Los genocidas al banquillo

El fuego de la «tierra arrasada» visto desde los satélites espaciales

Imagen satelital del genocidio ixil. Fuente: “Environmental Impact of Genocide in Guatemala the Ixil Triangle and the Mexican Border”. Genocide Studies Program Working Paper No. 31. Yale University. http //www.yale.edu/gsp/gis-files/guatemala/2_locations_guatemala.html

“El cambio más relevante en el paisaje entre 1979 y 1986 puede ser visto en las imágenes del satélite Landsat 1979 TM/1986 ETM+ en composición de falso color, que demuestra la extensión y devastación provocada por la estrategia de “Tierra Arrasada” del presidente Efraín Ríos Montt y la destrucción sistemática por parte de los militares de los asentamientos rurales y los alrededores de los municipios de Santa Maria Nebaj, San Gaspar Chajul, y San Juan Cotzal. En la imagen, el rojo representa áreas que tenían vegetación en 1979 pero no en 1986.” Más adelante agrega, respecto a subisguientes imágenes que “Las imágenes en falso color NDVI y los reportes que las acompañan corroboran firmemente las descripciones documentadas acerca de los cambios en la cobertura del terreno arrojando la interpretación siguiente: un paisaje previo a 1980, con densa arboleda cambia drásticamente durante el proceso de reubicación de la población y políticas genocidas llevadas a cabo por los militares guatemaltecos (más acelerado de 1983 a 1986) y la resistencia local a dichas agresiones.”

Traducción libre del original en inglés. Russell Schimmer, “Environmental Impact of Genocide in Guatemala the Ixil Triangle and the Mexican Border”. Genocide Studies Program Working Paper No. 31. Yale University. http //www.yale.edu/gsp/gis-files/guatemala/2_locations_guatemala.html

Esperaron más de 30 años para dar su testimonio ante un juez y narrar las historias de horror que vivieron a manos de elementos del ejército de Guatemala, comisionados militares o paramilitares de las denominadas «Patrullas de Autodefensa Civil» (PAC), durante la dictadura de Efraín Ríos Montt entre 1982 y 1983. Más de cien sobrevivientes declararán por primera vez ante una autoridad estatal sobre como las fuerzas gubernamentales de la época golpearon, desaparecieron, atacaron, robaron, asesinaron, torturaron, violaron, desplazaron y masacraron a miles de personas, con la intención fundamental de «quitarle el agua al pez», es decir, aislar a los grupos insurgentes de la población civil, aunque eso significara destruirla hasta dejarla en cenizas. El Secretario de Prensa del gobierno de facto de aquella época, Francisco Bianchi, explicó la lógica de la «tierra arrasada» en una entrevista: «Las guerrillas consiguieron muchos colaboradores indígenas. Por consiguiente, los indígenas eran subversivos. ¿Y cómo se combate la subversión? Claramente se tenía que matar a los indígenas porque estaban colaborando con la subversión. Y luego se diría que se estaba matando a gente inocente. Pero ellos no eran inocentes. Se habían vendido a la subversión»¹.

Con la ayuda de peritajes, así como la exposición y análisis detallados de los planes de campaña y de operaciones militares, se intentará establecer la responsabilidad de los altos mandos en el genocidio. Los tribunales servirán de escenario para sacar a luz una verdad que ha permanecido en tinieblas a fuerza de terror. Los detalles de las operaciones militares de la época serán dilucidados a pesar del ocultamiento sistemático de la información y del negacionismo que todavía persiste, principalmente por parte de los grupos de poder.

Durante la primera parte del proceso judicial, donde se determinó la apertura a juicio, la defensa de los acusados comenzó a utilizar la estrategia de dilatar y obstaculizar el proceso con quejas, recusaciones, objeciones, reclamaciones, etc., que contabilizaron 36 incidentes² según un informe de la organización Impunity Watch. Mientras tanto el actual Ejecutivo, presidido por el ex general Otto Pérez, se sumó a las interferencias emitiendo a inicios de 2013 un acuerdo gubernativo que limitaba la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sólo para los crímenes cometidos después de 1987, y que debido a la presión de entidades de defensa de los Derechos Humanos se vio obligado a derogar. Días después, el Ministerio de la Defensa resolvió clasificar como reservada la información relacionada con la tabla de organización del ejército del año 1982. Anteriormente, en 2012, ya habían cerrado los «Archivos de la Paz», que contenían los documentos de los planes militares utilizados por la fiscalía en los procesos abiertos contra Ríos Montt, desclasificados durante el gobierno de Álvaro Colom.

El mayor «Tito», como se conoció a Otto Pérez en el «Triángulo Ixil» en 1982, es señalado en algunos testimonios de esta causa como violador de los Derechos Humanos. Ahora convertido en presidente de la República dijo que su gobierno no pretende dar «la más mínima señal de que queremos retroceder en el tema de derechos humanos»³. Sin embargo, con excepción de la reserva a la competencia de la CIDH, las otras decisiones del Ejecutivo que limitan el acceso a información de aquel período siguen en firme. Sus reticencias a las investigaciones del genocidio no son nuevas. Mientras era candidato presidencial, en 2011, declaró en una entrevista publicada por un medio digital local «yo quiero saber quién dijo que en Guatemala hubo genocidio. (…) Eso no sucedió, de verdad. Aquí lo que sucedió fue porque había gentes que estaban involucradas dentro de las acciones y dentro del campo de batalla.» Al señalarle el entrevistador que fue la Comisión de Esclarecimiento Histórico la que determinó que sí hubo genocidio, expresó que ésta «no logró recoger y no dice la verdad de lo que pasó en el país.» ⁴

El Informe de la CEH precisó que un 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia entre 1962 y 1996 fueron responsabilidad de las fuerzas estatales, y que un 83 por ciento de las víctimas identificadas pertenecían a alguna de las etnias mayas.

Amnistía Internacional denunció públicamente en un informe de noviembre del 2012, que el ejército guatemalteco «obstaculiza el esclarecimiento de miles de casos de asesinato o desapariciones forzadas durante la guerra interna». En el ambiente «flota» la incertidumbre sobre la posible reacción de otros militares y agentes implicados en los delitos de lesa humanidad, sobre todo con antecedentes como el asesinato del Obispo Gerardi en 1997 tres días después de la entrega del Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala que él promovía. Por el asesinato guardan prisión tres agentes estatales de alta en aquella época.

Una estrategia esgrimida por asociaciones de veteranos militares, aliados de la dictadura en aquel entonces y simpatizantes, ha sido acusar a un listado de más de 50 supuestos «ex-guerrilleros», entre vivos y muertos, por delitos equivalentes. Ricardo Méndez Ruiz, uno de los impulsores más denodados de estas acciones, ha expresado sobre la fiscal general Claudia Paz y Paz que «es definitivamente parte del entramado de la ex subversión (…). Ella, la fiscal general, puso los tiempos con las capturas de los generales. Lo que se está dando ahora es nuestra respuesta, es la respuesta del ejército»⁵.

Para este sector, los procesos judiciales son parte de una «tercera etapa» de la guerra. «La querella que yo presenté es simple y sencillamente el inicio de la contraofensiva militar a la tercera etapa de la guerra que ya inició»⁶, dijo.

Los ahora sentados en el banquillo, señalados de genocidio, son el ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, y el antiguo director de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Un tercer imputado, Héctor Mauricio López Fuentes, que es señalado como autor intelectual de los crímenes cuando ocupaba la jefatura de jefe del Estado Mayor de la Defensa, está a la espera de un examen médico forense que determine si reúne las mínimas condiciones de salud para ser enjuiciado. Esta es la primera vez que en el país se procesa a altos jefes militares por genocidio y por crímenes cometidos durante la guerra de 36 años. Anteriormente se había condenado a cinco ex miembros de las fuerzas especiales («kaibiles»), por la masacre de las Dos Erres; a un antiguo comisionado militar y cuatro ex miembros de las PAC, por la mascre de Plan de Sánchez; Pedro García Arredondo, ex-jefe policial en 1981, por desaparición forzada y deberes contra la humanidad; Abraham Lancerio Gómez y Héctor Ramírez Ríos, ex agentes de la Policía Nacional en 1981, por la desparición de Fernando García en 1984; entre los casos más emblemáticos.

Lo que en este momento dejó claro el juez que preside la sala, como razón para abrir el juicio, es que en los años del genocidio la institución armada controlaba completamente el país y para derrotar militarmente a las fuerzas guerrilleras diseñó el Plan de Campaña Victoria 82, el Plan Sofía 82, y el Plan Firmeza 83, en las que se practicó la táctica de «tierra arrasada».

En lo que resta del proceso la parte acusadora expondrá cómo fueron planeadas y ejecutadas -sólo en este período- más de 15 masacres, en las que se registró la muerte de 1 mil 771 habitantes de la etnia ixil que habitaba en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, del departamento de Quiché. Los casos presentados ante la corte no son todos, pues se estima que durante el gobierno de Ríos, aproximadamente el 33 por ciento de la población de etnia ixil fue «exterminada», según cálculos del fiscal Orlando López.

Este juicio reviste importancia no sólo por ser el primero en que se tratará de esclarecer si un Estado latinoamericano impulsó políticas de genocidio contra población indígena, además de juzgar a un ex jefe de Estado. Las personas afectadas podrán relatar sus historias y ser escuchadas por las instituciones y la población, así como reivindicar su memoria y la de sus familiares extintos. También los alegatos y argumentos de la parte acusadora, los análisis de peritos y las exposiciones de personas que rendirán testimonio nos podrán mostrar con más detalle un período de la historia y una faceta más definida del terrorismo de Estado en Guatemala. Queda por determinar si el proceso establecerá jurisprudencia, y si -por fin- un tribunal le dice al antiguo «Mayor Tito» que lo que hubo en Guatemala fue GENOCIDIO.

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