El día amaneció con una movilización campesina en varias partes del país pidiendo la renuncia de Otto Pérez Molina. La acompañó la mejor justificación posible: el ex-Secretario Privado de Presidencia, la Junta Directiva (del Seguro Social) que preside, y miembros de una empresa contratista fueron apresados por el caso de medicamentos para enfermos renales. Con esta información, se complementa lo que parece una compleja estructura paralela dentro del Estado. Y por quinta semana consecutiva, se verán fuertes acomodos en la alianza entre los empresarios y militares que componen el gobierno patriota.

Por Luis Solano y Rodrigo Véliz

Combatir la corrupción con corrupción

A inicios del año 2012 el Partido Patriota estaba estrenándose en el gobierno. Y tenía en mente un plan bien concebido: crear una estructura detrás de varias instituciones del Estado para obtener beneficios personales y para sus aliados, y buscar protegerse corrompiendo procesos de postulación de puestos del sistema de justicia.

Al menos eso parece desprenderse de las nuevas capturas que, un poco menos de 29 meses después, ha presentado la Fiscalía Especial del Ministerio Público, de la mano de la CICIG, en contra de Juan de Dios Rodríguez, la mano derecha de Pérez Molina mientras era Secretario Privado de la Presidencia en 2012.

El mismo puesto que Juan Carlos Monzón, ahora prófugo, ocupaba con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El 7 de enero de 2013 Pérez Molina anunció la destitución del entonces Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Luis Reyes Mayén, aduciendo problemas de corrupción. La Junta se partió en dos: una parte dijo que el nombramiento era ilegal. Según la Ley Orgánica del IGSS, lo era.

Mayén, con 9 años en el cargo, se negó a abandonar. Funcionarios afines presentaron amparos, pero la Corte de Constitucionalidad, con los votos de Roberto Molina y del nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado, los negó provisionalmente el 14 de enero de ese año.

El Cacif protestó: Reyes Mayén proviene de sus filas. Pero la CC no escuchó razones y a inicios de abril Juan de Dios Rodríguez tomó posesión de una Junta que se negaba a aceptarlo. Bueno, parcialmente se negaba a aceptarlo.

Mientras lograba asumir, se reunió con 3 de los 12 miembros de la Junta para informarles de su nombramiento: el representante de la Junta Monetaria, de la Universidad de San Carlos, y del Colegio de Médicos. Dos de ellos (Usac y Colegio) están ahora procesados por el caso Pisa, según las recientes capturas de CICIG. El ex Secretario tenía todo el apoyo de Presidencia: estaba protegido en la reunión por agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

La negativa de Reyes a dejar el cargo tuvo una respuesta: salió a luz un escándalo, en donde Reyes tenía relaciones sexuales con una de sus asistentes a cambio de favores laborales. El video, según expertos consultados, tiene todas las características de un plan de inteligencia militar.

¿Quién es Juan de Dios Rodríguez?

Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López es un ex oficial de inteligencia que trabajó bajo el mando del actual presidente hace 20 años. Otto Pérez Molina presidió la Dirección de Inteligencia (D-2, 1991-1993), nombrado por el jefe del Estado Mayor de la Presidencia (ahora SAAS), Francisco Ortega Menaldo, señalado de pertenecer a la Red Moreno (que heredó a La Línea). Ahí Rodríguez se ganó la confianza de Pérez Molina.

Su trabajo estuvo ligado a las operaciones de inteligencia militar como instructor de la Escuela de Inteligencia y la Dirección de Inteligencia.

Rodríguez comparte además otro atributo con varios funcionarios del actual gobierno: egresó de la Escuela de Kaibilies y pertenece a la Promoción 108 de la Escuela Politécnica. Fue compañero del capitán, empresario agrícola, y diputado por Quiché Estuardo Galdamez. A esa misma promoción pertenece el capitán Byron Lima Oliva, en prisión por el asesinato del obispo Juan Gerardi, y bajo proceso judicial por comandar una red criminal en la prisión de Pavón

A Rodríguez el diario elPeriódico lo ha señalado en más de una ocasión de “mata-amarrados”, término despectivo que usan los militares para referirse a compañeros de armas que ejecutaban, en los años de las dictaduras militares, a opositores políticos. El término retomó vigencia luego que Byron Lima lo gritara al Ministro de Gobernación, Héctor López Bonilla, durante una audiencia de su más reciente caso.

Y según una publicación, Rodríguez ayudó a Pérez Molina en el caso de Mercado de Futuros, donde se le señaló de aceptar, a través de su empresa, un cheque por Q690 mil. Pérez pagó la cifra a un juzgado, pero la Intendencia de Verificación Especial (IVE) descubrió que los fondos provenían de una deuda de una obra de Fonapaz ejecutada a través de la ONG Asader, adjudicada una empresa de Estuardo Galdamez (el diputado del PP) y subcontratada a la constructora Jumar, cuyo dueño es Juan de Dios Rodríguez.

Una nueva pieza en el rompecabezas

Un valiente periodista hizo en la conferencia del nuevo Caso Pisa una pregunta al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez: ¿Podía pensarse que los rumores que han corrido en los últimos años sobre el uso de los fondos del IGSS para pagar electores de jueces son ciertos? De ser así, ¿se podría pensar que ese dinero fue usado para poner de Fiscal a Thelma Aldana?

Aldana, que estaba presente en la conferencia, no movió ni una pestaña. Inerte, apenas esbozando una sonrisa de sorna, esperó la respuesta de Velásquez, que no perdió tiempo en contestar: No descartamos a nadie, ningún funcionario público quedará fuera de investigaciones si se cuentan con pruebas, dijo.

La situación da a entender un problema fundamental. El caso Pisa es importante porque demuestra la corrupción, pero en sí mismo no cabe necesariamente dentro de ámbito de CICIG, que persigue cuerpos paralelos.

El año pasado, mientras se escogía a nueva Fiscal General y a magistrados del Organismo Judicial, varias organizaciones y medios señalaron a Gustavo Herrera y Juan de Dios Rodríguez de maniobrar para obtener magistrados y fiscales afines al gobierno. El IGSS vendría a ser, según esos señalamientos, la “caja chica” que usaban para sobornar comisionados y diputados.

Los acompañaban, según esos mismos señalamientos, el decano de la facultad de derecho de la Universidad da Vinci, Freddy Cabrera, y de Derecho de la USAC, Avidán Ortíz. Ambos han negado su relación con Herrera y Rodríguez.

Los resultados apoyan la hipótesis: El PP logró al menos 12 candidatos, más que cualquiera de las otras fuerzas que competían en la comisión de postulación.

Entre los magistrados escogidos estaba la magistrada Blanca Stalling, que en las últimas semanas ha estado en medio del ojo del huracán. Su cuñada, la jueza Sierra de Stalling, es acusada por la CICIG de dejarse sobornar por el empresario y militante político de derecha Luis Mendizabal, que en grabaciones mencionó a la magistrada Stalling. El hijo de Stalling, Otto Molina Stalling, fue capturado este miércoles 20 por ser parte de la estructura que dio el contrato a Pisa. Y según los audios de Caso SAT, estuvo vinculado en el soborno a su tía política, la jueza Sierra de Stalling.

Al menos otro magistrado también está en la sombra del caso, es el vocal de la Corte Suprema Douglas Charchal Ramos. Hay al menos un dato que lo relaciona con las aduanas y con militares, los dos temas que surgen de las investigaciones por el #CasoSAT. Charchal Ramos fue abogado Asesor de la Empresa Puerto Quetzal (EPQ) de 1995 a 2004. Al mismo tiempo su hermano, Víctor Charchal Ramos, trabajaba en el Archivo del Estado Mayor Presidencial (EMP). Según CIDH, Víctor Charchal es uno de los posibles asesinos de Myrna Mack.

Al mismo tiempo que MP y CICIG daban su conferencia, la Corte Suprema emitió un comunicado en donde «rechazan categóricamente todo acto de corrupción», y pide respeto y apego por parte de las «entidades involucradas», las cuales no cita por nombres. Agrega que los órganos resuelvan de acuerdo a la calidad de los elementos probatorios que se les presenten, en otra alusión a los actores que empujan por el juicio. Y finaliza de manera fuerte y decidida: no tolerará injerencias de ningún organismo del Estado o autoridad. 

Los trámites de antejuicio contra las juezas Marta Sierra de Stalling, Jisela Reynoso y Carlo Patricia Flores son tan sólo la punta del iceberg de lo carcomido que se encuentra el sistema judicial.

De ser el caso Pisa una puerta para combatir la captura del Organismo Judicial, las primeras piezas están ya puestas en sus lugares estratégicos. 

¿#RenunciaYa?

La captura de Juan de Dios Rodríguez es otro golpe fuerte al gobierno de Otto Pérez Molina. En un caso extremo, podría ser el último empujón que faltaba para que finalmente dé su renuncia, luego de semanas de masivas movilizaciones que se la han pedido.

Con la renuncia de Roxana Baldetti quedó claro que Pérez Molina estaba acorralado. Y de alguna manera los hechos siguientes mostraron quién lo habían acorralado y con qué intereses lo hacían. La renuncia se dio tres días después de la sentencia de Marllory Chacón, un caso de presión de parte de Estados Unidos; y dos días después que el gran empresariado organizado, el CACIF, exigiera por primera vez la renuncia.

Para la elección de vicepresidencia, Otto Pérez Molina barajó 5 nombres como posibilidades. Tres de ellos eran personas cercanas al sector privado, y uno de ellos (el diputado Oliverio García Rodas) generó un fuerte rechazo de parte de la Embajada norteamericana, según el periodista Juan Luis Font.

Las cartas cercanas al sector privado tenían una razón: desde que se destapó el caso SAT, el CACIF nunca pidió la renuncia de Pérez Molina. La facción empresarial del partido de gobierno se retiró, también sus financistas, pero no se habló de renuncia ni los ministros empresariales salieron del Gabinete.

Otorgar la vicepresidencia a una persona no cercana a Pérez Molina es aproximarse a la puerta de salida sin un salvaguarda para el futuro, como tal vez hubiera gustado. Pero era un gesto de agradecimiento ante sus únicos cercanos.

La semana pasada, Pérez Molina anunció que para esta semana se harían cambios en su Gabinete. Según fuentes internas al CACIF, los nuevos ministros iban a ser afines a su sector. Es decir, habría un nuevo equilibrio de fuerzas dentro del Gabinete de Pérez Molina, con un sesgo favorable para el empresariado.

Envalentonados, miembros de la Junta Directiva de CACIF convocaron a la masiva marcha del sábado 16, donde la principal consigna era la renuncia de Pérez Molina. De caer el presidente, el sucesor sería Maldonado Aguirre, que desde un inicio ha hablado de hacer cambios de fondo. El CACIF, a través de varias instancias como el Foro Guatemala, ha promovido ser los abanderados para hacer esos cambios.

La salida de Pérez Molina, en este marco de intereses, ayudaría a lograr este objetivo.

Pero esta semana los rumores de cambios en Gabinete cesaron. Y el martes, en una conferencia improvisada, CACIF dijo que en ningún momento pidió la renuncia del Presidente. Todo se había malinterpretado, dijeron.

La captura viene a cambiar estos equilibrios. Por primera vez desde que la crisis comenzó, personajes ligados al gran empresariado son capturados. Max Quirín Schoder, de familiar cafetalera, es el representante del CACIF en la Junta del IGSS; y Julio Suárez fue, según Pérez Molina, “nombrado por sugerencia de la iniciativa privada”. Los dos son parte de la estructura que CICIG y el MP señalan.

Uno de los vicepresidentes de CACIF, Pelayo Llarena, dijo que no defenderán a ningún empresario sindicado, mientras que el presidente de la Cámara de Industria, Antonio López, dijo que conoce y respeta la trayectoria de Quirín, duda que sea una persona corrupta, y espera que en el proceso judicial se respete el debido proceso.

Las capturas son un golpe al gran empresariado, que ha intentado librarse de la lluvia de críticas que ha caído sobre ellos. Implícitamente, los avances dentro del Ejecutivo que han buscado han sido apoyados por la Embajada estadounidense, deseosa de actores que puedan promover cambios sin salirse de cierto equilibrio beneficioso.

Eso puede estar en juego con las capturas. La presidencia de Pérez Molina, que designó a Juan de Dios Rodríguez para el IGSS, también lo está. En caso de renunciar, nuevos equilibrios se buscarán dentro de un Ejecutivo en donde los militares ya no tendrán ninguna ventaja. Pero eso parece depender más de la Embajada, que con la valiosa información que la CICIG va soltando prepara sus siguientes pasos estratégicos.

Una nueva oportunidad de cambio se abre. Su dirección, sin embargo, es todavía incierta.

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