Estados Unidos y el juicio por genocidio.

El embargo de armas y la militarización regional.

Rodrigo Véliz Estrada

Centro de Medios Independientes (CMI)

Ayer el Departamento de Estado anunció la llegada al país de Stephen J. Rapp, embajador “de mayor alcance” (Ambassador at Large) especialista en problemas de crímenes de guerra. Según la información pública del cable, en su visita tendrá reuniones con organizaciones de víctimas, misiones internacionales, la misma Embajada, y personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su estadía es corta, de miércoles al viernes, por lo que podemos esperar que el objetivo de su visita sea muy claro y específico. La visita se da en un momento en que el juicio por genocidio se encuentra suspendido, mientras presenta por momentos señales de retroceder y, peor aún, de verse anulado.

Fuente: Wikimedia Commons. Imagen con licencia Creative Commons 2.0 Wikimedia

¿A qué responde la visita del embajador de crímenes de guerra? ¿Cómo puede entenderse esta visita, tomando en cuenta el proceso regional de militarización que se ha dado en Colombia y, más reciente, en México? ¿Cuál es la postura de Estados Unidos en el juicio por genocidio?

Para responder de manera sintética a esta última pregunta es necesario tener claro que desde el 2008 el Departamento de Estado tiene reuniones con el Estado de Guatemala acerca de la importancia de levantar el embargo de armas, con el pretexto de combatir el narcotráfico en el país. El territorio guatemalteco, junto con los países del Triángulo norte centroamericano, ha pasado a ser central en el comercio de las drogas provenientes del sur del continente. En el 2006, el 33% de la droga procedente del sur de América pasaba por Centroamérica; para el 2012, esa cifra ha llegado a un 84%. Con este panorama, y tomando en cuenta la diversidad de sectores que se ven beneficiados por el tráfico de drogas (bancos, gobiernos municipales y nacionales, comerciantes de armas, variados estratos en la cadena de comercio, etc.), Estados Unidos ha decidido más que resolver el problema de las drogas, administrar de la mejor manera posible el caos que lo rige.

Y en ese aspecto la militarización de la región parece que ha sido la salida, como lo mostró por años Colombia y, por su parte, el sexenio de Felipe Calderón en México, donde varias decenas de miles de personas murieron tras declarar una guerra frontal contra algunos de los principales carteles del narcotráfico, ocasionando su fraccionamiento y posterior guerra intestina.

Si bien desde la administración de Carter, en 1977, Guatemala cuenta con un embargo de armas, por años se ha ideado formas de colaborar militarmente con las fuerzas represivas del Estado, incluido el ejército del país.

Según el sitio Just the Facts, sólo en el 2011, US$16 millones fueron donados con fines de seguridad y combate contra el narcotráfico, al gobierno de Álvaro Colom. De 1999 al 2010, se han entrenado alrededor de 3 mil 555 agentes miembros del ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC). En los mismos años, la venta de artículos militares, sin mediación de parte del gobierno de Estados Unidos, incluyendo armas, fue de US$73 millones. Este aumento en la ayuda militar se ha visto acompañado por nuevas instituciones, como la Central American Regional Security Institute (CRIS), que sólo en el 2008 donó una cantidad de US$496 millones a la región.

Tal vez uno de los principales problemas de estas donaciones sea que no sólo los gobiernos son los que están recibiendo este tipo de ayuda, sino también las organizaciones del crimen organizado, como lo mostró la infame operación Rápido y furioso, donde se descubrió el tráfico de armas por la frontera norte de México de parte de instancias gubernamentales estadounidenses a carteles del narcotráfico.

El panorama actual de la militarización es aún peor. En abril del presente año seanunció que en su Presupuesto para el año fiscal 2014, la ayuda de Estados Unidos para la Iniciativa Mérida (México y parte de Centroamérica) se verá reducida en US$124 millones, para el Plan Colombia en US$61 millones. Mientras tanto el CRIS fue el único que recibió un aumento en la región, al serle asignado un total de US$162 millones, 26 más que los que está recibiendo en el año fiscal 2012. Se afirma que tanto Colombia como México, luego de sus intestinas guerras internas, están en una etapa de capacitación y fortalecimiento institucional. Mientras que en la América Central, dada su alta conflictividad y panorama del narcotráfico, es necesario fortalecer la etapa del aprovisionamiento de material bélico costoso.

Dentro de este progresivo proceso, el levantamiento al embargo es central.

Y las relaciones diplomáticas han seguido este panorama. Según el entonces presidente Álvaro Colom en el 2009 fueron seis los requisitos que presentó el Departamento de Estado para comenzar un cabildeo en el Congreso norteamericano con el fin de terminar con el embargo. Entre los requisitos se menciona, además de la cantidad de droga incautada, la situación de los derechos humanos en la actualidad, y la apertura de archivos militares, el avance en la justicia transicional, en donde está enmarcado el actual juicio a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

Se tiene conocimiento del papel que el ex-embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, tuvo desde su llegada en preparar las condiciones para que los juicios de justicia transicional fueran llevadas a cabo con cierta celeridad (ver Wikileaks). Esto allanó el terreno para la llegada del actual embajador, Arnold Chacón, ex-especialista de la CIA y proveniente del medio oriente. Según información, desde el inicio Chacón tuvo reuniones con organizaciones de víctimas, incluida la AJR, y otras organizaciones de derechos humanos, quienes se mostraron sorprendidos por la anuencia a colaborar. Como parte de estos cambios, en septiembre del 2012 la Oficina de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de la Embajada pasó a llamarse, de manera sorprendente, Oficina de Derechos Humanos y Asuntos Militares.

Por esto es que Pérez Molina se encuentra en una encrucijada. Se sabe de los problemas que puede causarle la jurisprudencia de una sentencia por genocidio. Además de las presiones que está recibiendo de facciones del ejército contrarios a la continuidad de los juicios. Pero también se va a beneficiar, así como el ejército en general, de la militarización regional y de la posición favorable que tendrán en ese marco de alianzas.

Tomando en cuenta las tensiones sociales y la crisis más amplia que se vive actualmente en diferentes regiones del país, el avance de la militarización es al mismo tiempo una amenaza para la movilización social democrática y es, en definitiva, una iniciativa para dar salidas autoritarias a los problemas y la crisis actual, como otras veces en nuestra historia.

Este panorama general permite aclarar las razones de la visita de Stephen J. Rapp en el país. Su consigna debe ser clara: La anulación del juicio podría perjudicar el levantamiento del embargo.

Para los sectores que valoran la justicia a militares y que critican la nueva militarización del país, en contraposición a salidas que busquen una mayor democratización y consenso, la consigna debe ir buscando la justicia sin que eso implique una mayor militarización de nuestra sociedad.

La historia no debe repetirse.

NOTA: Este pequeño trabajo es resultado de una investigación más amplia sobre el problema de la militarización, la justicia por genocidio y la posición del actual gobierno. En los próximos días saldrán dos documentos como parte de un trabajo conjunto entre el Centro de Medios Independientes y El Observador que intentarán profundizar en varios de los aspectos arriba reseñados. El primer documento fue elaborado por Gustavo Illescas Arita, bajo el título «El papel de la institucionalidad de la paz en el gobierno del PP», mientras que el otro tiene una coautoría de Illescas Arita con el autor de este documento, bajo el nombre «Genocidio y militarización: La paradoja de la actual coyuntura».