Crónicas del Genocidio (2)

Rodrigo Véliz Estrada (Centro de Medios Independientes de Guatemala)

La importancia histórica del juicio por genocidio probó ayer su carácter. El debate en torno a la última gran crisis de la historia del país, la de fines de los setenta e inicios de los ochenta, y las responsabilidades por los caminos que ha tomado resurgió en notas de prensa y varias columnas de opinión. La abrumadora mayoría pasó a resaltar que el actual juicio no busca justicia sino una venganza por la derrota político-militar del proyecto de nación que, aunque de manera borrosa, aglutinaban las fuerzas sociales subalternas por esos años. El énfasis en su discurso es el mismo que se enarbolaba durante las dictaduras: el enemigo interno, el centro de la agitación, eran las guerrillas. Este sesgo en el discurso justificaba el uso abusivo de las armas y de la anulación o suspensión de derechos.

No resaltan, en cambio, que la crisis que se vivía en esos años era una que llevaba décadas cocinándose y que tenía una mayor complejidad que la que le concedían. La ausencia de políticas que vinieran a resolver elementos estratégicos de la crisis, o de abrir el espacio estatal de influencia para generar un más amplio consenso, son fácilmente desplazados en su argumento. No se toma en cuenta que las guerrillas eran uno de otros muchos actores que se movilizaban, por diferentes razones y a través de diferentes medios, en contra de la dictadura militar y la crisis del llamado modelo económico mixto.1

Acusados de genocidio y sus abogados

Lo mismo ahora. La complejidad de esos años se olvida y toma el ligero sendero de la revancha. Sin más.

Y los hechos de ayer sólo sirvieron de poderoso acicate. La expulsión del que en ese momento fungía como abogado de Ríos Montt2 fue el elemento clave del que los comentaristas se valieron para calificar el juicio (¡en su primer día!), sin realizar un análisis con al menos un dejo de profundidad, de un proceso ya viciado. Así de alarmados se encuentran.

En el inicio de la audiencia de hoy (miércoles 20 de marzo) continuaron las tensiones en torno a este tema. Dando por empezada la sesión el abogado Francisco Palomo, abogado defensor de Rodríguez Sánchez, se negó una vez más a defender a Ríos Montt. El argumento era el mismo, que el Tribunal no puede obligarlo a defender a alguien que no lo desee.

En una sospechosa rabia espontánea (se encontraba sumamente calmado al inicio del debate), dijo, tal vez sin quererlo, los elementos que eran en verdad relevantes en su actuación.

Afirmó, con la amenaza como sombra, que impugnarán el proceso debido a la actuación del Tribunal. De lograr la impugnación, se supondría, todo lo llevado a cabo hasta ese momento quedaría anulado.
El Tribunal, por su lado, insistió en garantizar una defensa para Ríos Montt, por lo que se esperaría para el siguiente día tener con un abogado proveído por el Estado. Minutos después, se presentó como defensor uno de sus antiguos abogados con papeles y archivos en mano, listo para seguir el juicio. El show había terminado.

Un poco de tiempo después, interrumpiendo nuevamente el interrogatorio a testigos, la defensa notificó que había en el público cuatro nuevos peritos que debían ser juramentados por el Tribunal. Ya que en la previa fase de presentación de pruebas la defensa no logró que ninguna de las ofrecidas fuera aceptada, contando solamente con un poco más de dos decenas de testigos (poco, comparado con los más de 150 presentados por el Ministerio Público y las partes querellantes), la defensa emitió un amparo en la Sala Cuarta de Apelaciones. El fin es intentar nuevamente ingresar pruebas al debate, aunque se notificó que si la Sala resuelve sin lugar el amparo, no se tomarán en cuenta.

El contenido de los peritajes, que se serán llevados a cabo en sus tres cuartas partes por militares, resulta de mucho interés, ya que nos presenta de alguna manera los puntos en donde la defensa buscará tumbar el argumento del MP-ACJ-CALDH3 Resaltamos dos.

El primero será llevado a cabo por el entonces temido militar, ahora retirado, José Luis Quilo Ayuso. El peritaje buscará explicar el lenguaje técnico contenido en los documentos desclasificados del gobierno, que sirven de prueba para acusar a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Haciendo énfasis, según se dijo, en conceptos clave y en la manera como deben ser entendidas las cadenas de mando. Parecería que esto llevaría a liberar presión a Rodríguez Sánchez, antiguo director de la central de Inteligencia (G-2), cuyas líneas de mando no tienen una vinculación vertical con la línea de base que ejecutó finalmente las masacres.

Otro de los peritajes, encargado al oficial del ejército Benjamín Godoy, buscará precisar el entendimiento del trabajo de base de las dos organizaciones guerrilleras que tenían trabajo en el área Ixil, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Por lo que se dijo, se buscará entender la manera como las guerrillas tenían trabajo organizativo, no armado, con la población civil. Esto servirá, como resulta claro, para justificar el asesinato a población que a los ojos de la defensa sería solamente formalmente civil, ya que mantenía vínculos orgánicos con las guerrillas. Para probar esto, como también resulta claro, se tendría que tener a testigos que afirmaran que formaron parte de esas células de base, o listas que comprometan a la población asesinada. Veremos a inicios de abril, según indicó la Presidenta del Tribunal, si la defensa logra presentar pruebas contundentes, siempre y cuando, como se mencionó, su amparo sea aceptado.

Mientras esta estrategia toma forma, por ahora la defensa tiene que soportar a las decenas de testigos que relatan, con el corazón en la mano, la manera como sus familiares y vecinos fueron crudamente asesinados por los soldados guatemaltecos en los años más descabellados de las dictaduras militares.