El reordenamiento territorial no es cosa nueva

Por: Esta Tierra Es Nuestra

El territorio es el espacio en donde se desarrolla la vida de los pueblos. La memoria y la palabra constituyen el tiempo por donde camina este espacio. Entretejiendo el tiempo y el espacio se establece el territorio.

A lo largo de la historia, los pueblos han avanzado en su territorialidad recorriendo montañas, valles y cuencas desde la época del protomaya buscando poblar las tierras altas, medias y bajas, intentando generar el sustento para la población. Buscando siempre la relación armónica con su entorno, caminaron refundando sus comunidades a medida que fueron expandiendo sus posibilidades de intercambio cultural y lingüístico, así como sus relaciones políticas y comerciales.

Cada uno de los pueblos asentados en corredores estratégicos naturales y en ciudades geográficamente convenientes para la reproducción de la vida, conocerán cinco reordenamientos territoriales en su larga historia de 500 años de desplazamiento y usurpación de sus tierras.

Primer Ordenamiento

El primero se dio en el año 1568 durante la invasión española por mandato del rey Felipe II, que mandó a concentrar a la población para evitar la usurpación de las tierras baldías, teóricamente de propiedad real.

El resultado fue la promulgación de varias cédulas en 1591, llamadas “de composición”, que dieron origen a un largo proceso de titulación formal de las tierras de españoles e indios. Esto dio lugar a los llamados pueblos de indios o cabeceras de doctrina, que fueron aldeas de indígenas que existieron durante la invasión española de América. Se idearon para realizar un cobro más eficiente de los tributos; para aumentar el control y aculturación de la población sometida, mediante la prédica cristiana; y para asegurar la concentración de la mano de obra disponible.

La política de concentración de las etnias sometidas en villas se limitó en muchos casos a entregar un reconocimiento jurídico o relocalizar a poblados ya existentes. En otras ocasiones los pueblos de indios fueron concentraciones de población dispersa en asentamientos designados. La política de pueblos de indios, complementada con las reducciones, fue apoyada por una parte del clero católico, que vio en ella un instrumento frente al abuso de la mita minera (trabajo forzado de extracción de oro) y el desacreditado sistema de encomienda, acusado de haber sido convertido por los encomenderos en un método solapado de enriquecimiento y explotación.

Segundo Ordenamiento

Empieza a gestarse en la víspera de la independencia criolla colonial, en 1773, cuando llegaron las primeras plantas de café a Guatemala, como resultado de una iniciativa desarrollada por sacerdotes jesuitas. Años después el 15 de septiembre de 1821 se dio la independencia de España, un movimiento esencialmente elitista, en donde los pueblos originarios no tuvieron ninguna participación ya que no supuso una mejora de las condiciones generales de vida del pueblo; antes bien, fue promovida fundamentalmente por la élite económica de la región para poder enriquecerse.

Es en 1871 con la reforma liberal de Justo Rufino Barrios que se empieza a concretar este segundo ordenamiento territorial, que expropia varias porciones de tierra a la Iglesia y a comunidades, que pasan a manos de terratenientes que se dedicaban a expandir el cultivo de café.

Para 1882 Barrios firma en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el “Tratado Herrera-Mariscal” de límites con México, mediante el cual Guatemala renunciaba a toda pretensión sobre la región de Soconusco y a sus créditos contra México, sin recibir compensación alguna por ello. Barrios somete a los indígenas a más trabajos forzados.

Tercer ordenamiento (frustrado)

En la historia de Guatemala tiene lugar un intento frustrado de ordenamiento territorial en 1952, cuando se expropian tierras, entre ellas las de la empresa bananera estadounidense United Fruit Compay, durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán (1950-1954) con la emisión del Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria. Años después, tras su derrocamiento y con la población en plena migración interna, las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios.

Cuarto ordenamiento

Tiene lugar con la emisión del Decreto 60-70 y su entrada en vigencia, con él se conforma lo que hoy se conoce como la Franja Transversal del Norte y que se complementa con el proyecto 502 de colonización de las tierras de Ixcán y El Petén durante el gobierno del General Carlos Arana Osorio (1970-1974).

Estos últimos son llamados por algunos sociólogos como los decretos de la guerra. Dieron pie a formular los planes de desarrollo de los años setenta e inicio de los ochenta, concluyendo para el año 1981 ya en pleno desarrollo de la guerra y de las operaciones de desplazamiento de “tierra arrasada” y la política de “quitar el agua al pez”. Estas políticas desplazaron a muchas comunidades de sus lugares de asentamiento por la persecución y las masacres, lo que dio lugar a un cuarto ordenamiento del territorio forzado por las armas, que se complementó con los llamados Polos de Desarrollo y la conformación de sus dos principales componentes: las aldeas modelo en donde se recibían adoctrinamiento y la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil.

De cada reordenamiento territorial con el consiguiente desplazamiento de población, el expolio de sus recursos naturales, la usurpación de sus tierras y un fuerte componente de adoctrinamiento ideológico ya sea político, religioso o cultural, ha evolucionado a tener la Guatemala que hoy tenemos y conocemos.

Quinto ordenamiento

Es así como después de la firma de la paz, de los programas gubernamentales y no gubernamentales de amortiguación de los golpes de la guerra, las privatizaciones que continuaron con la electrificación, la telefonía, la seguridad y el ajuste estructural receta del Banco Mundial, del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Fondo Monetario Internacional, llega a nosotros el Plan Puebla Panamá PPP, hoy llamado Plan Mesoamérica y los Tratados de Libre Comercio TLC.

La historia de nuestras tierras aunque se dice fácil no lo es, nos enfrentan al quinto gran reordenamiento territorial. Con éñ la iniciativa privada nacional, en contubernio con las empresas transnacionales y los gobiernos, han promovido programas como el Programa Nacional de la Competitividad PRONACOM (Acuerdo Gubernativo 21-2008) durante el gobierno de Oscar Berger a 5 días de la toma de posesión de Álvaro Colom.

Este programa consensuó la “Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015, avances y retos”, iniciativa que se ha venido atrasando por la resistencia de las comunidades y por la poca estabilidad en la inversión, razón por la que tiempo después le llamaron ingobernabilidad. Agenda con la que se impulsa el aumento de las licencias mineras, petroleras y vinculado a estas la especulación de la demanda energética que viabiliza la reconversión del modelo extractivo en Guatemala creando para ello la “Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021”.

Esto dio paso para la elaboración de la Guía del Inversionista Minero en el 2007, los Planes de Expansión del Sistema Eléctrico Guatemalteco en el 2008, la Guía del Inversionista Hidrocarburos (petróleo) en 2010, todos por el Ministerio de Energía y Minas. Al mismo tiempo se expandió la siembra del monocultivo de palma africana en el sur de Petén y en el Valle de Polochic en Agosto de 2011, generando éste último el desplazamiento de 700 familias q’eqchies.

Otras tantas leyes fueron aprobadas durante la gestión de los últimos gobiernos, leyes emitidas especialmente para generar estabilidad y viabilidad a la inversión extranjera: Ley de Inversión Extranjera, Ley de Zonas Francas, Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad Exportadora y Maquila, Ley de Libre Negociación de Divisas, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o Ley de Alianza Público Privada.

Desde el año 2012 SEGEPLAN creó el Sistema Nacional de Planificación desde el Consejo Nacional de Planificación y es así como se emiten 334 Planes de Desarrollo uno para cada Municipio de los 22 departamentos y 5 Planes de Desarrollo Regional llamados, Peten, Pacífico, Occidente (pendiente), Franja Transversal del Norte e Interoceánico (pendiente).

Ya para el 2013 el gobierno de Otto Fernando Pérez Molina publica la política energética 2013-2027, a la par de la emisión de acuerdos gubernativos que declaran de urgencia nacional la construcción de los 5 anillos de interconexión eléctrica llamado Plan de Expansión del Transporte PET (Hidráulico, Atlántico, Metropolitano, Oriental y Occidental) y el programa de electrificación Rural PER con el Acuerdo Gubernativo 145-2013, otorgado la concesión a la empresa TRECSA. Del mismo modo de urgencia nacional se declaró la construcción del Corredor Interoceánico con el acuerdo gubernativo 270-2013, ambos presentando serias inconstitucionalidades pues atentan contra la misma Constitución Política de la República.

Después de ello Invest in Guatemala, una entidad gubernamental, dispone que toda la matriz energética deba colocarse en el mercado internacional. En junio de ese año realiza una actividad llamada “Investment Summit Guatemala 2013” en donde pretende que salgan a la bolsa de Estados Unidos todas las licencias y prospecciones energéticas a futuro.

Todo esto en su conjunto ha logrado concretar un plan llamado “K’atun. Nuestra Guatemala 2032” promovido por Segeplan. Es básicamente la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que toma en cuenta los Objetivos del Milenio y la Agenda de Desarrollo POST-2015, en donde hace referencia a que todas las leyes, todos los tratados de libre comercio, todas las prospecciones energéticas, infraestructura, etc., están listas para enfrentar la creciente población guatemalteca de 15 millones que somos actualmente, calculando que seremos 22.5 millones en el 2032.

Proyectan que al 2032 la constitución de la población será mayoritariamente joven 40%, urbana 80%, territorio rural ordenado, comunicado y tecnificado, con una tasa de violencia tendiente a la baja de un 40% a un 17%, con una disminución de la desnutrición de un 39 a un 19% , que los ingresos mejorarán de un 3.5% actualmente a un 6.0% para el 2032. Todo esto promovido por los motores estratégicos desarrollo industrial y economía verde.

SEGEPLAN en el gobierno de Colom todavía hablaba de “Polos de Desarrollo” cuando se refería a las áreas de crecimiento poblacional, de la misma forma como lo llamaron en la década de los años 70. Pero ahora se llamarán “NODOS”, ya que Guatemala ocupa una posición geopolítica estratégica para el mercado mundial en donde las ciudades de Guatemala, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Ixcán, Cobán, Petén, Poptún, Puerto Barrios, Zacapa y Jutiapa serán los NODOS urbanos centrales del desarrollo y por lo tanto con infraestructura, desarrollando actividades extractivas y un ordenamiento territorial según las dinámicas que presenten las relaciones económicas e industriales extractivas prospectadas para cada región.

También contemplan toda una serie de infraestructura de interconexión del mercado extractivo, agrícola y forestal. En donde pretenden que los indicadores de pobreza, desempleo, desnutrición, analfabetismo mejoren de forma significativa. Sin mencionar la movilidad que este reordenamiento territorial traerá a la población y las áreas adyacentes de influencia para los respectivos planes regionales, que no es más que el aumento de la migración interna y externa, hacia fuentes de trabajo precario.

Segeplan intenta con el Katun 32 absorber como “política de gobierno” todo el reordenamiento que provocan las empresas y sus propias dinámicas comerciales de acumulación del capital nacional y extranjero, en una visión social del país. Olvidan que el Estado no posee el control de la economía, sino bancos y consorcios son los que deciden el futuro de la vida económica de nuestro país.

Con esto vemos que los territorios de los pueblos indígenas están siendo nuevamente tocados por los intereses económicos. Vemos que hasta el momento el desarrollo prometido lo han obtenido los mismos pueblos por el propio esfuerzo de cada familia que ha migrado a trabajar hacia el corte de cultivos de exportación, o migrante al extranjero para obtener mayor ingreso para su familia y de su producción local.

Los territorios de los pueblos nuevamente han sido irrumpidos, es así como el territorio ixil llegaba hasta la sierra Lacandona. Con la Colonia y posterior Independencia éste fue cortado por la definición de la frontera del país en 1882, territorio que abarcaba los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul. Con la creación del municipio del Ixcán en 1985, se vio mermado nuevamente en condiciones de desplazamiento por la guerra y estableciendo así la territorialidad de la Franja Transversal del Norte dentro del proyecto político económico militar. Nuevamente, los intereses empresariales colocan como área de influencia directa la parte norte del municipio de Nebaj y Chajul, delimitada ahora por el anillo hidráulico de interconexión eléctrica.

Según el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el territorio indígena incluye “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Así, por ejemplo, la legislación colombiana define como territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.

Además del Convenio 169 de la OIT, diversos instrumentos de derecho internacional reconocen y regulan los derechos territoriales de los pueblos indígenas: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dentro de este marco, diferentes legislaciones nacionales tienen normas concretas sobre los territorios indígenas, que en algunos casos tienen un carácter constitucional, como es el caso actualmente en varios países de América latina.

En Guatemala, los artículos 58 sobre identidad cultural, 66 sobre la protección a grupos étnicos, 67 sobre protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas y 97 sobre medio ambiente y equilibrio ecológico, marcan los cuatro rumbos constitucionales en donde se fundamenta legalmente la lucha de los pueblos indígenas para que el Estado reconozca, respete y promueva sus formas de vida, costumbres, tradiciones y organización.

La lucha de los pueblos que habitan en Guatemala ha promovido varias movilizaciones, más de 73 consultas comunitarias a la fecha, cientos de interpelaciones a ministros y funcionarios públicos municipales. En fin, una serie de actividades enmarcadas en ley que tratan de frenar la conflictividad provocada por el gobierno al otorgar las licencias extractivas y la creciente invisibilización de la voz popular.

Este es un recuento de cómo los guatemaltecos hemos pasado por diferentes reordenamientos territoriales que tienen su lógica en el modelo de acumulación imperante. Es decir, si antes teníamos que tributar a la corona en oro, luego lo hicimos al Estado en moneda para mover la economía y nuevamente volvemos a explotar oro para sufragar las necesidades voraces del capital globalizado.

Por lo cual es necesario adentrarse en cada uno de los aspectos locales y regionales que le dan forma a esta información y analizarla y compartirla con los vecinos y vecinas dentro de nuestros colectivos comunitarios para la búsqueda de una respuesta en común:

¿Cuál es el verdadero desarrollo que queremos para nuestras familias?