El Juicio Molina Theissen camino a sentencia

El juicio de Molina Theissen está llegando a su finalización y se espera un veredicto a principios de esta semana.

Por: Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

Las conclusiones finales que comenzaron la semana pasada, continuaron el jueves 17 de mayo con Héctor Reyes, abogado de la madre de las víctimas, Emma Theissen Alvarez de Molina, así como abogados defensores de cuatro de los acusados, dirigiéndose al tribunal.

En la próxima audiencia, programada para el lunes 21 de mayo, los abogados defensores de Benedicto Lucas García y cada uno de los acusados presentarán sus comentarios finales. Emma Molina Theissen y su madre se dirigirán a la corte y luego ésta programará una audiencia final.

Observaciones finales: Emma Theissen Alvarez de Molina

En sus observaciones finales, Reyes resumió los hechos del caso, centrándose en la desaparición forzada de Marco Antonio el 6 de octubre de 1981. Le recordó a la Corte las razones por las que su clienta, Doña Emma, y su hijo de 14 años, Marco Antonio, se encontraban en la casa de la familia esa mañana, lo que coincide con el testimonio presentado por las hermanas Molina Theissen, Ana Lucrecia y María Eugenia, cuando tres hombres allanaron la casa de la familia y secuestraron a su hijo. Le recordó al tribunal que su clienta fue testiga presencial del secuestro y que en el tribunal identificó al acusado Hugo Zaldaña Rojas como uno de los hombres que secuestró a su hijo.

Reyes continuó con un breve análisis de los diferentes peritajes, argumentando que estos ayudan a determinar la responsabilidad funcional de los acusados en la desaparición forzada de Marco Antonio. Reyes concluyó que los tres acusados, Benedicto Lucas García, Callejas y Callejas y Zaldaña Rojas, fueron los responsables criminales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Citando el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, que establece que la responsabilidad penal por crímenes internacionales como el genocidio, la tortura y la desaparición forzada no están sujetos a estatutos de limitaciones, instó al tribunal a imponer una sentencia de 40 años de prisión por cada uno de los acusados (El Ministerio Público solicitó la misma sanción, así como 30 años por crímenes de lesa humanidad y 20 años por asalto sexual agravado contra Emma Molina Theissen por cada uno de los cinco acusados).

Observaciones finales: la defensa de los acusados

El representante de la Procuradoría General de la Nación (PGN) (una entidad separada de la oficina del Fiscal General) centró sus comentarios en el tema de las reparaciones, afirmando que la familia Molina Theissen ya había recibido reparaciones económicas del Estado de Guatemala como resultado de la Sentencia de 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no se refirió a las reparaciones que el estado de Guatemala aún no ha implementado, incluida la búsqueda y devolución de los restos de Marco Antonio a la familia, y el enjuiciamiento penal y la sanción de los responsables.

Valdemar Antonio Figueroa, abogado defensor de Zaldaña Rojas, comenzó argumentando que el Ministerio Público no ha demostrado una relación clara entre los presuntos crímenes y su cliente. Argumentó que no había pruebas para corroborar el testimonio de Emma Molina Theissen y aseguró que ella nunca había sido capturada y retenida en la zona militar #17 (ZM17). También expresó serias dudas de que Emma podría haber escapado, dado lo que ella afirma que ocurrió durante su cautiverio en la base militar.

Figueroa cuestionó además la identificación de su cliente por parte de Emma Theissen Álvarez de Molina como el autor del secuestro de su hijo. Presentó dos fotografías de su cliente, una como un joven oficial en 1981 y otra más reciente; asegró que el cambio de apariencia y el paso del tiempo de Zaldaña Rojas arrojan dudas sobre la capacidad de Doña Emma de identificarlo acertadamente. Figueroa concluyó pidiendo al tribunal «en el nombre de Dios» que encontraran inocente a su acusado y lo devolvieran con su familia.

Después, en representación de Gordillo Martínez, Alejandro Antonio Arriaza Águila comenzó con un ataque contra el Ministerio Público. Denunció que el Ministerio Público estaba politizada y actuando de mala fe y acusó, sin proporcionar detalles, de que había manipulado y fabricado pruebas. Luego declaró: «Aquí hay dos bandas, derecha e izquierda, que solo quieren dinero y que viven como reyes», en referencia a este último. También afirmó que el Ministerio Público había plantado documentos en la casa de su cliente el día de su arresto en 2016 y argumentó que las organizaciones internacionales estaban manipulando los procedimientos e interfiriendo en el sistema de justicia de Guatemala. Concluyó pidiendo al tribunal que declare inocente a su acusado y que lo libere inmediatamente.

Posteriormente, José Luis Alejo Rodríguez, abogado defensor de Letona Linares, afirmó la inocencia de su cliente y afirmó que el Ministerio Público ha alterado sus acusaciones. Inicialmente acusó a su cliente de «tener conocimiento» de los presuntos crímenes, pero ahora decía que Linares «debería haber tenido conocimiento» de ellos y señaló que Emma misma declaró en su testimonio que no todos sabían de su captura y cautiverio en la zona militar #17. El abogado argumentó que según los peritos Rodolfo Robles y Héctor Rosada, su cliente, que era el segundo comandante de la zona militar #17, no estaba al tanto de la captura de Emma. El abogado concluyó argumentando que el testimonio de Emma sobre las violaciones sexuales carece de credibilidad y que dada la ausencia de pruebas que lo corroboren, no ha podido ser comprobado. Concluyó haciendo el llamado al tribunal para declarar inocente a su acusado y liberarlo de inmediato.

Finalmente, el abogado defensor de Manuel Callejas y Callejas, José Antonio Anaya Cardona, comenzó afirmando que la evidencia presentada era insuficiente para probar los presuntos crímenes, por lo que no es posible encontrar culpable a su cliente. Además, cuestionó los peritajes, diciendo que los expertos nunca fueron acreditados y que por lo consiguiente sus informes no deberían tomarse en cuenta. Él afirmó que las declaraciones de Emma eran contradictorias. Por ejemplo, dijo que Emma se refirió a un funcionario como el «hombre calvo y rubio», que es una clara referencia al oficial de inteligencia S3 de ZM7, Robert Eduardo Letona Hora, de quien refirió que estaba de permiso en ese momento. Finalmente, afirmó que los documentos que presuntamente fueron confiscados de la residencia de su cliente no son auténticos y que por lo tanto, no deben considerarse pruebas válidas. Concluyó convocando al tribunal para declarar inocente a su acusado.

Altos funcionarios militares retirados asisten a la audiencia en solidaridad con el acusado

En la sesión de la mañana, al menos cinco oficiales retirados del ejército estuvieron presentes para demostrar su solidaridad con los acusados. Tomaron fotografías de ellos mismos e intercambiaron chistes y comentarios sobre el proceso. Uno de los altos funcionarios presentes fue el general de brigada retirado José Horacio Soto Salán, quien ha sido señalado como cercano a grupos de poder militar conectados con Callejas y Callejas, así como con Hugo Tulio Búcaro, Jacobo Esdras Salán Sánchez, Byron Humberto Barrientos y José Luis Fernández Ligorría, entre otros. La perita Julieta Rostica mencionó a Soto Salán como uno de los oficiales militares que recibieron entrenamiento técnico militar en Argentina después de que Callejas y Callejas firmara un acuerdo con el ejército argentino para aprender sobre la inteligencia militar del infame «Batallón 601».

• Jo-Marie Burt, politóloga y activista de derechos humanos, es profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y querellante del caso del Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el Monitor Internacional de Justicia y traducido por Paula Orellana.