¿Qué hay detrás de la propuesta para reformar la Ley de Adopciones?

La solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que el Hogar Rafael Ayau entregue las instalaciones estatales que ocupa, ha generado una reacción de organizaciones políticas y no gubernamentales, dirigidas por miembros de la derecha política guatemalteca. Éstas han aprovechado el momento para pronunciarse a favor de la reforma a la Ley y de la eliminación del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), que creó esa Ley. En el fondo, persiste la idea de que las adopciones de niños, niñas y adolescentes deben regresar a manos de organizaciones y bufetes privados, tal como ocurría antes de 2007, cuando se decretó el marco jurídico.  Lo que no se menciona son el pasado de tráfico de infantes que tuvo su auge con la guerra.

Por Equipo de Análisis

Inés Ayau junto a un abogado. Fuente: Emisoras Unidas

PGN denuncia ilegalidades de Hogar Rafael Ayau

En un comunicado publicado el 21 de marzo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) da a conocer el porqué de la solicitud de “entrega del inmueble” que ocupa el Hogar Rafael Ayau. La PGN basa la solicitud en las ilegalidades existentes, y justifica el pedido del inmueble indicando la sobrepoblación y la crisis por la falta de inmuebles: “que puedan ser destinados para abrigar NNA (niños, niñas y adolescentes), se procedió a la revisión del uso y destino por entidades privadas». Como parte de la crisis, la PGN pasó a revisar «el inmueble situado en 16 calle 3-61 de la zona 1, en esta ciudad, -HOGAR RAFAEL AYAU-, y administrado por la IGLESIA APOSTÓLICA, ORTODOXA Y ANTIOQUEÑA DE GUATEMALA”.

Las ilegalidades que la PGN identificó fueron:

El Hogar Rafael Ayau es dirigido por la religiosa Igumeni Inés Ayau García, hija del fallecido ideólogo de la derecha guatemalteca, Manuel Ayau Cordón, fundador de la Universidad Francisco Marroquín. Por esa razón, no extraña que las organizaciones que hoy expresan su apoyo al Hogar Rafael Ayau y su directora, sean afines al pensamiento político de derecha y se aglutinen alrededor de uno de los “mercados” que controlaron desde los gobiernos militares de la década de 1970: el de las adopciones internacionales..

La primera en manifestarse fue la organización política de derecha Movimiento Cívico Nacional (MCN), que solicitó al Congreso la eliminación del Consejo Nacional de Adopciones, (CNA), por medio del diputado Luis Pedro Álvarez Morales -independiente luego de su salida del Partido Encuentro por Guatemala por “diferencias ideológicas”-. Esa petición fue acuerpada por José Eduardo Córdova, director jurídico de la Asociación La Familia Importa, una entidad que aglutina 40 organizaciones según su sitio de internet. Esa asociación tiene como representante legal a Alexandra Sol Caminos de Skinner Klée, esposa del reconocido abogado Alfredo Skinner Klée, del bufete LatamLex Guatemala / Skinner-Klée & Asociados.

El MCN ha aprovechado la coyuntura del trágico suceso del Hogar Virgen de la Asunción para impulsar su propia agenda. A su criterio la responsabilidad de lo ocurrido en ese Hogar recae en el CNA, argumento que ha sido replicado por la religiosa Inés Ayau.

El trasfondo

Las adopciones de niños, niñas y adolescentes en Guatemala han tenido dos momentos clave: uno, durante los años de la guerra contrainsurgente, donde los llamados “niños de la guerra” capturados o huérfanos, eran dados en adopción. Abogados vinculados al Ejército se beneficiaron de ese fenómeno, conduciendo a que las adopciones se convirtieran en un negocio rentable. El otro momento inició con el fin del conflicto armado y firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. Las estructuras de abogados se ampliaron y comenzaron a surgir estructuras de crimen organizado dedicadas al robo de niños, adopciones irregulares y “lavado de niños”.

Dos estudios son importantes para conocer ese fenómeno donde la niñez se convirtió en una especie de mercancía:

1) Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca, 1977-1989, de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), publicado en 2009. El cual se puede ver en el sitio de la revista digital Plaza Pública.

2) Informe sobre actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares en Guatemala a partir de la entrada en vigor de la Ley de Adopciones, publicado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2010.

El estudio de SEPAZ tiene que ver con la contrainsurgencia y sus implicaciones en el fenómeno de las adopciones desde estructuras estatales y privadas. El período investigado se da entre 1977 y 1989, por considerar que en este lapso se registran los acontecimientos que van a afectar el proceso de adopciones. Un proceso que se puede entender a partir de las necesidades específicas de la contrainsurgencia.

Adopciones por año, expedientes de la Secretaría de Bienestar Social, 1968-1997

El negocio de las adopciones

Históricamente, han ocurrido casos que han develado las adopciones como un negocio. Por ejemplo, en noviembre de 1981, el entonces Cuerpo de Detectives capturó a Edmond Mulet Lessieur, quien se desempeñaba como secretario general del Partido Nacional Renovador (PNR), acusado de participar en el tráfico de niños guatemaltecos hacia Canadá.

Mulet, quien ha sido un destacado político y diplomático, proporcionó asesoría legal a mujeres canadienses interesadas en adoptar infantes guatemaltecos. Finalmente salió bien librado, indicando que todo había sido trabajado legalmente. (La Hora, noviembre 26 de 1981. Prensa Libre, noviembre 28 de 1981.) En ese caso, el abogado que representó a las mujeres canadienses en Guatemala fue Antonio Arenales Forno, quien dirigió la Secretaría para la Paz (SEPAZ) durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Una amplia investigación sobre el papel de Mulet en el caso de las adopciones puede verse en Plaza Pública. En ese artículo se indica que el estudio de SEPAZ, mencionado anteriormente, perteneciente a la “…Dirección de los Archivos de la Paz —institución creada por el gobierno de Álvaro Colom y desmantelada durante el de Otto Pérez Molina— señaló que, entre 1977 y 1989, Canadá fue el país que recibió el mayor número de menores guatemaltecos procedentes del programa de adopciones del hogar Elisa Martínez.

Determinar exactamente cuántas de estas adopciones fueron tramitadas por Mulet resulta imposible en la actualidad, puesto que las instituciones del Estado han vedado el acceso a los documentos de este archivo. Plaza Pública lo ha intentado repetidamente a través de la Ley de Acceso a la Información, pero ha sido imposible. Antonio Arenales Forno, hoy Secretario de la Paz, también abogado y antiguo compañero de partido de Mulet en el P.N.R., clausuró los Archivos de la Paz en 2012.

Fernando Linares Beltranena y la impunidad soberana

En la década de 1990, el hoy diputado del PAN, Fernando Linares Beltranena habría tenido una participación en la defensa legal del famoso caso de 1991 conocido como “Caso Tío Juan”, en el que se descubrió y acusó al estadounidense John Hugh Watterer (“Tío Juan”), en ese momento Director del “Hogar Mi Casa”, de abusos sexuales contra niños de la calle a quienes la organización, fundada por él en 1976, atendía.

Hogar Mi Casa es una organización que ha sido respaldada y financiada por élites familiares y empresariales que, tras descubrirse todo el asunto, presionaron para que “Tío Juan” no fuera extraditado a Estados Unidos. Entre los que protegieron a Watterer estuvo el hoy alcalde capitalino Álvaro Arzú –quien defiende a Inés Ayau por el caso Hogar Rafael Ayau, y a quien en su gobierno otorgó las instalaciones en usufructo por 50 años–, y la directiva de “Hogar Mi Casa” de ese entonces, entre ellos: Vicepresidente, Arne Sapper, y Gonzálo Menéndez Park (ex canciller de Guatemala, ya fallecido).

Sapper, descendiente de alemanes que se asentaron en Alta Verapaz en el siglo XIX, es un reconocido distribuidor de vehículos alemanes. Conjuntamente con el abogado José Luis González Dubón son los representantes de la Liga Pro Patria. Se recuerda que a Linares Beltranena se le retiró la visa estadounidense en 2000, en el marco de la defensa legal que hacía del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, a quien se le señaló de tener fuertes nexos con el narcotráfico, por lo que también se le retiró la visa.

Linares Beltranena, un abogado reconocido por su participación en el negocio de las adopciones, fue seriamente cuestionado cuando un escrito de él causó indignación, al indicar que:

“es bueno que ganen los abogados en promover las adopciones. Mientras más trámites existan, más baratos van a ser los costos. Es igual que en La Terminal: los que venden aguacates promueven que se coman aguacates, y más gente va a sembrar aguacates y estos van a ser más baratos por la oferta y la demanda. Pero si restringe la producción de aguacates, sufre todo el mercado. Si restringen la adopción de niños, quienes van a sufrir son los niños”. (Siglo Veintiuno, 19 de junio de 2007).

Otro caso, en relación con González Dubón, del que se desconoce si existen investigaciones, tiene que ver con una entrevista a Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack. Fue publicada en el contexto de fuertes presiones de actores de la derecha política contra la CICIG por La Hora (10 de febrero de 2009). Se le preguntó: “La Liga Pro Patria manifestó su oposición a CICIG, ¿a qué se debe el rechazo de este y otros grupo hacia ese ente?”, y Mack respondió:

“R: La oposición es que a ellos les pueda caer, porque hay muchos miembros de la liga Pro Patria que están involucrados en actividades ilícitas, muchas de ellas conocidas. A (José Luis) González Dubón se le vincula al tema de las adopciones ilegales, y por eso a él no le interesaría, ni a otros miembros de la Liga una Comisión como de este estilo, que es objetiva y está haciendo la lucha que deberíamos estar haciendo nosotros, y que no las van a poder sobornar, entonces prefieren rechazarlo.

En 2013, sonó el caso de adopciones ilegales en el que se acusó y capturó a la abogada Susana Luarca Saracho, que evidenció a toda una estructura. La CICIG se convirtió en querellante adhesivo.

La Ley de Adopciones y articulado clave

Cuando se creó el Decreto 77-2007, Ley de Adopciones, en agosto de 2007, el propósito fue “regular la adopción como institución de interés nacional y sus procedimientos judicial y administrativo.” Así se creó el CNA como una institución autónoma (art. 17) responsable de reclutamiento de padres adoptivos (art. 22), señalando como su función principal “Autorizar, supervisar y monitorear en forma periódica, y en su caso sancionar a las entidades privadas, hogares de abrigo, hogares sustitutos que se dediquen al cuidado de los niños;” (art. 23, inciso o))

¿Por qué MCN querría desregular las adopciones?