Mi nombre es Iliana Chub, tengo 12 años y 5 meses de embarazo
0Guatemala, 20 de noviembre de 2013. Se publica esta nota con la autorización de la autora Leslie Rosales.
Iliana es una niña Maya Q’eqchi’ que vive en la comunidad El Boqueron, El Estor Izabal, cursaba sexto primaria cuando quedó embarazada de un joven de 16 años. Su familia y docentes la sacaron de la escuela al enterarse de su estado y posteriormente la obligaron a casarse para enmendar lo que esta sociedad conservadora atañe como “pecado”.
En el 2011 al menos 50,000 embarazos de niñas y jóvenes entre 10 y 19 años fueron reportados, 21 de ellos pertenecen a niñas con apenas 10 años de edad, cifras que han aumentado considerablemente, al igual que la deserción escolar, ya que muchas de ellas se encuentran estudiando en algún centro educativo. La mayoría de estos embarazos son producto de violaciones sexuales, otros por la falta de información y acceso a métodos anticonceptivos.
Según la organización Tierra Viva, el 45% de mujeres no usa métodos anticonceptivos. Las cifras se vuelven dramáticas al identificar que solo 3 mujeres indígenas de cada 10 los utilizan.
Las mujeres a temprana edad se enfrentan a un sistema moralista que repudia el ejercicio de su vida sexual, pese a instalar el recurso del miedo por parte de familias, escuelas e iglesias, ellas tienen una vida sexual activa, pero oculta, que conlleva innumerables riesgos a su salud sexual y reproductiva. Al menos 65,000 abortos de mujeres entre 15 y 49 años son efectuados, mayoritariamente, de forma clandestina, implicando la primera causa de mortalidad en 9 departamentos del país.
Ante un embarazo las jóvenes sostienen varias cargas: una es estar en gestación y enfrentarse a una maternidad no planificada, por otra, parte las críticas de la comunidad y la “vergüenza de la familia”; si están estudiando son retiradas del establecimiento ante el “mal ejemplo” para las otras jovencitas o bien las limitan a las asistencia en fechas de exámenes y presentación de tareas escolares, esto ante los ojos de sus compañeros que las juzgan, reproduciendo los imaginarios discriminatorios heredados por otras generaciones. No está demás mencionar que sus parejas no corren con la misma suerte, si es que las acompañan en este proceso.
En un país que presenta cifras tan alarmantes y donde las desigualdades se acentúan de tal forma, no es posible seguir negando la información científica, veraz y fuera de moralismos sobre la educación sexual y reproductiva. Es fácil pensar que como sociedad nos complace la doble moral, la hipocresía, donde es preferible enseñarles a las niñas y jóvenes a ser “buenas madres”, en vez de proveerles las condiciones que les permitan protegerse y visualizar una vida más allá de la maternidad.
Todo mientras grupos conservadores que se oponen al pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos y en complicidad con el Estado, salen beneficiados ante el crecimiento de la pobreza, obteniendo mayor acceso a la mano de obra barata para sus negocios. Es por ello que la educación juega un papel fundamental en esta problemática, siendo una responsabilidad de Estado y sociedad en conjunto.
El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos continúa siendo una lucha constante y así lograr una vida en igualdad de condiciones y digna para todas las mujeres.
Con información del Observatorio de Salud Reproductiva -OSAR-