¿A qué se deben los recientes ataques al Ministerio Público? Política de seguridad y la gestión de Paz y Paz

El 10 de diciembre del 2010 a Claudia Paz y Paz le fue asignada la Jefatura y Fiscalía General del Ministerio Público. La insólita elección frunció varios ceños. Su acertada política criminal, la extradicción de capos, y el juicio a ex-militares de alto rango, en un país donde la impunidad es la regla diaria, causó aún más picazón. Desde entonces, su presencia ha desatado serias tensiones en los altos círculos de poder.

Este variado descontento logró tomar un cuerpo más visible con la anulación de la sentencia por genocidio, donde los grupos y sectores inconformes hicieron transparentes sus intereses (CACIF, ex-militares, Ejecutivo, redes de abogados afines, etc.). La votación a lo interno de la Corte de Constitucionalidad (3-2) confirmó las tensiones en la alta política.

Esta alineación de fuerzas parece haber mantenido su posición y objetivo: hace algunas semanas el juicio en sí fue anulado, otros importantes juicios en línea tienden de un hilo, el presupuesto del MP fue recortado, el Congreso anunció que no convocará para integrar el Consejo del MP, y hace algunas horas se le acaba de recortar el periodo a la Fiscal (de diciembre a mayo) por lo que según reconocidos abogados es un conveniente tecnicismo sacado de contexto.

La reciente resolución de amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) es el más reciente zarpazo, entonces, en esta pugna por desplazar a Paz y Paz y sus esfuerzos por fortalecer el sector justicia. En un mar de indiferencia ciudadana, los apoyos de Paz y Paz para mantenerse en su puesto han venido temporalmente de la ONU a través de la CICIG, del Departamento de Estado, y otros países que buscan evitar serios desbalances sociales que arriesguen sus intereses.

Esta importante coyuntura se da como antesala a la convocatoria para conformar las comisiones de postulación encargadas de elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación, donde grupos paralelos y visibles buscan ceremonialmente ubicar a jueces y magistrados afines en puestos clave.

El Centro de Medios Independientes (CMI-G) ofrece una serie de artículos que intentan aclarar esta compleja problemática, centrándonos en el tema de la política por reducir la violencia en los últimos años.

a. ¿A qué se deben los recientes ataques al Ministerio Público? Política de seguridad y la gestión de Paz y Paz

b. ¿La violencia se combate con violencia? Los resultados de la “mano dura”

c. ¿Quiénes se benefician de la violencia? Élites militares y el Estado

d. ¿Quiénes se oponen a que las reformas en el sistema de justicia continúen? 2014: La encrucijada en el aparato de justicia

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Por Rodrigo Véliz Estrada (CMI-G)

Para 1999, a tres años de firmada la pacificación del país, Guatemala era un país moderadamente violento. Según datos de la Oficina de Crimen y Drogas de la ONU, en ese año la tasa de homicidios por cada 10 mil habitantes fue de 24.8. Como comparación, en ese mismo año la tasa de El Salvador era de 65.0 y la de Costa Rica se ubicaba en 6.5.

Los años que siguieron vieron un leve aumento. Y el entonces presidente, Alfonso Portillo, imitando a su homólogo en El Salvador y su Plan Mano Dura, lanzó el Plan Escoba. Esta medida consistía en llegar a los barrios marginales y arrestar a cuanto joven les pareciera sospechoso. Según un estudio al respecto, de cada cinco mil personas que arrestaba arbitrariamente la Policía Nacional Civil (PNC), a solamente el 1.1% le encontraban cargos.

Es que esa no era toda la estrategia. A su salida del gobierno e inicios del siguiente, el de Oscar Berger, se supo que dentro de la PNC y el Ministerio de Gobernación (MGOB) existían estructuras paralelas que se encargaban de asesinar a pandilleros y otras personas consideradas “sospechosas”.

Limpieza social es el eufemismo que se utiliza para esa forma de terror para-estatal. ¿Qué resultado tuvieron estas campañas?

Fácil, nada que no se espere: La violencia aumentó dramáticamente. Los grupos a los que se les ejercía la violencia reaccionaron… violentamente. Para el 2003 la tasa de homicidios se colocó en 35.0, para el siguiente en 36.3, luego en 42.0, 45.1, 43.3 y para el 2009 llegó a su pico con 46.3.

El municipio de Guatemala, que incluye muchos de los barrios y asentamientos donde las medidas fueron llevadas a cabo, pasó según el Central American Business Intelligence (CABI) de una tasa de un poco más de 75 en el 2001 a más de 130 en el 2009. Algo parecido ocurrió en Mixco y Villa Nueva (Un reciente reportaje relata la vivencia de esta violencia en un asentamiento de Villa Nueva, El Mezquital).ⁱ

A la situación se le agregó en el 2008 un lamentable factor: luego que Felipe Calderón, en ese momento Presidente de México, le declarara la guerra al narcotráfico, una de las organizaciones criminales más violentas de ese país, Los Zetas, llegó a Guatemalaⁱⁱ y comenzó a descabezar a muchas de las bandas locales de narcotraficantes.

En ese momento Guatemala había pasado de un país moderadamente violento a uno sumamente violento. Y su zona central en una de las más violentas del mundo.

No es necesario tener mucha capacidad de análisis para concluir que la estrategia no es, digamos, la más adecuada para combatir la violencia.

Para el 2009 las cosas comenzaron a cambiar. Hasta entonces el Ministerio Público (MP) había sido el hogar de personajes muy dados a tolerar la impunidad. No puede pensarse una peor situación. Sin un MP eficiente no existe la manera de detener a las organizaciones que lucran con la violencia.

José de León Argueta, ex-Fiscal General, ha sido señalado por corrupción, lavado de dinero y por esconder pruebas; por su lado, Juan Luis Florido, escogido por Óscar Berger, fue conocido por trabajar sin estadísticas básicas, y acusado de realizar acciones en beneficio de la familia Bosch-Gutiérrez, acusada de evasión fiscal y lavado de dinero.

A tanto llegó la crisis en el MP que es desde el 2002 que un Fiscal General no finaliza legalmente su periodo; sólo en el año 2010, el MP tuvo al frente cuatro fiscales generales.

Algo de calma vino con la selección de Claudia Paz y Paz, luego de una turbulenta elección que terminó con la renuncia de Carlos Castresana, titular en ese momento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como medida de presión.ⁱⁱⁱ

 Paz y Paz hizo severos cambios en el MP^iv: llevó a un nuevo y joven equipo, comenzó un proceso de destitución de fiscales que habían colaborado a entorpecer las pruebas de acusación, buscó proteger a los testigos, y cambió la estrategia de ataque a los que ocasionaban la violencia. Esta última parte resultó ser central.

Hasta ese momento, el MP trataba cada hecho delictivo, un asalto, una extorsión, un asesinato, de manera aislada. Cuando se capturaba a alguien se lograba poco, se agarraba a las pocas personas que estaban implicados directamente. ¿Y el resto de la estructura? Nada. No se le podía pedir más a semejante estrategia.

Según el Plan Estratégico 2011-2014^v, la estrategia a seguir debía tomar en cuenta no el hecho delictivo, sino el fenómeno delictivo. De manera simple, lo que se buscó fue relacionar varios hechos delictivos a través de las balas encontradas, los lugares de operación, las maneras de operar, etc.

De manera complementaria, se dio una especial importancia a la mejora de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la de Delitos contra la Vida y la Integridad de la Persona, fundamentales para llevar a la cárcel con investigaciones de calidad a las bandas y organizaciones causantes de la violencia.

Por último, ya que los juzgados acumulaban una ridícula cantidad de casos archivados (en el 2009 la ONU afirmó que en Guatemala el 2% de los crímenes eran resueltos), lo importante era agilizar los procesos judiciales para que la impunidad comenzara a deteriorarse. De esta manera se buscó resolver los conflictos menores antes de llegar a un juicio, que había sido prioridad desde la gestión de Vázquez Zárate en su paso por el MP.

Los cambios dentro del MP fueron bien recibidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que venía operando con pocos apoyos institucionales desde el 2008.^vi

Entonces comenzó una estrecha colaboración entre la CICIG y el MP. La Comisión se encargó de dar una formación de calidad a los fiscales del MP y buscó presionar para la emisión de leyes vitales para poder atacar los causantes de la violencia generalizada que carcomía al país por dentro.

Es con este trabajo que salieron las reformas a la Ley de Procesos Penales^vii, con el fin de crear Tribunales y Juzgados de Mayor Riesgo, que buscarían independencia de los jueces para poder llevar a la cárcel a grandes estructuras criminales; la Ley Aticorrupción, que estableció nuevas categorías penales para perseguir a las estructuras paralelas del Estado^viii; y la Ley de Comisiones de Postulación, una manera de hacer pública la selección de funcionarios públicos de importancia, que vio sus frutos con la selección de Paz y Paz luego de pugnas por mantener al MP a la deriva.^ix

¿Y qué resultados se obtuvieron de tantas reformas? Uno puede sólo sorprenderse.

En primer lugar, las estrategias del MP para terminar con los casos archivados buscando solucionar problemas previo al juicio dio buenos resultados. Esto permitió agilizar el trabajo de los juzgados. Los casos archivados bajaron dramáticamente. Lo que dio como obvio resultado un aumento en el número de sentencias.

 Al mismo tiempo las grandes bandas criminales comenzaron a ser descabezadas. Pero no asesinándolos, como habían buscado los anteriores gobiernos, sino llevándolos a la cárcel por medio de investigaciones completas realizadas por los fiscales del MP y juzgados por tribunales a cargo de jueces que habían pasado rigurosas pruebas, que contaban con un fuerte cerco de seguridad, y que eran bien pagados para no permitir el tráfico de influencias. Y a los capos más pesados, capaces de hacer temblar la frágil institucionalidad del sector justicia, se les extraditó.^x

Así, decenas de Zetas pasaron a la cárcel, bandas de extorsión los acompañaron, casos importantes como el de Facundo Cabral y el de Rodrigo Rosenberg fueron resueltos con asombrosa celeridad.

Y las muertes violentas, ¿bajaron? Dramáticamente. Acá los datos para la ciudad de Guatemala, de manera mensual, de enero del 2006 hasta mayo del 2012. Véase la baja a partir de finales del 2010, cuando el MP comienza sus reformas.

 

¿Y qué pasa a nivel de país con las tasas de homicidio? ¿Y los municipios del centro de Guatemala? A partir del 2009, según el CABI, lo mismo, todo tiende a la baja.

 

Para el 2011 la tasa de homicidios para el país había descendido a 38.5, y la tendencia se prolongó hasta el 2012, cuando llegó a la cifra más baja desde el 2002, diez años atrás, con 34 muertes violentas por cada 10 mil habitantes. En la ciudad de Guatemala bajó de un poco más de 130 a 80.

Aunque claro, no todo es color de rosa. Las cifras son aún muy altas según los parámetros latinoamericanos. Y no digamos del mundo, ya que América Latina es su región más violenta. Además, el MP ha recibido críticas porque las medidas para evitar llegar a juicio a veces no son consistentes y se deja afuera a criminales, que si bien no son tan peligrosos como una estructura criminal, son al final de cuentas criminales.

Y más fuertes críticas ha recibido de parte de los sindicatos y organizaciones sociales. Parte de una estructura estatal llena de fuerzas con grandes y fuertes intereses, el equipo que lidera Paz y Paz parecería que negoció problemáticas donde tendría más libertad de investigar, dejando fuera otras relevantes que podrían causar molestias a esos poderes. Su énfasis parecería ser violencia común, narcotráfico y derechos humanos. Esto ayudaría a explicar por qué los asesinatos a sindicalistas, líderes sociales y comunitarios no encuentra eco en las fiscalías del MP.

El discurso para no investigar el asesinato a sindicalistas, argumentando que son parte de la delincuencia común, es idéntico al que por años han promulgado las patronales. Esto es condenable, en definitiva. Como mencionamos, no todo es color de rosa.

Pero en los aspectos en que ha podido accionar sin frenos, los resultados en reducción de la violencia son alentadores. De eso no hay duda.

Para el 2012, el primer año de Otto Pérez en el poder, las muertes violentas siguieron su tendencia a la baja. Pero había otros problemas que era necesario complementar para que las medidas de la CICIG y el MP no fueran contrarrestadas.

El aumento en la agilidad judicial trajo como correlato, por ejemplo, el crecimiento de la población carcelaria. O qué hacer con las medidas de prevención que se habían lanzado desde la pasada gestión. Había, pues, cabos sueltos.

¿Qué medidas tomó el PP en materia de seguridad al llegar al Ejecutivo? La segunda parte de estos artículos intentará resolver esta pregunta y acercarse a sus consecuencias.