Precedente contra la criminalización de la lucha social
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Por : Movimiento Político Winaq
El anuncio de la resolución de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial sobre la improcedencia de solicitud de antejuicio en contra del Diputado Amílcar Pop, marca nuevo precedente en la jurisdicción guatemalteca en contra de la criminalización del trabajo por la defensa de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas.
La solicitud de antejuicio presentado por una supuesta organización indígena, se da después de que el parlamentario Pop, en su función de mediador como diputado al Congreso de la República, verificara el cumplimiento de garantías de respeto de los derechos individuales y colectivos de un grupo de manifestantes quienes participaron en una concentración en el parque central de la ciudad capital de Guatemala.
Verificación que se da por resolución de la Corte de Constitucionalidad de mayo del 2015, el cual mandata a las instancias gubernamentales correspondientes, el resguardo y seguridad al derecho de manifestación de la población guatemalteca, el cual se dio en el contexto de las concentraciones ciudadanas en contra de la corrupción del gobierno de turno.
La solicitud de antejuicio relacionada, ha sido uno de las últimas tácticas usadas por grupos de poder político y económico, quienes desde las redes sociales y espacios mediáticos desacreditan y criminalizan el trabajo legislativo, de mediación y defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas que encabeza el parlamentario Amílcar Pop.
Este último hecho lo debemos enmarcar dentro de las estrategias e intentos de desacreditación del trabajo del parlamentario, iniciados en el año 2007 cuando como abogado litigante a favor de las comunidades indígenas kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez ganaran amparo de “apelación de sentencia” en la Corte de Constitucionalidad luego de que las autoridades municipales incumplieran un acuerdo de convocatoria para Consulta Comunitaria, ante la eminente instalación de una empresa cementera en el área y posibles riesgos que representa en daños ambientales, en la salud humana y propiedad comunitaria de la población kaqchikel.
Petición realizada desde el derecho que confiere el Convenio 169 de la OIT, del cual el Estado Guatemalteco es signatario y obliga al mismo, hacer las consultas debidas a los pueblos indígenas cuando se trata de implementar políticas y proyectos que repercuten directamente sobre los pueblos y sus territorios, por el cual se había acordado realizar el 15 de abril del 2007, pero por negociaciones del concejo municipal con la empresa cementera lo posponen para el 13 de mayo de ese mismo año pero por razones obvias no ha sido cumplido a la fecha.
La resolución de la CC mandata al Concejo Municipal, Gobernación Departamental y representantes de los ministerios de Gobernación, de Ambiente y de Recursos Naturales y al ministerio de Energía y Minas el diseño y organización de la Consulta Comunitaria, debido a que se violó el derecho de consulta de las comunidades solicitantes.
Posterior a estos hechos y después de que el abogado Amílcar Pop, es electo como diputado al Congreso de la República en el año 2012, y dando continuidad a las solicitudes de apoyo y acompañamiento de las comunidades por el caso, se siguió con el trabajo de fiscalización y mediación, en ese contexto, grupos paralelos de seguridad cometen uno de los peores hechos de violencia en la comunidad de Los Pajoques en donde se asesina a nueve personas; cantidad que suman a los diversos hechos de violación a los derechos humanos de los comunitarios iniciados desde la instalación de la empresa cementera en el territorio kaqchikel.
Desde lo mediático, columnistas, periodistas, fundaciones, callcenter así como funcionarios públicos emprenden un ataque frontal en contra del parlamentario, tratando de implicarlo en este repugnante hecho, fundamentando sus acusaciones en el trabajo de fiscalización y defensa de los derechos colectivos de las comunidades kaqchikeles.
Siendo así que el 13 de junio de 2015, un grupo de manifestantes son retenidos por un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil después de participar en una concentración contra la corrupción y solicitud de dimisión de los entonces gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, momento propicio para que los grupos pro empresa cementera, encaminarán la solicitud de antejuicio a través de una supuesta organización comunitaria víctimas de San Juan Sacatepéquez.
A este acto hay que sumar, que durante la gestión de Amílcar Pop como legislador, a destapado una serie de hechos anómalos de funcionarios públicos y su relación con empresas privadas en detrimento del interés nacional, como lo denunciado en abril de 2014 en contra del ex Ministro de Energía y Minas, Erick Archila al aprobar de manera anómala y secreta el proyecto de la hidroeléctrica Xalalá con la empresa brasileña INTERTECHNE desviando en corrupción cerca de 46 millones de quetzales.
El destape y denuncia de las anomalías en corrupción del oneroso contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal, en detrimento de la soberanía y erario del Estado guatemalteco al entregar una empresa nacional productiva al sector privado y transnacional para beneficio particular y no de Estado.
Pese a toda la estrategia de criminalización y desacreditación del trabajo del parlamentario, Amílcar Pop y el Movimiento Político Winaq, reiteran su firme y decidido compromiso por la defensa y respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y de fiscalización de todas aquellas instituciones del Estado que manejen fondos públicos.
Porque nuestro compromiso es con los pueblos
¡Movimiento Político Winaq!
