Cuando las mesas de diálogo sólo distraen
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Dibujo: Lun’Aj.
Por: Kajkoj Máximo Ba Tiul/Centro de reflexiones Nim Poqom
Desde la firma de la paz, la institucionalidad agraria creada para cumplir los acuerdos “Fondo de Tierra, Comisión Nacional de Tierra, Secretaria de Asuntos Agrarios, Registro de Información Catastral. Estas nuevas dependencias, después de veinte, años dejaron un saldo negativo. Muchas de las respuestas terminaron en un diálogo, entre campesinos, porque muchas veces no llegaron los terratenientes y cuando algunos litigios de tierras se resolvieron, fueron para convertir a los campesinos en deudores. Al mismo tiempo que el RIC, solo aseguró la usurpación de tierras que han hecho los finqueros durante muchos años. Por eso el resultado, no hay guerra con armas, pero la guerra contra los campesinos se trasladó a los tribunales, al Ministerio Público. Se intensificaron los desalojos y con ellos un gran cantidad de líderes y lideresas con órdenes de captura”.[1]
En el caso de los diálogos, los finqueros, terratenientes, miembros del CACIF, en particular de la Cámara del Agro, siempre envían a sus representantes y muchas veces abogados, quienes en vez de colaborar jurídicamente a desempantanar los casos, son quienes diseñan las estrategias de criminalización y persecución contra los campesinos, “nosotros estamos para hundir y salvar, no importa ladinos o indígenas, plata es plata”, fueron las palabras del abogado asesor de los Thomae, en un cruce de palabras en los tribunales de Salamá. Por otro lado, algunos abogados[2] ven en la política de criminalización una forma fácil de obtener recursos económicos a gran escala, hasta el punto de cobrar a las comunidades una gran cantidad de dinero, solo para ir a obtener información, sobre “porqué están detenidos los comunitarios.
El circulo “institucionalidad agraria, cámara del agro (finqueros), abogados, gobierno y alcaldes municipales”, son la trenza perfecta para desmovilizar y desarrollar un sentimiento de stress en las comunidades. Los grupos de poder, saben muy bien que promover la criminalización, lo que hacen es dislocar a las comunidades, haciendo pensar que conocer y defender derechos es una farsa. Al mismo tiempo, que otros (campesinos) con tal de salir de inmediato en las cárceles, les obligan a renunciar a sus derechos. Además que abogados si ética, les dicen; “declárense culpables, que les apliquen una fianza, se van del lugar y no se vuelvan a meter en otros casos”. Incluso las resoluciones de los jueces, muchas veces dicen: “declaramos la liberación inmediata de (detenido), pero también le decimos que durante un año no debe participar en ninguna movilización social, ni comunitaria, ni participar en actividades políticas”[3]. Esto es una forma de violar los derechos fundamentales protegidos supuestamente por la constitución.
En algún momento, en reuniones con europarlamentarios, con la comisión europea y otras instituciones europeas y norteamericanas, como en el banco mundial, hemos expuesto, que si antes que no conocíamos nuestros derechos nos reprimían, ahora no vale, que conociendo nuestros derechos, nos siguen reprimiendo y peor aún nos siguen matando de hambre, de balas y condenándonos no solo dentro de sus cárceles, sino a convertir nuestras comunidades en cárceles, porque solo es allí donde los defensores de la tierra y del territorio están seguros[4], pero sin posibilidades de salir a comprar o a vender sus productos a las áreas urbanas, convirtiéndolos mucho en pobres y extremadamente pobres, como el caso de los lideres criminalizados por la Hidroeléctrica Santa Rita, quienes por tener ordenes de captura ya no pueden salir de sus comunidades, porque aunque tengan todos los argumentos para declararlos inocentes, puede más la fuerza del dinero que corrompe a fiscales, jueces y abogados litigantes.
Aquí es donde se entiende el comunicado de la Cámara del Agro, al solicitar en su último comunicado lo siguiente:
Al Presidente de la República, solicitamos una política de cero tolerancia a las medidas de hecho que impliquen actos delictivos. Y no sostener mesas de diálogo con quienes hayan cometido delitos, ya que la falta de acción por parte de las autoridades legítimas, incentivan la impunidad y el incremento de la conflictividad. Y de la misma manera una política de cero tolerancia a la corrupción para que el Estado cuente con los recursos necesarios para garantizar la seguridad. Al Ministro de Gobernación, exigimos cumplir con su función actuando en estricto apego de la Ley y cumpliendo con las órdenes de captura y desalojos de acuerdo a orden de juez correspondiente de manera expedita. Al Ministerio Público, le pedimos que públicamente informe a todos los guatemaltecos ¿qué pasa con las investigaciones y órdenes de capturas de quienes estén involucrados en estos hechos de destrucción de propiedad privada, retención indebida de personas, robos, usurpaciones, extorsiones, daño a la propiedad pública? ¿cuándo se va a investigar y a procesar a los autores materiales e intelectuales y los colaboradores y financistas nacionales o internacionales de este tipo de acciones ilegales?. Y le exigimos cumplir con su mandato constitucional de velar por el estricto cumplimiento de las Leyes en el país. A la comunidad internacional respetuosamente solicitamos que en aras de contribuir a la paz y la seguridad de todos, revisen de manera responsable las acciones realizadas por las organizaciones a las que apoyan financieramente y cancelen de manera pública e inmediata aquella cooperación que este siendo utilizada para causar desestabilización y cometer actos acciones ilegales. Ya que ninguna demanda social justifica que persona o grupo alguno promueva sus causas al margen de la Ley. Y quienes colaboren en la comisión de un delito deben ser sujetos a proceso. Recordándoles que los cambios en la estructura legal del país se hacen a través del proceso democrático garantizado en la Constitución Política de la República y no a través de acciones delictivas ni con la manipulación de los guatemaltecos[5]
Este comunicado ya está haciendo sus efectos, como la captura del compañero Abelino Chub Caal, miembro de la Fundación Guillermo Torriello y los compañeros Esteban Ichich y Hermelindo Ichich del Consejo en Resistencia de la Sierra de las Minas, de Purulhá, Baja Verapaz.
En el caso de la Sierra de las Minas, del municipio de Purulha, Baja Verapaz, que tiene la característica de ser un área protegida, está dividida en tres zonas: zona núcleo, zona de amortiguamiento y zona poblacional. Para la creación de esta área de protección y reserva ecológica se violaron los derechos humanos de los pueblos indígenas Poqomchi y Q’eqchi’, sin que hasta el momento se haya dado una forma real y objetiva de resarcimiento. El caso de la comunidad Vega Larga I, que fue desalojada para crear la zona núcleo, en donde la Fundación Defensores de la Naturaleza, Pastoral Social e instituciones de gobierno en 1998, acordaron que dejaran sus antiguas tierras para darle otras de mejor calidad y con mejores condiciones, y que hasta el momento fue solo una farsa, es una caso paradigmático[6]. Sobre este trauma, las comunidades aún lo comparten, hasta el punto de ponerse a llorar, cuando recuerdan, todo lo que les ofrecieron y en realidad no tienen casi nada y están más pobres que antes.
Desde 1850 más o menos, la Sierra de las Minas, tuvo presencia de alemanes. Siendo la familia Thomae, una de las primeras familias que se asentaron despojando a sus legítimos dueños sus tierras. Desde ese momento, los indígenas se convirtieron en mozos colonos, a quienes se les explotó su mano de obra y que después tampoco recibieron ninguna o pocas prestaciones por sus servicios laborales. Desde esa fecha hasta, ahora muchas tierras comunitarias se convirtieron en fincas, que a juicio de muchas instituciones de gobierno y civiles, han demostrado que los finqueros, en compadrazgo con la institucionalidad agraria, en primer lugar el INTA y ahora el Fondo de Tierra y RIC y en otro momento, amparados por las municipalidades del lugar como la de Salamá y Purulha, despojaron y siguen despojando de tierras a sus dueños originarios los pueblos indígenas.
En otro momento la creación de cooperativas, que se pensaba como esperanzador para las comunidades, porque promoverían el desarrollo económico y humano de las comunidades, se convirtió en un problema, porque las juntas directivas o violando la doctrina del cooperativismo y su dinámica hipotecaron las escrituras de las tierras en los bancos del sistema, dando como resultado que los socios de la cooperativas, siendo en su mayoría indígenas, no puedan recuperar sus títulos de propiedad, porque se encuentran con una gran deuda y para ello ha servido de fachada la Federación de Cooperativas de la Verapaz, FEDECOVERA; creando así una verdadera pequeña burguesía económica en la región.
Entre descendientes de alemanes, hidroeléctricas, cooperativas y pequeños finqueros, se reparten los bienes de las comunidades, fortaleciendo su poder y metiendo miedo a los comunitarios, aprovechándose de su ignorancia y porque el gobierno nunca aparece, ni siquiera en tiempos más difíciles y por eso hemos estados afirmando que desde la firma de la Paz, Guatemala no es Estado y es una finca, controlada por la oligarquía y burguesía guatemalteca.
Cuando, los comunitarios comienzan a conocer sus derechos y a exigir que le sean respetados, estos quienes han tenido siempre el control del poder, se siente que lo pierden y entonces son acompañados de abogados, ingenieros, trabajadores sociales, etc, para implementar su estrategia de odio, terror y miedo, llegando a niveles altos de criminalización y represión.
En la Sierra de las Minas y principalmente lo que sucede con las comunidad de Washington, quienes son hijos y nietos de mozos colonos de la Finca Pananish, propiedad de la familia Thomae. Los campesinos, han sido expulsados de las fincas, constituyéndolos en nómadas en su propia tierra y territorio. No se les ha reconocido sus prestaciones justas como colonos y al mismo tiempo se les niega el derecho a existir como humanos. Las comunidades han estado pidiendo centros de salud, escuelas, programas sociales y en todas las instituciones del Estado, se les dice que para que tengan estos derechos tienen que dejar las tierras o hay que esperar que dice el finquero, pero a pesar de eso, en el Programa Hambre Cero del Partido Patriota, Purulha, se informa que en este municipio se erradicó la desnutrición[7].
Desde el año 2009; 38 familias de Q’eqchi y Poqomchi, ocuparon como legítimos dueños un espacio baldío de más de 2 caballerías, que ellos denominaron “Washington”, que a decir de la memoria de la gente, ese nombre le pusieron, porque cuando ellos vivieron por ese lugar, se cultivaba naranja Washington. Pocos meses después de la ocupación campesina, los terratenientes Mauricio y Byron Thomae, comenzaron a hostigar a la comunidad, diciendo que ellos eran los legítimos dueños del lugar. Los comunitarios al contrario, pidieron apoyo a la Secretaria de Asuntos Agrarios, para que pudiera mediar un diálogo entre ellos, para que le sean otorgados los derechos sobre la tierra, que ellos consideraron baldío. Los terratenientes, principalmente Byron se convirtió en un criminal contra las comunidades, asesorado por un abogado, que dicho sea de paso, promueve los derechos humanos en una universidad privada del país.
En los años que duró la mesa técnica con la Secretaria de Asuntos Agrarios, el terrateniente asesorado por su abogado, nunca asistieron a la reunión. Por eso como un recurso se recurrió al Registro de Información Catastral (RIC), quien entregó un informe preliminar[8], para que hiciera un geoposicionamiento de la finca Pananish y Washigton, dando como resultado, según informe preliminar lo siguiente:
En base al trabajo realizado en campo sobre el predio con código de clasificación catastral 15-08-03-04214, que ocupa Agropecuaria Pananish S.A., el área que le compete catastralmente, cuando se mostraron sus mojones fue de 7,296,813 metros cuadrados, al momento de realizar un análisis catastral previo, se determinó que el área catastral del predico 15-08-03-04214 (Agropecuaria Pananish S.A.), en comparación con el área registral del predio anteriormente mencionado, el área catastral es menor al área registral que es de 9,967,916,63 metros cuadrados. Por lo tanto se encontró una diferencia de 2,671,103.63 metros cuadrados, donde el área de las finca es mayor a la del predio en 26.80%.
La situación es que el Señor Byron Thomae y su abogado, a pesar de que está en curso esta investigación, sigue insistiendo que él es legítimo dueño de la finca en donde ahora está la comunidad de Washington y por lo tanto ha impulsado varios intentos de desalojo y llegando al nivel de solicitar al Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Baja Verapaz, la captura de 34 líderes comunitarios, a quienes acusan de los delitos: usurpación agravada, coacción, amenazas, detenciones ilegales, atentados y resistencia.
De este grupo dos han sido capturados y a quienes les exigen a cambio de su liberación que abandone sus tierras, que se declaren culpables y el pago de una fianza de cinco mil quetzales cada uno.
Con esto logra el modelo de opresión dividir y desanimar a los comunitarios de lograr tener un pedazo de tierra para vivir y comer, además, con ellos el finquero quiere deslegitimar toda la investigación que han realizado instituciones de gobierno, como investigadores independientes, en la Sierra de las Minas sobre la situación agraria.
Que hay detrás de esta criminalización, pues asegurar el control de los recursos naturales de la región para la construcción de hidroeléctricas, sin importar de donde provengan los recursos, lo importantes es despojar para destruir. En este caso, ya hay ejemplos en la Sierra en donde se han construido hidroeléctricas de forma anómala y muchas veces utilizando recursos del crimen organizado o producto de la corrupción, como la hidroeléctrica El Cafetal propiedad de la familia Thomae, quienes capitalizaron recursos del PINFOR y de otros programas de gobierno[9].
En resumen, de que sirven las mesas de diálogo, cuando se hacen sin la presencia de los grupos de poder y cuando los derechos en ver de respetarlos se vulneran. Aquí, hay mucho que caminar y mientras seguimos en este círculo de opresión y represión, no saldremos de la crisis en Guatemala y seguiremos construyendo el modelo democrático cacifero, de matar, perseguir y asesinar.
[1] Bá Tiul, Kajkoj Maximo, Después de veinte años: Leviatán se restaura, http://www.albedrio.org/htm/articulos/k/kbt-110.html
[2] Esto de los abogados, es un tema muy sensible, porque aquí nos estamos refiriendo a los/las abogados/as que asesoran jurídicamente a los finqueros, genocidas o corrupto, en contra de las comunidades. Lo interesante es que en el círculo de abogados, existe una falta de ética, que debe ser revisado por las facultades de derecho y por el colegio de abogados. Porque, muchos de ellos actúan conforme a quien le paga más, si es la víctima o victimario. Son pocos los abogados y las abogadas que han optado “místicamente”, por un compromiso de apoyo a las víctimas y en este caso a campesinos.
[3] Ver muchas resoluciones, en caso de criminalización por hidroeléctricas, palma africana, etc., como el caso de Timoteo Chen sobre la Hidro Santa Rita, Cristina Chun caso de Rincon San Valentin, etc.
[4] http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2013/09/Maximo-Ba-Tiul_Hydro_presentation.pdf
[5] http://camaradelagro.org/es/comunicado-de-prensa-1/
[6] López Barrientos, Mario: Comunidades que luchan: Negatividad y Resistencia en Ribacó (Purulha, Baja Verapaz, 1990-2014), Tesis, para obtener el grado de Doctor en Sociología, Universidad Autónoma de Puebla, México, 2016.
[7] http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/1374-supervisan-pacto-hambre-cero.html
[8] Es importante recordar que como producto de la corrupción el RIC, fue descapitalizado por su anterior coordinadora y entonces el RIC no ha podido entregar el informe oficial, porque de 70 plazas que habían para la región, solo se mantuvieron 6.
[9] https://cmiguate.org/nepotismo-y-la-decadencia-de-la-familia-thomae-i/
