17 y 18 de septiembre: Jornadas por la vida digna

 

El proyecto neoliberal que se impulsa en la actualidad como una nueva estrategia de acumulación de riqueza por parte de los ricos nacionales y extranjeros impulsado desde el Estado, es un proyecto violento, explotador, racista y expoliador en los territorios de los pueblos originarios ya que ha venido a exacerbar los problemas sociales, promueve confrontaciones entre comunidades, prepara fuerzas de choque acompañado con fuerzas policiacas y militares, por lo que representa un retorno a la forma de gobernanza basada en la fuerza y el terror al igual que la estrategia de contrainsurgencia que se aplicó a finales del siglo pasado donde alcanzo el nivel de genocidio y los autores de esos macabros hechos a la fecha goza de toda impunidad desde el Estado.

Nos encontramos en un momento político de retroceso autoritario e imposición militar. Cada vez se cierran más los espacios de participación ciudadana y se violan los derechos colectivos. La institucionalidad estatal no garantiza el bien común; ante ello las luchas y la resistencia de los pueblos y comunidades son válidas y legítimas porque con ellas se demandan respeto a la integridad, la vida, nuestras propia identidad y forma de entender el mundo.

Los gobiernos siempre han estado al servicio de los más ricos y al final de su período aprueban medidas o leyes que afectan al Pueblo. Al final de su gobierno, Oscar Berger declaró la minería de interés nacional y con ello abrió la puerta para la penetración de las empresas mineras; el último año de gobierno, Álvaro Colón ordenó desalojos contra las comunidades del Valle del Polochic. Este Gobierno de Pérez Molina ha empezado a impulsar y aprobar leyes en contra del Pueblo, y en los 485 días que le quedan intentarán aprobar otras leyes en beneficio de las empresas transnacionales y nacionales; leyes que nunca han sido consultadas a los pueblos, irrespetando el Convenio 169 de la OIT que establece el derecho a ser consultados de forma libre, previa e informada.

Entre las leyes aprobadas que nos han impuesto se encuentran: la llamada Ley de túmulos que atenta contra el derecho constitucional de libertad de manifestación; la Ley de Radiocomunicaciones denominada “Ley TIGO” que autoriza la instalación de torres de telefonía en cualquier parte; así también se encuentran en discusión para su aprobación las propuestas de las siguientes leyes: Ley de Servidumbre Forzosa o Ley para la Constitución de Servidumbres Legales de Transmisión Eléctrica denominada “Ley TRECSA”, las modificaciones a la ley de Minería con el Protocolo para las Consultas Comunitarias, Ley de Inversión y Empleo, así como La Ley Marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad.

 

 

Ante estas maniobras legislativas, las pueblos Comunidades y Organizaciones, manifestamos nuestro profundo rechazo a este paquete de leyes empresariales, porque benefician a los empresarios y partidos políticos, generando división y represión contra los pueblos y comunidades que defendemos nuestras tierras y territorios, los ríos, el agua, nuestros cultivos, que son sustento de vida de los pueblos y las futuras generaciones.

Al Congreso de la República le exigimos: legislar a favor de los pueblos, aprobando las leyes pendientes como lo son: la Iniciativa de Ley 40-84 “Ley de Desarrollo Rural Integral”; Ley de Radios Comunitarias 40-87; Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas 38-35; así como la Ley Nacional de la Juventud 38-96.

Así también exigimos la promulgación de una ley que establezca una moratoria general e indefinida de todas las licencias de exploración y explotación minera.