Experto militar: Altos oficiales del ejército tenían todo el conocimiento y responsabilidad por los crímenes cometidos contra la familia Molina Theissen

El jueves 24 de abril, el tribunal del juicio Molina Theissen llamó al testigo Héctor Rosada Granados, científico social guatemalteco quien fungió como negociador de paz por parte del gobierno desde el año 1993 a 1996 y como Secretario de Paz del Presidente. Su libro, Soldados en el Poder, es ampliamente considerado como un importante texto para la comprensión de las fuerzas armadas guatemaltecas durante el conflicto armado. Rosada Granados también testificó en el Juicio por Genocidio de 2013 contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Su peritaje para el caso Molina Theissen se centró en el Estado Mayor del Ejército, la inteligencia militar y la Zona Militar de Quetzaltenango (ZM 17), así como en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

Rosada Granados inició su testimonio afirmando que la inteligencia militar tiene un canal de comunicación exclusivo, que fluye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, siguiendo la jerarquía de la cadena de mando. Describió las distintas responsabilidades de los oficiales de inteligencia G2 y S2, que en este caso eran los acusados Manuel Callejas y Callejas y Hugo Zaldaña Rojas, respectivamente, y señaló que había comunicación directa entre ellos dos.

El director de inteligencia o G2, dirige el sistema de inteligencia del ejército; orienta y posee la visión de supervisar y vigilar que se hagan las cosas según lo planificado. El oficial de G2 es miembro del Estado Mayor del Ejército y tiene el mando de todos los miembros del sistema de inteligencia militar, lo que significa que da las indicaciones, establece las tareas y los plazos para completar esas tareas. El oficial S2, quien es parte del personal de la zona militar donde se encuentra su base, pero también responde al director de inteligencia, tiene la responsabilidad de caracterizar al enemigo, el terreno y cualquier obstáculo en el terreno para la implementación de los planes.

El experto testificó que lo que le sucedió a Emma y a Marco Antonio Molina Theissen revela la forma en que los militares implementan sus planes, basados en la transmisión de información a través de los canales correspondientes de comunicación. Específicamente, el oficial de inteligencia de S2 en la zona militar 17, Zaldaña Rojas, transmitió la información sobre la captura, tortura, cautiverio y escape de Emma a través del canal de inteligencia jerárquica al Estado Mayor del Ejército. El jefe del Estado Mayor del Ejército  -Benedicto Lucas García- ordenó al Comandante de la ZM17 -Gordillo Martínez- que recapturara a Emma, quien luego le ordenó al oficial de S2 que dirigiera y supervisara la misión de recapturar a Emma (que en vez de eso, resultó con la captura de su hermano Marco Antonio). El experto concluyó que basado en su análisis, el jefe del Estado Mayor del Ejército y el oficial de S2 de la ZM17 tuvieron pleno conocimiento y responsabilidad de esta operación.

El experto explicó que los eventos en cuestión revelaron el funcionamiento de dos distintas cadenas de mando, el primero es la dirección estratégico militar, encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército El segundo, la dirección operacional militar, llevado a cabo por los comandantes de las diferentes unidades militares dentro de sus zonas operativas. Los directores del estado mayor del ejército estaban bajo el mando del jefe de personal del ejército, Lucas García, mientras que el director de inteligencia militar tenía bajo su mando a los oficiales de S2, así como todos los elementos agregados del Sistema de la G2. Al mismo tiempo, el jefe del Estado Mayor del ejército tenía bajo su comando a todos los comandantes de las zonas militares; estos comandantes estaban a cargo de los asignados a las zonas operativas dentro de su jurisdicción. La cadena de mando es el elemento definitorio de la institución militar, afirmó. El experto señaló que el jefe de personal del Ejército forma parte del alto mando del Ejército, que asesoró al ministro de Defensa. El Artículo 12 de la Ley del Ejército otorga al jefe del Estado Mayor del Ejército el mando, organización, instrucción, disciplina y conducta de las Fuerzas Armadas.

Señaló que a fines de 1981 hubo un cambio en el modo de operaciones contrainsurgentes, incluida la creación de unidades móviles flexibles y fuerzas irregulares como comisionados militares, patrullas de defensa civil (PAC) y otros civiles que actuaron bajo la dirección de inteligencia militar. Grupos especializados y asesinos a sueldo anónimos controlados por el sistema de inteligencia militar llevaron a cabo múltiples actos de violencia extrema. Esta estructura operacional descentralizada y clandestina permitió a altos oficiales militares ocultar su propia responsabilidad en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El experto señaló además que la captura de Emma Molina Theissen tenía que ser reportada necesariamente por los oficiales de S2 a su comandante y, si no estaba presente, al segundo comandante. Tanto el oficial S2 como el comandante de ZM17 necesariamente tuvieron que informar al personal general del Ejército y al director de inteligencia sobre su captura. Concluyó diciendo que “no había ni uno solo dentro de la brigada que no tuviera conocimiento” de la captura de Emma Molina Theissen.

El experto también señaló que la captura de Emma no era parte de ningún plan militar, pero fue el resultado de una orden para encontrar información. Concluyó esto porque Emma fue capturada en un puesto militar de control establecido por orden del Jefe del Estado Mayor del Ejército, y porque después de encontrar documentos del partido JPT consigo misma, el ejército la transfirió a un lugar donde podían interrogarla.

Durante la exposición del peritaje, la esposa de uno de los acusados, Hugo Zaldaña Rojas, interrumpió en varias ocasiones el proceso y se burló del experto, lo que llevó al tribunal a ordenar su expulsión de la sala del tribunal.

Dos peritos adicionales testificaron para la acusación en la tarde del 24 de abril y la mañana del 25 de abril. El primero fue el del grafólogo Erasmo Maquín, quien confirmó que las firmas de Lucas García en varios documentos fechados en 1981 eran auténticas. Finalmente, Velia Muralles, experta en archivos y documentos oficiales, testificó sobre documentos incautados el 6 de enero de 2016 de los domicilios de los acusados Gordillo Martínez y Callejas y Callejas. La experta dijo que los documentos relacionados con la captura y registro de María Margarita Chapeton Rosales en septiembre de 1981 fueron encontrados en la casa de Gordillo Martínez. Esta es la identidad que Emma usó en el momento de su captura y las fechas coinciden con las fechas de su captura en 1981.

Otro documento hace referencia a una inspección de comandante realizada en la ZM 17, que incluye una orden para construir un lugar adecuado para la realización de interrogatorios. Esta solicitud reconoce la vulnerabilidad de la seguridad de la base militar, que se hizo evidente después de la fuga de Emma Molina Theissen nueve días después de su captura. La próxima audiencia está programada para el miércoles 9 de mayo.

• Jo-Marie Burt, politóloga y activista de derechos humanos, es profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y querellante del caso del Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el Monitor Internacional de Justicia y traducido por Paula Orellana.