El Salvador: la farsa oficialista detrás de la Marcha por la Paz
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El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y convivencia, que está integrado por instituciones de la burguesía, generalmente iglesias, medios de comunicación, empresa privada, partidos políticos, instituciones de Estado y algunos representantes de la sociedad civil, fue el espacio mediante el cual el gobierno convocó a la marcha Nacional por La vida, la Paz y la Justicia el pasado 26 de marzo.
Por Alberto Castro (PSOCA)
’’La gran marcha’’, el craso error del gobierno de turno
La marcha instada, organizada y convocada por el gobierno a través del mencionado Consejo, logró movilizar a muchas personas en las calles de San Salvador, y a ella acudieron muchos trabajadores públicos, pero no precisamente por iniciativa propia, sino bajo mandato del mismo gobierno. La marcha multitudinaria vestida de blanco, hace recordar a las marchas realizadas en contra de la guerrilla por los gobiernos derechistas durante la guerra civil.
En la convocatoria del evento, se leen consignas llamando en términos generales a la paz y erradicación a la violencia, pero esto no era más que la preparación del terreno para un posible nuevo proceso de diálogo o negociación entre las maras y pandillas, (organizaciones a las cuales es atribuida la responsabilidad de los altos índices de homicidios), ante el crecimiento de la violencia y la represión policiaca. Ante tales hechos, dicha movilización no puede catalogarse como algo propiamente de los trabajadores y organizaciones populares, ya que no es algo organizado con autonomía de ellas, si no que forma parte de una táctica en las políticas de seguridad que está implementando el gobierno de Sánchez Cerén y el FMLN. Llama la atención el hecho de que la actividad es coincidente con un movimiento a escala internacional que pretende organizar varias marchas, en diversos países, en apoyo a Venezuela. Tal movimiento, denominado 26 de marzo, pretende mostrar empatía hacia las recientes tensiones políticas entre esa nación y Estados Unidos.
Los trabajadores marcharon por temor a la represión patronal
El gobierno ha manifestado que la marcha fue un éxito, por haber logrado vía decreto mover a miles de personas, sin embargo, esto está muy lejos de ser un verdadero balance objetivo. Empecemos; el que la marcha haya tenido una buena asistencia responde a razones que ya hemos mencionado y que es necesario recalcar: la movilización de las personas, de las cuales muchas eran trabajadoras y trabajadoras del sector público, no iban por su propia iniciativa, ni siquiera bajo un consenso popular de lucha, si no bajo la dirección del gobierno a través del CNSCC. Esto por un lado y por otro es importante entender que la paz social no se obtiene vía decreto, sino con verdaderas reformas estructurales que lleven soluciones a las comunidades, y zonas del país, además de la propia voluntad de las organizaciones de maras y pandillas, a quienes no se ha hecho propuestas serias, a fin de acceder a sus exigencias.
Los cuerpos de seguridad poco a poco demuestran su carácter represivo
Los acontecimientos de los últimos días en El Salvador, en el ámbito social, donde la violencia se ha desbordado aún más, teniéndose un promedio de 16 homicidios diarios y enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas versus miembros de las maras y pandillas, proyectan un futuro muy malo para la mayoría de la población salvadoreña.
Esto implica que si la gestión gubernamental actual no es capaz de brindar las condiciones necesarias para que se abra un nuevo proceso de diálogo y negociación, y por el contrario, responde con represión y marchas blancas, el resultado será que la violencia crecerá a niveles demasiado altos; es decir, que la única violencia por la vía legal admitida sería la que provenga de los cuerpos represivos del Estado o afines, y mientras tanto todo lo que provenga de las maras y pandillas vendrá a ser aún más perseguido. En contraposición, las acciones de estas organizaciones se volverán aún más agresivas. Esto es lo que se proyecta para el futuro si no dispone el gobierno en sus políticas de seguridad una negociación.