Presión empresarial contra instituciones de justicia

En los últimos días, las principales organizaciones empresariales de Guatemala se han manifestado contrarios a las decisiones adoptadas por la Corte de Constitucionalidad (CC), en relación con la suspensión de los proyectos Oxec I y II. Proliferan comunicados y campos pagados en los cuales hay un común denominador: responsabilizar a los órganos de justicia de los efectos dañinos que sus decisiones pueden tener para el país. Y esto, no obstante, al llamado que el CACIF ha hecho a la CC a no dejarse coaccionar. ¿Quién coacciona?

Por Luis Solano

Proliferan comunicados

Las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 17 de febrero y el 4 de enero, respectivamente, han provocado la protesta empresarial en defensa del millonario proyecto hidroeléctrico Oxec I y II.

La ultima de esas manifestaciones, contrarias a lo emitido por esos órganos de justicia, proviene de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC) y la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (ANACOVI), las cuales publicaron un campo pagado conjunto publicado en medios de prensa el 14 de marzo.

Hace una semana, la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala, publicó otro comunicado, con lenguaje parecido al de los comunicados emitidos por la Cámara de Finanzas de Guatemala y la Asociación de Generadores de Energías Renovables (AGER) con el respaldo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el 22 de febrero. La AGER realizó una conferencia de prensa donde estuvieron su presidente, Carlos Colom Bickford; el presidente de la Autoridad del Mercado Mayoritario (AMM) y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNNE).

El más importante de todos los comunicados, es el de la máxima instancia empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el cual fue emitido el 28 de febrero.

En ese comunicado, CACIF manifiesta: “Nuestro llamado a los operadores de justicia y concretamente a la Corte de Constitucionalidad, así como al Congreso de la República por medio de sus legisladores, para que tomen decisiones de acuerdo con su conciencia y en ejercicio de su libertad e independencia, basándose en criterios que prioricen, en todo momento, los intereses de país y el respeto a nuestro marco legal constitucional. Lo anterior debe suceder sin coacciones de ningún tipo, haciendo caso omiso de pretendidos mensajes que hacen llegar intermediarios -que no responden más que a intereses políticos o particulares-, o a la amenaza percibida de repercusiones posteriores derivadas de las decisiones que tomen.” (subrayado nuestro).

Este comunicado es importante porque hace ver que los órganos de justicia podrían estar resolviendo en función de presiones a las que estarían siendo sometidos. Sin citar de dónde podrían provenir las “coacciones” o “mensajes”, el resto de comunicados mantiene la misma línea de cuestionamiento. Además, se coloca a los órganos de justicia en una posición incómoda, como responsables de los efectos contraproducentes que tendrían para el país dictaminar contra los intereses de Oxec.

Lo que dicen los otros comunicados

Por ejemplo, la Cámara de Finanzas de Guatemala anota en su comunicado que: “…insta a la reflexión a los Honorables Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que, previo a emisión de su resolución, tomen en cuenta las dañinas consecuencias económicas, de desarrollo empleo y bienestar de los guatemaltecos que pueden desencadenarse con mantener la Resolución Definitiva recurrida y suspender la autorización de Oxec I y Oxec II.”

Mientras que el de la AGCC y ANACOVI, indica que “La suspensión de autorizaciones emitidas por el Estado, no sólo castiga al empleo y la inversión, sino que es una acción innecesaria para generar diálogo entre el Estado y cualquier población afectada. Por lo anterior, instamos a los honorables Magistrados de la Corte de Constitucionalidad a que tomen en cuenta las graves consecuencias de sus decisiones y se basen en criterios que prioricen el desarrollo y bienestar de Guatemala.”

Por su parte, la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala, manifestó su “preocupación” por “Las últimas resoluciones judiciales emitidas en los casos de Oxec I y II, ya que no solo se está poniendo en riesgo la matriz energética de Guatemala lo cual generará un incremento considerable a la tarifa de energía eléctrica, afectándose a todos los guatemaltecos, sino además, la afectación que puede tener a los financistas nacionales y extranjeros de estos proyectos, de manera que solicitamos a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que al momento de emitir la resolución de este caso lo hagan fundamentados en ley y rechazando cualquier tipo de presión.”

Paradójico resulta entonces que en todos los comunicados se haga ver, directa o indirectamente, que los órganos de justicia, y sobre todo la CC, estarían bajo presiones para dictaminar. Pero al mismo tiempo, el lenguaje de los comunicados, que conjuntados forman una especie de frente empresarial para proteger sus intereses y los de los empresarios nacionales y extranjeros en Oxec, denota fuertes presiones a la CC para que resuelva a favor de Oxec. De no hacerlo así, los efectos dañinos para el país serían su responsabilidad, según se desprende de ese lenguaje.

Los intereses que se defienden

En otros artículos, CMI ha publicado los poderosos intereses nacionales y extranjeros que hay detrás del proyecto Oxec. Igualmente, el proceso legal que llevó a su suspensión.

Ese caso se une al cierre del proyecto hidroeléctrico de Hidro Santa Cruz, S.A., decidido por la empresa y publicado en un comunicado de prensa, el 22 de diciembre de 2016. En ese proyecto hubo fuerte oposición comunitaria lo cual obligó a su cierre en el municipio de Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, no sin antes los opositores experimentar un proceso de violencia y criminalización de sus liderazgos y hasta un Estado de Sitio en ese municipio, en 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina. 

Un caso parecido se cierne sobre los proyectos hidroeléctricos en Yich K’isis (Ixquisis), San Mateo Ixtatán. Los comunitarios que se oponen y resisten a la construcción de ese proyecto, en contextos de criminalización y de violencia, se encuentran en una fase de potencial diálogo entre diversos sectores y el gobierno.

El caso de Las Lajitas

Sin embargo, una de las resoluciones recientes de la CC, que también estaría detrás de la posición empresarial manifestada en los comunicados, tiene que ver con la suspensión provisional de la licencia minera Las Lajitas, en el los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, Santa Rosa, dada a conocer el 21 de diciembre de 2016, y que trascendió muy poco.

Las Lajitas tuvo un permiso solicitado al Ministerio de Energía y Minas en 2008, a nombre de Esperanza Elizabeth Picón Castro, registrado como licencia de exploración SEXR-067-08, para explorar los minerales metálicos cobre, cadmio, níquel, cobalto, zinc, plata, plomo, oro, platino y paladio.

De acuerdo con Prensa Libre, (21 de diciembre de 2016) en la resolución de la CC, se señala que “dentro del expediente no consta el informe en donde se afirme que se atendió lo regulado en el artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual fue ratificado por Guatemala”, en la cual se “establece que se debe consultar a los pueblos interesados para determinar si estos serían perjudicados.”

En ese sentido, se recuerda que 17 de agosto de 2011, se realizó la Consulta Municipal de Vecinos en el municipio de Casillas, rechazando la actividad minera en el municipio votando por el NO el 98.61% de los votantes.

Pese a esa consulta municipal, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió la resolución 223, con fecha 19 de agosto de 2015, otorgando la licencia de exploración minera denominada Las Lajitas, en las áreas ubicadas en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, por el plazo de tres años. El 9 de diciembre de 2015, el entonces alcalde de Casillas, Felipe Rojas, con el apoyo legal de CALAS, presentó una acción constitucional de amparo ante la CC.

Esos fueron los antecedentes de la resolución de la CC, que consideró, según Prensa Libre, que “es meritorio otorgar el amparo provisional a la comuna de Casillas y deja en suspenso temporal la resolución”, por considerar la resolución del MEM como lesiva.

No obstante que el MEM tiene inscrita como titular de la licencia Lajitas a la señora Picón Castro, la empresa minera a la que realmente le pertenece es a la canadiense Gunpoint Exploration Ltd. (GEL), cuyo presidente es Randy Reifel, quien también preside a la minera canadiense Chesapeake Gold Corp. y es uno de los directores de Goldcorp, que opera en Guatemala por medio de su subsidiaria Montana Exploradora.

Lajitas pertenece al proyecto minero Escorpión, que yace entre las varias licencias mineras de la canadiense Tahoe Resources, que opera con su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. en el proyecto Escobal, en San Rafael Las Flores, al cual se encuentra contiguo (ver mapas).

Mapa del proyecto Escobal, donde se ubica el proyecto Escorpión y la licencia Lajitas (flecha roja)

Fuente: Tahoe Resources y elaboración propia.

Fuente: Gunpoint Exploration Ltd.

GEL opera en Guatemala con su subsidiaria Hunt Exploración, S.A., inscrita en el Registro Mercantil en 2011, por el abogado y militar Alberto Antonio Morales Velasco, representante legal de varias empresas del Grupo Campollo y de la Corporación Multi Inversiones, de la familia Bosch Gutiérrez. El representante legal de Hunt Exploración es José Mariano Muñoz Rodríguez, también representante legal de varias empresas del Grupo Campollo. La sede de la Hunt Exploración es el Edificio El Triángulo, propiedad del Grupo Campollo y sede de las empresas de ese grupo empresarial considerado de los más importantes de Guatemala.