Comunidades protestan nuevamente contra el proyecto hidroeléctrico Xalalá
0Por Rolanda García (Red-CMI)
Nosotras las mujeres exigimos a los diputados y al presidente Pérez Molina, que tengan esa amabilidad y bondad de respetar nuestras decisiones ¡No a la represa de Xalalá!
Representantes de varias comunidades de Uspantan, Ixcán y Cobán, afectadas por el proyecto Xalalá se juntaron el sábado 07 de junio de 2014 en San Pedro Salaroqja´, Cobán, Alta Verapaz, para recibir a la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la Republica. La Comisión está presidida por el diputado q’eqchi’ Amílcar Pop Ac, quien rindó un informe sobre los avances del proceso de fiscalización del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- y la empresa brasileña Intertechne Consultores S.A.
La adjudicación del estudio de pre-factibilidad a la empresa brasileña tiene un precio de US$ 4.5 millones y no ha cumplido con los lineamientos jurídicos que conlleva una contratación en Guatemala, por lo que fue fuertemente rechazada por las comunidades y otros sectores de la sociedad.
En su intervención el diputado Amílcar Pop reiteró la alteración y las adversidades existentes en el contrato que se firmaron entre el INDE y la empresa, entre las cuales se resaltó que Interchne Consultores, S.A, antes de adquirir la contratación no estaba registrada en el país. Agregó que el INDE no licitó la realización del estudio de prefactibilidad, por lo que la empresa recibió fondos del Estado bajo anomalías.
Las comunidades rechazaron la intensión del gobierno de no respetar las leyes del país y el derecho de las comunidades indígenas. Asegura un comunitario:
esto es lo que está pasando con el contrato, nos imaginamos las acciones futuras cuando la construcción se realiza, habrán violaciones de los derechos indígenas, estamos seguras que no nos apoyarán como nos prometen”
Esta es una de las múltiples concentraciones comunitarias que desde el año 2007 manifiestan su oposición a la imposición del megaproyecto de Xalalá, amparados en el código municipal, el Convenio 169 de la OIT y el propio derecho a resistencia contemplado en la Constitución de la República.
Con pancartas y consignas de resistencia los dirigentes reiteraron su firmeza en seguir cuestionando la intención gubernamental de construir el proyecto hidroeléctrico que no fue consultado a la población.