Ex oficial de inteligencia es identificado como el secuestrador de Marco Antonio Molina Theissen

Emma Theissen Álvarez de Molina se pone de pie y observa la carceleta donde están sentados los cinco acusados del caso Molina Theissen. El juez le pregunta si reconoce a alguno de ellos. Doña Emma se acerca para ver mejor. Se para frente a Hugo Zaldaña Rojas y lo señala.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

“El hombre sentado en el final del lado izquierdo” dice con voz baja pero firme. “Es él”. Dice: “su cara está grabada para siempre en mi memoria”, como uno de los tres hombres que allanaron su casa aquel fatídico día del 6 de octubre de 1981 y secuestraron a su hijo de 14 años Marco Antonio Molina Theissen.

Antes, el lunes 5 de marzo doña Emma había descrito al Tribunal los hechos que ocurrieron ese día de octubre. Ella estaba en su casa y alrededor del mediodía tres hombres vestidos de civil llegaron buscando a Emma Guadalupe Molina Theissen. Ella y su esposo se habían enterado el día anterior que Emma había sido detenida y llevada a una base militar en Quetzaltenango, de donde había escapado. Aquella noche había dormido en casa de parientes por temor a represalias, pero habían regresado a casa el 6 de octubre a recoger algunas cosas.

Los hombres entraron a la casa e inmediatamente agarraron a Marco Antonio, le pusieron cinta sobre la boca, y lo encadenaron a una silla. Doña Emma dijo que Zaldaña Rojas, quien estaba al mando de la operación, la agarró por el brazo y comenzó a empujarla, llevándola de habitación en habitación, buscando a Emma Guadalupe, buscando en la casa, tratando de encontrar objetos comprometedores. Ellos se llevaron algunas fotos y una cámara que le pertenecía a otra de sus hijas, María Eugenia.

“Sentía como si me usaran de escudo por si había alguien más en la casa” dijo.

Doña Emma descubriría después que el hombre que había identificado, Zaldaña Rojas, era el oficial de inteligencia de la base militar donde Emma había sido detenida.

Cuando terminaron de inspeccionar la casa, dijo, agarraron a Marco Antonio, le taparon la cabeza y se lo llevaron afuera. Lo subieron a un carro pick-up. Ella salió corriendo y solo pudo ver que el carro desaparecía velozmente, con un tipo sentado sobre Marco Antonio en la parte trasera del vehículo. Ella pudo ver la placa: O-17675. Eso también lo vio un vecino, según dijo.

Doña Emma y su esposo pusieron un recurso de habeas corpus ese mismo día. Lo reportaron como persona desaparecida ante la policía. Buscaron en las comisarías, barracas militares, incluso fueron a la zona militar de Quetzaltenango donde Emma había estado detenida y hablaron con el comandante Gordillo Martínez, pensando que talvez los militares lo habrían llevado allí.

Fueron forzados a abandonar el país, pero continuaron la búsqueda de Marco Antonio. Treinta y siete años después, aún no saben qué pasó con él o dónde está su cuerpo. Marco Antonio es uno de los 5,000 niños y niñas que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó que fueron desaparecidos forzadamente por los militares durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Doña Emma dijo que después tuvo conocimiento que su hija Emma Guadalupe había sido torturada y violada mientras permanecía retenida en la base militar de Quetzaltenango conocida como Zona Militar No. 17 (ZM17).

“Esa experiencia le afectó severamente” dijo al Tribunal. “Ella sufrió terriblemente mientras estuvo detenida. Tuvo que soportar años de terapia para poder lidiar con el trauma que los militares le dejaron”, dijo doña Emma al Tribunal. “Pero nosotros sabemos que lo que le pasó no es su culpa, sino la culpa de los militares de Guatemala”.

Ese fue el momento más dramático del segundo día del juicio Molina Theissen, que se lleva a cabo en la Ciudad de Guatemala. Ese día por la mañana el Tribunal había llamado a declarar a los tres acusados pendientes dar su declaración y se interrogados. Los dos primeros, Edilberto Letona Linares y Manuel Callejas y Callejas, rechazaron dar declaración y ser interrogados.

Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor General del Ejército, por el contrario, declaró y respondió enérgicamente a las preguntas realizadas por el Ministerio Público y los abogados querellantes, así como de los abogados de sus co-acusados.

El general retirado Benedicto Lucas García toma el estrado

Lucas García comenzó su declaración diciendo que estaba muy sorprendido de estar detenido.

“Soy totalmente inocente de esta farsa que se ha inventado contra mí, no solo este caso, pero también el otro, el caso CREOMPAZ… todo me ha sorprendido mucho”, declaró Lucas García.

Dijo que había tenido una carrera militar ejemplar, haciendo un listado de los honores y premios que había recibido a través de los años. Además, afirmó que él no era un violador de derechos humanos, sino que había ayudado y rescatado a muchas personas detenidas por la Policía Judicial. Tanto es así, dijo, que, de haber recibido una orden del Ministro de Defensa de violar a una mujer, él se hubiera negado a realizar una orden tan aberrante.

“No soy un ladrón, no soy un corrupto, no soy un violador, no soy un secuestrador” dijo al Tribunal, “Soy una persona íntegra”.

El fiscal Erick de León, seguido de los abogados de las querellantes y los abogados defensores hicieron preguntas a Lucas García. Lucas García afirmó que él era el tercero en la cadena de mando, después del presidente y el ministro de defensa.

“Yo no daba órdenes” dijo. “El ministro de defensa daba las órdenes, y yo las trasladaba a las zonas militares. Si Gordillo (Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la ZM17 en el momento de los hechos) me daba alguna información relevante, también la trasladaba al ministro de defensa”.

El fiscal de León pidió a Lucas García la explicación de la cadena de mando y de los canales de inteligencia. Lucas García afirmó que él era la cabeza del Estado Mayor General del Ejército y estaba a cargo de cuatro secciones, incluyendo la sección segunda, conocida ampliamente en Guatemala como la G2. Confirmó que trabajó en inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, dijo, que la importancia de la G2 estaba sobredimensionada, así como el papel de la Escuela de las Américas, donde él tomó cursos en dos ocasiones y donde aprendieron el respeto a los derechos humanos.

Él explicó que la función de la inteligencia militar era de recabar información, analizarla y compartirla con las zonas militares. Los militares usaban la contrainteligencia para impedir el avance de la guerrilla. Obtenían información de soldados en el campo y de los comisionados militares, que usualmente eran civiles de la región, reclutados para servir a la población local.

Lucas García confirmó la existencia de un canal de inteligencia, señalando que un oficial de inteligencia, en este caso, Zaldaña Rojas, era encargado de enviar, por escrito, reportes periódicos de inteligencia a la G2, la cabeza de la inteligencia militar, quien en este caso era Callejas y Callejas. La G2 informaba a Lucas García si existían anomalías en las zonas militares.

El general retirado insistió que esos procesos se centraban en él por su hermano, Romeo Lucas García, quien en ese momento era el presidente de facto en el tiempo en el que se cometieron los hechos, y que en la actualidad está muerto.

“Soy un blanco político” dijo.

Dijo que habría podido cometer errores, pero negó enfáticamente haber cometido delitos. En varias ocasiones, culpó a la Policía Judicial y grupos paramilitares como la temida Mano Blanca y al Ejército Secreto Anticomunista (ESA), escuadrones de muerte que eran parte del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), por los asesinatos perpetrados esos años. En un punto, comparó a esos grupos con las organizaciones criminales contemporáneas en Guatemala como la MS13.

Cuando fue interrogado por el abogado querellante Alejandro Rodríguez sobre los tres manuales de 1981, así como los planes de campaña, Lucas García afirmó que él no creía en los manuales usados en Guatemala por el Ejército. Fueron diseñados con la ayuda de los Rangers de Estados Unidos, dijo, que él no estaba de acuerdo con ellos, enfatizando en su entrenamiento en Francia. Lucas García dijo que él jamás usó los manuales y que basaba sus actos en su experiencia de campo. Además, dijo que en 1981 no había ningún plan militar.

Lucas García afirmó repetidamente que nunca recibió información sobre la captura de Emma Molina Theissen, insistiendo que el Ejército de Guatemala nunca tuvo prisioneros.

“Luchamos contra la guerrilla en combate. Nunca tuvimos prisioneros. Cuando un guerrillero moría o estaba herido, ellos se los llevaban” explicó Lucas García.

También criticó el Informe del Proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala: Nunca Más (REHMI), diciendo que presentaba información falsa sobre la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala durante la guerra.

“No había prisioneros de guerra en Guatemala” insistió.

La sesión concluyó a las 4:00 p.m. El Tribunal citó para la siguiente sesión para el martes 6 de marzo a las 8:30 a.m.

Jo-Marie Burt es profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Mason.  Es también asesora principal de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Paulo Estrada es activista por los derechos humanos, estudiante de arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y querellante en el caso Diario Militar. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.