Un pacto por la vida
0La aguda persecución de dirigentes sociales, organizaciones y comunidades en resistencia, anula el ejercicio de derechos básicos (participación, movilización, libre expresión, resistencia) y reduce la democracia formal guatemalteca a la categoría de tiranía.
Por Andrés Cabanas
Memorial de Guatemala
«ATENCIÓN: Esta carretera fue echa por las comunidades no por la municipalidad ni por la empresa. RESPETEMOS LOS DERECHOS COMUNITARIOS»
Comunidades bajo el fuego
Se amenaza, reprime y encarcela, con argumentos (formalmente) inapelables: la violación de la ley. Pero lo técnico-jurídico como justificador de las capturas está deslegitimado por el historial de ilícitos, arbitrariedades e irregularidades cometidas por los operadores de justicia. Recientemente: detenciones ilegales (Barillas, 2 de mayo de 2012); utilización de figuras delictivas desproporcionadas (sobre todo, delito de terrorismo como en el caso de San Juan Sacatepéquez, y delito de plagio y secuestro); condenas sin individualización de responsabilidad (Saúl y Rogelio en Barillas); abuso de la prisión preventiva y renuencia a otorgar medidas sustitutivas (Timoteo Chen en Monte Olivo, preso sin juicio desde abril de 2014); injerencia de empresas en procesos judiciales (Hidro Santa Cruz, con acusaciones a Rubén Herrera, Rogelio y Saúl); chantaje: ofrecimiento de libertad a los presos, a cambio de su anuencia al trabajo de las empresas (Saúl y Timoteo Chen).
La persecución es, por ello, política: pretende anular las críticas a un gobierno construido bajo los intereses de las empresas, que niega la soberanía de los pueblos y el control autónomo de sus territorios y bienes (soberanía expresada, entre otras, en la realización de consultas comunitarias).
La agresión a personas y organizaciones es constante; debilita en el día a día; actúa por momentos con intensidad destructora (intento de desarticulación de la resistencia en el norte de Huehuetenango); utiliza medidas diferentes: jurídicas, comunicativas, políticas, violencia física, ahogo económico, desacreditación, aislamiento nacional e internacional, promoción de desconfianzas, divisiones, rivalidades y enfrentamientos intracomunitarios y entre representantes de comunidades y representantes de organizaciones. Es, así, una ofensiva general y multifacética, ante la que no sirve oponer acciones desarticuladas.
Aunque se apoya en la coyuntura y el corto plazo (permisividad de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia; exigencia de los financiadores del actual gobierno para viabilizar proyectos antes del cambio de ejecutivo; cercanía del proceso electoral y consecuente relajamiento y dispersión de las resistencias), la persecución define objetivos y acciones en el medio y largo plazo. Es una ofensiva de tiempo completo, con el objetivo de viabilizar un modelo económico para la extracción hasta el límite de todo tipo de recursos de las comunidades, y un modelo político de control de población y territorios, intrínsecamente violento.
Por ello, la violencia contra las luchas sociales va más allá del actual ejecutivo patriota y su lógica de seguridad y enemigo interno. Algunos precandidatos presidenciales marcan distancia con la propuesta promilitar de este gobierno y enfatizan la generación de empleo y la solución de la crisis económica como ejes de su propuesta. Sin embargo, el reposicionamiento político de la Inteligencia Militar (como ente de control de resistencias para la gobernabilidad empresarial); el despliegue de seguridad bajo criterios militares, con la creación de Escuadrones Militares para la Seguridad Ciudadana; la multiplicación en las comunidades de todo tipo de informantes y agentes de desestabilización a sueldo; y los deseos de uno de los arquitectos de la agresión, el ministro López Bonilla, de continuar en el Ministerio de Gobernación con un nuevo ejecutivo, amenazan con la réplica de la persecución actual después de septiembre de 2015: la criminalización como política de Estado y la multiplicación de presos y perseguidos políticos en todo el territorio.
Democracia de mínimos
Represión, centralización, militarización, autoritarismo, desconocimiento de leyes, corrupción y saqueo del Estado, reducción de derechos: este momento preelectoral es también el instante de más bajo ejercicio democrático en la historia reciente. Aunque en el país no funciona una dictadura clásica, se instala o se ha instalado ya un modelo político tiránico, afincado sobre el poder económico y el poder militar, fortalecido por:
los megaproyectos construidos y otros en proceso, como el gasoducto trinacional (México, Honduras, Guatemala) para la explotación y distribución de gas natural y el hipercontaminante gas de esquisto, obtenido a través del fracking[1]);
la generación de un marco legal para la expansión sin obstáculos de las empresas (salarios diferenciados, exenciones fiscales, construcción en un futuro de territorios autónomos –ciudades modelo, con juridicidad, legalidad, seguridad y gobierno propio- para el desarrollo empresarial);
el control del Estado y el poder político;
la violencia como garantía para la reproducción del poder;
la amplificación de la dependencia neocolonial: Alianza para la Prosperidad, que subordina Guatemala a la agenda exterior de Estados Unidos.[2]
Este modelo expoliador autoritario, no exento de contradicciones y disputas (entre economía tradicional, criminal y emergente, y entre diversos actores, incluidas transnacionales) quiere reforzarse con una reformulación de la Constitución vigente, para adaptarla a la realidad y necesidades actuales de los actores dominantes (nuevo pacto de élites). Esta adaptación gira, en las expectativas de actores de poder, alrededor de la eliminación del carácter garantista de la actual Carta Magna, el desconocimiento de los Convenios internacionales de protección a los derechos humanos, la negación de los derechos de comunidades indígenas, la privatización del subsuelo y la negociación de nuevas reglas para el reparto del poder político (con reformas a la ley electoral y de partidos políticos y al actual sistema de justicia).
Un pacto por la vida
El modelo de explotación se expande, se construye para el hoy y el largo plazo, actúa desde frentes múltiples, articula lo legal y lo ilegítimo, se apoya en la persecución y la criminalización.
La defensa del territorio y la vida (que implica defender y ampliar los derechos colectivos, y proteger y apoyar la lucha de las comunidades, organizaciones y dirigentes) plantea retos mayúsculos. La existencia de presos políticos revela tanto la naturaleza depredadora del poder político y económico, como las dificultades de las resistencias para detener la agresión y construir a medio y largo plazo nuevas formas de organización social, política y económica.
Las respuestas desarticuladas, focalizadas, exclusivamente reactivas, son insuficientes para enfrentar la agresión: por ejemplo, las medidas jurídicas desvinculadas de la acción política, y viceversa. No bastan las acciones desde un solo ámbito de lucha o un solo territorio. Debemos reconocer que no logramos superar y nos hace daño la fragmentación entre representantes de pueblos, comunidades y organizaciones; la incomunicación y la desinformación; la multiplicación de las desconfianzas; la continuación de una cultura política determinada por el caudillismo, más que por la construcción colectiva; las divisiones por cuotas y participación electoral, presentes ya en los movimientos, sin reconocer que el proceso electoral es, también, escenario para la resolución de disputas intraelitarias, que cambien la forma sin modificar la orientación de fondo.
El momento requiere de un gran pacto que defienda y desarrolle un nuevo proyecto, articulado desde la colectividad, la horizontalidad, el reconocimiento del aporte de todos y la necesidad de todos los aportes, la valoración de las pluralidades (no existe una sola forma, una sola visión, un solo proyecto), la renuncia, de ser necesario, a privilegios y liderazgos preestablecidos, la renovación de las miradas y las formas de hacer política, sobre todo a partir del aporte de los jóvenes, la construcción de un sujeto político social con una nueva ética y accionar, la solidaridad como eje fundamental (empezando con la solidaridad con los perseguidos políticos y sus familias).
No es un pacto o agrupamiento mecánico de organizaciones y siglas, coyuntural, basado en cuotas de poder, diseñado para o ante el periodo electoral. El objetivo es fortalecer la colectividad y el gobierno de lo público, frente a un Estado construido por y para las empresas, a partir de principios comunes y articulaciones nuevas.
Es un pacto para la libertad de Rogelio, Saúl, Rigoberto, Timoteo, los cuatro líderes de San Juan condenados a casi 300 años de prisión, Bárbara, Adalberto, Chico, Arturo, vós y yo: todos los amenazados en nuestros derechos fundamentales, incluidos el derecho a soñar y plantear un mundo nuevo. Un pacto para construir entre todas y todos una nueva vida.
