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    Presos políticos en Huehuetenango: cuando la dignidad interrumpe la injusticia

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    • por CMI
    • en Barillas · Defensa del Territorio · Opinión · Prisión Política
    • — 26 Jul, 2016
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    Foto: CPR-Urbana (Red-CMI)

    La liberación de siete presos políticos de Huehuetenango, el pasado 22 de julio, representa un triunfo de la dignidad, la fortaleza y las convicciones colectivas y comunitarias: frente a proyectos y modelos económicos explotadores de la naturaleza y las personas, y frente a un Estado que prioriza el derecho a la ganancia, al costo que sea, sobre el derecho a la vida.

    Por Ándres Cabanas (Memorial de Guatemala)

    La liberación es también un triunfo de la solidaridad y las luchas conjuntas: centenares de colectivos y organizaciones (miles de personas en Guatemala y otros países) se involucraron en la exigencia de libertad a través de movilizaciones, cabildeo a nivel nacional e internacional, luchas jurídicas, comunicados, escritos, apoyo económico, apoyo en salud, y muchos otros, desde la primera detención colectiva de dirigentes, el 2 de mayo de 2012. En este ámbito es necesario señalar la fortaleza de familias, esposas y compañeras de vida de cada uno de los presos (incluidos los previamente liberados) que, al creer en la humanidad y la vida, al exigir el ejercicio de la justicia y la garantía de derechos, marcan una ruta de valentía y esperanza.

    Estos principios y formas de acción colectiva logran interrumpir (todavía no revertir) la ofensiva estratégica de las empresas y el Estado de Guatemala sobre el norte de Huehuetenango, ofensiva que tuvo el carácter de final, en cuanto se planteó desarticular la organización a través de la captura de los dirigentes: Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Mynor López, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, liberados el 22 de julio de 2016; Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, liberados en enero de 2016; Rubén Herrera, liberado en mayo de 2013; Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo, Andrés León Andrés, liberados en enero de 2013; Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual, liberados en septiembre (el primero) y noviembre de 2012.

    Construir un nuevo contexto

    Si bien los presos políticos del norte de Huehuetenango están libres, las amenazas continúan vigentes: órdenes de captura existentes contra otros dirigentes, especialmente en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia; persistencia en el sistema de justicia de la concepción de derecho penal del enemigo; consideración de la oposición social y comunitaria como enemiga (seguridad interna); invisibilización de los pueblos indígenas y sus demandas. La reducción del Estado a instrumento de coerción y represión con la anulación del régimen de derechos (de hecho o legal: durante el Estado de Sitio de mayo de 2012), es un rasgo omnipresente, prácticamente identitario, en la organización política y social, que condiciona la organización comunitaria.

    La sentencia de absolución dictada por un Tribunal de Mayor Riesgo, que legitima «los derechos de los pueblos originarios» , debe superar estas visiones para abrir un nuevo contexto político en el norte de Huehuetenango. En este contexto posible se anotan varios retos:

    • profundizar el debate sobre los derechos colectivos y de los pueblos frente a un modelo económico y político impuesto sin consulta, contra la voluntad y la cosmovisión de los habitantes;
    • hacer real el derecho de libre determinación y las propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma de decisión;
    • revisarla institucionalidad estatal y el sistema de justicia, para que cumplan el papel que, hoy, no desempeñan: ser garantes del bien común y los derechos de todos, y no un«instrumento de poder y dominación», como reconoce la sentencia del Tribunal;
    • fortalecer movilizaciones y articulaciones solidarias, como apuesta frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas y a la cultura de imposición que impregna luchas y movimientos.

    El actual Estado, construido para perseguir, criminalizar y encarcelar a dirigentes comunitarios, para priorizar el derecho corporativo sobre los derechos colectivos, para operativizar un modelo de acumulación de naturaleza violenta, tiene que ser transformado de raíz.

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    Etiquetas: Hidro San LuisHidro Santa CruzSanta Eulalia

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