El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dijo por semanas que Efraín Ríos Montt no estaba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales y que no podía llevar un juicio en su contra. El informe resultó plagado de errores. El Ministerio Público respondió con audacia: si es así, que lo recluyan en un hospital nacional para pacientes psiquiátricos. Y en la nueva coyuntura de crisis, el mismo Tribunal que hace 6 meses frenó el juicio, ahora decidió enviar al ex dictador a ese hospital. La defensa respondió con más audacia, y el traslado fue frenado. Todo se dio bajo la vigilante mirada de Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en Guatemala, un actor fundamental para que el juicio avance.

Por Rodrigo Véliz

«Que en el Federico Mora se determine»

La estrategia de la defensa de los militares acusados de genocidio no ha variado en años. Más que debatir sobre una de las épocas más oscuras del país, la defensa de Efraín Ríos Montt busca una y otra vez frenar el juicio con recursos legales, fuera de las audiencias. El informe de Inacif era parte de esto.

En su informe del 7 de julio del presente año, el Instituto argumentó que el general retirado «no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales […] En consecuencia, no es competente para asistir ni atender audiencias judiciales», concluye el informe.

Las conclusiones del Inacif generaron sospecha. Y un día antes de la audiencia del jueves 24 de julio, el Instituto volvió a realizar otro informe con las mismas conclusiones. Las sospechas fueron confirmadas un día después.

El MP pidió a los profesionales del Federico Mora revisar el informe del Inacif y luego de su exposición, el Tribunal B de Mayor Riesgo estableció que el psiquiatra forense del Inacif, Juan Muñoz Lemus, cometió varias irregularidades al realizar su examen: su peritaje no tenía un objetivo establecido, no revisó el expediente médico de Ríos Montt, hizo un examen psicológico y no uno psiquiátrico, entrevistó solamente a su médico personal y a su hija Zury Ríos para generarse un criterio, y se extralimitó en sus funciones al ordenar que no era posible una nueva evaluación psiquiátrica (cuando eso lo dictamina un tribunal), y sobre todo, hizo el examen en un momento poco ideal para ser evaluado. Esto era lo más importante.

Según el Inacif, a Ríos Montt, de 89 años de edad, se le suministra los medicamentos Olanzapina, Tramadol y Valdure. Esta combinación le provoca un «estado medicamentoso», es decir, sedación y somnolencia que imposibilita realizar una evaluación psicológica o psiquiátrica sin que los resultados salgan alterados. Por eso, el informe no era válido.

Y entonces el Ministerio Público, luego apoyado por los querellantes, lanzó un dardo imposible de desviar en ese momento por la defensa: ya que se había caído en esas irregularidades, lo mejor era que otra institución estatal, el Hospital de Salud Mental Federico Mora, apoyada por tres psiquiatras, evaluara al ex dictador y determinara si estaba realmente capaz de seguir con el juicio.

El Hospital tuvo exposición mundial tras un reportaje de la cadena BBC, donde ilustra su deplorable estado. Y localmente, cuando la ex vicepresidenta dijo que, pese a eso, el Hospital era “rebonito”.

Desesperada, la defensa del general buscó recusar al tribunal en pleno con argumentos frívolos que no tuvieron asidero. Luego de unas pruebas de orina, Efraín Ríos Montt tenía que ingresar al Federico Mora el 25 de julio y salir el 3 de agosto, para tener una nueva audiencia al siguiente día, el martes 4 de agosto. Pero la defensa reaccionó un día después, con el apoyo de un magistrado con un oscuro historial.

El cambio de coyuntura

Más allá de lo mediático de un senil ex dictador acusado de genocidio ingresando a un deteriorado hospital mental, otras cosas resaltan con más importancia. La medida fue hecha por un tribunal que seis meses antes hizo todo lo posible por frenar el caso. Incluso llegó a expulsar a su presidenta, la jueza Janeth Valdés, por un recusación (señalamiento por ser parcial) que realizó la defensa de Ríos Montt.

Todo era parte de una serie de presiones a los juzgados y tribunales, luego que en septiembre una alianza entre el Partido Patriota y Lider escogiera a magistrados de Salas y la Corte Suprema de Justicia. Fueron tan fuertes las presiones, que los tribunales más fuertes que tiene el país (los de Mayor Riesgo) se vieron vulnerados.

Como se dijo en su momento, la jueza vocal del Tribunal B de Mayor Riesgo (que lleva el caso), María Eugenia Castellanos, recibía presiones y tenía favores de parte del Ejecutivo. Su hija es Heidy Pamela Delgado Castellanos, electa en septiembre de 2014 magistrada Vocal I de la Sala Mixta de la Corte de apelaciones del Departamento de Izabal. En 2001, Delgado Castellanos se casó con Allan Castro Tejada, Secretario General de la Vicepresidenta Roxana Baldetti. Castro fue despedido presuntamente por hacer negociaciones con el negociador Gustado Herrera a espaldas de Baldetti.

Pero mantuvo un puesto secundario dentro del Ejecutivo, es decir, no fue desplazado. Previo a ser electa magistrada de sala, Delgado Castellanos era asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República, en ese momento de Roxana Baldetti.

Eso facilitó las medidas del Tribunal en enero de este año: en la sentencia de la Quema de la Embajada de España, la jueza Castellanos y la jueza Sara Yoc votaron en contra de vincular al Estado como responsable. Como consecuencia, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y otros funcionarios públicos no se vieron obligados a pedir disculpas a las víctimas.Y luego votaron de la misma manera para separar a la jueza Presidenta, Janeth Valdéz, del juicio por genocidio.

Pero la coyuntura de crisis que comenzó en abril cambió todo. Baldetti ya no está en el Ejecutivo y, según parece, será extraditada. Todos los ojos de la CICIG, el Ministerio Público, y la Embajada estadounidense están sobre el Organismo Judicial. Y el abogado principal de Ríos Montt, Francisco Palomo, fue asesinado en mayo.

De hecho, el embajador norteamericano, Todd Robinson, estaba en primera fila durante la audiencia de este jueves. Según dio declaraciones, estaba para «apoyar y fortalecer la justicia». Es tan cómoda la posición de Estados Unidos en la coyuntura, que con tranquilidad el Embajador se reía de los argumentos de la defensa de Ríos Montt. Su estrategia es clara desde 2008, cuando comenzaron a apoyar el caso.

¿Qué hacía Robinson en la Sala?

La fuerza de Estados Unidos en la coyuntura no es nueva. Se expresa en las declaraciones de Robinson, en la presencia de helicópteros del ejército de Estados Unidos sobrevolando la ciudad, y en el control de partes importantes del Estado y el Ejecutivo de Pérez Molina. Estados Unidos es el mejor posicionado y básicamente lleva las riendas del proceso, pese a los enojos que ocasiona en otros grupos de poder, como la cúpula empresarial, los partidos políticos y los militares.

Y su interés es uno: limpiar la mesa de actores corruptos para que el Senado pase en septiembre el aumento del presupuesto para el programa Alianza para la Prosperidad, que incluye reformas políticas y una creciente militarización para los tres países más violentos de la región: Honduras, El Salvador y Guatemala.

Este proceso de tuleja y control no es nuevo, y tiene una trayectoria histórica: Estados Unidos busca desde hace varios años que el carácter monopólico de la economía guatemalteca tome una forma más liberal, de mercado, que permita crecimiento y distribución de riqueza, evitando más migraciones. Y que sus inversiones sigan predominando y no sean molestadas por la creciente conflictividad social.

En esa línea deben verse las presiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que Guatemala deje de proteger a los grandes oligopolios, la demanda laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), que señala a grandes empresarios de explotar ilegalmente para poder acumular riqueza, y las presiones por planes económicos que cierren el grifo de las migraciones.

Este tutelaje se complementa con la militarización y cooperación que se impulsa desde Washington. El aumento en la ayuda militar se da de la mano de la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por siglas en inglés), que sólo en el año 2008 donó una cantidad de US$496 millones a la región. En su Presupuesto para el año fiscal 2014, la ayuda para el CARSI recibió un total de US$162 millones, 26 millones más que los recibidos en el año fiscal 2012.

La Alianza para la Prosperidad vendría a complementar y amarrar este proceso. La crisis es el mejor momento, y el avance al juicio por genocidio daría muy buenos argumentos al Senado para apoyar el programa. Las señas son claras: uno de los críticos más fuertes del ejército de Guatemala, el senador liberal Patrick Leahy, publicó una carta hace unos días apoyando los avances en Guatemala.

Aunque no todo es avance. Hace 15 días, el Senado no aprobó temporalmente los $1 mil millones que pidió la administración de Barack Obama. Se adjudicó, según informes, solamente $675 para los tres países centroamericanos; $142 para Guatemala. En septiembre tendría que decidir el Senado cuánto dinero otorgará a la región. Y en septiembre son las elecciones en Guatemala. La definición de los grandes intereses siguen en juego.

Mientras tanto, Efraín Ríos Montt hace todo lo posible para morir en su casa, y no en una prisión.

¿Quién es Noé Ventura Loyo?

Un día después de la resolución del Tribunal B de Mayor Riesgo, la defensa de Ríos Montt puso un recurso de exhibición personal para «proteger su derecho a la vida y la integridad» del ex dictador. La Corte Suprema de Justicia envío el caso, sin justificación alguna, a la Sala de Apelaciones de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, presidida por Noé Ventura Loyo.

En una resolución cuestionada, ya que ordena frenar el traslado pero obliga al Inacif a realizar una prueba a Ríos Montt en el Federico Mora, Ventura Loyo deja sin efecto la resolución del Tribunal, y abre la puerta para nuevos entrampamientos y letanías. Luego de varios días, el martes 28 se negó el recurso, por lo que Ríos Montt deberá ser trasladado* ¿Quién es Ventura Loyo?

En 2009 fue electo magistrado de Salas de Apelación con el apoyo en el Congreso del FRG, el partido de Ríos Montt, llegando al cargo de Magistrado Vocal II de la Sala Sexta de Apelaciones del ramo Penal. En 2014 fue miembro de la Comisión de Postulación para elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Para ser comisinado, fue electo por la planilla 2, cuyos operadores fueron Juan de Dios Rodríguez (ex presidente del IGSS, ahora preso) y Gustavo Herrera, que actuaron bajo el mandato de Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Además de ser comisionado, se postuló para magistrado de Apelaciones, siendo tachado por el «yo te elijo, tú me elites». Fue electo finalmente y actualmente ocupa la presidencia de la Sala de Apelaciones de Femicidio.

Entre sus resoluciones polémicas, Ventura Loyo declaró sin lugar las acciones presentadas por la jueza Yassmin Barrios contra la sanción impuesta por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, luego que Moisés Galindo, abogado de Ríos Montt y señalado por la CICIG de defraudar al Estado en el Caso IPM, presentara una denuncia contra Barrios en el Colegio

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El desenlace de la coyuntura, los casos por corrupción de cuerpos paralelos, y ahora el juicio por Genocidio, ayudarán a determinar el futuro del país.

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*Frase agregada el martes 28 de julio a las 17.22, luego de la noticia del Organismo Judicial

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