Crónica de la explotación ilegal en La Puya

Después del amparo presentado en el año 2014 por la resistencia pacífica “La Puya” y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender provisionalmente las actividades de la licencia de explotación “Progreso VII Derivada” el 22 de febrero de 2016. La resolución reconoce que se ha violado el derecho de Consulta Comunitaria de las poblaciones de San Pedro Ayampuc y de San José del Golfo.

Por Arlen Méndez y Gustavo Illescas

No obstante, la empresa estadounidense Kappes Cassiday & Associated (KCA) y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua) no acataron la resolución emitida por la CSJ y continuaron con los trabajos de explotación minera. Mientras tanto, las carteras de Gobernación y Energía y Minas del gobierno de Jimmy Morales realizaron acciones en defensa de la explotación ilegal de oro y plata en la Puya.

I. El desacato del MEM

En consonancia con la empresa minera, el 1 de marzo de 2016 fue publicado un artículo en la prensa escrita donde el abogado Rogelio Zarceño Gaytán, director de la Unidad Jurídica del Ministerio de Energía y Minas (MEM), justificó que el amparo a favor de La Puya carecía de materia y que en todo caso no ordenaba al MEM a suspender la licencia de explotación minera. Sin embargo, el MEM es el responsable de acatar una resolución de esa naturaleza ya que es el ente regulador del otorgamiento de licencias de explotación minera, y la resolución de la CSJ es clara al mencionar que:

(…) se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata”

Por tal razón, el 2 de marzo de 2016 la resistencia pacífica de La Puya se movilizó hacia las oficinas centrales del MEM, ubicadas en la zona 11 capitalina, para solicitar una reunión con Juan Pelayo Castañón, ministro del MEM. Al respecto, una joven de la resistencia pacífica comentó:

Primero salió personal del MEM a decir que nos iban a atender, luego salieron otra vez a decir que sólo iban a dejar entrar a diez y luego ya no salieron.”

A partir de ese momento, la resistencia pacífica de La Puya se quedó instalada a las afueras del MEM y convocó a un plantón pacífico para exigir que se respetara el derecho de la población. Esa misma tarde, CALAS presentó un antejuicio contra el Ministro del MEM porque estaba incurriendo en el delito de instigación a delinquir al no acatar una orden de la CSJ y por tanto, promoviendo la explotación ilegal de recursos naturales.

A solicitud de La Puya, el 8 de marzo de 2016 se convocó al Ministro del MEM a una reunión para explicar la situación y pedir nuevamente que se acate la resolución de la CSJ. En esa ocasión el abogado del MEM, Rogelio Zarceño Gaytán, recalcó que no había ninguna ilegalidad por parte del MEM, por lo que se podía continuar con la explotación minera.

Por su parte, Rafael Maldonado, abogado de CALAS, arremetió contra Zarceño por tergiversar la información y provocar que el Ministro del MEM incurriera en ilegalidades. Asimismo aclaró que Zarceño Gaytán era juez y parte, ya que siendo magistrado de la CSJ (2009-2014) fue uno de los firmantes que rechazó el amparo provisional que había solicitado la resistencia de La Puya en 2014, mismo que fue aceptado por la nueva CSJ (2014-2019) el 22 de febrero de 2016, y que por tanto no debía asistir al dialogo entablado entre el MEM y la Puya.

Por su parte, el Ministro del MEM Pelayo Castañón justificó que debido a su desconocimiento en materia legal y del caso de la Puya, no podía otorgar una respuesta en la inmediatez, por lo que se comprometió a sostener una reunión a primera hora del día siguiente.

Para sorpresa de pocos, a la mañana siguiente el ministro Pelayo Castañón dejó plantada a la resistencia de la Puya y se dirigió a Casa Presidencial a una reunión en Consejo de Ministros. Ya desde la madrugada del 9 de marzo se había concentrado en el camino que conduce a la resistencia de la Puya, un contingente de antimotines de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

II. Gobernación se presta a la empresa

Los antimotines se encontraban custodiando una pipa de combustible, un contenedor vacío con capacidad para 25 toneladas y un camión de volteo con insumos desconocidos. Asimismo se encontraban agentes de seguridad de la empresa BlackThorne contratados por la mina.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, los antimotines se enfilaron para abrir paso por la fuerza. Mientras tanto, las poblaciones de La Puya presentaban una fotocopia de la resolución de la CSJ y se iniciaba el diálogo con el comisario de la Comisaria 12.

Posteriormente, se hizo presente Josué Menendez, el abogado de la mina, argumentado que se estaba cometiendo una ilegalidad al no dejar entrar al convoy. Debido a esto, la empresa convocó al Juez de Paz de San Pedro Ayampuc, quien argumentó que aunque la resistencia pacífica sólo contaba con una fotocopia de la resolución emitida por la CSJ esta contenía «un gran poder» que no se puede violentar.

No conforme con lo dicho por el Juez de Paz, el abogado de la empresa convocó al Juez de Paz de Chinautla. Cuando este se hizo presente preguntó por la maquinaria detenida por la población y por las personas secuestradas, a lo que Josué Menéndez respondió que eran los choferes que se encontraban dentro del camión, de la pipa de combustible y del contenedor.

Ante esto, el Juez de Paz argumentó que no había maquinaria retenida por la población ni personas secuestradas, por lo que el encuentro había sido una pérdida de tiempo y que de haber conocido la situación a detalle no hubiera acudido al llamado realizado por Menéndez. Previo a retirarse, le advirtió al abogado que se estaba cometiendo una ilegalidad al haber denuncias falsas. El retiro de los antimotines ocurrió durante la tarde; sin embargo, el convoy de la empresa se retiró dos días después, el 11 de marzo.

III. La renuncia del Ministro por «razones de salud»

Pelayo Castañón volvió a evadir sus responsabilidades como ministro el 11 de marzo de 2016, cuando no asistió a la citación que hizo la diputada Sandra Morán de la Bancada Convergencia por la Revolución Democrática (CRD). En su lugar envió al Viceministro de Energía e Hidrocarburos, Víctor Daniel Aguilar Aguirre, que se comprometió a realizar un informe circunstanciado de la situación.

El mismo 11 de marzo la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió un comunicado titulado “Ante la amenaza a la certeza jurídica en Guatemala”, en el que criminaliza a la resistencia pacífica de la Puya, respalda a Pelayo Castañón y solicita a la CC que resolviera prontamente el recurso de apelación presentado en contra del amparo provisional que la CSJ le otorgó a la Puya.

La posición de Pelayo Castañón en favor de la industria extractiva había quedado expuesta el 8 de febrero de 2016 cuando rechazó la moratoria minera y prometió agilizar los trámites de más licencias mineras.5 Cabe decir que desde 2005 Pelayo Castañón era Gerente de País en PDV Guatemala, subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Sintiéndose respaldado, Pelayo Castañón tampoco asistió a la segunda citación convocada para el 17 de marzo de 2016. Esa mañana la diputada Sandra Morán y una delegación de la resistencia de la Puya se dirigieron al Ministerio Público para interponer una demanda penal contra Pelayo Castañón por el delito de incumplimiento de deberes, por desacatar una orden de la CSJ. Esta demanda se sumaba a la interpuesta por CALAS el 2 de marzo de 2016.

Finalmente Pelayo Castañón presentó su renuncia por “razones de salud” el 26 de abril de 2016 y el cargo lo asumió de forma interina Luis Alfonso Chang Navarro, quién solicitó inmediatamente una reunión con la resistencia de La Puya para retomar el dialogo.

La reunión se llevó a cabo el 27 de abril en casa presidencial, a la cual asistieron representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredh). Por su parte, la Puya invitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Como fruto de la reunión las autoridades del Estado se comprometieron a velar porque cesen las actividades de explotación minera hasta que se resuelva en definitiva el amparo que existe a favor de la resistencia pacífica de la Puya. Asimismo, realizaron una misión de verificación el 28 de abril a las instalaciones de la mina para luego realizar un informe de la situación.

IV. Explotación ilegal de recursos naturales

Otro de los demandados el 17 de marzo de 2016 fue la empresa Exmingua por el delito de explotación ilegal de recursos naturales, que pese a la suspensión provisional de sus actividades de explotación, tres días más tarde, el domingo 20 de marzo de 2016, desde la madrugada y en un intervalo de cada 30 minutos, un helicóptero estuvo realizando vuelos desde una finca privada en Aguas Calientes que trasladaba material desconocido hacia la mina, y a su vez, extraía carga de regreso a la finca, presumiblemente minerales.

Durante tres días consecutivos, el helicóptero sobrevoló con carga pesada sobre rutas pobladas, haciendo una demostración del nivel de impunidad que gozan los inversionistas extranjeros y sus socios locales.

V. El abogado extractivista del MEM

Otro de los funcionarios del MEM, demandados el 17 de marzo de 2016 por la diputada Sandra Morán, que aun continua en su puesto es Rogelio Zarceño Gaytán, por el delito de representación ilegal, ya que

en el año 2014 conoció el caso siendo magistrado vocal VI de la Corte Suprema de Justicia y hoy funge como director de la unidad de asesoría jurídica del Ministerio de Energía y Minas, el cual accionó con dos recursos legales uno en contra y otro para pedir aclaración a la Corte.

Rogelio Zarceño Gaytán es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) desde 1989 y cuenta con estudios de Economía y Finanzas por esa casa de estudios. Es socio fundador del bufete corporativo Zarceño & Zarceño, el cual años más tarde se fusionó para formar el bufete Bonilla, Argueta, Zarceño & Alvarado Abogados. Este bufete es socio de la firma “Signature Regional Law Group”, con asesoría en varias especialidades, entre ellas derecho energético.

Uno de los socios fundadores del bufete es el asesor de jurídico de bancos, Milton Argueta Pinto, decano de la facultad de Derecho de la UFM. Otra de las fundadoras, María del Pilar Bonilla, también es egresada de la UFM y actualmente es la directora del área de Derecho Mercantil, Derecho Notarial y Sistema Financiero en la UFM.

Además de su relación estrecha con la UFM, de corriente neoliberal, Zarceño Gaytán fue asesor jurídico y miembro del Consejo de Administración de la compañía petrolera “La Quinta Compañía, S.A.”, ubicada en el Puerto Santo Tomás de Castilla, y cuya propietario es la transnacional Trafigura Beheer B.B. Otra empresa de Trafigura en Guatemala es la Compañía de Petróleos y Energía, S.A. (Copensa), ubicada en el Puerto de San José Escuintla. Ambas empresas dedicadas desde principios de la década de 1990 al almacenamiento de productos derivados del petróleo. Posteriormente en 1997 la transnacional Trafigura expandió su negocio en Guatemala con el inicio de operaciones del Grupo Puma Energy, dedicado también a la instalación de “terminales de distribución” o gasolineras.

El presidente de Copensa era Álvaro Rodolfo del Busto Cuesta, a quien en 1988 Rogelio Zarceño auxilió junto a otros abogados en una acción de inconstitucionalidad (Exp. 3-88) en contra del «Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano». Además de Álvaro del Busto Cuesta, la acción fue promovida ante la Corte de Constitucionalidad por los empresarios y banqueros Víctor Manuel Suárez Valdés, Arturo Pellecer Arellano, José Pivaral Guzmán, Juan Luis Bosch Gutiérrez, Edgar Antonio Heinemann Nathusius, Dieter Federico Keller Gerdes, José Roberto Ortega Herrera, Enrique Antonio Batres Carrillo y Juan Francisco Reyes López.

Otro nexo histórico de Zarceño es que ha sido Miembro de la Junta Directiva de la Fundación de la Construcción para la Naturaleza ConstruNatura, cuyo representante legal es Carlos Enrique Corado Lanza. Corado Lanza fue sujeto a proceso judicial que fue llevado hasta la CC (Exp. 731-2010) ya que en el año 2002, siendo accionista del Primer Banco de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, S.A. (Vivibanco), le fue otorgado un préstamo hipotecario por la misma entidad bancaria. Zarceño fue abogado externo y asesor del Consejo de Administración de Vivibanco.

La salida de Pelayo Castañón es fruto de la lucha pacífica de la Puya porque prevalezcan los derechos colectivos sobre los derechos particulares. No obstante, el nuevo ministro interino, así como la presencia de Rogelio Zarceño en el MEM, hace pensar que en el fondo la política extractiva del gobierno de Jimmy Morales y sus aliados continuará. Faltará ver si la Corte de Constitucionalidad resuelve en definitiva a favor de la resistencia pacífica de La Puya y se da por terminada la explotación ilegal de oro y plata en el norte del departamento de Guatemala.

Marcha Permanente por el Agua