Temor ante adquisición de fallido proyecto minero Cerro Blanco
0La minera canadiense Bluestone Resources anunció, el 31 de mayo, la adquisición del proyecto Cerro Blanco. C$80 millones es el valor de la compra a la canadiense Goldcorp que tenía la propiedad de los derechos mineros Cerro Blanco, y que incluye el proyecto geotérmico Mita. El proyecto Cerro Blanco ha estado marcado por la oposición comunitaria tanto en Guatemala como en El Salvador, debido a la potencial contaminación de vitales fuentes de agua en ambos países.
Luis Solano
Mapa de la cuenca afectada por la mina «Cerro Blanco», len el área limítrofe entre Guatemala y El Salvador.
Grandes intereses tras bambalinas
La compra anunciada por Bluestone Resources fue resultado de un proceso de negociaciones iniciado en enero y que concluyó cinco meses más tarde.
Un mes antes, en abril, con el propósito de consolidar la adquisición, Bluestone Resources se capitalizó con la venta del 31.4% de sus acciones a dos fondos de inversiones basados en Luxemburgo: Lorito Holdings S.a.r.l. y Zebra Holdings and Investments S.a.r.l., que son accionistas en Lundin Gold.
Ambos fondos fueron creados por el sueco Adolfo Henrik Lundin (ya fallecido), quien fundó el poderoso grupo minero y petrolero Lundin Group que explota cobre, diamantes, oro, níquel, uranio, zinc y petróleo en diversas partes del mundo. Lundin Gold es una minera que pertenece al Grupo Lundin, que pertenece a la familia Lundin.
La adquisición de ambos de proyectos, incluye el traspaso de las subsidiarias Entre Mares, S.A., inscrita en Guatemala y que opera el proyecto minero; y la Geotermia Oriental de Guatemala S.A., a cargo del proyecto geotérmico Mita, en el mismo sitio minero.
El complejo minero otorgado por el gobierno de Berger
El proyecto minero Cerro Blanco está registrado bajo la licencia de explotación LEXT-031-05, de 2005, otorgado durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2007). Originalmente, fue otorgado a Entre Mares, S.A. subsidiaria de la entonces minera canadiense Glamis Gold. Se ubica en el municipio de Asunción Mita, en la frontera con El Salvador.
Luego de la fusión de Glamis Gold con la canadiense Goldcorp, todos los derechos mineros de la primera pasaron a la segunda a partir de 2007. Esto incluyó los proyectos mineros Marlin y su subsidiaria Montana Exploradora, S.A., en San Marcos; y Escobal, y su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. (Minerasa), en Santa Rosa.
Además de esos proyectos, el entonces gobierno de Berger reactivó el proyecto Fénix, de níquel, en El Estor, Izabal, en 2004, al ceder los derechos a la canadiense Skye Resources, y fundarse la Compañía Guatemala de Níquel, S.A. su subsidiaria, con la participación directa, primero del bufete Sosa, Berger, Pemueller & Asociados (2004) y posteriormente A.D. Sosa & Soto, vinculados directa o indirectamente al entonces gobernante Óscar Berger.
Violencia, contaminación y criminalización
Todas esas explotaciones mineras de oro, plata y níquel se otorgaron entre 2004 y 2005, período en el que fuertes intereses empresariales guatemaltecos predominaron en esa administración gubernamental, lo que facilitó su inserción a esa industria extractivista. Forman parte de un cinturón geológica que contempla el proyecto Marlin en San Marcos; los proyectos El Sastre y El Tambor, en Guatemala y El Progreso; la mina San Rafael, en Santa Rosa y Jalapa; Cerro Blanco, en Jutiapa; y El Pato, en Chiquimula.
Este es un cinturón que fue promovido por el gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999), como parte de la campaña internacional para atraer capitales extranjeros que se involucrarán en la industria extractiva de minerales metálicos. El proyecto minero en La Puya, San José El Golfo, Guatemala, tampoco puede verse aislado del proyecto de exploración y explotación de oro que comprende un largo cinturón que recorre la zona montañosa central, occidental y oriental del país.
Pero si algo hay en común entre todos esos proyectos, eso es la marca de la violencia, contaminación y criminalización de liderazgos comunitarios y organizaciones acompañantes que llevan sus operaciones contra la oposición comunitaria registrada en los últimos diez años. Tanto en San Marcos como en Santa Rosa, se repite una y otra vez. La Puya tampoco es la excepción.
En el caso de Cerro Blanco, un proyecto que se daba por suspendido en definitiva, luego de los movimientos de resistencia que se dieron en la zona fronteriza de Guatemala y El Salvador, hoy tiende a reactivarse. La fuerte oposición que condujo a acciones conjuntas entre guatemaltecos y salvadoreños fue un factor que debilitó la continuación del proyecto minero.
Queda por ver si la fase siguiente del proyecto será la especulación financiera para buscar nuevos inversionistas y revender el proyecto, o si por el contrario, el riesgo latente de contaminación de las principales y escasas fuentes de agua compartidas entre El Salvador (que prohibió la actividad minera en ese país) y Guatemala, comienza a ser una realidad que conducirá a nuevos movimientos de resistencia con las consabida respuesta gubernamental.
