha es que el Estado de Guatemala dictamine una sentencia condenatoria a su caso. Es el segundo proceso de mujeres quienes han perdido el miedo en denunciar las violadas sexualmente sufridas en los años del genocidio, luego que en el año 2016 el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo condenó a dos victimarios a 120 y a 240 años de prisión. Se trata de Esteelmer Reyes Giron, excomandante de la base militar de Sepur Zarco y al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig, por someter a esclavitud sexual a once mujeres de la comunidad de Sepur Zarco de El Estor, Izabal, durante el genocidio.