Breve historia de un atentado

Ocurrió el 17 de mayo de 1995. Un típico operativo militar de inteligencia. Una mujer ensangrentada en la carretera, deteniendo el vehículo blindado del entonces presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Juan José Gutiérrez Mayorga, cuando se dirigía a su residencia. Pedía, supuestamente, ayuda. Él se mantuvo en su vehículo, sus guardaespaldas bajaron. Momentos después ocurría una gran balacera, decenas de balas impactaron el vehículo. Era una emboscada en la que participaron al menos 10 hombres. Pero nadie resultó herido. Nadie detenido. El mensaje había sido enviado.

Por Redacción

La CIG, considerada la cabeza cabildera más importante de los empresarios en Guatemala, estaba enfrascada en serias disputas con el gobierno. Ramiro de León Carpio era entonces el Presidente de la República. Se había decantado por el abrigo del Estado Mayor Presidencial (EMP), entonces comandado por el entonces coronel Otto Pérez Molina; y por el segundo de abordo, el teniente coronel Edgar Ricardo Bustamante Figueroa, a cargo del Departamento de Seguridad Presidencial (DSP) o El Archivo. Inteligencia y contrainteligencia presidencial de la cual dependía De León Carpio para poder concluir su período de gobierno.

Un mes antes, Gutiérrez Mayorga había amenazado con un paro de labores o recurrir a la Corte de Constitucionalidad para detener la reforma tributaria que el Gobierno impulsaba. Gutiérrez Mayorga también era parte de una comisión empresarial que buscaba avanzar el proceso de negociaciones con la guerrilla, en el marco de los acuerdos de paz, al mismo tiempo que poderosos terratenientes se aliaban a militares de línea dura opuestos a las negociaciones. La política pública era disputada entre líneas empresariales modernizantes y conservadoras, al igual que militares duros y otros proclives a finalizar la guerra interna.

El grado de enfrentamiento con el gobierno fue expuesto por la desparecida revista Crónica, muy cercana a la familia Bosch-Gutiérrez, la que luego del atentado protestaba por el grado de impunidad imperante en el caso, el que consideraba “uno de los más graves incidentes desde que se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla.”

Mientras que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobizpado (ODHA) en su Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) analizaba el complejo panorama así:

“Durante 1995 la imagen del presidente llegó a los niveles más bajos de popularidad. En octubre, la revista Crónica afirmaba: Ramiro de León ha sido el gobernante que más daño ha hecho a Guatemala, al reforzar la estructura de control militar sobre el Ejecutivo. Desde el 22 de mayo el país fue gobernado por un llamado Comité de Crisis, formado por los ministros de la Defensa, Relaciones Exteriores y Gobernación, además del Fiscal General, el presidente de la Comisión de Paz (COPAZ), el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y el Presidente de la República. Sin embargo este Comité de Crisis fue manejado, de hecho, por el jefe del EMP, general Otto Pérez Molina.”

Ese mismo año, Gutiérrez Mayorga cedió el cargo de presidente de la CIG a Carlos Vielmann, ex Ministro de Gobernación del gobierno de Óscar Berger, un reconocido industrial con fuertes lazos a los poderes de la CIG y a la familia Bosch-Gutiérrez.

Por eso llama la atención que tras la captura, una vez más de Vielmann por el caso Plan Gavilán, los industriales en pleno, y Juan José Gutiérrez Mayorga sobre todo, no sólo hayan respaldado abiertamente a Vielmann en este nuevo caso, sino especialmente iniciaran una campaña unificada de severas críticas contra la CICIG. Críticas que al final de cuentas, son semejantes a las de los capturados y procesados en los casos de investigación de la CICIG y el Ministerio Público (MP) que hoy se encuentran detenidos en las carceletas de la Brigada Mariscal Zavala, paradójicamente, comenzando por Pérez Molina, y desde donde se supone está el origen de la estructura que busca defenestrar a la CICIG del país.

Más importante aún, cuando el diario elPeriódico en su edición del 6 de enero de 2018, destaca que el general retirado Edgar Ricardo Bustamente Figueroa, la mano derecha de Pérez Molina desde el EMP de Ramiro de León Carpio, sea el sospechoso de aquel atentado contra Gutiérrez Mayorga. Para ese medio, Bustamante Figueroa es “El artífice de la estrategia, que empezó el 27 de agosto de 2017, cuando el mandatario declaró “non grato” al comisionado Iván Velásquez.” Bustamante Figueroa estuvo a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) desde inicios del gobierno de Pérez Molina, en 2012. Se le ha señalado de haber sido miembro de la estructura de defraudación y contrabando aduanero denominada “Red Moreno”, en la década de 1990, y uno de los cuatro miembros de la llamada “Juntita Militar” que rodea al Presidente de la República, Jimmy Morales. Así las cosas.