La otra cara de la Alianza para la Prosperidad: la militarización regional

La prensa nacional se ha enfocada en las palabras de presión que Joe Biden hizo hacia el gobierno guatemalteco. Si no se prorroga la CICIG no habrán $5 mil millones de cooperación por cinco años. El hecho es importante porque hace ver con claridad cómo EEUU ve al actual gobierno de Otto Pérez Molina. Pero nada dice sobre el papel que juega la CICIG para los intereses geopolíticos del país del norte: limpiar al ejército y el Estado de sus personajes más corrompidos es fundamental para hacer más extensa la militarización de la región.

Por Rodrigo Véliz (CMI)

El discurso gatopardo

Cambiar de estrategias puede no ser fácil. Sobre todo si por décadas se está acostumbrado a hacer lo mismo. O si los que siempre han hecho lo mismo son los que están hablando de cambiar de estrategias.

A fines del año pasado, la administración de Barack Obama lanzó al aire la cifra de $1 mil millones de cooperación para 2016, con un énfasis en inversión y cooperación, en vez de militarización y seguridad. Rápidamente se formó una alineación pocas veces tan unida: en un amplio consenso entre los principales grupos empresariales de la región, los tres gobiernos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en noviembre del año pasado se presentó el plan Alianza para la Prosperidad (en remembranza a la Alianza para el Progreso de Keneddy en los sesenta). El monto de cooperación estadounidense será una fracción que los tres países deben complementar con un préstamo del BID.

Joe Biden, vicepresidente de Obama, escribió una carta publicada en enero en el New York Times, donde hablaba de un futuro sin precedentes para los tres países. Meses atrás, en julio, el Jefe del Comando Sur, John Kelly, dejó atrás sus discursos sobre drogas y militarización, para hablar de derechos humanos y de la necesidad de cambiar de estrategias. Incluso John Brownfield, el llamado Zar Antidrogas de Estados Unidos (EEUU), mencionó en los mismos días lo importante de ser flexibles en las estrategias hacia la región.

Y por minutos se escuchó a Otto Pérez Molina y Juan Hernández, presidentes de Guatemala y Honduras, pro-militares en dos de los países más violentos del mundo, hablar sobre desarrollo, derechos humanos y gobernanza.

Son discursos que generan cierta desconfianza: vienen de actores que en las últimas décadas han mantenido una alianza que, pese a ser por momentos tirante, ha sido lo suficientemente fuerte como para mantener el control de la región, pese a los vientos de cambio que por más de 15 años vienen del sur de América.

Como ocurre en este tipo de casos, los excesivos adornos de los discursos buscan desviar la mirada hacia otras cosas de mayor importancia. En otra publicación, Luis Solano trató el tema de la tendencia empresarial de la primera versión de la Alianza para la Prosperidad.

El complemento de esto es la militarización regional.

Una militarización resiliente

El Presidente de Honduras, Juan Hernández, se mostró satisfecho de los Lineamientos Generales que presentaron a Barack Obama en septiembre del año pasado. Su gobierno es producto, una elección mediante, del golpe de Estado de 2009, apoyado abiertamente por EEUU. Desde entonces organizaciones de derechos humanos han llamado la atención sobre el creciente rol del ejército en desapariciones forzadas y la represión a la oposición política o la prensa independiente. En septiembre de 2012, 94 congresistas y 7 senadores norteamericanos exigieron a Obama terminar con la cooperación hacia Honduras.

El último intento de Hernández en esta vía fue buscar que una nueva Policía Militar tomara carácter constitucional. Falló en su Congreso, y ahora busca hacerlo a través de una consulta a nivel nacional.

El caso de Guatemala es conocido. Sólo basta ver los análisis que rastrean a los principales personajes del Ejecutivo y sus raíces en la inteligencia militar del ejército. Recientemente, Human Rights Watch detalló en un informe la sistemática violación a los derechos humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre la creciente militarización del país.

El mismo Departamento de Estado de EEUU criticó en su informe de 2013 la brutalidad militar en los casos de movilización popular, como la masacre de Totonicapán, y ha estado atento al Juicio por Genocidio, la elección de cortes y la violación a los derechos laborales.

También en el caso guatemalteco, la militarización de la seguridad pública ha buscado subir de escalón: desde su llegada al Ejecutivo, Pérez Molina habló de la importancia de finalizar con las restricciones que el Senado y Congreso estadounidenses tienen hacia el ejército de Guatemala. Eran nuevos tiempos y el ejército debía modernizarse con el apoyo del Departamento de Estado, dijo.

El actual embajador guatemalteco en Washington, Julio Ligorría, cabildeó desde un inicio con congresistas norteamericanos con ese objetivo en mente. Pero esto tomó otro paso en julio de 2014.

El Estado de Guatemala contrató a la firma Peck, Madigan, Jones & Steward, que a su vez contrató a Otto Reich, recordado por su papel en promocionar a los contras en Nicaragua durante la guerra civil. Su tarea, según el contrato firmado, sería buscar cambiar la imagen que se tiene sobre el ejército guatemalteco en círculos demócratas y republicanos.

Ligorría matizó en una entrevista con el CMI: «Más que cambiar la imagen, queremos cambiar la narrativa histórica que se tiene. Y Otto Reich nos ayudó en eso». Según Ligorría, el trabajo de Reich fue un éxito. Tan así, que un mes después de contratar a Reich Guatemala logró un estatus militar que pocos Estados en Latinoamérica tienen.

Bajo el ala del águila blanca

Ningún proceso interno de militarización puede entenderse si no se conocen los planes geopolíticos que lleva Estados Unidos en la región. A nivel regional no hay desconciertos. Hay una estrategia compartida: constantemente se dan cursos de formación, se realizan donaciones, y acciones conjuntas. Y en todas, la batuta la lleva Estados Unidos.

En julio de 2014, el ejército hondureño, que cada año desde 2009 ha aumentado su presupuesto militar, intentó reparar cinco aviones F5 que tenía botados. Lo hizo mientras sacaba adelante la Ley de Protección de Cielos, que causó el descontento de EEUU por permitir el derribo de aviones sin consulta. Buscar reparar los F5, vendidos por EEUU, fue vetado por este país, que a su vez suspendió el apoyo en radares.

Esto fue un recordatorio sobre quién guarda el mando en las decisiones militares de importancia. La postura se repite en las reuniones regionales de coordinación. En cada una de las conferencias anuales de Ministros de la Defensa de las Américas, el que la preside es el jefe del Departamento de Defensa norteamericano. Lo mismo para la anual Conferencia de Seguridad Regional para Centroamérica.

Y la Operación Martillo, un esfuerzo de 10 países por frenar el tráfico de drogas, es liderado por el Comando Sur norteamericano. Ellos marcan la estrategia, dan recursos, y el resto de ejércitos cumple las órdenes. Para Guatemala, la relación es a través de la viceministra de Narcóticos, Eunice Villagrán. Y en algunos casos, como en las recientes capturas a notables figuras del mundo paralelo en Guatemala, el gobierno del país ni siquiera es tomado en cuenta en las operaciones.

El apoyo militar ha sido continuo: según datos del Security Assitance Monitor, el apoyo militar y policial al país fue de $5.4 millones en 2005 y para este año roza los $40 millones; el Departamento de la Defensa entrenó en 2000 a 29 policías y militares guatemaltecos, y 13 años después lo hizo con 844; y pese a las restricciones en venta de armas, logró pasar de vender $1.5 millones en 2005 a $6.4 millones en 2013. El negocio, aunque no al ritmo deseado, continúa.

Y con el trabajo de Otto Reich y el embajador Ligorría, la relación parece sólo mejorar. En agosto de 2014, el Pentágono propuso a Guatemala crear un Grupo Bilateral de Trabajo en Materia Militar. EEUU tiene este tipo de relación solamente con sus grandes aliados en la región (México, Colombia, Perú y Chile) y con uno lejano pero ineludible (Brasil). Que Guatemala haya sido incluido, pese a las diferencias que se supone hay entre los dos Estados, habla mucho del rol que se perfila en un futuro cercano.

«Eso nos sube a otro nivel», dijo complacido Julio Ligorría. «Eso es resultado de un trabajo de todos, pero sobre todo del ejército». Ligorría hizo de menos las referencias sobre el embargo de armas que pesa sobre el ejército. «Lo que todavía hay son restricciones, pero las cosas van avanzando bastante», confirmó. Y el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, dijo en entrevista que sólo en sus 6 meses al frente de la Cancillería ha firmado al menos 4 convenios militares con EEUU.

El factor CICIG

Los últimos años de militarización regional no son aislados para la región. Comenzó con el Plan Colombia desde el 2000 (81% para ayuda militar) y se trasladó luego al Plan Mérida para México, a partir del 2008 (78%). La militarización de estos dos países es algo que tampoco se destaca en los comentarios sobre este tipo de planes.

Aunque en la propuesta presupuestaria de EEUU para los tres países la proporción es opuesta (20%) (ver detalle en este enlace), el apoyo en ayuda militar del último año se mantiene intacto, y se seguirá canalizando a través de la criticada Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (CARSI) hacia el Comando Sur.

Esta militarización no debe hacer de menos el apoyo que está teniendo la misión de la ONU (CICIG) para seguir con su trabajo en Guatemala. Sin la misión, muchas redes paralelas seguirían ocultas a la ciudadanía. Lo que sí debe hacer es ayudar a entender los intereses alrededor de ella. 

La CICIG es necesaria, pero su mandato no pelea en ningún momento con una militarización regional: A EEUU le conviene que el ejército y el Estado guatemalteco sean depurados de sus elementos más corruptos. De esa manera, al Departamento de Estado le es más sencillo impulsar propuestas de cualquier tipo desde su Congreso y Senado, usualmente una arena de contrapesos para la política exterior norteamericana.

En todo caso, los primeros $1 mil millones son todavía una promesa. El presupuesto fiscal que propuso Obama para 2015 fue rechazado por nuevas cámaras que emergieron más hacia la derecha de las elecciones de medio término en 2014: ahora los republicanos las controlan. Recientemente, una alianza entre republicanos radicales y demócratas más a la izquierda buscó presionar a Obama para ejercer más condicionamientos a los tres países. Y el Secretario de Estado, el equivalente a Canciller de EEUU, John Kerry, estuvo de acuerdo en que así fuera. Las palabras de Biden expresan el mismo interés: no dar nada a cambio a menos que hayan compromisos convenientes.

Y parte de esos compromisos será la reevaluación de la Alianza para la Prosperidad en marzo próximo. Entonces las cámaras estadounidenses tendrán 6 meses para decidir qué presupuesto tendrá el Departamento de Estado para la región en 2016.

Los años de mutaciones en los discursos y grandes montos de inversión y cooperación, en medio de la continuación de muertos, tráfico de drogas, y lavado de dinero en corrupción y en los principales bancos, hizo hace unos años pronunciar a Noam Chomsky algo muy importante:

«Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo. Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr».

Y esa pregunta es la que hay que hacerse con estas nuevas negociaciones por adminstrar el caos centroamericano.

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