Aumenta la represión contra campesinos en Alta Verapaz

Foto: Rolanda García/ CMI-G

Por Rolanda García.

Eran a las ocho imedia de la mañana, en un salón de la comunidad de Choctun Basilá, de Cobán, Alta Verapaz, se dieron cita más de veinte campesinos con órdenes de captura, allí se encontraban también junto a las autoridades comunitarias las esposas, padres, madres e hijos de Marcelino Xol y Jorge Coc Pop, sentenciados el pasado mes de octubre a treinta y cinco años de prisión por un juzgado de Cobán, Alta Verapaz.

Como es de costumbre la solidaridad prevalecía en aquella reunión, algunos habitantes aportaron económicamente para apoyar a los familiares de los recién encarcelados, otros trataban de consolar a una de las mujeres afectadas. La tristeza golpeaba principalmente a las mujeres quienes han quedado bajo su responsabilidad los hijos e hijas, era evidente su repudio contra la persecución del Estado. Mientras la solidaridad invadía el recinto los veinte campesinos con órdenes de captura también reflejaban su incertidumbre de lo que podía ocurrir en los próximos días pero destacan que nunca dejarán de defender la tierra, que es el causante de su persecución.

Se dirigieron frente a nuestras cámaras y en representación de los criminalizados habló el dirigentes y ex encarcelado Leonel Yaxcal, sosteniendo los mapas de la finca donde habitan, resaltó que la demanda judicial contra los campesinos fue interpuesta por la cooperativa Chilté, miembro de la Federación de Cooperativas de la Verapaces, FEDECOVERA, como parte de una serie de acciones para amedrentar e intimidar a los defensores quienes hace diez años reclaman el derecho histórico sobre sus tierras. En respaldo a sus declaraciones mostraba los títulos de propiedad otorgado por el expresidente Ramiro De León Carpio en 1994.

En esa misma conversación recuerdan a Jose Can Xol, uno de los pobladores baleado en el año 2017 cuya demanda de justicia por su asesinato no prospera en los tribunales. “La justicia que ejercen aquí en la región de las verapaces es muy lamentable ya que ellos ponen las denuncias pero las denuncias no ha procedido para nada a cambio si viene la cooperativa y denuncia la comunidad ya procede las ordenes de captura, a ellos los acusan del delito de homicidio el cual es injusto ya que el delito que tienen los compañeros es por defender sus territorios” destacó Lesbia Artola, abogada del Comité Campesino del Altiplano, CCDA.

Por suerte ese día no escuchamos las balaceras con las cuales diariamente los trabajadores de la empresa intimidan a los habitantes de Choctun, esa mañana los pobladores desarrollaron la reunión con toda normalidad. También ese mismo día familiares de los sentenciados se dirigieron a la ciudad de Cobán para escuchar la lectura final de la sentencia pero cuando ya todos esperaban frente al juzgado el abogado defensor informó que la audiencia se había suspendida.

Mientras que para las entidades gubernamentales que han intervenido en la disputa del territorio de Choctun, resaltan que es un caso difícil de resolver “ Hemos intervenido en mediar y conciliar en el tema tierra, sin embargo allí han habido otros delitos cometidos que hasta ha habido muertos en el lugar pero eso no lo vemos nosotros, entonces cuando ya hay delitos cometidos de por medio y se mezcla el tema tierra es difícil abordar la situación”, manifestó al respecto Roberto Coy, de la Secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia.

Para estos campesinos mientras el gobierno no resuelva la conflictividad agraria en la región la justicia seguirá actuando a favor de la empresa Fedecovera, pero afirman que ninguna estrategia de criminalización podrá detener su lucha.