Emplazamiento a Jimmy Morales en relación a la situación del Polochic

Emplazamiento a sr. Jimmy Morales en relación a la situación del Polochic y la necesidad de dinamizar la economía indígena y campesina

Señor:

Jimmy Morales Cabrera

Presidente de la República de Guatemala

Pte.

Sr. Presidente:

Los abajo firmantes, amparados en los Artículos 28 y 137 de la Constitución Política de Guatemala, en representación de nuestras organizaciones y de las comunidades que las conforman, manifestamos:

Primero: Guatemala es el país con menos avances respecto al desigual acceso a tierra. Un problema estructural de grandes dimensiones que no ha sido resuelto con los marcos legales e institucionales prevalecientes en el país desde hace medio siglo y cuya relación con la desnutrición infantil, inseguridad alimentaria y empobrecimiento extremo es determinante.

Según el Censo Agropecuario 2003 en Guatemala, en términos absolutos, el 92.06% de los pequeños productores cultivan el 21.86% de la superficie cultivable. En contrario el 1.86% de los productores ocupan el 56,59% de la superficie.

El 70 % del territorio nacional se destina a actividades agrícolas o forestales, más de Q 1,220 millones de quetzales anuales ingresan al país provenientes de cultivos de exportación (café, azúcar, banano, cardamomo). Además la relación con el territorio es determinante para los pueblos indígenas en el país.

Según estimaciones oficiales, 1 millón 130,000 hogares dependen directamente de la agricultura familiar. Además, el 70% de la producción alimentaria nacional proviene de hogares de campesinos pobres; el PIB agrícola contribuye en 13% al PIB nacional. Por su parte, los datos de la Encuesta Nacional sobre de Empleo e Ingresos de 1-2014 del Instituto Nacional de Estadística reporta que el 32% de la PEA está vinculado a la agricultura.

La pobreza general rural alcanza el 76%, en departamentos con alta densidad de población indígena, como los departamentos de Alta Verapaz y Sololá muestran porcentajes de pobreza por encima del 80%, siguiendo el departamento de Totonicapán con 77.5%. La desnutrición crónica afecta al 49% de los niños, según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año 2013.

Estos datos reflejan que no se está cumpliendo lo que establece la constitución en sus artículos 1º. y 2º. que le asignan al Estado el deber de velar por el bien común y el desarrollo integral de la persona.

Segundo: A pesar de que en su Artículo 68 la Constitución de la República, claramente establece que “mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo”, el incumplimiento de este compromiso ha resultado que de 2004 a 2013 el número de conflictos reconocidos por el Estado ha aumentado en un 44.3%: de 972 a 1403 conflictos, para un promedio de 1321 conflictos agrarios vigentes. Es relevante considerar que anualmente ingresan a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) 460 nuevos conflictos, en promedio, por lo que la acumulación de expedientes aumenta significativamente. Según datos de esa Secretaría 9% de la población y casi 4% del territorio nacional son afectados por conflictos agrarios.

Muchos casos registrados como «ocupación» son de comunidades que viven en fincas reivindicadas ahora por «nuevos dueños o descendientes de los anteriores» en donde los campesinos han vivido por generaciones ya más de un siglo, en calidad de trabajadores o libres poseedores. La legislación nacional no reconoce derechos ni prueba histórica, a pesar que desde 1985, en el Artículo 70 de la Constitución se establece que se debe elaborar una ley en relación a los derechos de las comunidades indígenas.

El Estado, reconoce un incremento en los casos de conflictividad territorial, alrededor del uso de bienes naturales, agua y minerales entre otros. En varias ocasiones las respuestas del Estado han sido graves, incluso fatales para ciudadanas y ciudadanos rurales en demanda de sus derechos humanos, por ejemplo, la suspensión de garantías constitucionales, militarización, persecución, criminalización de luchas sociales y desalojos de campesinos e indígenas. La naturaleza impositiva y violenta fue evidente también en desalojos que se efectuaron mientras estaban funcionando las así llamadas «mesas de diálogo». En un caso, el Ministerio de Gobernación efectuó un desalojo ordenado por el Organismo Judicial, mientras que los campesinos se reunieron con la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en búsqueda de una solución dialogada.

El ejemplo más dramático de este tipo de situaciones fue el desalojo en el Valle del Polochic a favor del Ingenio Chabil Utzaj que resultó con un muerto en el momento del desalojo y otras muertes violentas posteriormente1

Históricamente las tierras del Valle del Polochic han sido trabajadas por comunidades indígenas que habitaban la zona del Valle y las laderas de las montañas. En 1964 varias comunidades asentadas durante décadas en la orilla del río Polochic se organizaron en torno al reclamo de títulos de propiedad al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA).

A partir de 2005, los propietarios del Ingenio Guadalupe, S.A. en el departamento de Escuintla, empezaron a comprar fincas en el municipio de Panzós, con el fin de trasladar el ingenio que poseen en la Costa Sur al Valle del Polochic. En algunos casos, incluso, se habrían suspendido procesos de negociación para que los campesinos pudieran comprar parte de las fincas en las que trabajaban y vivían, o bien, se suspendieron solicitudes de adquisición de fincas que los campesinos habían empezado a tramitar ante el Fondo de Tierras, dando lugar a un proceso de concentración de tierras, contrario a lo establecido en la Constitución de la República que claramente expresa en su Artículo 119, inciso h) que es “obligación fundamental del Estado… impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad”

Para realizar el traslado del ingenio al Valle del Polochic, así como para ponerlo en marcha, los propietarios del Ingenio Chabil Utzaj solicitaron, en 2005, un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por más de US$ 20 millones y como consecuencia se desplazó a comunidades de su territorio, para la expansión de monocultivos de caña de azúcar, generando mayor presión socioeconómica.

Según la investigación de la OACNUDH, “el fenómeno de las ocupaciones es actualmente una de las cuatro principales causas de la conflictividad de la tierra en el país. En el mes de enero de 2013 se registró un acumulado de 231 ocupaciones en todo el territorio, representando casi el 18% de la conflictividad agraria. En el departamento de Alta Verapaz se registra la mayor concentración de ocupaciones, involucrando a un promedio de 66,123 personas2”. Según un informe de la Secretaría de Asuntos Agrarios de febrero de 2015, en Alta Verapaz se registra el mayor número de casos atendidos que asciende a 214, de los cuales 101 corresponde al área del Valle del Polochic3 lo que evidencia la presión por la tierra que existe en ese departamento y en particular en el Polochic.

La presión por la tierra se explica si se toma en cuenta los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida –ENCOVI- publicada en diciembre de 2015, donde se refleja que en Alta Verapaz, el 83.1% de la población se encuentro en situación de pobreza total y es el departamento con mayor porcentaje de población en dicha situación; además, si se agrega que en el área rural 6 de cada 10 personas están en el sector informal, lo que es expresión de la ausencia de fuentes de trabajo y la inexistencia de protección social, se tienen altas condiciones para la conflictividad.

El 5 de agosto de 2010, el Banco Industrial, en su calidad de fiduciario, publicó un campo pagado informando que subastaría al público las 37 fincas adquiridas por el Chabil Utzaj y la maquinaria del ingenio debido a que los propietarios no pudieron pagar el préstamo, por las dificultades para que la caña de azúcar se adaptara a la zona. Durante esos años, las comunidades, volvieron a sembrar granos básicos en donde anteriormente se les habían destruido sus cultivos y algunas asentaron sus viviendas en los lugares donde cultivaban. El campo pagado del banco impulsó a varias comunidades más a sumarse a las que ya se habían ubicado, para asentar sus viviendas en los lugares que hasta ese momento sólo usaban para sus cultivos. Se organizaron en un Consejo de Comunidades y plantearon al gobierno asumir la deuda y hacer entrega de las tierras a las familias que las poseían y demandaban.

El 25 de noviembre de 2010 se instaló una mesa de diálogo entre las comunidades, organizaciones acompañantes e instituciones del gobierno, con el fin de abordar la problemática general de la tierra en el Valle del Polochic. El 14 de marzo de 2011, se realizó la última reunión sin que esta haya tenido resultados. Por su parte las autoridades se comprometieron a no desalojar a las comunidades. No obstante, menos de 24 horas después, permitieron la ejecución de una orden de desalojo sin informar adecuadamente a las familias y tampoco dieron un tiempo prudente para preparar la movilización de más de 3 mil personas.

Entre el 15 y 19 de marzo del 2011, más de 800 familias de 13 comunidades maya q´eqchi´ fueron desalojadas de forma violenta por la empresa, contaron con el apoyo gubernamental y sin tener en cuenta los estándares internacionales, ni los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo. Durante el desalojo, el Sr. Antonio Beb Ac, de 35 años fue asesinado. Posteriormente también fueron asesinados la señora Margarita Chub, y los señores Óscar Reyes y Carlos Cucul Tot.

Cuatro años después de ocurridos los hechos, no existe una sentencia judicial contra los responsables de dichos asesinatos, negándose el acceso a la justicia a los familiares de las personas asesinadas.

Debido a la gravedad y urgencia ocasionada por el desalojo, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades, el 20 de junio del 2011, pero el Estado no las ha implementado a cabalidad.

Por el incumplimiento de las medidas cautelares, las comunidades mantienen la presión al Estado en cuanto a alimento, vivienda y educación. En marzo de 2012 se realizó una movilización desde Cobán, Alta Verapaz, hasta la ciudad de Guatemala, donde se entregó un pliego de peticiones al gobierno, que incluyó la restitución de tierras para las familias del Polochic.

Con la presión de organizaciones nacionales e internacionales, se han logrado tierra y reubicación para 140 familias, aunque en condiciones precarias, y continúan la presión para que el Estado restituya a las familias restantes. El Estado de Guatemala está obligado a responder a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, mientras no se logre un asentamiento definitivo de las familias desalojadas. Lamentablemente esta petición y mandato no fue tomado en cuenta lo que ha agravado las condiciones de vida de las familias desalojadas, al grado que una evaluación nutricional de las familias desalojadas realizada por OXFAM, en junio del 2015, arrojó resultados dramáticos: 6 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica; la desnutrición aguda es el doble de la reportada por poblaciones similares en el departamento de Alta Verapaz y el 77% de las familias consumen una dieta inadecuada e insuficiente.

Por el incumplimiento del Estado de Guatemala y ante la necesidad de tener alimentos para sobrevivir, las familias bajo Medidas Cautelares han regresado a las tierras de donde fueron desalojadas con violencia en el año 2011. Las familias campesinas que habitan en la comunidad Paraná y Tinajas iniciaron negociaciones con el ingenio azucarero Chabil Utzaj, propiedad de la familia Pellas de Nicaragua, el Fontierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios para la compra de esas tierras; inclusive la empresa Chabil Utzaj presentó al Fondo de Tierras cartas de oferta por las fincas Paraná y Tinajas.

Sin embargo, la misma empresa solicitó al Ministerio Público de Santa Catalina La Tinta que promoviera una orden de desalojo ante las instancias correspondientes. Siendo así que el 16 de noviembre de 2015 el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz ordenó desalojar las comunidades Bella Flor, Paraná y Tinajas. Estos desalojos se llevarían a cabo el 28 de enero del presente año, desalojo que se logró detener, pero aún existe la amenaza a las familias del Polochic de ser desalojadas, pese a contar con Medias Cautelares.

Ante la información pública del cierre de operación de la empresa Chabil Utzaj, ingenio y producción de caña, lo que evidencia que el supuesto impacto para el desarrollo de la región que iba a significar el desarrollo de dicha empresa, no se dio debido a que el emprendimiento no prosperó, pese a la inversión millonaria y que dos propietarios han tratado de sacar a flote la empresa.

Teniendo presente que se generó mayor conflictividad, con costos humanos, sociales, políticos y económicos no solo en la zona, sino para el país debido a que la alta conflictividad fue conocida internacionalmente y mencionada en varios foros internacional.

Tercero: Con el fin de resolver en definitiva, la conflictividad agraria, y enfrentar de manera permanente el deterioro de las acondiciones de vida de la población que se mantiene en el área, y que se ha agudizado en las últimas dos décadas; asimismo con el fin de busca iniciar un plan territorial de desarrollo rural para esta zona del país, en donde los pobladores Q´eqchis y campesinos del lugar, pasen de ser objetos de programas de desarrollo social y sujetos de criminalización, a agentes de su propio desarrollo económico y social, los indígenas y campesinos habitantes de la zona y las organizaciones sociales y campesinas que suscribimos este documento, ante el gobierno de la República hacemos el siguiente emplazamiento público:

a) Que el gobierno de la República por intermedio de la Secretaria General de las Presidencia y la Procuraduría General de la Nación y delegados de las organizaciones campesinas, inicien de inmediato negociaciones directas con los representantes legales de la empresa CHABIL UTZAJ a efecto, de que el Estado de Guatemala a través del gobierno de la República, adquiera los activos de aquella empresa, particularmente las fincas que están en posesión de aquel emprendimiento.

b) Que el costo de la adquisición de las fincas, objeto de esta propuesta, se sufrague con los SETENTA MILLONES DE QUETZALES (Q.70,000,000.00) que el gobierno de la República obtuvo, en calidad de dividendos, del ejercicio 2015 en su calidad de socio mayoritario del Banco Nacional de Desarrollo Rural.

c) Suspender los desalojos y cumplir con las medidas cautelares. Que en tanto se procede a la negociación y transacción de las fincas señaladas y en la línea de las recomendaciones del Comité DESC y el Relator de Vivienda, suspender los desalojos ya que como lo menciona la investigación de la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “el actual procedimiento que se sigue en materia de desalojos violenta sistemáticamente los derechos humanos a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, el derecho a la vivienda y, en ocasiones, también el derecho a la alimentación” y agregan que “comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en su deber de abstenerse y evitar los desalojos forzados.”

Asimismo, debido a que el Estado guatemalteco no ha cumplido con implementar las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se debe “implementar debidamente las medidas cautelares… tomando como base las peticiones concretas ya formuladas por los beneficiarios en relación a la asistencia humanitaria, su seguridad personal y las condiciones de salud, alimentación y vivienda”; 4 para ello el Estado Guatemalteco tiene la responsabilidad de crear las condiciones dignas que hagan posible el estricto y pleno cumplimiento de las medidas cautelares.

d) Que inmediatamente y de forma simultánea a la negociación de la tierra, se forme una comisión técnica conformada por los Ministerios de Estado y Secretarías concernidos y delegados de los pobladores -potenciales sujetos de la acción- y las organizaciones campesinas que les acompañan, para diseñar participativamente un plan de desarrollo local, que implique desde los aspectos de ordenamiento territorial, infraestructura social y productiva, así como todos los aspectos vinculados a los servicios básicos, la producción para la seguridad alimentaria y la comercialización de los productos campesinos. Los detalles específicos del proceso de planificación, ordenamiento, adjudicación y producción serán definidos en los próximos tres meses por la comisión técnica encargada del proceso.

e) De conformidad con el compromiso del Estado, suscrito por el anterior gobierno ante los participantes de la Marcha Indígena, Campesina y Popular, restituir los derechos y adjudicar la propiedad de la tierra a los campesinos de la zona, particularmente aquellos que fueron desalojados de las mismas, por las acciones efectuadas por los anteriores y actuales personeros de la empresa Chabil UTZAJ. Para el efecto utilizar, la figura de Comunidad Indígena, ya aceptada y aplicada por la institucionalidad correspondiente.

Cuarto: Teniendo presente los altos índices de pobreza, desnutrición crónica, carencia de servicios básicos y ausencia de inversión en el área rural y ante lo establecido en la Constitución de la República en sus artículos 1º y 2º., así como lo preceptuado en la carta magna en sus artículos 67, 68 y 119 incisos h) y j), con el fin de abordar en forma sustantiva y sostenida las enormes carencias e incumplimientos por parte del Estado en el área rural y a partir de que, no son necesariamente los grandes emprendimientos los que generan mejores condiciones de vida ya que la agricultura campesina, como lo ha expresado la FAO, tiene “vínculos positivos con la seguridad alimentaria, la producción de alimentos tradicionales, la generación de empleo, la biodiversidad agrícola y al uso sostenible de los recursos naturales, las organizaciones indígenas y campesinas demandamos del Gobierno de la República la urgente implementación de las siguientes medidas para dinamizar la economía indígena y campesina:

1. Compra de la producción campesina:

Adquirir la producción campesina por parte de la administración del Estado, esto no solamente generara precios estables al productor, sino que garantiza precios estables y accesibles al consumidor. Los organismos de Estado a su vez podrán surtirse de productos inocuos, para proveer alimentos a entidades del estado demandantes de productos alimenticios básicos, tal el caso de hospitales, escuelas públicas, cárceles, etc. Del total de la demanda de alimentos generada por las instituciones públicas, se deberá adquirir directamente a las comunidades campesinas o a través de sus organizaciones, un porcentaje fijo que se cubrirá por la oferta generada por la producción campesina.

2. Creación de la reserva estratégica alimentaría de granos:

Se trata de recuperar el sistema de acopio de granos en silos nacionales y regionales, que permitan al país, estar presto para atender sus propias crisis de escasez de alimentos y/o atender situaciones de calamidad pública, baja de productividad y en su momento venta de excedentes a Centro América. La creación de ésta reserva estratégica y su administración descentralizada, por parte del Estado en conjunto con las organizaciones campesinas, utilizaría los silos que fueron construidos y administrados por el INDECA y se basará en el desarrollo de un Programa de Compra-Venta de Granos Básicos a las comunidades campesinas.

3. Creación e impulso de un programa estatal de Crédito Rural:

Creación del programa estatal de Servicios financieros rurales que tendrá a cargo, la ejecución de la política de crédito rural. Crédito preferencial para la producción alimentaría de grupos campesinos e incentivar la actividad productiva de grupos de mujeres. Será necesario diversificar y flexibilizar las modalidades de garantías crediticias a fin de que campesinos y, en particular mujeres, tengan acceso al crédito.

4. Desarrollo de medidas urgentes para el Acceso a Tierra:

Propiciar programas Estatales de acceso campesino a la tierra, amortizable a largo plazo y con intereses anuales bajos y fijos, en los casos que corresponda. Este acceso a tierras incluye poner a disposición de la población campesina las tierras en manos del Estado, incluyendo las que se obtengan vía extinción de dominio. En el caso de los programas de arrendamiento existentes, estos debiesen transformarse hacia la modalidad única de arrendamiento con opción de compra.

5. Incentivar y proteger la producción campesina:

En Guatemala se otorgan diversos subsidios a la gran producción agropecuaria y agro industrial, tal como ha sucedido, por ejemplo con la producción de café, sin embargo, se ha obviado de aquellos beneficios a la población campesina. Los últimos gobiernos lo han considerado pero no se ha hecho realidad, de esa cuenta y en atención a la gravedad de la situación campesina debe otorgarse subsidios a los campesinos a través –por ejemplo- de la instalación de sistemas de riego financiados por el Estado, el establecimiento de Bancos de Semillas, seguros agrícolas y programas post cosecha.

6. Invertir en Infraestructura Productiva:

Impulso, entre otros, de la creación de centros de acopio, beneficios, bodegas, silos, cuartos fríos, sistemas de riego, laboratorios de análisis de semillas, en coordinación con la USAC para apoyar la producción indígena y campesina. Es particularmente necesaria la construcción de caminos vecinales. Se estiman necesarios por lo menos 3000 kilómetros en cuatro años para conectar productor y mercado.

7. Desarrollar la investigación, transferencia de tecnología y Extensión bajo la Visión de Agricultura Sostenible:

Esto implica el impulso a la producción agrícola, económicamente viable, ecológicamente apropiado, culturalmente pertinente y bajo principios de justicia social: esto implica programas para el rescate y uso de la tecnología, propia, acciones de investigación local vinculada a la acción practica de los campesinos y prioritariamente desarrollar acciones de rescate y cuidado del suelo, a través –entre otros- de Producción de abonos y productos de apoyo a la agricultura, basados en el entorno local.

Esto implica redefinir el papel y la orientación del ICTA a fin de garantizar que esté al servicio de la producción indígena y campesina, así como rediseñar los programas de extensión agrícola, brindando al campesino calidad en la asesoría técnica, así como impulsar la investigación para el desarrollo rural integral con el fin de rescatar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas en materia de producción de alimentos, medicinas, prácticas agrícolas, comerciales y de manufactura tradicional, entre otros, garantizando el acceso de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas a los resultados de esta investigación.

     8. Desarrollo de programas de Formación y Capacitación Campesina:

Impulso de procesos de formación y capacitación, con énfasis en jóvenes y mujeres, que permita el intercambio de conocimientos, la capacitación de campesino a campesino y la capacitación en economía solidaria que contribuya a mejorar la gestión económica y social de la población rural; así como impulsar procesos de transformación curricular de las escuelas de Agricultura adaptándolas a los paradigmas de la agroecología.

9. Impulso y protección de la organización Indígena y Campesina:

En cumplimiento con el derecho a la organización, reconocido en el Artículo 34 de la Constitución de la República, facilitar, proteger e impulsar y/o reconocer la organización, local, regional y nacional de la población indígena y campesina, particularmente que se posibilite la organización reivindicativa y económico-social de la población rural, que permita el desarrollo de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven. Para ello se deberá ampliar las modalidades de figura legal para que sea culturalmente pertinente y se adapten a la realidad de la población indígena y campesina.

     10. Impulso del intercambio de productos, comercialización y acceso a mercados:

Esto se logra particularmente impulsando los mercados o ferias campesinas, “acercando” el mercado al productor, facilitando información de mercados, superando el coyotaje, estimulando la diversificación de cultivos, brindando asistencia técnica en comercialización y promoviendo la asociación y organización de los consumidores. También está vinculado con acciones de infraestructura y asistencia técnica.

11. Ordenamiento Territorial y protección de la tierra campesina:

Se trata de impulsar una política de Estado que ordene el territorio en función de prioridades, respetando la prioridad sobre la producción alimentaria y protegiendo de las presiones por la venta de sus tierras a los pequeños propietarios, las tierras comunales, los lugares sagrados y demás posesiones de las comunidades indígenas y campesinas.

12. Desarrollo de programas vinculados a la resiliencia frente al Cambio Climático:

Que implique la introducción de cultivos resistentes a la sequía, el impulso de los programas para incrementar la “cosecha” de agua, así como la reforestación permanente. Impulso del cuidado prioritario de las fuentes de agua y garantizar el acceso equitativo al agua bajo el principio de que dicho acceso es un derecho humano y de la naturaleza. Promover y expandir el seguro social agrícola, administrado por Estado para beneficiar a pequeños campesinos. Desarrollo de la recuperación intensiva de suelos particularmente aquellos en proceso de degradación y fomento de la crianza de animales de patio.

Quinto: Con el fin de financiar el plan de desarrollo rural local para el Valle del Polochic, así como para el financiamiento del programa para dinamizar la economía indígena y campesina, los recursos financieros deberán provenir de los fondos regulares del Estado, asignados, a los Ministerios de Agricultura, Salud, Educación, de Economía, Fondo de Tierras y todos aquellos otros ministerios y secretarías involucrados en el desarrollo integral, pero en particular, que provengan de un impuesto directo que se cobre a los azucareros sobre el diferencial entre el precio que venden en el mercado local y en el mercado internacional, ya que internamente el kilo de azúcar cuesta alrededor de tres veces más del precio al que venden el kilo en el mercado internacional. Dicho impuesto sería para devolver a Guatemala lo que utilizan del país y como una contribución especial por el uso de los recursos hídricos y naturales de Guatemala.

Sexto: Con el fin de que las anteriores medidas lleguen efectivamente a la la población rural, en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierras insuficientes, improductivas o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas en las mismas condiciones; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales, se es fundamental impulsarlas a partir de los siguientes criterios orientadores aplicables a todos los planes, programas y proyectos de desarrollo, rural, agrícola y agrario impulsados desde el Estado:

1. Soberanía Alimentaría:

Entendida como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, e incluye el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas.

2. Agricultura Agroecológica:

Sustentada en prácticas de agricultura limpia, basada en conocimientos ancestrales y tecnologías ambientalmente sustentables, alejadas del uso de productos químicos, garante de alimentos inocuos, basada en los recursos, capacidades, y territorios, de los diversos pueblos que cohabitamos Guatemala.

3. Elementos y Bienes Naturales:

Garantizar a la población indígena y campesina tanto el acceso al agua, la tierra y recursos genéticos originarios, el bosque y demás entorno natural. Los cuales tienen carácter de bien público.

4. Sin la participación de la población no es posible el Desarrollo Rural:

La clave para el éxito, de cualquier política de Desarrollo Rural, está en la participación de la población Campesina e Indígena, en tal sentido, una prioridad será la política de fomento de la organización social.

5. El Territorio como eje:

Esto implica, ubicar territorialmente la acción del desarrollo rural, no es posible seguir planificando éste, sobre la base de la división administrativa del país. Se hace necesario reconocer los territorios de los pueblos indígenas y comunidades campesina, según lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como tomar en cuenta las condiciones, climáticas, acuíferas, silvícolas, culturales, sociales y productivas, para impulsar propuestas de desarrollo de base territorial. En el desarrollo territorial, la agricultura juega un papel cardinal.

6. Sin Acceso a la Tierra no es posible el Desarrollo Rural:

Implantar un mecanismo estatal, bajo la dirección de una institucionalidad remozada y adaptada a los retos actuales, que facilite procesos de acceso a tierra de la población campesina, bajo consideraciones técnicas, políticas, sociales y culturales.

VII. Acuerdos de Paz y Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Para facilitar las grandes definiciones sobre el desarrollo agrícola, se hace necesario un marco político que lo sustente y rete a nuestra sociedad a encontrar acuerdos sociales y por esa vía avances, para lograr la enorme tarea de erradicar la pobreza y la desnutrición en el campo guatemalteco. Dos importantes textos que gozan de amplia aceptación nacional e internacional, deben ayudarnos en la tarea: Los Acuerdos de Paz, como conjunto de principios, metas y rutas sustantivas e institucionales para lograr la transformación de la realidad rural de Guatemala y la declaración del milenio que la humanidad renovados en 2015: ODM/ODS, este conjunto de objetivos, metas e indicadores de consenso mundial, deberían se ser el otro referente orientador en la definición o renovación de las políticas públicas para el campo guatemalteco.

VIII. Cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las Mujeres:

Un enfoque principal de los programas dedicados al Desarrollo Rural, implica como elemento fundamental reconocer y respetar la identidad de los pueblos originarios que conforman este país, así como el impulso de las medidas que posibiliten el reconocimiento de los derechos y demandas de las mujeres, así como la transformación y superación de todas aquellas condiciones y situaciones que limitan, reducen o impiden el pleno desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos.

IX. Es urgente tomar Medidas Legislativas complementarias:

Crear un clima de gobernanza en el agro guatemalteco, pasa por la resolución pacífica y expedita de los conflictos sociales, que con ocasión de acciones del Estado, empresas o particulares, se pasa por encima de los derechos y las legítimas demandas comunitarias y sociales. Una de las causas fundamentales, está en el uso, tenencia y propiedad de la tierra, sin embargo el país carece de legislación moderna que facilite la tarea. No es posible seguir “intentando” resolver la problemática a través de Código Civil y el Código Penal, se hace necesario dar un salto de calidad en la Legislación guatemalteca y acudir a la creación de la institucionalidad y Jurisdicción Agraria y Ambiental. Uno de los primeros pasos debe ser reforma del Código Penal derogando los artículos referidos a la usurpación agravada, ya que penaliza la conflictividad social y ha posibilitado que se lleven al ámbito penal conflictos que por su naturaleza tendrían que ser resueltos por la justicia agraria o, en su defecto, por la justicia civil. La política agraria aprobada en el año 2014 recomienda aquella tarea, que ya estaba prevista en los Acuerdos de Paz.

Guatemala 5 de febrero de 2016