Acciones y demandas comunitarias contra la minería en Nebaj
0Los viejos engaños y las nuevas promesas
Por: Esta Tierra Es Nuestra y Cecilia Gonzáles
Esta es una serie de ensayos que publicaremos periódicamente, explicando la problemática que enfrentan las comunidades de la región ixil a causa de las concesiones hechas por el gobierno central sin el consentimiento de la población y la relación con hechos del pasado.
El acceso al agua, la falta de certeza jurídica sobre la tierra, la planificación de un desarrollo sin pensar en las necesidades reales de la población a largo plazo, la reproducción de un modelo económico que no respeta el medio ambiente y la relación que tiene este con las familias ixiles.
Estos problemas traen a su vez la respuesta de la organización comunitaria, las denuncias, la interpelación pública, auditoría local y acciones para defender su tierra, bosques, montañas, aguas y pueblos. También sus derechos colectivos como pueblos originarios, como el de decidir qué hacer con sus bienes naturales y decidir el desarrollo que quieren para sus propios pueblos.
I SERIE
Explotación del mineral barita en el Corralcub
4. Acciones y demandas comunitarias
Las incursiones empresariales a la región alertaron a las comunidades quienes iniciaron un proceso de información, consulta y asambleas comunitarias e intercomunitarias, dando como resultado el pronunciamiento público de cada comunidad atreves de memoriales en la región de Nebaj, Chajul, Cunen, Sacapulas que expresan la preocupación ante la entrada de los megaproyectos y se pronuncian contundentemente frente a esta situación de esta forma:
“Al señor Presidente de la República, a los señores Ministros, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia todas y todos nosotros queremos decirles, ante la comunidad nacional e internacional, que no estamos de acuerdo con estos proyectos que se están diseñando, planificando ó realizando sobre nuestras tierras, nuestros ríos y nuestras poblaciones.”
“Por lo tanto, al mismo tiempo que denunciamos públicamente esta situación nosotros exigimos:
La cancelación inmediata de las licencias de reconocimiento, exploración y explotaciones mineras, hidroeléctricas y petroleras ya otorgadas, en nuestras tierras y los territorios de los municipios anteriormente mencionados.
Que no se autorice ninguna otra licencia para la explotación de los recursos naturales que existen en nuestros territorios, es decir, que se anulen todas las solicitudes ingresadas al Ministerio de Energía y Minas con este fin.
Que se anule la actual Ley de Minería y que se establezcan nuevas leyes conjuntamente con las comunidades para que sean favorables a nuestra propia vida y nuestro propio desarrollo, así como al medio ambiente que nos rodea.
Pedimos al Organismo Judicial y a la Corte Suprema de Justicia que garantice la vida de las personas, de las familias y de las comunidades, no permitiendo a nadie que se persigan o criminalicen a las personas o comunidades que defienden sus propios derechos, tierras y recursos naturales.
Que se respete la palabra, la opinión, la decisión y la autodeterminación de las comunidades sobre sus propias vidas, sus propios proyectos y sus propias tierras, del mismo modo que pedimos a todas las autoridades que ejerzan sus funciones de acuerdo a lo que se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, así como los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso de la República de Guatemala, en donde se garantiza la autodeterminación, el presente y el futuro de los pueblos originarios del país.”
Es así como luego de todo un trabajo de coordinación con bancadas del Organismo Legislativo, el 5 de mayo de 2010 llega una delegación de 200 de delegados comunitarios los cuales buscan interpelar a ministros del gobierno de Álvaro Colom y exponen dichas determinaciones como pueblos.
Memoriales ixiles para el Congreso 01
Memoriales ixiles para el Congreso 02
Memoriales ixiles para el Congreso 03
Esta visita no quedó así, sino que fue la primera vez que expediente oficial de gobierno con las prospecciones mineras e hidroeléctricas llegó a la región y tras el análisis de los mismos acortaron intercomunitariamente: pedir la derogación de las licencias mineras e hidroeléctricas del municipio, no vender la tierra, no permitir el ingreso de personas extrañas, proteger los terrenos comunales como mandato de los abuelos. Este posicionamiento que continúan vigente en las comunidades al día de hoy, a pesar de que hay reportes comunitarios de que la barita sigue saliendo de forma oculta.
Conclusiones
La extracción minera legal o ilegal, sin contar con un estudio de impacto ambiental adecuado, información a las comunidades sobre el proyecto y regulaciones ambientales fuertes respecto al agua y bosques afectados, son factores determinantes para la población. La falta de consulta e información, así como las operaciones económicas a espaldas del pueblo es la dinámica por la que ha optado el sector minero como el sector eléctrico, lo cual los vecinos lo ven como un engaño e impacta directamente a las comunidades, sin mencionar la falta de licencia social de los que viven a inmediaciones de estos proyectos.
Estas son algunas de las principales causas que aumentan la conflictividad, concesionando tierras y ríos para la economía extractivista, que actualmente impulsa el gobierno al facilitar la entrada de las empresas a dichos territorios.
Las comunidades que conforman Salquil Grande y Vicalama son quienes administran el comunal donde se encuentra Corralcub y se han alertado de la situación minera en la región, motivando así normas comunitarias por ser los poseedores en copropiedad con la municipalidad del ejido municipal. Colectivamente han decidiendo a que ningún vecino venda la tierra a extranjeros, ni mucho menos a empresa alguna.
La violación a los derechos colectivos de los pueblos, de los derechos de las tierras comunales, de los bosques y de las aguas comunales, es lo que realmente genera la conflictividad de la población con el Estado. Dado que es el Estado el que concesiona las licencias y a su vez el encargado de cuidar dichos derechos y realmente esta política de discriminación irrita a la población en general.
Ni la empresa Doble Crown Resources, ni GEOMINAS S.A. poseen certeza jurídica de la tierra en Corralcub en donde el gobierno autorizó la explotación del mineral barita que en repetidas ocasiones han querido explotar, lo cual para los interesados incurre en una inversión en riesgo. Ya que es evidente el descontento de la población por los gastos y daños ocasionados en el tema del servicio del agua potable, medio ambiente y entradas anómalas a dicho comunal. Lo que realmente aumenta el rechazo de los pobladores, es el hecho de que la sacada del material, siempre ha venido acompañada de la violencia estructural desde el día que esta se utiliza como un recurso del control social.
Uno de los efectos sociales que estas concesiones incurren es la constante violación de los derechos humanos, derechos individuales y colectivos, económicos, sociales, culturales, ambientales de los pueblos indígenas. Estas empresas acarrear divisiones y enfrentamientos, incluso entre las familias para poder extraer minerales, siendo pocos los que se benefician del empleo precario, ya que si contratan a los vecinos el pago sería mínimo por ser mano de obra no calificada. Mentiras, chantajes, presiones, promesas incumplidas, compra de líderes, autoridades, cocodes, corrupción, alcoholismo, encarecimiento de productos, son algunos de los efectos que generan estos negocios a largo plazo.
Las trasnacionales altamente subsidiadas en sus países no pagan impuestos, ni mucho menos pagan impuesto por el agua que consumen y todavía peor, ni limpian la que ensucian, regresando a la cuenca agua contaminada sin implementar programas de mitigación de riesgos, ni resarcimiento a la población frente a los daños causados.
Mientras que las empresas mineras e hidroeléctricas alientan divisiones, desalojos, estados de sitio, enfrentamientos, coerción, intimidación, cada vez que ven amenazados sus intereses como se ha visto en Barillas, San Miguel Ixtahuacán, San Juan Sacatepéquez, El Estor y San Rafael, son a los pobladores y a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas a quienes se les señalan de violentas por defender sus derechos como pueblos y sus tierras colectivas.
Bibliografía
2010 Memorial de Memoriales y Asamblea de los Pueblos 2013
http://resistenciadlp.webcindario.com/libros.html
El camino de las palabras de los pueblos
¿Qué es la barita? La explotación de la canadiense Blackfire en Chiapas. Gustavo Castro Soto. Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 7 de Octubre de 2009 en http://otrosmundoschiapas.org/analisis/queeslabarita.pdf
Asesinan a líder opositor a explotar minas en Chiapas. La Jornada. 28 de noviembre de 2009.
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/estados/024n4est
Cierran mina tras muerte de activista
http://www.eluniversal.com.mx/notas/644847.html
Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/01/reactivan-de-manera-ilegal-extraccion-minera-en-chiapas/
www.olx.com
http://ciudaddeguatemala.olx.com.gt/mina-de-barita-iid-260490072
http://zapopan.olx.com.mx/lote-minero-de-barita-sulfato-de-bario-iid-561346510
LA EMPRESA
http://www.doublecrownresources.com
DERECHOS DE EXPORTACION
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/10/EXPORT-TI-01-2014-GEOMINAS-SOCIEDAD-ANONIMA.pdf
VIDEOS MINERA
https://www.youtube.com/user/MrGcarlos33
VIDEOS COMUNITARIOS
https://www.youtube.com/user/jpablo5284
