La sentencia del caso Molina Theissen – Parte III: Repercusiones

por CMI-G
en DDHH · Destacadas
— 27 Ago, 2018

En esta tercera y última publicación sobre la sentencia del juicio Molina Theissen, nos referiremos a las repercusiones a nivel nacional e internacional. En la primera publicación, se han analizado los elementos principales de la sentencia. En la segunda publicación, se han examinado los hallazgos del tribunal a partir de los argumentos principales de la defensa que tendrán amplias consecuencias en futuros juicios en materia de derechos humanos.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

El juicio Molina Theissen atrajo la atención nacional e internacional no solo por la naturaleza atroz de los crímenes, como la tortura y la violación en reiteradas oportunidades de una mujer detenida por fuerzas militares y la desaparición forzada de un niño de 14 años, sino porque los acusados eran poderosos exmilitares que la población creía intocables.

El principal acusado era un general retirado, Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano de uno de los más terribles dictadores de la historia de Guatemala, Romeo Lucas García (1978 – 1982). Poco antes de su arresto en 2016, Lucas García se jactó durante una entrevista del papel fundamental que tuvo en la elección del actual presidente Jimmy Morales en 2015. El presidente Morales ganó las elecciones de la mano del Frente de Convergencia Nacional (FCN), un partido fundado por militares retirados que buscaban retener su influencia sobre instituciones clave, en especial, el poder judicial, para evitar las investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Morales, quien también está siendo investigado por este último delito, intentó forzar la remoción del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución creada junto con las Naciones Unidas. Lucas García también enfrenta cargos en el caso de desapariciones forzadas conocido como el caso CREOMPAZ.

Asimismo, también estaba siendo juzgado el exjefe de inteligencia militar, Manuel Callejas y Callejas, quien, se cree, es el fundador de la Cofradía, una red de crimen organizado que incluía a poderosos militares y que, luego, se transformó en la red La Línea, por la que el expresidente (y general del ejército retirado) Otto Pérez Molina y decenas de otros funcionarios están enfrentando procesos judiciales. El Periódico hace referencia a Callejas y Callejas como “el capo de capos” y asegura que, junto con el general retirado Francisco Ortega Menaldo, “ha sido presidente de facto de Guatemala desde 1982”.

En su sentencia, el Tribunal de Mayor Riesgo “C” señaló que algunos de los militares enjuiciados estuvieron involucrados en actos recientes de corrupción e impunidad, lo que “afecta seriamente la legitimidad de las Fuerzas Armadas” e impulsó al Congreso a aprobar la creación de la CICIG en el año 2006.

La familia Molina Theissen: Satisfacción y gratitud

El 25 de mayo, dos días después de que se dictara la sentencia, la familia Molina Theissen realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala. Emma Theissen Álvarez de Molina, madre de Marco Antonio y Emma Molina Theissen, expresó el agradecimiento de la familia por los gestos de solidaridad y apoyo en su búsqueda de verdad y justicia por parte de grupos y personas de Guatemala y de la comunidad internacional.

“Casi 37 años después hemos cerrado un capítulo de búsqueda de justicia, con un veredicto que da validez a nuestra verdad: cuatro altos mandos del Ejército de Guatemala fueron encontrados responsables de detener ilegalmente y mantener en cautiverio a Emma, sometiéndola a malos tratos y violencia sexual, y son responsables de la detención y desaparición de Marco Antonio, nuestro niño amado, de solo 14 años de edad”.

Theissen Álvarez de Molina expresó la satisfacción de la familia con la sentencia, la cual catalogó de “histórica y revolucionaria” porque “reconoce, valoriza y pone al centro del interés de la justicia a las víctimas de crímenes atroces y otorga a su testimonio el suficiente probatorio”. La familia se declaró convencida de que la sentencia dignifica a las víctimas de violencia estatal y a sus familias al reconocerlos como tales y admitir los crímenes de los cuales fueron víctimas, algo que los perpetradores negaron durante décadas.

Theissen Álvarez de Molina reafirmó el compromiso de su familia de continuar con la búsqueda de los restos de Marco Antonio para poder inhumarlos de forma digna.

La respuesta de la comunidad internacional

Varias organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebraron la sentencia del caso Molina Theissen como otro hito en los esfuerzos de Guatemala por condenar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos.

“Esta sentencia es trascendental para Guatemala y el mundo en relación con la investigación, el juzgamiento y la sanción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por altos mandos militares durante un conflicto”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Esta sentencia establece un precedente que envía un mensaje claro sobre la necesidad de continuar avanzando en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos del pasado”, agregó. Al Hussein también rindió homenaje a la familia Molina Theissen y destacó la perseverancia de sus reclamos de justicia que se extendieron a lo largo de más de tres décadas.

De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la importancia de la sentencia del caso Molina Theissen, especialmente en relación con la aplicación de principios y jurisprudencia internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, resaltó la importancia del juicio público y de la sentencia para el derecho a la verdad y las garantías de no repetición. “La sociedad tiene el derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes crímenes como la desaparición forzada fueron cometidos”, dijo Antonia Urrejola, Comisionada encargada de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH. “A través de esta sentencia se avanza simultáneamente en el camino de la justicia y en el camino hacia el esclarecimiento de la verdad, a la que tienen derecho las víctimas y los familiares y la sociedad en su conjunto”.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización sin fines de lucro que representó a la familia Molina Theissen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que la extensa lucha de la familia Molina Theissen en búsqueda de justicia contribuyó a “reescribir la historia de Guatemala”. En este marco, la organización emitió un comunicado de prensa con el siguiente mensaje:

La determinación [del Tribunal] de quiénes fueron responsables de los graves delitos contra Emma, Marco Antonio y la familia Molina Theissen es una base para la construcción de la verdad histórica…. [Por ello constituye] un elemento sustancial para que no se repita. Hoy Guatemala reescribe su historia, avanza en el combate contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, que constituyen la piedra angular para la construcción de un futuro más próspero, menos desigual y en el que ningún interés se encuentre por sobre la ley.

Repercusiones negativas

Sectores promilitares buscaron desacreditar a la familia Molina Theissen, sus representantes legales y los operadores judiciales que formaron parte de la causa desde el arresto de los cinco acusados en enero de 2016. Así, acusaron a la familia Molina Theissen de tener una motivación económica y afirmaron que, debido a sus conductas subversivas, constituían blancos legítimos de la violencia estatal.

Quienes apoyan a los acusados adujeron que el tribunal tenía motivaciones políticas y, hacia el final del juicio público, buscaron recusar a su presidente, el Juez Xitumul, alegando que su padre había sido víctima de desaparición forzada por parte de las fuerzas militares y que esto afectaría su imparcialidad en la causa. También atacaron a los medios (en particular a los medios independientes) que cubrían la causa y a los acompañantes y observadores internacionales que informaban sobre el juicio. La campaña contra la familia Molina Theissen y sus aliados continuó, incluso, hasta poco antes de que se dictara la sentencia en mayo de 2018.

Además, poco después de la sentencia, dichos sectores redoblaron sus esfuerzos para impulsar un proyecto de ley en el Congreso, con el objetivo de modificar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, de manera tal que todos los que participaron en conflictos armados internos se beneficien de una amnistía y que quienes fueron condenados por causas relacionadas con estos conflictos sean liberados. Tal como informó International Justice Monitor el año pasado, el proyecto fue presentado por un congresista cercano a la antigua guardia militar: Fernando Linares Beltranena. La ley de 1996 permite otorgar amnistías por crímenes políticos pero rechaza de forma explícita el beneficio de la amnistía para casos de genocidio, desaparición forzada, tortura, y otros crímenes institucionales. El proyecto de ley eliminaría esta exclusión en función del argumento de que “para lograr una paz y reconciliación verdaderas, debe concederse una amnistía general para todos los actores implicados en los conflictos armados”.

Dos semanas después de que se dictara la sentencia del caso Molina Theissen, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por Linares Beltranena, emitió una resolución con la recomendación de que el Congreso aprobara la propuesta. No obstante, un mes después, la Comisión de Derechos Humanos emitió un dictamen a través del cual rechazaba el proyecto de ley aduciendo que era “espurio y no tenía cabida judicial en el ámbito penal guatemalteco ni en el internacional”.

Al haber una resolución a favor y otra en contra, el pleno del Congreso tendrá la última palabra. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas alentó al Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto.

Por último, Karen Fisher, una ciudadana guatemalteca, presentó una demanda contra la familia Molina Theissen en la que le imputa haber realizado acusaciones falsas y simular crímenes. Fisher aduce que Marco Antonio Molina Theissen está vivo y que asistió a las audiencias, a pesar de que tres militares retirados fueron condenados por el Tribunal de Mayor Riesgo “C” por la desaparición forzada del niño en 1981, y de que, en el año 2000, el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad por dicha desaparición. Esposas e hijas de varios militares condenados en el caso, como Nana Winter, esposa de Benedicto Lucas García, acompañaron a Fisher durante la presentación de la demanda.

Estas repercusiones eran de esperarse. Si bien los sectores promilitares no realizaron casi ningún comentario sobre los juicios a oficiales de rangos bajos y patrullas de defensa civil, siempre que se ha puesto a militares más importantes en el banquillo de los acusados, como en el caso de genocidio de 2013, han implementado diversas estrategias para socavar los procesos. Lucas García y Callejas y Callejas no solo fueron los arquitectos principales de la sangrienta estrategia contra la insurgencia en Guatemala, sino que todavía tienen un alto nivel de influencia en la política de Guatemala.

Jo-Marie Burt es Profesora Asociada de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad George Mason. También es Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Paulo Estrada es activista de derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos y parte civil en el caso “Diario Militar”.

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