Hace no más de tres semanas se llevó a cabo el 5º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, donde Guatemala tuvo una fuerte presencia. Una de las empresas que llegó fue Cementos Progreso, que buscó realzar su trabajo en el manejo del conflictivo caso de San Juan Sacatépequez. El CMI recibió producto de esa conferencia un documento anónimo que detalla información no conocida hasta ahora sobre el jefe de seguridad de Cementos Progreso, Torivio Acevedo Ramírez, que fue mencionado en múltiples ocasiones por las comunidades productoras de flores de San Juan Sacatepéquez durante el conflicto con la cementera. El CMI verificó que la información fuera correcta, y a continuación publica el documento dividido en dos partes. Esta es la segunda parte.

 

El caso de Cementos Progreso

Ginebra es un espacio estratégico para el CACIF. Ahí se cabildea dentro del mundo diplomático internacional, al igual que se estrechan relaciones con la elite empresarial mundial. Desde ahí se produce el ansiado respaldo y las presiones hacia los gobiernos. También se influye a funcionarios de la ONU, como relatores y grupos de trabajo vinculados al monitoreo de los derechos humanos y las empresas. Por eso, las delegaciones del CACIF han insistido a esos funcionarios “a trabajar y conocer de cerca a las empresas y sectores, para que puedan conocer y tener opiniones basadas en la realidad de manera objetiva e imparcial.” Significa entonces, que también se distorsionan realidades y la criminalización de movimientos en resistencia se eleva a un nivel “diplomático”.

Una punta de lanza en ese espacio, es la Embajada de Guatemala en Ginebra. Las relaciones de los empresarios con el diplomático o diplomática que esté a cargo, siempre ha sido público. Este año no fue la excepción. Esa embajada ha estado al servicio de los intereses empresariales. La actual embajadora Carla María Rodríguez Mancia, una diplomática de carrera con amplia experiencia en el sistema de la ONU y en Europa, pero con estrechos nexos con la elite diplomática guatemalteca: la familia Skinner- Klee, particularmente el actual embajador de Guatemala ante la ONU, Jorge Skinner-Klee Arenales.

De los grupos empresariales, el que ha llevado la batuta en la defensa de sus intereses y del gremio de la industria extractiva y agronegocios, en ese espacio de Ginebra, es Cementos Progreso (Cempro). Primero, por medio de la Asociación para la Libertad y Promoción del Desarrollo Sostenible (ALDS) fundada y dirigida por el abogado Luis Chacón Torrebiarte, miembro de una las familias que controlan el Grupo Cempro, que aglutina a lo más granado de la industria extractiva con pleno respaldo de la Cámara de Industria. Y luego, con la presencia y presentaciones de los principales gerentes de Cempro: Enrique Eduardo Aguirre Cantero, gerente de Relaciones Interinstitucionales y el diplomático Alfonso José Quiñónez Lemus, gerente de Asuntos Públicos.

Aguirre Cantero es quien más actividad ha tenido en ese escenario, en gran parte encargado de limpiarle la imagen a Cempro por el caso de la planta cementera en la finca San Gabriel, San Juan Sacatepéquez, impuesta a “sangre y fuego” con el contubernio de los gobiernos de Óscar Berger, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.

Aguirre Cantero ha sido Gerente de la Presidencia y vicepresidencia de la República bajo el gobierno de Óscar Berger. Fue Gerente de la Reconstrucción durante ese gobierno, al igual que titular de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y subsecretario de la Secretaría de la Paz. Se ha desempeñado como Coordinador nacional del programa municipal de desarrollo local, Cooperación Alemana (GTZ), en su componente de reconstrucción y gestión de riesgo y subsecretario de la Secretaría de la Paz.

Por eso no extraña que en los últimos años, en los distintos eventos en Ginebra, promueva el caso de la planta cementera como un caso exitoso de responsabilidad empresarial. Enfatiza en “la buena relación entre pueblos indígena y Cempro…desarrollar sus operaciones en alianza con las comunidades”. Aunque aduce que al principio de ese proyecto no había apoyo comunitario a las actividades extractivas, después “se logró obtener no sólo el perdón por el uso de la tierra sino también el permiso”. El diálogo con las comunidades lo ve como un aprendizaje en el contexto del Convenio 169.

En marzo de este año, en el contexto de la presentación del libro Resiliencia y construcción de paz: Marcos de análisis para la resiliencia en Guatemala, por Interpeace, Aguirre “expresó también que como sector se han visto en la necesidad de cambiar la cultura empresarial y aprender a pedir perdón cuando ha sido necesario, pero también rescatar el valor que tiene pedir permiso, ya que esto redibujó la situación de sus inversiones.”

Foto. Interpeace.

Por supuesto, ni la ALDS ni los gerentes de Cempro explicarán qué comunidades y quiénes dieron ese perdón y permiso. Es hartamente conocido que las comunidades de San Juan Sacatepéquez fueron divididas por ese proyecto cementero, y que hubo un accionar paramilitar con un escuadrón de la muerte que se encargó de infiltrar al movimiento de resistencia. Ese cuerpo clandestino y sus víctimas es un caso plenamente documentado, pero que permanece en la impunidad.

Del aparato paramilitar y de seguridad privada de Cempro

La implantación del proyecto cementero en San Juan Sacatepéquez no hubiera tenido lugar, sin el pleno uso de un andamiaje que incluyó no sólo autoridades de gobierno, sino sobre todo sus fuerzas de seguridad y la seguridad privada de la cementera.

En el contexto de la alianza que se gestó entre Cempro y la cementera suiza Holcim, cuando la cementera suiza adquirió el 20% de las acciones, se generó una reestructuración que condujo a cambios en la seguridad privada del grupo familiar que controla Cempro. Esa responsabilidad, que estaba a cargo del abogado con experiencia militar, Toribio Acevedo Ramírez, le fue trasladada a una compañía inglesa que opera en el país, y que se supone es Yantarni.

Mientras tanto, la seguridad privada interna de la empresa quedó en manos de un amplio grupo de empresas privadas que operan conjuntamente, bajo el mando de Acevedo Ramírez. En 2013, mientras el caso de San Juan Sacatepéquez era ampliamente conocido internacionalmente y las presiones arreciaban hacia Holcim, la transnacional cementera vendió su participación al Grupo Cemcal Progreso, es decir, Cempro retomó pleno control del 100% de las acciones.

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El nombre de Acevedo Ramírez aparecerá varias veces, desde el gobierno de Berger, denunciado como integrante de un cuerpo ilegal clandestino en San Juan Sacatepéquez, que quedará plasmado en denuncias en el Ministerio Público (MP) en los expedientes MP010-2007-2382 y MP010-2007-2383. Se desconoce qué investigaciones ha realizado el MP al respecto.

Junto al nombre de Acevedo Ramírez también aparecía continuamente el del capitán José Ovidio Castro de Paz, un militar retirado vinculado al Partido Patriota (PP) y que lo llevó a ejercer la subgerencia Municipal de Mixco durante el mandato de Otto Pérez Leal, hijo del ex presidente Otto Pérez Molina, fiel defensor de los intereses de Cempro y en cuyo período presidencial se denunció la existencia de ese cuerpo clandestino en San Juan Sacatepéquez, bajo el nombre de El Escuadrón. Castro de Paz se desempeña actualmente como Jefe del Departamento de Policía Municipal de Mixco, bajo la administración del alcalde Neto Bran.

Acevedo Ramírez es un abogado graduado en la Universidad Mariano Gálvez (UMG), en 1992. Pero arrastra una experiencia militar que arranca a principios de la década de 1970, cuando se graduó del Instituto Adolfo V. Hall de Zacapa, su departamento de origen.

En esa promoción del Adolfo V. Hall, se graduará también Óscar Ovidio Ramírez Ramos (ya fallecido), un experimentado kaibil responsable de la masacre de las Dos Erres, Petén, en 1982.

Poco después de haberse graduado de ese instituto militar, Acevedo Martínez fue procesado por asesinato, en 1976, caso que quedó documentado en los Archivos de la Policía Nacional, antecedente que se le descargó en 1990 previo a su graduación de la UMG, tal como se puede ver en la ficha siguiente:

De acuerdo con una nota de elPeriódico, publicada el 10 de julio de 2016, Toribio Acevedo es “asesor de seguridad y de administración de recursos humanos de una gran empresa del país, y en su momento hombre duro de la temida regional y de inteligencia militar…”. ElPeriódico es presidido por el ingeniero y periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien en la década de 1980 trabajó en Cementos Progreso.

Esa empresa es Cementos Progreso, y por Regional se entiende el Centro Regional de Telecomunicaciones (conocido también como El Archivo), que fue la unidad de inteligencia y contrainteligencia del Estado Mayor Presidencial (EMP) antes de desaparecer con el gobierno de Alfonso Portillo y convertirse el EMP en la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (SAAS).

Ese factor tendría que haber influido para que en 1998 se le nombrara representante legal de la Seguridad Industrial de Guatemala, S.A. (SEISA), la empresa de seguridad privada de Cempro. Junto a él, el otro representante legal de SEISA es el ingeniero Miguel Ángel Imeri Soto^, quien también es representante legal de Minerales Industriales de Centroamérica, S.A. ( MINCESA ), la empresa minera de Cempro a cargo de las licencias en la Finca San Gabriel, en San Juan Sacatepéquez, y también representante legal de Generadora Progreso, S.A., empresa de generación eléctrica creada por Cempro.

SEISA, que opera conjuntamente con Protección Técnica Particular, S.A. (PTP), está unificada con la Oficina Central de Protección, S.A. (OCP), la empresa que le brinda seguridad privada a todas las empresas del Grupo Cempro. Los representantes legales de OCP son los hermanos Amílcar Noé y Gilberto Alfredo Ruano Tejada, de ellos, el segundo es más conocido y quien cuenta con largo historial en materia de inteligencia militar. A principios del gobierno de Álvaro Colom, en 2008 el entonces jefe de la SAAS, Carlos Quintanilla, nombró jefe del Comando Anti Secuestros a Gilberto Ruano Tejada, quien sucedía al comisario Víctor Rivera, asesinado semanas atrás.

Ruano Tejada, quien además de ser administrador de OCP en ese entonces, también era representante legal de Servicios Especiales de Investigación y Protección Profesional, S.A. (SEIPROSA) -empresa que opera conjuntamente con OCP-, junto a su hermano Amílcar Noé, quienes aún permanecen al frente de esa empresa. Ruano Tejada arrastraba consigo una amplia experiencia en inteligencia militar acumulada en el EMP durante los gobiernos de Vinicio Cerezo, Jorge Serrano Elías y Ramiro de León Carpio, gobiernos en los que los jefes del EMP fueron los generales Roberto Enrique Mata Gálvez (86-87), Edgar Augusto Godoy Gaitán (88-91), Luis Francisco Ortega Menaldo (91-93) y Otto Fernando Pérez Molina (93-96) todos altas figuras del alto mando militar al frente de la comunidad de inteligencia La Cofradía y El Sindicato.

Mientras tanto, los jefes del Centro Regional de Telecomunicaciones (El Archivo) en ese mismo período de tiempo fueron Julio Roberto Alpírez (86-88), Juan Valencia Osorio (89-91), Eugenio Morris de León Gil (91), Rolando Augusto Díaz Barrios (93) y Edgar Ricardo Bustamante Figueroa (93). Al igual que sus jefes del EMP, todos estuvieron involucrados en sonados casos de asesinatos políticos como el de la antropóloga Myrna Mack, el guerrillero Efraín Bámaca y el estadounidense Michael Devine.

Una extensa investigación de elPeriódico retrató a Ruano Tejada, así:

“Entre sus jefes, Ruano Tejeda tuvo a los temibles y temidos oficiales: Lima (padre e hijo, en prisión por el caso Gerardi), Escobar Blas, Álvaro Reyes (El Chenco), Reyes Palencia, Morris De León (uno de los ex jefes del macabro Archivo), Valencia Osorio (prófugo de la justicia por el caso Mack), y, Rolando Díaz Barrios, a quien le dieron baja por el caso Moreno, entre otras alhajas de colección. Todos ellos terroristas de Estado y profesionales de alto calibre al servicio de Ortega. Ruano Tejeda –alias El Oso– es socio de Charlie Quintanilla en una empresa privada de investigaciones, en la que contaba con el concurso de Víctor Charchal, encargado de cámaras en el aeropuerto, y de Alberto Contreras –alias El Gato– rebajado en el aeropuerto. Los tres, valga la reiteración, ex especialistas emblemáticos del Archivo. En tiempos de Portillo, Díaz Barrios estuvo a cargo de las cámaras de televisión y registro de viajeros en el aeropuerto La Aurora, y uno de sus operadores de confianza era el ex especialista del Estado Mayor Presidencial, Charchal Ramos, vinculado laboralmente a Ruano y a Quintanilla.” Zamora Marroquín, Jose Rubén. elPeriódico, 2 de junio de 2008. El lado oscuro y los ángeles de Charlie.

De ese grupo, destaca lo siguiente: Juan Francisco Escobar Blas, integrante de la Fundación contra el Terrorismo (FcT), presidida por Ricardo Méndez Ruiz, investigado por participar en el asesinato del Obispo Juan Gerardi Conedera.

En 1996, recayó en Byron Lima Estrada y Byron Lima Oliva, la liberación de Olga Alvarado Rubio de Novella, esposa Enrique Novella Camacho, quien había sido secuestrada por guerrilleros de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), entre ellos Juan José Cabrera Rodas (Caso Mincho), posteriormente asesinado.

Esa liberación le valió un fuerte respaldo de Cempro a los Lima, particularmente a Lima Oliva quien era pieza clave de la seguridad presidencial del mandatario Álvaro Arzú, en ese período. Arzú es ampliamente sabido del parentesco que le une a las familias de Cempro. Lima Oliva, asesinado este año están en prisión, siempre se mencionó como una de las fuentes de financiamiento de la Fundación contra el Terrorismo (FcT).

En el caso de Fernando Waldemar Reyes Palencia, es un coronel vinculado al caso Gerardi ya que era el jefe de la Guardia Presidencial de Arzú cuando ocurrió el asesinato. Reyes Palencia es hoy jefe de la Policía Municipal de la alcaldía de la Ciudad de Guatemala. Integra el anillo de seguridad e inteligencia de Arzú, que opera desde los sótanos de la Municipalidad de Guatemala. Casi el brazo derecho de Arzú, Reyes Palencia trabaja conjuntamente con el general Marco Tulio Espinosa Contreras quien fue el Jefe del Estado Mayor Presidencial, Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Ministro de la Defensa en todo el período de Arzú, y a quien se le señala que dirige una oficina de espionaje en los sótanos de la Municipalidad, donde se encuentra la sede de la Policía Municipal dirigida por Reyes Palencia.

Junto a ellos se encuentra el director de EMETRA, Howard Yang Luke, quien dirigió la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) durante la presidencia de Arzú. Tanto Yang Luke como Reyes Palencia tienen en común la dirección de la empresa de seguridad privada Protección Integral, S.A., cuya mandataria ha sido María Arzú García Granados de Noltenius, hija de Arzú. Actualmente, Reyes Palencia está casado con Susan Carolina Batres Reyes, Subdirectora Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), lo cual puede ser un indicio del control que ese grupo militar tiene de esferas clave en materia de derechos humanos y empresas. Entre las funciones de Batres Reyes está de ser enlace con empresarios en el contexto de derechos humanos en espacios como el de la ONU en Ginebra.

Finalmente, está el caso de Víctor Leonardo Charchal Ramos de quien la investigación de elPeriódico indica que está implicado en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Charchal Ramos es hermano del ex magistrado Douglas Charchal, en prisión luego que a solicitud del MP y la CICIG se le retirara la inmunidad tras ser investigada su participación en el Caso TCQ. Igualmente, a Douglas Charchal se le mencionó de tener fuertes nexos con Lima Oliva.

Aún más, el coronel Valencia Osorio, prófugo desde 2004 luego de ser sentenciado por el caso de Myrna Mack, siendo jefe de La Regional era también gerente fundador de la empresa de seguridad privada Safari Seguridad, S.A., surgida para brindarle seguridad privada al Ingenio Pantaleón, en 1990. Una de las sedes que reportaba SEIPROSA de los Ruano Tejada, era una vivienda de Valencia Osorio localizada en la 2 avenida 15-86 zona 3, misma dirección que reportaba Valencia Osorio como sede de Safari Seguridad, S.A., y donde asesinaron al subteniente alférez de navío del Ejército, Carlos Antonio Valencia Girón, el 22 de diciembre de 2005, cuando fue a cobrar la renta a sus ocupantes. Valencia Girón era uno de los hijos de Valencia Osorio. En ese caso se descartó que la causa fuera el robo (La Hora, 22 de diciembre de 2005)

De Derechos Humanos y Contrainsurgencia: Cementos Progreso