La familia Archila detrás de los despidos de Conap

El gobierno de transición de Alejandro Maldonado se pensó como una gestión que no causaría mucho ruido. Al contrario, en los meses que tuvo control del Ejecutivo se han visto medidas agresivas para defender intereses gremiales, como se vio con los Salarios Diferenciados. El despido de más del 50% de los empleados del Conap fue una medida del mismo tipo. Acá no eran los maquileros los que estaban presionando, sino una familia que lleva varios años en el negocio de la industria extractiva: los Archila.

Por Rodrigo Véliz

¿Un movimiento calculado?

El 30 de diciembre 147 empleados del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) fueron notificados vía telefónica que sus servicios ya no eran requeridos en la institución; algunos contratos no serían renovados y otros simplemente serían removidos. Según contó bajo anonimato al Centro de Medios Independientes (CMI) una de las personas despedidas, la medida vino como sorpresa y balde de agua fría: no sólo la medida era ilegal, sino que se vulneraban múltiples procesos que lleva a cabo el Conap, una institución importante, desfinanciada y con muchos agujeros en su trabajo de conservación.

En una declaración de prensa días después, representantes de los trabajadores despedidos aclararon su posición. A su decir, la decisión se tomó de manera arbitraria y sin previa consulta, y la razón que le asignaron era simple: el Conap ha hecho oposición a petroleras, mineras y otros megaproyectos que buscan pasar por encima de la institucionalidad y las leyes que el país tiene en materia ambiental. Hicieron un especial énfasis en el proyecto de transporte de gas por la mexicana Tomza en Punta de Manabique.

Los despidos, recalcaron, no fueron parte de una decisión técnica, sino que los intereses detrás eran políticos.

Como responsable, los trabajadores y técnicos señalaron a la Secretaria Ejecutiva del Conap, Enma Díaz Lara, que llegó en septiembre de 2015 por orden del presidente Alejandro Maldonado Aguirre para sustituir al antiguo Secretario, Benedicto Lucas, hijo del hoy procesado por crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada Benedicto Lucas García.

Se pensó que la llegada de Díaz Lara sería solamente para completar el periodo de transición, pero al mismo tiempo ocurrían hechos que hicieron ver a los trabajadores del Conap que algo más se movía.

En los mismos días se hizo público un comunicado de un grupo denominado Red de Amigos de la Naturaleza (Rana), que centró su discurso en desdeñar las teorías sobre calentamiento global. Lo hacían días antes que comenzara en París la COP21, una conferencia de participación mundial en donde se trataría de cerrar el primer acuerdo global para enfrentar el cambio climático, como lo explicamos en varias infografías en su momento. La Red Rana está compuesta, según su sitio web, por académicos de la Universidad Francisco Marroquín, empresarios del ambiente y técnicos que laboran en esas empresas.

En este contexto, dos semanas después que la COP21 terminara, se realizaron los despidos en el Conap.

En entrevistas con medios, la Secretaria Ejecutiva del Conap, Enma Díaz, dijo que la única razón para los despidos era la crisis financiera del Estado de Guatemala. Efectivamente, en el Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2016, el Conap recibirá Q9 millones menos para cumplir su mandato. Pero Díaz no supo responder por qué entre los despidos estaba la totalidad del Equipo Técnico del Conap, que son los brazos con los que la institución actúa. ¿Qué había detrás?

Los jefes de Enma Díaz Lara

La llegada de Díaz Lara no fue arbitraria. Díaz Lara pertenece a una red de académicos que ha participado durante años preparando informes, análisis y propuestas para empresas multinacionales con inversiones en petróleo, hidroeléctricas y minería. En un estudio presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) en agosto de 2014, Enma Díaz aparece como consultora de la empresa Valores Mercantiles, S.A. La empresa presentó el informe para recibir el permiso de construir la hidroeléctrica Teculután (20MW), ubicada en el municipio de Zacapa.

La participación de Díaz Lara en la consultora no era nueva, pero lo más ilustrador era la empresa que realizó el estudio para Valores Mercantiles S.A., donde la funcionaria del Conap laboraba: Geoambiente, propiedad de Raúl Edmundo y Mireya Archila Serrano. Ese dato confirmó los intereses que la familia Archila ha tenido en los últimos 30 años en temas relacionados a petróleo y minería.

Raúl Archila Serrano fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Portillo, y según una detallada investigación tenía interés en la instalación de una refinería de petróleo junto con el entonces vicepresidente, Francisco Reyes López (conocido por sus inversiones en combustibles). El nombre de la refinería era El Motagua, y según varios diputados informaron a la prensa (Prensa Libre 7-03-2002) tanto Reyes López como Archila Serrano tenían inversiones en la empresa.

Archila Serrano fue un importante funcionario de la multinacional Shell y tiene desde sus inicios vínculos con militares. Durante su gestión en el gobierno de Portillo, según esa misma investigación, uno de sus asesores era el coronel (r) Sigifrido Contreras Bonilla, que tenía relaciones con las compañías Gas Metropolitano y Tropigas, propiedad de la empresa mexicana Tomza, señalada por los trabajadores de Conap en 2016. El coronel Contreras Bonilla había sido ministro de esa misma cartera durante el gobierno de Efraín Ríos Montt y el del general Mejía Víctores. El tío de Archila Serrano es el mayor (retirado) Francisco Archila Marroquín.

Por su parte, Mireya Archila Serrano fue de fines de los ochenta hasta el 2001 Gerente Ambiental de la petrolera Basic Resources (hoy de la francesa Perenco). Desde allí se impulsó la Fundación Guacamaya, una institución todavía vigente encargada del servicio social y ambiental de la petrolera.

Mireya Archila fue durante el gobierno de Serrano Elías (1991-1993) directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). Esa institución aprobó en 1993 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Basic Resources para el área 1-92, que incluye una parte del Parque Nacional Laguna del Tigre. La empresa que realizó ese EIA era Geopetrol, a cargo de Miguel Ángel Carballo, esposo de Mireya Archila Serrano.

Sobre el conflicto de Conap con la petrolera Perenco, ver:

Ampliación del Contrato 2-85 a Perenco

Los hermanos Archila Serrano, Mireya y Raúl, son primos de Erick Archila Dehesa, el ministro de Energía y Minas durante buena parte de la administración del Partido Patriota. Archila Dehesa destaca por su participación en varias empresas, en donde resaltan Canal Antigua y Emisoras Unidas. Pero lo más importante, según un estudio, son las relaciones de uno de sus hermanos: Herbert Alejandro es ingeniero petrolero y uno de los vicepresidentes de la multinacional minera más grande del mundo, la anglo-australiana BHP Billition.

Archila Dehesa fue señalado múltiples veces de favorecer a empresas multinacionales y realizar negocios oscurso, como lo dejan claro el intento de colapsar a la hidroeléctrica nacional de Aguacapa y el conflicto internacional que provocó el caso Xalalá.

En 1997, según el acuerdo gubernativo 299-97, se le otorgó a Isabel Dehesa Oliva de Archila, la concesión para instalar la estación radiodifusora Utatlán. Isabel Dehesa es madre de Erick Archila. Y entre los 18 militares capturados la semana pasada estaba el hermano de Isabel Dehesa, Raúl Dehesa Oliva, sentenciado a prisión en 1989 por sus intentos de golpe de Estado (libre luego de un mes de prisión) y viceministro de Gobernación de Óscar Berger.

Es en las empresas de los Archila en donde Enma Díaz Lara, a cargo del Conap, ha laborado por años. Tanto Geoambiente como la hidroeléctrica Teculután, a cargo de Valores Mercantiles están dentro de esas empresas. Pero también están otras, que incluso reciben dinero del Estado: Productos Industriales S.A., Industria Tecnología y Construcción, e Inversiones Pasabien. Esta última ha recibido desde la llegada de Archila Dehesa al Estado, alrededor de Q96 millones.

El representante legal de estas empresas es Heber González Estrada, que por su parte ha recibido desde 2004 un total de Q1 mil 90 millones en instituciones como el Instituto Nacional de Electricidad (INDE) y el Intecap.

Despidos premeditados

Según los archivos a los que el CMI tuvo acceso, los movimientos para despedir al personal técnico comenzaron en noviembre. A sabiendas de la desfinanciación de la institución, José Hernández Mendoza, Director Administrativo General, elaboró el 16 de noviembre de 2015 para Enma Díaz Lara un plan para mantener a su personal sin despedirlos; de esa manera el Conap cumpliría con el trabajo que ya tiene comprometido. La misiva no tuvo respuesta. La respuesta, cuando se dio, fue otra.

En una carta del 26 de noviembre de 2015 Enma Díaz Lara informa al Subsecreatrio Ejecutivo, Eliseo Gálvez, al Director Técnico General, Manuel Henry, y al Director Administrativo, que deben «girar instrucciones a las Unidades Administrativas a su cargo, en relación a DEJAR SIN EFECTO Y VIGENCIA, todas las instrucciones aprobadas o avaladas con antelación a la presente fecha». Desmantelando la institución, el siguiente paso fueron los despidos, incluido todo el Equipo Jurídico del Conap.

El 30 de diciembre los empleados del Conap que serían despedidos fueron notificados por teléfono, hecho que se considera ilegal, y para defenderse pasaron a conformarse en el Ministerio de Trabajo y ante un Juzgado del mismo tipo, que los amparó. Los despidos, con esta medida, fueron realizados de manera ilegal. En la segunda semana de enero, los trabajadores lograron ser reinstalados de manera temporal.

Lo único que queda ver es quién será nombrado por Jimmy Morales para dirigir el Conap. ¿Habrá continuidad? Mireya Archila Serrano fue nombrada en una lista que ha circulado como posible ministra de Energía y Minas, ¿será ella finalmente nombrada? ¿entrará alguno de sus empleados?

*Actualización:

Luego de que esta nota fuera publicada, los empleados despedidos de Conap fuero vueltos a contratar por tres meses. Luego se les amplió para dos meses más. A inicios de mayo se obligó a renunciar al Director Técnico General de Conap y a una asesora forestal. Y la tercera semana de mayo los tres abogados del Departamento Jurídico, un encargado de Comunicación y otras tres personas de del área Administrativa fueron despedidos.

El despido se dio, según entrevistas a los trabajadores, como represalia ante su exigencia de recibir copias de su contrato, luego que personas del partido oficial, FCN-Nación, fueran contratos en su lugar.

La actual directora de Recursos Humanos, María Alejandra Gándara, es hermana del actual Viceministro de Administración del Ministerio de Trabajo, Guillermo Gándara. Esto preocupa a los trabajadores despedidos porque estaban en la formación de un sindicato para defender sus derechos laborales.

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