“Todo es un Arreglo”: corrupción desaloja a Chab’il Ch’och’

¿Puede haber respeto a los derechos humanos durante un desalojo? O más al fondo, en estas condiciones ¿existe desalojo que no sea violento?

Seguramente para los delegados departamentales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDH), el hecho de que la Policía Nacional Civil (PNC) no realizó capturas o lanzó gases lacrimógenos fue suficiente para cumplir con la formalidad.

Desde la noche del viernes 27 comenzaron a llegar patrullas de la PNC a la aldea fronteras (puente Río Dulce), provenientes de varios departamentos, incluyendo Sacatepéquez, a más de 300 kilómetros de carretera.

Pasado el mediodía de ayer lunes 30 de octubre, las familias q’eqchi no vieron más opción, cuando observaron desfilar en varios flancos a más de mil agentes de la PNC que rodearon la comunidad de Chab’il Ch’och’ con el claro objetivo de efectuar el desalojo con equipo antimotines.

Varios representantes de las comunidad explicaron a la jueza de paz, y delegados de la PDH y COPREDH, la situación de las familias q’eqchi’ que desde 1935 vivían en Chinamachacas hasta que les desplazaron durante la guerra. Y que desde el año pasado habían decidido recuperarla, rebautizándola como Chab’il Ch’och’, cuando se enteraron que Otto Pérez Molina había sido encarcelado.

Como ya se mencionó, luego de que la tierra fuera “legalizada”, pasó a manos de la familia de Rodrigo Lainfiesta Rimola (con libertad bajo fianza por un caso de corrupción), conformándose la Finca Santa Isabel, que habría sido cedida a Pérez Molina en calidad de financiamiento de campaña en 2011.

A pesar de ello, las instituciones del Estado hicieron prevalecer el derecho de papel de la Finca Santa Isabel sobre el derecho histórico de la comunidad Chab’il Ch’och’.

Con una historia que se repite siempre como tragedia, las familias comenzaron a meter en costales lo poco que pudieron. Debido a lo “lento” del desalojo, se le ordenó a la PNC ayudar a trasladar las cosas y aves de patio como gallinas, chompipes y patos. En el trayecto que duró aproximadamente tres horas hasta la orilla de la playa de un ramal del río chocon machacas, las familias se quejaban de que algunos agentes de la PNC dejaban tiradas las cosas.

Llegaron como a las nueve de la noche, con cansancio, hambre y sed. En medio de la desgracia, a las familias q’eqchi’ les causó mucho dolor observar a unos agentes de la PNC matar sus aves, desplumarlas y ponerlas al fuego para comérselas.

Como todas las noches, llovió. Solo que esta vez ya no se dibujó una sola sonrisa de abundancia. Las autoridades prometieron unas lanchas para transportar a las familias y sus costales, pero pasaban las horas, con la ropa mojada.

Las familias preguntaron hacia donde les llevarían y el delegado de la PDH contestó que al puente de río dulce, a lo que volvieron a preguntar si contaban con algún albergue o alimentación, respondiendo que no,  y que tampoco la municipalidad de Livingston se haría responsable.

Seguían pasando las horas y varias familias consiguierion que les alquilaran fiadas un par de lanchas. Ante tal decisión la PDH aseveró que si se iban por su cuenta no se harían responsables de lo que sucediera. Fue así como a la media noche varias familias salieron de Chab’il Ch’och en busca de alguna aldea solidaria donde posar,  y conseguir más lanchas al amanecer. No obstante, el resto de familias perdieron comunicación telefónica y por la madrugada se dispersaron entre la selva pantanosa.

De la jueza que avaló el desalojo

Las familias señalaron que para efectuar el desalojo el convoy de la PNC pasó por las fincas El Edén y Concepción, propiedad del prófugo de la justicia, Alejandro Sinibaldi Aparicio, ex ministro de comunicaciones del gobierno del Partido Patriota.

A su vez, las familias denuncian que durante el desalojo se encontraba el administrador de la Finca Santa Isabel, Elías Joel Díaz Guerra, conversando con la Jueza de paz segundo de Livingston, Reginalda Pantaleón Palencia, responsable de darle legalidad al desalojo.

Asimismo denuncian que Díaz Guerra llevó gente para que se quedara custodiando la tierra y presumiblemente para quemar las viviendas de la comunidad Chab’il Ch’och’.

Como ya se dijo, Díaz Guerra fue candidato a diputado en la casilla 3 de la Unión del Cambio Nacional (UCN) por el departamento de Guatemala. Mientras que el sobrino de la jueza Reginalda Pantaleón Palencia, Jorge Luis Pantaleón Oliva labora como auxiliar de oficina en el Congreso de la República para la bancada UCN con un salario de 10569.06[1].

Por su parte, Rodrigo Lainfiesta (que desde tempranas horas de hoy 31 de octubre salió a la defensa de sus intereses en twitter), es hermano de Juan Francisco Lainfiesta Rimola, jefe de la bancada de la UCN desde el año pasado.

Los invasores delincuentes, ladrones y usurpadores fueron desalojados pacífica y legalmente. La pdh puede dar fe. Estado de Derecho.” Reza el tweet de Rodrigo Lainfiesta de su cuenta @rlguate.

Además del vínculo con la UCN, vale decir que Jorge Luis Pantaleón Oliva es hijo del abogado Ramón Pantaleón Palencia, recién fallecido, cuando fungía como magistrado presidente de la sala regional mixta de apelaciones de Zacapa (2014-2019). Fue electo con el apoyo de las bancadas Lider y PP en el Congreso.

Ramón Pantaleón Palencia es de la promoción 72 de la Escuela Politécnica, a la que pertenece Marco Tulio Espinoza Contreras, ex ministro de la defensa del expresidente Álvaro Arzú Yrigoyen.

Otra sobrina de la jueza Reginalda Pantaleón es Azucena Isabel Pantaleón Oliva, que trabaja desde el 2012 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actualmente en la secretaría de la Vocal VIII magistrada Silvia Verónica García Molina,  presuntamente vinculada al “Rey del Tenis” en la elección de CSJ en 2014[2]. García Molina es esposa de Mario Santiago Linares García, ex diputado del PP por Baja Verapaz (2012-2016).

Finalmente, Belismel Pantaleón Oliva trabaja como Jefe I de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC). A finales de la década de 1990 fue sindicado de haber participado en el desfalco de la Tesorería del Organismo Judicial cuando fungía como Técnico IV del Centro de Procesamiento de Datos del OJ. [3]

Su abogado defensor fue Fernando Girón Cassiano[4], que presentó el 8 de abril de 1999 un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la presidencia de la CSJ. Meses más tarde, el 1 de octubre de 1999, Girón Cassiano sustituyó por vacaciones[5] al padre de Belismel Pantaleón Oliva, Ramón Pantaleón Palencia, en el cargo de Auditor de Guerra (Juez Militar de Primera Instancia) en el Tribunal Militar del Cuartel General del Ejército de Guatemala.

Este cargo lo ostentó Ramón Pantaleón Palencia entre  1988 y 2012, juzgando entre otros casos, el de los 13 militares que intentaron darle Golpe de Estado a Vinicio Cerezo en mayo de 1989, y que no enfrentaron otra pena más que ser dados de baja.

Como relata un miembro de la comunidad esta mañana

todo es un arreglo. El estado de Guatemala no hace nada, no sabemos dónde están las familias que no aparecen, es una pesadilla, es duro, yo no puedo creer eso, ¡mujeres recién paridas!, niños, todo por la siembra. La verdad duele, si hubieran sido covachas que fregados, no son cosas que se hacen de la noche a la mañana”

[1] http://chapinesunidosporguate.com/exclusiva-la-planilla-de-trabajadores-del-congreso-se-hace-publica/

[2] https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/01/11/conferencia-de-prensa-magistrada-blanca-stalling/

[3] https://gt.vlex.com/vid/-423844210

[4] Hermano de Diana Girón Cassiano, esposa del coronel Juan Valencia Osorio, prófugo de la justicia por el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990.

[5] http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/1999/gtdcx37-99.pdf