Ríos de Lucha: Video-entrevista a 5 presos políticos del norte de Huehuetenango

Un testimonio de Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Rigoberto Juárez y Sotero Adalberto Villatoro desde el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18, Ciudad de Guatemala.

Por: Acoguate y CMI-Guatemala (Versión publicada originalmente acá)

El norte de Huehuetenango

Por sus peculiares características, el territorio representa una de las regiones geo estratégicas a nivel nacional, especialmente apto a la explotación minera y a la producción eléctrica. La riqueza del subsuelo, la abundante presencia de fuentes de agua, así como las amplias extensiones de bosque, han atraído por décadas importantes intereses económico que han encausado, partícipe la cercanía con la frontera méxicana, la construcción de la Franja Transversal del Norte(1). El sector económico que en los últimos diez años ha protagonizado la avanzada empresarial en el territorio ha sido el de la generación hidroeléctrica, conducido por empresas nacionales y transnacionales cuyos proyectos se benefician en su mayoría de prestamos de instituciones financieras internacionales de desarrollo.

Desde el 2006, por iniciativa de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango  – ADH–,  se iniciaron en el departamento procesos de consulta comunitaria de buena fe(2) en torno a la explotación de los recursos naturales, en conformidad con las prácticas ancestrales de toma de decisión colectiva y el marco legal internacional relativo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas(3). A la fecha, 29 de los 32 municipios del departamento de Huehuetenango han realizado procesos de consulta, ejercicio de democracia directa que ha puesto en evidencia el rechazo de la población a la explotación de los bienes naturales de su territorio.

Con respecto a la industria minera el registro catastral minero del Ministerio de Energía y Minas, reporta un total de 30 licencias de explotación vigentes en el Departamento de Huehuetenango5, de ellas tres se encuentran en la región Norte de este departamento. En cuanto a la industria hidroeléctrica existen en cambio 5 autorizaciones vigentes para proyectos mayores a 5MGW, todos ubicados en la región norte del departamento:

• proyecto La Cascata (137MW) de la empresa italiana Enel Green Power Guatemala S.A., a ser desarrollado en el municipio de Soloma,
• Hidroeléctrica San Luis (12.2MW) de la empresa guatemalteca CINCO M S.A. en el municipio de Santa Eulalia.

Además de los 3 proyectos que conforman el conglomerado de producción hidroeléctrica previstos para la microregión de Ixquisis:

• Pojom II (20MW) de la Generadora San Mateo,
• San Andrés (10.8 MW) de la Generadora San Andrés,
• Pojom I (10.2MW) de la Generadora del Río, todas subsidiarias de la empresa guatemalteca Promoción y Desarrollos Hídricos (PDHSA).

Existen asimismo tres autorizaciones vigentes en el departamento de Huehuetenango para proyectos inferiores a 5MGW, entre ellos el proyecto Canbalám I, de la empresa Hidro Santa Cruz, filial de la española Hidralia, ubicado en el Municipio de Santa Cruz Barillas.

La resistencia comunitaria y la represión estatal

Frente a los procesos comunitarios de resistencia, cuyas expresiones más tenaces han surgido en los Municipios de Barillas, (Sociedad Civil de Barillas), Santa Eulalia (Movimiento Social de Santa Eulalia) y San Mateo Ixtatán (comunidades de la microregión de Ixquisis) las empresas que pretenden instalar sus proyectos en estos municipios respondieron con diferentes estrategias, ilegales y lesivas de los DDHH, entre ellas intentos de división inter e intra comunitaria, cooptación  de líderes, actos violentos perpetrados en su mayoría por agentes de seguridad privada contratados por las empresas como asesinatos(4), agresiones con armas de fuego, secuestros e intoxicación por gases lacrimógenos, amenazas e intimidaciones.
La respuesta estatal ante la conflictividad en la región, ha sido caracterizada por el amplio despliegue de fuerzas policiales y militares y la acción represiva. Se señala en este sentido, el estado de sitio impuesto por el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en Santa Cruz Barillas, a raíz de los hechos del 2 de Mayo de 2012, que tuvo una duración de 13 días, durante el cual, se realizaron 15 detenciones de líderes comunitarios por supuesta participación en los disturbios.

Particularmente desgastante para los movimientos ha resultado la estrategia de difamación e criminalización impulsada por las empresas y dirigida a perseguir penalmente a líderes y autoridades comunitarias. Ella se avale de la complicidad de  autoridades locales encargadas de administrar la seguridad y la justicia, y se manifiesta por medio de numerosas órdenes de captura respaldadas por denuncias que usan tipos y figuras legales amplias y ambiguas, la práctica de detenciones arbitrarias, ejecutada en algunas ocasiones por actores no estatales, el prolongamiento inmotivado de la prisión preventiva(5), la paralización de casos jurídicos, el aumento de denuncias en contra de defensoras y defensores en comparación con el estancamiento de las denuncias que ellos interponen por ataques sufridos.

Actualmente, seis defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos del Norte de Huehuetenango, se encuentran en prisión preventiva, a la espera de ser juzgados por los delitos de detenciones ilegales, coacción, obstaculización de la acción penal e instigación a delinquir.

A partir de hoy, miércoles 6 de julio se estará llevando a cabo el debate ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, nivel 15, torre de tribunales.

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(1) Para profundizar ver “Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte” de Luis Solano. CEDFOG, El Observador, 2012

(2) Alba Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr “Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio. Sistematización de experiencias 2008-2009.”Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango, 2010.

(3) Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. (Fecha de ratificación: 10 de abril de 1996. Decreto del Congreso de Guatemala número 9-96, del 5 de marzo de 1996.)

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

(4) El 1 de Mayo de 2012 se registra en Santa Cruz Barillas el asesinato de Andrés Francisco Miguel, e intento de asesinato de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, líderes comunitarios barillenses, según reportan los comunitarios por parte de personal de seguridad de la Empresa Hidro Santa Cruz. El 16 de abril de 2013 fue encontrado el cadáver de Daniel Pedro Mateo, en Santa Eulalia, casi irreconocible y con numerosas marcas de tortura. El 7 de Abril del mismo año había sido secuestrado tras su participación en la actividad de fundación de la Resistencia “Nuevo Amanecer” en Santa Cruz Barillas.

(5) Se señala el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes de Santa Cruz Barillas, declarados inocentes el 28 de Octubre de 2015 por el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango y liberados e 14 de Enero de 2016 tras mas de dos años en prisión preventiva.