¿Quiénes se benefician de la violencia? Élites militares y el Estado

El Centro de Medios Independientes (CMI-G) ofrece una serie de artículos que intentan aclarar la compleja problemática que gira en torno a la justicia desde el 2009, centrándonos en el tema de la políticas por reducir la violencia en los últimos años.

a. ¿A qué se deben los recientes ataques al Ministerio Público? Política de seguridad y la gestión de Paz y Paz

b. ¿La violencia se combate con violencia? Los resultados de la “mano dura”

c. ¿Quiénes se benefician de la violencia? Élites militares y el Estado

d. ¿Quiénes se oponen a que las reformas en el sistema de justicia continúen? 2014: La encrucijada en el aparato de justicia

Por Rodrigo Véliz Estrada (CMI-G)

¿Por qué Guatemala es un país tan violento? Para esto hay explicaciones de todo tipo. Desde las que tratan de explicar la situación por cuestiones parte del «sentido común» de la población, hasta las que toman en cuenta las históricas, tan ligadas a sangrientas dictaduras. Si bien estas razones, entre otras más, son importanes, hay algunas que usualmente se omiten.

El mercado de la seguridad

Tal vez donde más fácil es encontrar la transparencia de estos intereses sea con las empresas de seguridad privada. Según una profunda investigación al respectoi, la seguridad privada tuvo origen en las dictaduras militares y en un inicio las primeras empresas estaban en manos de jefes de policía o de oficiales militares. A través de contactos estas pocas empresas contrataban a los mismos policías, los equipaban y vestían, y así prestaban sus servicios.

Al comenzar la pacificación se dio una reducción significativa del ejército y muchos de estos personajes, saliendo parcialmente de la estructura estatal, comenzaron a fundar nuevas empresas de seguridad privada. Era al fin y al cabo lo que mejor sabían hacer. Para 1999 existían 86 empresas de seguridad, dos años después el número llegaba a 144, y para el 2008 la cantidad ya llegaba a 289. El mercado en el que se alimentaban había crecido.

Tabla 1. Número de empresas de seguridad

Fuente: Argueta, 2013: 78.

Una vez una sección de la cadena del negocio está protegida (guardia de seguridad durante el día, por ejemplo), la criminalidad se mueve para otra parte de la cadena que no esté protegida (robos nocturnos a locales, siguiendo con el ejemplo). Esto a su vez abre una nueva ventana de oportunidad para que las empresas de seguridad cubran esos nuevos nichos de mercado, y le asignen un servicio. La dinámica de este mercado es lo importante de resaltar: mientras más situaciones de inseguridad y violencia sean percibidos por potenciales clientes, más se ensancha el mercado y con eso, en la misma proporción, el interés de las empresas en mantener o aumentar esa percepción; sea real o ligeramente distorsionada.

Según las mismas empresas, por si fuera poco, alrededor del 80% de los crímenes dentro de las compañías a las que se les provee el servicio lo realizan los mismos guardias a través de redes criminales.

La poca regulación del Ministerio de Gobernación (MGOB) da origen a las “empresas fantasmas”, que buscan reducir sus costos (como en los estándares de contratación) para lograr sobrevivir y crecer dentro del mercado.

Esta dinámica no es nueva. Está desde los orígenes del problema. Según la investigación que citamos, el aumento en la tasa de crímenes y violencia que vivió el país a inicios de la década pasada fue posterior a la proliferación de empresas de seguridad privada. La violencia en el país comenzó a dispararse de manera más aguda a partir del 2002-2003, cuando se pasó de alrededor de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes a casi 40 para inicios del 2004.

El crecimiento más claro de las empresas de seguridad, sin embargo, comenzó desde 1999. A partir de esa fecha, hasta cuatro años después, se crearon más de 40 empresas de seguridad. Y en el 2003, cuando la violencia se disparó, el mercado lo siguió al mismo ritmo: sólo en ese año 23 empresas comenzaron a funcionar.

Primero vinieron las empresas y lo que siguió fueron los crímenes y la violencia, y no al revés como usualmente se cree.

Desde fines de los noventa que las primeras empresas intentaron monopolizar el mercado de la seguridad privada a través de largos papeleos y mordidas para poder inscribir nuevas empresas. El papel del Estado en acelerar esta situación es lamentable. Una noticia de fines del 2013 afirma que dentro de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del MGOB se cobra Q30 mil por evitar una supervisión a las empresas, Q50 mil por enviar un supervisor a una empresa rival, Q200 mil por alterar expedientes de la competencia y se tiene previsto cobrar hasta Q3 millones por autorizar una licencia.ⁱⁱ

Fuente: James Rodriguez http://www.mimundo.org/

Las regulaciones necesarias en materia de adiestramiento mínimo, verificación de estado y registro de armas, regulación constante del arsenal de las empresas, edad mínima para portación de armas, reciben una pésima regulación, según afirma la investigación de Argueta.

Al final, tal vez sería más preciso decir que la relación entre funcionarios públicos de diferentes jerarquías y estas empresas de seguridad son las que alimentan el caos y un mercado con tan perjudiciales características.

Para la población civil no puede existir una peor situación que esta. El Estado que se supone que se encargará de velar por la vida de los habitantes es parte fundamental, junto a empresarios de seguridad privada, en proliferar y hacer mantener una situación de violencia. Es eso o sus ganancias se van por la borda.

El mercado de las armas

En el negocio de la seguridad son más los actores en juego. Esto se hizo evidente con la promulgación de la Ley de Armas y Municiones en el 2009. En el Congreso se vio el cabildeo de militares, empresas de seguridad privada, comerciantes, asociaciones pro-portación de armas, unas pocas y fuertes importadoras de armas, y las embajadas que hacen lobby porque sus armerías puedan seguir exportando armas al país. La mayoría de estos sectores, según Carmen Rosa de León de IEPADES, presionando por controles menos estrictos.

El problema de las armas no es desdeñable. Para mediados de la década pasada, se calculaba que del millón de armas que se encontraban en el país, alrededor de 800 mil no estaban registradas. Luego de la Ley de Armas esa diferencia se redujo: de las 1.65 millones de armas que se calculaba en el 2010 en el territorio, casi 400 mil estaban ya registradas, y los datos más recientes indican que el número de las registradas ronda en 450 mil armas, sin un aumento sustancial de las totales.iii

Sin embargo, como lo indican investigaciones al respecto, el control de las armas con legislación no está causalmente relacionado con la reducción de la violencia.iv Son factores como la marginación, el desempleo, la presencia de crimen organizado, de sicariato, una débil estructura judicial, una cultura de violencia, entre otros, los que hacen que la situación tome el tamiz violento que hoy presenciamos en Guatemala y la región.

Hay otros factores más. La llegada de armas a estas estructuras es, por ejemplo, importante de resaltar. El tema es muy obscuro y no contamos con datos filtrados. Por suerte, cierta información pública ya está disponible, lo que permite una inicial y precaria reconstrucción del problema.

A fines del 2011 se hizo firmó el tratado que el Ministerio Público (MP) de Guatemala junto a la ATF norteamericana con el fin de colaborar para rastrear las armas que circulan en el país para determinar su procedencia original. El mismo tratado permite el acceso a la base de datos de la ATF, donde también se encuentra información sobre el tráfico de armas en México. Algunos resultados ya se han hecho públicos.

Según el Stratfor Global Intelligence, una buena parte de las armas que utilizan los carteles de droga mexicanos, así como las estructuras de sicariato de las que se valen, provienen de Estados Unidos. Sobre todo de los estados fronterizos, donde además se cuenta con muy pocas restricciones para la venta de armas de alto calibre. La dificultad proviene en el transporte a lo interno de México. Pero la compra, más difícil cuando se hace de manera ilegal, ya está hecha.v

Para el caso de Guatemala hay datos muy ilustradores. De una muestra tomada, alrededor del 40% de las armas utilizadas por el crimen organizado proviene de las armerías norteamericanas. El dato fue confirmado por las altas jerarquías de una de las pandillas de más importancia en la región, que además detalló los procedimientos de compra y cómo el país se vuelve en cantera de venta de armas para el resto del triángulo norte centroamericano.vi

Pero algo que se destaca de los resultados de los dos países fue la presencia de municiones y otro tipo de armamento bélico. En los ataques de los Zetas en el caótico norte mexicano se encontraron granadas y municiones provenientes del ejército de Guatemala, específicamente el que el mismo Estados Unidos había vendido al Estado durante las dictaduras militares.

En su momento la noticia causó gran revuelo, y con la salida de más información y de nuevos casos es posible divisar estas redes criminales para entender cómo operan a lo interno de la estructura estatal y del actual partido de gobierno, el Partido Patriota (PP). Algunos ejemplos de relevancia servirán.

Crimen Organizado y el Estado de Guatemala

Las relaciones entre el ejército y el crimen organizado es algo que se había rumorado por años, y que algunos valientes reportes habían hecho público a inicios de la década pasada.vii Ahora las cosas son mucho más transparentes.

Para mediados de septiembre del 2013 un periódico que se encuentra en pugna con el actual gobierno hizo pública la noticia sobre el robo de 1,449 granadas de fragmentación de 40 mm para fusil M79 de las bodegas de la Primera Brigada de Infantería del Comando Aéreo del Norte, en el departamento de Petén. El arsenal robado había sido sacado en tandas desde enero del 2012 hasta marzo del siguiente año. Este robo se dio en la administración del general Juventino Saavedra Carrascosa y el actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Rudy Ortíz Ruiz.viii

La noticia hizo recordar un antiguo robo con las mismas características, aunque por mucho de mayor envergadura. En el 2009, bajo la administración de Álvaro Colom, se hizo público que más de 27 mil armas (fusiles, ametralladoras y rifles) y alrededor de 10 millones de cartuchos fueron sacadas en 22 contenedores de las bodegas del ejército. La venta de estas armas fue para la empresa Century Arms Inc., y para un reconocido traficante internacional de armas, Monzer Al Kassar, que terminó por venderlas a una organización armada en Colombia.ix Para ese caso también fueron acusados miembros de la alta jerarquía del ejército. Averiguaciones sugirieron en su momento que el monto de lo vendido pudo llegar a Q300 millones.

Tal vez lo importante del actual robo son las redes que devela. Información de la página de inteligencia de elPeriódico revelan que la cúpula del ejército está dividida entre partidarios de los dos principales carteles en México que operan en el país: el cartel de Sinaloa y los Zetas. El actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMD), el grl. Ruiz estaría ligado a Los Zetas, mientras que el subjefe del EMD, quien filtró la información, estaría apoyado por el cartel de Sinaloa.x

Algo igual de importante ocurrió a fines del año que recién terminó, en los cambios que realizó el actual presidente, Otto Pérez, en su gabinete y en la alta jerarquía del ejército. De manera sorprendente, evadiendo cualquier tipo de sanción por la pérdida de armas, el grl. Ortiz fue ascendido de General de Brigada a General de División, llegando a lo más alto de la jerarquía del ejército de Guatemala.

Al contrario, los denunciantes del robo, el coronel Carlos Estuardo Avendaño Leiva, jefe del Comando Aéreo del Norte, y el especialista Elvis Najarro Arana, guardián del polvorín, fueron destituidos y sancionados. Las palabras de Pérez Molina en su momento dejaron mucho que desear pero de alguna manera dejan entrever su posición al respecto: «Un robo como ese le puede suceder no solo a Guatemala, sino a cualquier país. No es que nosotros lo queramos minimizar».

Pero hay más. Si partimos de la investigaciones sobre la composición del actual gobierno, que aseveran que muchos de sus cuadros más importantes, formados en inteligencia militar, pertenecen a redes de militares ligados a grupos paralelos, es precavido cuestionarse la millonaria compra de armas del actual MGOB.xii Sobre todo si tomamos en cuenta el gran excedente de armas que se solicitó, pese a que un número menor hubiera solucionado la escasez de armas en las filas de la Policía Nacional Civil (PNC). Que las armas de la PNC no tienen huella balística y los robos que ha habido en las bodegas de la PNC arrojan más niebla a la compra xiii.

La relación del presidente Pérez Molina con estructuras del narcotráfico, además, no está del todo clara, pero un caso ayuda a divisar posibles nexos, aunque sin saber a cabalidad la cercanía de ellos.

Si bien el robo de granadas lo vincularía a Los Zetas, otras fuentes lo relacionan con el Cartel de Sinaloa. Según una importante investigación de Southern Pulsexiv, Pérez Molina es accionista en la empresa de aerolíneas Aerocentro, que opera entre Guatemala y Honduras. El piloto de Pérez durante su campaña en el 2007 fue Guillermo Lozano, dueño de Aerocentro y próximo al Cartel de Sinaloa. El transporte de miembros del Estado de Guatemala le provee a la aerolínea de la capacidad de transportar personas y bienes sin chequeos de seguridad e ignorando protocolos estándar de seguridad en los aeropuertos.

Según Southern Pulse, la llegada del PP ha propiciado el surgimiento de redes de logísticas interna en el Directorio de Aeronáutica, donde tanto el cartel de los Zetas como el de Sinaloa podrían salir beneficiados. El controvertido caso de la intervención del Ejecutivo y el ejército en las aduanas hace algunos meses, se podría suponer siguiendo esta línea, estaría ligado a estos intereses.

El caso Salcajá aportó más información al respecto, haciendo un poco más complejo el panorama. Como es sabido, de la masacre a miembros de la PNC en ese municipio fue capturado Villatoro Cano, que según fuentes pertenece a la estructura de sicarios de Los Zetas. Pero la operación solamente dañó a ese red de sicarios, no así a la que se dedica al transporte de drogas y bienes, al lavado de dinero y a la seguridad.

El sitio Insight Crime proveyó algunas hipótesis sobre Salcajá.xv Los cuestionamientos iban dirigidos a la manera como la estructura de Villatoro Cano había sido perseguida con agilidad al atacar a miembros de la seguridad del Estado, mientras que los ataques de otro importante grupo local, Los Huistas, habían pasado desapercibidos. Esto se une a los reportes sobre los vínculos de Los Huistas con personajes importantes en las filas del Partido Patriota.xvi

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En este juego de intereses, sumados a otros que nos es imposible incluir, no resulta difícil imaginar quiénes son los grupos que se oponen a que los cambios en el sistema de justicia continúen.

Ya temprano en este 2014 parece clara esta oposición. El año es fundamental: no sólo se viene una adelantada elección a Fiscal General, sino que también para escoger magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Salas de Apelación.

Todo apunta a un 2014 con muchos intereses oscuros en pugnas. Cómo concretamente se pueden perfilar estas pugnas es lo que la siguiente y última entrega buscarán mostrar.