¿Por qué el Ministerio de la Defensa negocia préstamo con el BID para integración fronteriza con México?

Hace pocos días, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que se está negociando el proyecto denominado Programa de Integración Fronteriza Guatemala-México, GU-L1086, por una cantidad de US$100 millones. El proyecto original, presentado en abril de 2015, establecía que el BID aportaría US$200 millones. El prestatario es el Ministerio de la Defensa de Guatemala (Mindef), y según se deduce de la información oficial, los fondos se destinarán al fortalecimiento y construcción de infraestructura para controles migratorios, aduaneros, atacar el contrabando y el tráfico de drogas, fundamentalmente. La pregunta es por qué es el Mindef es el prestatario.

Por Luis Solano

Del financiamiento

Originalmente, el proyecto se propuso en abril de 2015, cuando aún gobernaba el Partido Patriota (PP) y el presidente era el general (r) Otto Pérez Molina. Fue en ese mes que se dieron los primeros indicios serios de la existencia de la red de defraudación aduanera y corrupción “La Línea”, que condujo a la caída de la vicepresidenta Roxana Baldetti y, posteriormente, la de Pérez Molina.

A los US$200 millones originales solicitados al BID, se sumaban US$50 millones del denominado Fondo Cofinanciamiento Chino, un fondo surgido en 2013 bajo el nombre de Fondo Chino de Co-financiamiento para América Latina y el Caribe, manejado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y financiado por el Banco Popular de China (PBC) para apoyar proyectos del sector público y privado para promover el crecimiento económico sostenible en la región.

Pero lo anunciado por el BID recientemente, establece un financiamiento menor, de US$100 millones que aportaría el organismo financiero. En principio, el préstamo da seguimiento a otros proyectos de inversión vinculados que fueron concluidos en 2015.

El contenido del proyecto

Oficialmente, el proyecto plantea que se trata de desarrollar la región fronteriza con México al “Fortalecer la competitividad y seguridad de Guatemala mediante la implementación de controles fiscales, parafiscales y migratorios efectivos en los puertos fronterizos, con el apoyo de procesos, infraestructura y equipamiento necesarios. Los resultados esperados del programa son: reducir el costo operativo de los operadores del comercio internacional, reducir los tiempos de paso de mercancías y personas en los puertos fronterizos de Guatemala con México, e incrementar la presencia de la autoridad. El alcance del proyecto serán los 8 puertos fronterizos, los dos por formalizar y 4 puentes para unir a los dos países: dos sobre el Suchiate y dos sobre el Usumacinta.”

El problema central que se busca enfrentar con el préstamo, es explicado por el BID en los siguientes términos: “La falta de procesos y controles eficientes en los puertos fronterizos, así como la ausencia de infraestructura y equipamiento adecuado, y los desafíos de no contar con una mayor presencia general de las instituciones del Estado, generan inseguridad, altos costos de logística y favorecen una permeabilidad extendida en la frontera, con altos índices de contrabando y fraude aduanero. Asimismo, se ha convertido en un medio para la operación de redes que trafican personas, armas y drogas elevando así los niveles de inseguridad y violencia en la región. Por lo anterior, fortalecer la presencia de la autoridad, los procesos de control fronterizo, infraestructura, equipamiento, la gestión del riesgo y el trabajo coordinado de las instituciones de control fronterizo a nivel local y binacional, es indispensable para incrementar la seguridad, facilitar el comercio y el tránsito seguro y ordenado de personas.”

Los resultados esperados del programa son: reducir el costo operativo de los operadores del comercio internacional, reducir los tiempos de paso de mercancías y personas en los puertos fronterizos de Guatemala con México, e incrementar la presencia de la autoridad. El alcance del proyecto serán los 8 puertos fronterizos, los dos por formalizar y 4 puentes para unir a los dos países: dos sobre el Suchiate y dos sobre el Usumacinta. Los puertos fronterizos se identifican en el mapa siguiente:

Fuente: BID

De acuerdo con el BID y el mapa anterior, estos son los principales pasos de frontera a ser o que ya están intervenidos: (i) Tecún Umán 1-Suchiate 1; (ii) Tecún Umán 2-Suchiate 2; (iii) El Carmen-Talismán; (iv) La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc; (v) Gracias a Dios-Carmen Xhan; (vi) Ingenieros-Nuevo Orizaba; (vii) Bethel-Frontera Corozal; (viii) El Ceibo; (ix) Santa Teresa-Guailá; y (x) Santa Rosita Las Cruces-Benemérito de las Américas. Los dos últimos están pendientes de formalizar.

El otro aspecto importante es la construcción de los puentes sobre los ríos Suchiate y Usumacinta, los cuales requerirán consultas a comunidades y pueblos indígenas y estudios ambientales previos a su construcción. Por ahora, hay total desconocimiento del proyecto en las regiones geográficas donde impactará.

El costo de construcción de los puentes binacionales corresponderá 50% a México y 50% a Guatemala, según lo informado por el BID.

En el caso de Petén, los puentes previstos conectarían, uno, la cooperativa de Bethel en Guatemala con el poblado de Frontera Corozal del lado de México, y dos, la cooperativa Santa Rosita del lado de Guatemala con Benemérito de las Américas del lado de México. Estos proyectos encajan muy bien en lo establecido por el Plan de Desarrollo Integral de Petén 2032, elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). En el mapa siguiente puede observarse la posición de Bethel-Frontera Corozal y Santa Rosita-Benemérito de las Américas sobre el río Usumacinta, fronterizo con México en Petén, y las vías de comunicación ya existentes.

El contenido militar y de seguridad nacional del proyecto

Llama la atención que sea el Ministerio de la Defensa el prestatario del financiamiento del BID. Sin bien en el documento original del BID se planteó un esquema de ejecución, queda en duda si lo militar está por encima de los otros objetivos del proyecto. Según ese esquema de ejecución, “El organismo ejecutor (OE) será el Ministerio de Defensa quien manejará los recursos del financiamiento y estará encargado de todos los aspectos técnicos, administrativos y fiduciarios del Programa. Se establecerá una Unidad Ejecutora con capacidad y autonomía técnica, administrativa, financiera y funcional. El OE se apoyará en un Comité de Dirección Estratégica conformado por todas las instituciones relacionadas con la operación de los puertos fronterizos, que será coordinado por el Ministerio de Finanzas y tendrá funciones estratégicas.”

El proyecto más bien parece tener un carácter militar y de seguridad nacional, marco bajo el cual se estaría abordando las otras problemáticas expuestas en el proyecto como la migratoria, aduanera y tráfico de personas e ilícitos. Si bien necesario desmantelar las redes de crimen organizado detrás de esa problemática, para generar estabilidad, e incrementar el comercio y los ingresos fiscales, el proyecto parece responder más a intereses de seguridad nacional del gobierno estadounidense.

Esta perspectiva parece ir en concordancia con análisis previos que se hicieron en el contexto de la crisis política experimentada en 2015, que condujo a una mayor participación pública de la Embajada de Estados Unidos de cara a la situación de corrupción aduanera y narcotráfico que fue expuesta durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

En ese contexto, uno de las estrategias diseñada para enfrentar esas problemáticas, fue la creación de las llamadas Fuerzas de Tarea Interinstitucionales que se instituyeron conjuntamente entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, a partir de 2012 bajo la administración de Otto Pérez Molina, para ubicarse en zonas fronterizas estratégicas con México, Honduras y El Salvador.

Estas fuerzas de tarea, algunas ya integradas y en operaciones, involucran al Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Finanzas Públicas (Superintendencia de Administración Tributaria). Instituciones que resultan clave para atajar la problemática que el proyecto de financiamiento del BID pretende atacar, pero que al mismo tiempo son las instituciones más señaladas de estar penetradas por grupos paralelos de poder y crimen organizado.

Los puertos fronterizos y la región a construir los puentes, efectivamente están entre los principales puntos donde se trasiega mercadería de contrabando, se da gran parte del paso de migrantes, se concentran muchas fincas de narcotraficantes o son áreas clave de tráfico terrestre de drogas. Son problemas de seguridad nacional, particularmente para Estados Unidos que por algo ha financiado, equipado y entrenado a esas fuerzas de tarea, y se ha comprometido con la “limpieza” de las instituciones en las que se han entronizado los “poderes ocultos”.

El combate de Estados Unidos a esa problemática permitiría ir limpiando todo ese andamiaje institucional involucrado en esas fuerzas de tarea, en función de los intereses inversionistas estadounidenses, de los planes como Mesoamérica y la Alianza para la Prosperidad, al fortalecer instituciones clave del aparato de seguridad y justicia, para crear condiciones a inversionistas extranjeros y garantizarles sus inversiones.

Esto es lo que podría ayudar a explicar, en parte, el porqué el Ministerio de la Defensa es el prestatario.