La ingobernabilidad y conflictividad del sector eléctrico
0De la imposición de la matriz energética como base de toda la política extractivista, nació lo que el Estado y los políticos llaman “la conflictividad social"
En la memoria colectiva del pueblo guatemalteco el desplazamiento y las masacres siguen presentes, tanto por los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, como por los hechos ocurridos en el km 169 en Alaska, Totonicapán el 4 de octubre de 2012 y también por el desplazamiento ocasionado el 14 de agosto de 2014 debido a la imposición del proyecto hidroeléctrico Santa Rita en la comunidad de Monte Olivo.
Los pueblos conocen muy bien por su propia experiencia: la imposición de mega-proyectos en sus tierras y comunidades sin información ni consulta previa, por medio de negocios encubiertos, conlleva nuevas usurpaciones de tierras, nuevos desarraigos y desplazamientos, nueva represión política hacia las comunidades, así como nuevas rupturas en la cohesión social.
Por Esta Tierra es Nuestra (Red-CMI)
Las políticas públicas del gobierno del general Otto Pérez Molina y del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, reviven en el presente el pasado, y ponen delante de la mirada de la gente aquellas imágenes de familias desplazadas y masacradas el 4 de marzo de 1980 en la capilla de Río Negro, la masacre del 13 de febrero de 1982 en la Aldea de Xococ, la del 13 de marzo de 1982 en el Cerro de Pacoxom, la del 14 de mayo de 1982 en “Los Encuentros”, la masacre del 14 de septiembre de 1982 en “Agua Fría” y otras muchas que se llevaron a cabo en el contexto de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
Ante la imposición por medio de la fuerza y de leyes injustas de una economía extractivista (es decir, de políticas que se basan en extraer recursos naturales para venderlos al exterior e incrementar la acumulación de capital nacional e internacional), nació la oposición y la resistencia pacífica a este tipo de políticas públicas.
Es esa matriz extractivista la que niega y arrebata a los pueblos y comunidades lo que es suyo, porque el Gobierno y las Empresas lo necesitan para su desarrollo y ganancias.
Las comunidades lo expresan así:
Esta Asamblea General de las comunidades de Sacapulas expresa y ratifica el rechazo a la usurpación o robo histórico de nuestras tierras, agua, bosques y derechos colectivos que impiden nuestro propio desarrollo y el aprovechamiento correcto de nuestros propios recursos naturales en nuestro beneficio” (Comunicado de la Asamblea General de las comunidades de Sacapulas del día 22 de septiembre del año 2014)
De la imposición forzosa sobre la población del oscuro negocio de la luz, es decir, de la imposición de la matriz energética como base de toda la política extractivista, nació lo que el Estado y los políticos llaman “la conflictividad social”.
Bajo estos términos comenzó nuevamente la represión política por parte del gobierno, los presos políticos, las acusaciones de ingobernabilidad, criminalización y judicialización del conflicto social que, en realidad, es un conflicto político porque nace de la aplicación e imposición de políticas públicas.
Los gobiernos justifican estas políticas pregonando que bajará el precio de la luz, que mejorará el servicio y la calidad del mismo, que la electricidad es desarrollo, que cambiarán los focos del alumbrado público para que baje la factura, que se reducirá la tasa municipal, que mientras más luz más trabajo y más industrias que inviertan en el país generando más ganancias.
Mientras, las comunidades y una buena parte de la población guatemalteca denuncia la violación a la autonomía municipal, la falta de respeto a la propiedad privada, la tala masiva de árboles, la privatización de la energía (exigiendo la nacionalización), los daños a la salud humana, la degradación del medio ambiente y la desaparición de los derechos colectivos. La población resiste con el no pago denunciando que detrás de la electricidad viene la minería, denegando los permisos de paso, que se provoca, expresa y deliberadamente, la división y la conflictividad, que la polarización se evidencia, que la electricidad se va para el extranjero y que las ganancias se van para unos pocos, no cumpliendo con lo que dicen y ofrecen.
Existen infinidad de estudios sobre los peligros para la salud de las torres metálicas y cables de alta tensión al menos 30 metros a la redonda. La radiación no ionizante provoca varias enfermedades como leucemia infantil o la aparición de células cancerígenas derivadas del debilitamiento molecular de los tejidos vivos. De todo esto tampoco se informa a la población.
Con una actitud y visión muy claras, muchos municipios y comunidades han realizado legítimas consultas comunitarias de Buena Fe como muestra democrática de participación política activa ciudadana. Son estas consultas, esta participación pacífica popular y comunitaria, la que hasta este momento ha posibilitado y está posibilitando la gobernabilidad. Son las políticas estatales, gubernamentales y locales las que están generando ingobernabilidad de inciertas consecuencias al querer imponer un modelo de desarrollismo empresarial que es ajeno y contrario a los intereses y necesidades reales de las comunidades.
Por señalar algunas concreciones de este conflicto: en Uspantán la policía entró por la fuerza para que se construyera la sub estación eléctrica; en San Marcos montaron un gran operativo para desmantelar la organización comunitaria a inicios de este año; en Quiché las intimidaciones y amenazas de cárcel a personas organizadas que rechazan la firma de contratos de derechos de paso a ENERGUATE han sido constante; en Ixcán y en otros lugares se dan cobros excesivos en tarifa domiciliar; en Champerico existe un gran movimiento de no pago de energía por el cobro de Q57 de alumbrado público que no existe; en Olintepeque recusaron al alcalde porque la consulta comunitaria era respecto al paso de las torres eléctricas de TRECSA; en Chajul la compra de tierra de Q2 el metro cuadrado y la penetración de la reserva de biosfera Visis Cabá sin consulta ni información a la población chajuleña; en Nebaj, Sacapulas y Momostenango, paso de torres eléctricas del tramo privado de HIDROXACBAL sin contar con la licencia municipal y ocultando información a la población; en Totonicapan ya está diseñada la ruta del paso de torres y comprada toda la montaña de María Tecum que culturalmente comparten kakchiqueles y kiches; en San Raymundo, Guatemala hicieron remoción de tierra en un lugar donde existía una laguna a 10 metros de la escuela nacional; en Palín, Escuintla TRECSA desobedece una orden judicial que establece que no puede construir la sub estación, ya que no posee la tierra, ni cuenta con el aval municipal.
Y así podríamos ir narrando todos los puntos en donde la población se encuentra descontenta con el paso de las torres de energía o la construcción de hidroeléctricas o transporte y distribución de energía eléctrica.
Con el último conflicto presentado en San Marcos y con el reciente operativo en Chajul son 13 los conflictos que continúan en 2015, sin contar Xalalá.
No. |
Nombre |
Municipio |
Departamento |
Potencia |
1 |
Santa Rita |
Monte Olivo |
Alta Verapaz |
19.47 MW |
2 |
Entre Ríos |
Lanquín |
Alta Verapaz |
8.25 MW |
3 |
La Vega 1 |
Nebaj |
Quiche |
38 MW |
4 |
Cambalán |
Barillas |
Huehuetenango |
4.9 MW |
5 |
San Luis |
Santa Eulalia |
Huehuetenango |
12 MW |
6 |
Pojom 1 y 2 y San Andrés |
San Mateo Ixtatán |
Huehuetenango |
44 MW |
7 |
Tres Ríos |
San Pablo |
San Marcos |
49.12 MW |
8 |
Cueva María |
Cantel |
Quetzaltenango |
1.5 MW |
9 |
El Bote |
Chicacao |
Suchitepéquez |
4.9 MW |
10 |
El Sisimite |
Chuarrancho |
Guatemala y Baja Verapaz |
12.40 MW |
11 |
Las Tres Niñas |
Chiquimula |
Chiquimula |
120 MW |
12 |
Hidro Salá |
San Pablo |
San Marcos |
15 MW |
13 |
Xidro Xacbal Delta |
Chajul |
Quiché |
75 MW |
14 |
Hidro Xalalá |
Ixcán, Uspantán, Cobán. |
Quiché y Alta Verapaz |
180 MW |
Dentro de todas estas resistencias, hay una que llama poderosamente la atención.
Una de las sub estaciones localizada en San Miguel Ixtahuacán se llama Marlin, en la cual el 10 de junio de 2008 la señora campesina de etnia mam, Crisanta Pérez, provocó un corto circuito a los postes de luz instalados en su terreno sin su permiso, en la aldea Agel.
Tres días después de este hecho personeros de la mina y 35 policías llegaron a la casa de Crisanta para arreglar el problema de abastecimiento eléctrico a la mina, ante lo cual un grupo de mujeres formaron una pared humana, impidiendo que las fuerzas de seguridad pública agredieran la vida y la propiedad de Crisanta, motivadas también por el tema de las casas rajadas.
En consecuencia, 8 mujeres fueron criminalizadas y judicializadas, las cuales comprobaron su inocencia y meses más tarde una orden judicial obligó a retirar los postes y cables de 69 kv del terreno de Crisanta Pérez.
El negocio eléctrico no está respetando para nada los derechos de la población y ha provocado una conflictividad enorme debido al discurso manipulador de que la electricidad es desarrollo.
La aceptación social del marco jurídico existente en el país, así como cientos de miles de asambleas comunitarias e intercomunitarias, las consultas informales, la demanda de asesoría jurídica adecuada y las 74 consultas formales de Buena Fe realizadas por los pueblos y comunidades, son una importantísima aportación a la gobernabilidad del país y al tratamiento y resolución de los conflictos provocados por las empresas y las políticas públicas del Estado.
Por otro lado es el Estado el que viene realizando y sigue alimentando la ingobernabilidad con los siguientes medios:
- La ausencia de información pública y clara a las comunidades y pueblos sobre las cosas que afectan y determinan la vida, personal y colectiva, de la gente.
- La permanente desinformación, mediante la opinión pública empresarial que deslegitima las demandas populares.
- El tratamiento que el Estado viene dando a las demandas de los pueblos y comunidades, mediante respuestas militares y contrainsurgentes.
- Las políticas de seguridad interna que el Estado implementa por medio de fuerzas de tarea para la ocupación territorial de las Empresas, así como los programas de “criminalidad democrática”
- La persistencia y protección de la impunidad por parte del Estado y sus organismos, con base en un discurso manipulador sobre la gobernabilidad que genera más impunidad a la fuerza pública.
- La corrupción en todos los ámbitos y poderes del Estado, contagiando cada vez más a ámbitos importantes de la sociedad y del país.
Enlaces de interés:
Sobre las masacres durante el Conflicto Armado interno y el caso concreto en Río Negro ver:
http://www.quickiwiki.com/es/Masacres_en_Guatemala
Sobre el destino de la producción eléctrica ver:
http://cmiguate.org/sin-produccion-y-transporte-electrico-no-hay-minera-24/
Sobre el apoyo de la Cooperación alemana GIZ a la construcción hidroeléctricas ver:
Para calcular uno mismo el monto de su factura de luz, se puede visitar la página web:
http://www.cnee.gob.gt/Calculadora/index.php