Operación impunidad

Creímos que eran cosas del pasado las “listas negras”, la presencia militar en poblaciones, las amenazas de muerte por pertenecer a una organización o simplemente por no simpatizar con el Partido Patriota y su autoritarismo militar, pero a estas alturas ya no hay duda que el proyecto contrainsurgente, con sus alianzas históricas, ha continuado adaptando sus métodos. La firma de la paz de 1996, que formalmente inauguró un período en el que se podía esperar cambios, se ha agotado. El sector económico y los ex militares no se avergüenzan de los crímenes de guerra; ni la estructura del Estado se ha vuelto más democrática; ni la relación utilitaria entre ejército y capital ha dejado de rendir dividendos. Los socios han cerrado filas y han montado una nueva operación que les garantice impunidad y privilegios. La salida de la ex fiscal Claudia Paz y Paz fue acompañada por una campaña mediática acerca de su pertenencia a la izquierda que -para algunos analistas de derecha evidenciaba un supuesto plan subversivo de infiltrarse en las estructuras del Estado.

Los sectores involucrados en la contrainsurgencia del siglo pasado intervinieron para truncar el proceso por genocidio, incluso amenazaron con una nueva guerra si se continuaban otros juicios contra ex jefes militares por crímenes de lesa humanidad. La cúpula empresarial, aglutinada en el CACIF, se vio obligada a cerrar filas públicamente en defensa del no grato ex jefe de facto Ríos Montt y del militar de inteligencia Rodríguez Sánchez, pues la complicidad de miembros prominentes del empresariado organizado en delitos de genocidio quedaba cada vez más evidente, y si caía uno, podían comenzar a caer otros, incluyendo al actual presidente, cuyo papel en el área ixil todavía queda por investigarse.

Retroceder los avances que se habían conseguido en materia de justicia es ahora una urgencia para el partido de los militares-empresarios. Torpemente y a las carreras, ambos sectores lograron retomar el control mafioso del Organismo Judicial mediante negociaciones truculentas en las Comisiones de Postulación. Pretenden seguir utilizando los tecnicismos güizaches para manipular el sistema legal, con el contubernio de la Corte de Constitucionalidad.

Esta posición de dominio sobre tribunales y juzgadores es un síntoma de la fructificación de estrategias para bloquear procesos penales por crímenes de guerra, así como para utilizar el brazo armado y coercitivo del Estado a fin de neutralizar la protesta social de manera violenta pero dentro del marco de la ley. Tampoco es extraño el denuedo con que el actual gobierno protege y promueve la imposición del modelo extractivista en el país. Esta alianza ha sido construida desde hace décadas, cuando las operaciones militares contrainsurgentes aseguraron el control de territorios ricos -impropiamente llamados recursos naturales- garantizando a futuro la explotación minera o energética de los mismos, en perjuicio de las comunidades allí asentadas.

Esta continuación del modelo de control militar se expresó recientemente en San Juan Sacatepéquez, donde desataca la persecución feroz contra una lideresa indígena, Bárbara Díaz, encarcelada injustamente. Es simbólico que se ataque desde lo judicial a mujeres destacadas, pues son ellas quienes han sido pieza clave en ese terreno para impulsar cambios. Claudia Paz y Paz, Jassmín Barrios, las mujeres ixiles y quienes siguen el caso de Sepur Zarco, entre varias, han logrado promover la justicia desde diferentes posiciones y eso no lo perdonan los criminales

Yo soy Barbara Diaz Surin de San Juan Sacatepequez, ; defiendo la vida, fui detenida arbitrariamente, ya que el Estado no hace valer mi voz… ” (Foto: CPR – Urbana)