Hace no más de tres semanas se llevó a cabo el 5º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, donde Guatemala tuvo una fuerte presencia. Una de las empresas que llegó fue Cementos Progreso, que buscó realzar su trabajo en el manejo del conflictivo caso de San Juan Sacatépequez. El CMI recibió producto de esa conferencia un documento anónimo que detalla información no conocida hasta ahora sobre el jefe de seguridad de Cementos Progreso, Torivio Acevedo Ramírez, que fue mencionado en múltiples ocasiones por las comunidades productoras de flores de San Juan Sacatepéquez durante el conflicto con la cementera. El CMI verificó que la información fuera correcta, y a continuación publica el documento dividido en dos partes. Esta es la primera parte.

El 5º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos tuvo lugar en la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del 14 al 16 de noviembre. A la actividad asistió una delegación de reconocidos empresarios guatemaltecos que representan a los sectores que más señalamientos y denuncias tienen de irresponsabilidad ambiental, violaciones a los derechos humanos e imposición de proyectos: cemento, hidroeléctricas y palma africana.

En ese marco, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) convocó a un evento de empresarios guatemaltecos, conjuntamente con el Centro de Responsabilidad Social Empresarial de Guatemala (CENTRARSE), para exponer sobre las “experiencias exitosas” en la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de la ONU. En estos eventos, al igual que en otros escenarios similares, ha destacado la presentación de casos como el de Cementos Progreso y el proyecto de planta cementera en San Juan Sacatepéquez, como casos exitosos de responsabilidad social empresarial. ¿Cuánto se esconde detrás de ese proyecto?

Los Principios Rectores ¿se cumplen?

Aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, los Principios Rectores son una especie de referencia para las empresas y Estados de un compromiso ineludible para el respeto de los derechos humanos en sus procesos inversionistas. La marcada tendencia de violaciones a esos derechos en el mundo condujo a la ONU a establecer esos principios resumidos así: a) El deber del Estado de proteger los derechos humanos; b) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y c) El acceso a mecanismos de reparación.

De acuerdo con la ONU, estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de:

a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales;

b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos;

c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.

En el caso de Guatemala, los representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) han expuesto anualmente su compromiso con el cumplimiento de los Principios Rectores. En el último evento, no fue la excepción, como lo muestra el twitter de CACIF:

Según dio a conocer el twitter de CENTRARSE, al foro de Ginebra asistieron el director ejecutivo de CENTRARSE, Juan Pablo de Jesús Morataya Ávila; la directora ejecutiva de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA), Susana Siekavizza Molina; la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Marlene Caballeros Hernández; el abogado y Delegado del sector empleador de Guatemala ante la Conferencia Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza, Guido Doménico Ricci Muadi, y la directora ejecutiva de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER).

Asistieron también los directivos de Cementos Progreso (CEMPRO), Enrique Eduardo Aguirre Cantero, gerente de Relaciones Interinstitucionales y Alfonso José Quiñónez Lemus, gerente de Asuntos Públicos y con una extensa hoja de vida diplomática y empresarial.

La industria extractiva busca lavarse la cara

Los sectores miembros del CACIF que asistieron a Ginebra, tienen el común denominador que han asistido a ese evento a manifestar su adhesión a los Principios Rectores, pero arrastran una larga cola de proyectos inversionistas que se han impuesto en regiones del país, sin la consulta previa e informada, en el marco de movimientos en resistencia, criminalización de liderazgos de esos movimientos, violencia, detenciones ilegales y arbitrarias, hasta la imposición de estados de sitio o de prevención para desarticular la oposición y consolidar sus proyectos inversionistas.

En la práctica, esos Principios Rectores no los cumplen el gobierno ni las empresas. Lo demuestran casos como los proyectos hidroeléctricos Pojom I y II, Hidro Santa Cruz (Q´ambalam), Oxec I y II, Renace I-V y Santa Rita localizados en territorios q’anjob’al, chuj, mam, q´eqchí y mestizo el norte de Huehuetenango y Alta Verapaz. Se evidencia de igual manera, en las plantaciones de palma africana en Sayaxché, Petén, con el caso Repsa y la contaminación del río La Pasión, y en el Valle del Polochic. Al igual que los proyectos mineros de La Puya, San Rafael Las Flores, El Estor y San Juan Sacatepéquez, para mencionar unos cuantos.

Y tienen también en común que son zonas militarizadas, con alta presencia policial, de seguridad privada y grupos paramilitares, incluso algunos jueces y fiscales del Ministerio Público actuando en contubernio, conectados unos con otros con el objetivo de desarticular los movimientos de oposición que previamente han manifestado su rechazo por medio de consultas comunitarias de buena fe.

De la familia de Acevedo Ramírez y sus conexiones políticas

La Oficina Central de Protección, S.A. (OCP), la empresa que le brinda seguridad privada a todas las empresas del Grupo Cempro, también trabaja conjuntamente con la Unidad Elite, S.A., una empresa de seguridad privada pero que también presta servicios legales por medio del bufete Acevedo & Asociados que es el otro nombre que utiliza Unidad Elite para sus servicios. Ambas entidades son dirigidas por los abogados Byron Omar Acevedo Cordón, su esposa Leonor Alejandra Pérez Pérez de Acevedo y Yessica Lorena Acevedo Cordón quien es hermana del primero.

Byron Acevedo Cordón es actualmente viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) y previamente durante el gobierno de Pérez Molina se había desempeñado como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social (FONADES) y Director de Asuntos Internos de la SAAS, cuando el jefe de la SAAS fue Walter David Zepeda Chavarría. Mientras la hermana de Acevedo Cordón, Yessica, fue parte del círculo cercano de Roxana Baldetti mientras ejerció como vicepresidenta de la República. Yessica Acevedo se desempeñaba este año como asesora del diputado de CREO, Selvin Boanerges García Velásquez quien renunció a su curul en junio de 2016, por ser uno de los investigados por el MP y la CICIG. Otro hermano de los Acevedo Cordón, Wilton Rigoberto, fue capturado junto a una estructura de narcotraficantes en junio de 2016. Wilton Acevedo fue capturado en la aldea Santa Lucía, Zacapa, lugar de origen del padre de los Acevedo Cordón, Toribio Acevedo Ramírez.

Acevedo Ramírez, además de su responsabilidad actual como Gerente de Seguridad Industrial de Cempro, también está a cargo de litigios legales del conglomerado cementero. Integra el Centro Internacional de Mediación (CIM) conjuntamente con varios abogados de renombre que presiden o integran bufetes de la elite empresarial.

Uno de los casos que llevó a favor de Cempro, fue la demanda interpuesta contra la columnista de Prensa Libre, Francisca Gómez Grijalva, caso que Acevedo Ramírez perdió de acuerdo con lo dictaminado por el Expediente 2053-2014 de la Corte de Constitucionalidad (CC). Según consta en ese expediente, la demanda fue derivada de un artículo publicado el 6 de febrero de 2013, contenido en la página 17 del diario Prensa Libre, titulado «¿Agua o cemento?» del cual Gómez Grijalva fue la autora, lo que provocó la demanda Cempro por medio de su Mandatario Especial Judicial con Representación, Toribio Acevedo Ramírez, ante el Juez Primero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala.

Los nexos de Acevedo Ramírez con la contrainsurgencia y aparatos clandestinos

Dentro de Cempro, Acevedo Ramírez ha trabajado estrechamente con el actual gerente de Desarrollo Sostenible, ingeniero Otto Erick Zepeda Chavarría desde que este último era gerente de proyectos y gerente de la Planta San Gabriel, como se le denomina al proyecto cementero en San Juan Sacatepéquez. Es decir, que en San Juan Sacatepéquez son tres las figuras que han tenido un papel en el montaje del proyecto: Miguel Ángel Imeri Soto, Toribio Acevedo Ramírez y Otto Erick Zepeda Chavarría.

De Zepeda Chavarría se desprende otras relaciones del andamiaje del aparato de seguridad e inteligencia montado por Cempro y sus relaciones con las fuerzas de seguridad gubernamentales. Zepeda Chavarría es hermano del coronel Walter David Zepeda Chavarría, quien como ya se mencionó se desempeñó como jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), de Pérez Molina, y quien también desempeñó ese cargo en 2003, con el gobierno de Alfonso Portillo.

También fue jefe de seguridad de Pérez Molina y su familia durante la campaña electoral de 2011. Integró la Dirección de Logística (D4), asignado como oficial en la Zona Militar de Playa Grande, Ixcán, Quiché, en la década de 1980. Ascendió al grado de coronel en diciembre de 2008. Pertenece a la Promoción 85 y es egresado de la Escuela de Kaibiles. Su trabajo ha girado en torno al área de operaciones de inteligencia militar en distintas brigadas como oficial de operaciones y oficial de inteligencia. Fue integrante del Archivo del EMP, cuando Bustamante Figueroa fue Jefe durante el gobierno de Ramiro de León Carpio.

Cuenta con una licenciatura en Tecnología y Administración de Recursos, título alcanzado en la Universidad Francisco Marroquín (UFM), institución que creó esos estudios en la década de 1990 como una opción para la educación militar. En 2008 comandó las Reservas Militares de El Progreso; luego se le nombró Comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil, en Puerto Barrios, Izabal, cuando ésta se trasladó desde Poptún, Petén, en 2008; al año siguiente se le nombró Director del Instituto Adolfo V. Hall Sur, en Retalhuleu.

Sus nexos con Pérez Molina se originan cuando fue oficial de inteligencia al momento que el hoy mandatario ejerció como Director de la D2 durante el gobierno de Serrano Elías. Posteriormente, en el 2000, fue Subdirector de Apresto en la Inspectoría General del Ejército cuando Pérez Molina fungía como Inspector General. También ha sido instructor de la Escuela Politécnica y de paracaidismo en la Brigada General Felipe Cruz.

Fue Jefe de Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, quien fungió como Secretario Privado de la Presidencia y cuyo trabajo estuvo muy ligado a las operaciones de inteligencia militar, ya que fue instructor de la Escuela de Inteligencia y la Dirección de Inteligencia.

Zepeda Chavarría es propietario de una empresa de seguridad privada. En el marco de un escándalo de corrupción que involucró a la SAAS por compras anómalas en combustibles, Zepeda Chavarría renunció para convertirse en embajador de Guatemala en Perú, en 2014, y embajador de Guatemala en Bolivia, en 2015, cargos diplomáticos que lo protegieron.

Los hermanos Zepeda Chavarría son hijos del coronel Máximo Zepeda Martínez (promoción 52, de 1951), asesinado por las guerrillas del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en 1980, acusado de numerosos crímenes políticos como la captura y muerte de 28 dirigentes del PGT en marzo de 1966 y el secuestro de Rogelia Cruz quien militaba con el PGT. Zepeda Martínez fue ampliamente conocido por haber sido director de la Policía Nacional a principios del gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio, en 1970. Previamente había sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército y jefe de la Policía Militar Ambulante (PMA), dos de los principales aparatos contrainsurgentes en las décadas de 1960 y 1970. En septiembre de 1977, el PGT asesinó al ex ministro de la Defensa Nacional, el coronel Rafael Arreaga Bosque, con quien Zepeda Martínez tenía una estrecha conexión.

De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), esa conexión era el escuadrón de la muerte conocido como Mano Blanca, el cual era un aparato de inteligencia dirigido por Zepeda Martínez desde el Cuartel Militar Justo Rufino Barrios, unidad clandestina que recibía órdenes de Arreaga Bosque, y operaba conjuntamente con el IV Cuerpo de la Policía Nacional (CEH. Capítulo Segundo: Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. III. La inteligencia. Los escuadrones de la muerte, página 111).

No es casual entonces las relaciones gestadas entre Cempro y militares de inteligencia, ni tampoco las sostenidas con gobiernos que han respaldo su proyecto cementero. Más aún, esos nexos con ese andamiaje militar y paramilitar no es coyuntural, tiene un origen histórico desde el momento que Cementos Progreso (Cementos Novella) se convirtió en uno de los principales grupo de poder económico de Guatemala, y fue un baluarte en el financiamiento de la guerra contrainsurgente en la década de 1980, como lo ha sido también en términos financistas de los partidos políticos que han gobernado el país en las últimas tres décadas.

Su defensa abierta al general Efraín Ríos Montt en el contexto del juicio por genocidio y la masacre de las Dos Erres, manifiestan claramente la histórica alianza empresarios-militares. Y eso conduce a preguntarse sobre un secreto a voces: ¿Cempro es el principal financista de la Fundación contra el Terrorismo? La FcT es la fundación que lleva la bandera de lucha a favor de los militares que son investigados y procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante los cruentos años de la guerra interna en Guatemala. Es también la que eleva el discurso de odio contra aquellos que buscan justicia en su permanente lucha contra la impunidad, y contra aquellos que resisten a proyectos como la planta cementera de Cempro.

Queda entonces por establecerse si es desde las gerencias de Desarrollo Sostenible y de Seguridad Industrial de Cempro desde donde se ideó la estructura paramilitar que ha actuado en San Juan Sacatepéquez, al estilo de un Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad (CIACS), lo que debería llevar a una amplia investigación por parte del MP y la CICIG.

Pero también debe establecerse si ambas gerencias son las principales fuentes desde donde se originan los recursos que sostienen a la FcT, es decir si Toribio Acevedo Ramírez y Otto Erick Zepeda Chavarría son la conexión directa de Cempro con el presidente de la FcT, Ricardo Méndez Ruiz. La FcT apenas se atreve a informar que sus recursos provienen de importantes empresarios guatemaltecos, pero al mismo tiempo se desvela por develar las fuentes de cooperación que sostienen a las organizaciones de derechos humanos, su principal objetivo de campaña mediática destructora. Y esto es una de las tantas coincidencias que tiene la FcT con los empresarios que cabildean en materia de derechos humanos, para dar a conocer sus casos exitosos.

 

El aparato paramilitar y de seguridad privada de Cementos Progreso