Rotondo en la cárcel. Foto de José Pablo Chumil, recuperado de miningwatch.ca

La fuga del ex jefe de seguridad de la Minera San Rafael, el peruano Alberto Rotondo, trascendió el 30 de noviembre cuando se dio la voz de alerta, luego que la Corte de Constitucionalidad ordenó ese mismo día el trasladado del militar retirado al centro de detención preventiva “El Boquerón”.

Por Luis Solano

Desde un mes antes, la CC había ordenado su captura, según lo publicó el Centro de Acción Legal- Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) el 30 de octubre. La fuga de Rotondo deja un mar de preguntas, dado que se encontraba bajo arresto domiciliario, a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Una fuga anunciada

Dos medios electrónicos publicaron que Alberto Rotondo, ex jefe de seguridad de la Minera San Rafael, S.A. (Minerasa), subsidiaria de la estadounidense/canadiense Tahoe Resources, es buscado por las autoridades guatemaltecas luego que el 30 de noviembre no se le localizó en su casa donde guardaba prisión domiciliaria desde el 8 de mayo de 2013.

Rotondo era buscado para hacer efectiva la orden de captura emitida por la Corte de Constitucionalidad, el mismo día. Según esos medios electrónicos, Andrés Dávila, jefe de Comunicación de Minerasa, confirmó la noticia y señaló que “Rotondo envió un correo a sus abogados donde les señalaba que salía de Guatemala para regresar a su país de origen (Perú).”

Rotondo enfrenta proceso por el intento de dar muerte a seis líderes comunitarios de San Rafael Las Flores, en abril de 2013, luego que durante una manifestación pacífica de pobladores fueran atacados por fuerzas de seguridad al mando de Rotondo. Minerasa está a cargo del proyecto minero Escobal, en San Rafael Las Flores, lugar donde los pobladores fueron reprimidos. Las víctimas resultaron heridas por disparos de guardias privados, y según escuchas telefónicas del Ministerio Público (MP), Rotondo dio órdenes de atacarlos.

De acuerdo con el diario Siglo 21, Rafael Maldonado, abogado de CALAS, indicó que “El viernes la Policía se dio cuenta de que tenían tiempo de no verlo, preguntaron al personal de servicio que tenía, y ellos dijeron que él ya no estaba allí adentro”, en referencia a que Rotondo tenía vigilancia policial por guardar arresto domiciliario.

Ante su fuga y la responsabilidad policial, el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Rosa declaró en rebeldía a Alberto Rotondo, y emitió una orden de captura en su contra, luego de que desapareciera del domicilio donde guardaba libertad condicional. Además el tribunal ordenó al Ministerio Público investigar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) encargados de su resguardo.

La fuga de Rotondo era cuestión de tiempo. En algunas ocasiones se le vio fuera de su casa, sin vigilancia policial, no obstante tener arresto domiciliario. El 30 de octubre, un mes antes de su fuga, la CC ya había resuelto que Rotondo debía guardar prisión en El Boquerón.

Surge la pregunta si los policías a cargo de la vigilancia recibían órdenes desde “más arriba”, y cuál es la su responsabilidad en esa huida de Rotondo. Más aún, el peruano tenía orden de arraigo, por lo que otra pregunta es si en realidad ya se encuentra en Perú, cómo es que viajó, por cuál puerto de salida, quiénes lo dejaron salir, y con qué apoyos contó.

¿Omisión de denuncia?

De las declaraciones de Andrés Dávila, jefe de Comunicación de Minerasa, se desprende que los abogados y directivos de Minerasa estaban al tanto de la decisión de Rotondo de escapar. Inmediatamente, surge la pregunta del porqué no dieron aviso a las autoridades al respecto.

Minerasa es de las mayores interesadas en este caso, ya que los hechos por los que Rotondo está siendo procesado judicialmente ocurrieron mientras laboraba para la minera, y en donde también cabe una responsabilidad indirecta de Tahoe Resources y Minerasa. Por este caso se entabló una demanda contra Tahoe Resources ante la Corte Suprema de Bristish Columbia, Canadá, donde siete de los heridos demandan justicia por la responsabilidad de la minera en  la contratación de Rotondo como jefe de seguridad.

Una investigación más a fondo sobre este caso y el proceso de militarización en San Rafael Las Flores y otros poblados que abarca el proyecto minero de Tahoe Resources, se puede ver en este enlace.

En ese estudio se revelan las relaciones entre la subsidiaria minera y el Ministerio de Gobernación (Mingob), a la cual pertenece la Policía Nacional Civil (PNC), a cargo de la vigilancia de Rotondo. En 2014, se supo que Minerasa es parte de una co-inversión para la construcción de una comisaría de la PNC en San Rafael Las Flores, conjuntamente con el Mingob y el apoyo de la Municipalidad de San Rafael Las Flores. Una inversión millonaria que supera los Q4 millones, en una zona donde los niveles de criminalidad son bajos, pero donde la resistencia pacífica contra el proyecto minero es elevada. Pobladores suponen que ese es el propósito final de ese proyecto policial: contener la resistencia antiminera.

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