Ahí está la trampa: Reducción de la CBV para no aumentar salario mínimo
0El último día hábil de diciembre del 2017 el Presidente Jimmy Morales publicó un pírrico aumento al salario mínimo para las y los trabajadores formales, el cual consiste en lo siguiente: un incremento de Q3.25 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q2.98 para maquila y exportación.
Por Carmen Reina
Los salarios mínimos se establecen para el 2018 de la siguiente manera:
- Para actividades agrícolas y no agrícolas: Q90.16 diarios, es decir Q2 mil 742.36 al mes. Y con la inclusión de la bonificación incentivo de Q250 suma un total de Q2 mil 992.36.
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Para la actividad exportadora y de maquila: Q82.46 diarios, es decir Q2 mil 508.15, más los Q250 de bonificación, serían Q2 mil 758.15 al mes.
Esta decisión fue tomada luego de que no se arribó a un consenso dentro de la Comisión Nacional del Salario, en la cual hubo posiciones encontradas. Esta comisión se conforma de manera tripartita con representación del sector empresarial, de sindicatos de las y los trabajadores organizados y del Gobierno. La representación sindical planteó el aumento de Q165.00 diarios, para constituir un salario de Q5,018.75, mientras que el sector empresarial planteo que no se realizara ningún aumento. Finalmente, el presidente decidió un aumento insignificante, lo cual constituye casi una burla para las y los trabajadores.
El Vice Ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera Bolaños, argumentó que el aumento se fijó con base en la fórmula de la Organización Internacional del Trabajo, basada en el crecimiento económico, la inflación proyectada y el crecimiento de la población. Además que es lo que institucionalizaron en el Programa Nacional de Competitividad.
Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria, señaló en una entrevista en Canal Antigua que su posición de no aumento al salario mínimo se fundamentó en la “disminución” de la inflación y del costo de la canasta básica, además de criterios de competitividad regional, comparados con México, El Salvador y Nicaragua, donde el salario mínimo es menor.
En el mes de agosto, por ejemplo, el costo de la canasta básica en el mes de agosto pasado fue de Q4 mil 311.90. Tal como lo indica Lorena Alvarez: “Conforme el INE la cotización de la canasta básica vital, que además de alimentos incluye los bienes y servicios esenciales como educación, salud, transporte y vivienda, en agosto fue de Q7 mil 868.43″. Sin embargo, sorpresivamente, a finales del mes de octubre el INE presentó un nuevo cálculo de la canasta básica vial, la cual es de Q3,475.28, la cual entró en vigor el 7 de noviembre.
En este nuevo cálculo, supuestamente basado en la Encuesta nacional de condiciones de vida –ENCOVI- 2014 y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2016, la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 y proyecciones de población 2016, el INE determinó 34 alimentos que incluyen sopas instantáneas, mosh e incaparina.
En el sentido anterior, con base en supuestos cálculos técnicos, mágicamente la canasta básica vital se redujo en alrededor de Q1,000.00 al mes. Esto es irrisorio e inverosímil para cualquier persona que acude a los mercados y supermercados para comprar los productos básicos. Cualquier ama de casa, padre y madre de familia que compran alimentos darán cuenta del incremento de precio de los mismos, especialmente de la carne de res, por ejemplo.
Es evidente que no existió una base técnica y real para el cambio del cálculo de la canasta básica y que este ocurrió en la víspera de la negociación del incremento al salario mínimo, con lo cual es claro que este cambio tuvo un propósito de favorecer los intereses del sector empresarial y justificar que no se realizara ningún aumento al salario mínimo para las y los trabajadores.
La cuestión es mucho más compleja si se contrata esto con los altos índices de pobreza y desempleo prevalecientes. En Guatemala, la pobreza en el área rural se calcula en un 3.10%, para un total nacional de 59.3% y un 23.36% de pobreza extrema. Además, si aproximadamente el 70% de la población económicamente activa se encuentra en desempleo o empleo informal, se considera que el insultante aumento al salario mínimo no solo no resuelve, sino hace mucho más difícil un cambio en las condiciones de vida de la población depauperada y mucho menos frena el fenómeno de violencia, criminalidad y migración económica.
Rigoberto Dueñas, representante del sector sindical ante la Comisión Nacional del Salario Mínimo, indica que ya que el sector empresarial no logró implantar los salarios diferenciados, ahora buscaron esta estratagema institucionalizada por el Instituto Nacional de Estadística, para legitimar una forma de acumular más riqueza a costa del empobrecimiento de las y los trabajadores.
Los conceptos de Economía Política elementales plantean que para dinamizar la economía, es necesario generar el denominado mercado interno, es decir, elevar la capacidad de compra de la población, para que consuman más bienes y servicios. En este sentido, dinamizan la economía local y la producción. En pocas palabras, los pobres son un mal negocio porque no consumen. Esto pareciera no ser comprendido por un sector empresarial que a ultranza defiende el incremento de sus ganancias a partir de precarizar a la población.
Si comparamos en el sentido de competitividad, es importante recordar que en la región, el país más competitivo y atractivo para la inversión extranjera es Costa Rica, país que posee un salario mínimo alrededor de los US$520.00, el cual es el más alto en la región. Lo que hace competitiva a Costa Rica no es el monto de su salario base, sino otras condiciones que el Estado promueve, tales como la seguridad ciudadana y la alta educación de la población. Ante esto, es fundamental cuestionarnos en efecto de la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, pero no para disminuir las condiciones sociales de la población, sino fortalecer las políticas públicas de calidad educativa, servicios de salud y de elevar el nivel de vida para generar “real competitividad”.
Si Guatemala continúa en este rumbo, no sólo aumenta las condiciones de desigualdad y pobreza, basadas en el extractivismo y expolio de los bienes naturales; sino que justifica un Estado ineficiente, que sólo es útil para los intereses empresariales, de una clase poderosa con carácter dinosaúrico que no comprende en el siglo XXI que ya no puede seguirse enriqueciendo a costa del empobrecimiento humano.