¿Por qué se estancó el Juicio por Genocidio y no el de la Quema de la Embajada?
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Pedro García Arredondo. Foto: Roderico Yool
Las primeras tres semanas de 2015 demostraron, a través de dos casos emblemáticos, el fruto de las elecciones a jueces en 2014. La sentencia del juicio por la quema de la embajada de España en enero y la continua frustración del Juicio por Genocidio permiten entrever que la Justicia Transicional, la que condena a autoridades por abusos durante los años de las dictaduras, pudieran estar llegando a su fin. Las decisiones de juezas y Salas confirman que requerirá mucha fuerza política hacer que otros casos de importancia avancen y que nuevos se abran.
Por Rodrigo Véliz
I
La anulación de la sentencia por genocidio en mayo de 2013 fue una decisión política. No hay otra forma de verla. El haber pasado por encima de las formas, el haberlo hecho un día después que la facciones más conservadoras del capital nacional organizado (CACIF) exigieran su anulación, y la pugna de 3 votos contra 2, hizo ver con claridad el proceso. Nada tenía que ver ahí la justicia pronta. La cúpula sobreviviente del Estado militar se estaba blindando.
Desde entonces todo tomó un tinte más transparente a la vista: el sistema de justicia guatemalteco fue finalmente desnudado. La mezcla de realismo y decepción que provocó la anulación de la sentencia hizo ver con más agudeza (y menor ilusión) las elecciones para Fiscal General y para magistrados del Organismo Judicial.
La lección política se complementó al saber cómo los mecanismos de corrupción de jueces y magistrados fue instituido desde la transición de las dictaduras militares a los gobiernos civiles. Esos mecanismos han sido así desde hace casi 30 años, con la diferencia que ahora las élites empresariales son las desplazadas en favor de grupos militares (alrededor del oficialismo) y de operadores políticos emergentes (Lider).
Esta alianza, como se dijo muchas veces, se repartió la cabeza del Organismo Judicial para blindarse de futuros procesos. El caso por Genocidio es uno de esos procesos.
II
La sentencia por la Quema de la Embajada de España es un hecho histórico. Finalmente una de las más grandes masacres urbanas de la historia del continente llevó a un responsable a la prisión. Una muy bien estructurada investigación permitió aclarar los hechos y confirmar el terror estatal de los años de Romeo Lucas García (1978-1982). Esto es algo que no hay que olvidar.
Tampoco hay que olvidar que para que eso ocurriera pasaron 15 años de luchas por hacer que el caso avanzara, en las cortes locales o en extranjeras. La imposible extradición de Lucas García; la muerte del exJefe de la Policía Nacional, Germán Chupina; y la fuga del ex Ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez; todo ocurrió antes de que pudiera comenzar el juicio.
Al final quedó solitario frente a la demanda el Jefe del Comando 6, el órgano ejecutor de la masacre, Pedro García Arredondo (PGA). Según la sentencia, PGA fue el agente operativo, no intelectual.
Despejado el Alto Mando de peligro, el caso logró avanzar. De ahí hasta la sentencia condenatoria. De lo contrario, el caso encontraba múltiples frenos.
El único apoyo que recibió PGA fue el de una organización de extrema derecha, Fundación contra el Terrorismo. Nadie más se lo dio. Como se dijo en su momento, en el caso de la cadena militar de mando un cuadro raso siempre será un cuadro raso. Por PGA ninguna fuerza de derecha movió un dedo.
III
Pero la sentencia no estuvo lejos de la polémica. Si bien se dio con una votación unánime, al momento de querer vincular al Estado como responsable, el Tribunal B de Mayor Riesgo se partió nuevamente a la mitad y votó en contra. Como consecuencia, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y otros funcionarios públicos no tendrán que pedir disculpas a las víctimas.
El Tribunal se dividió según un patrón que se repite: la Presidenta del Tribunal, Janeth Valdéz, votó a favor de que se vinculara al Estado, mientras que las vocales, María Eugenia Castellanos y Sara Yoc, votaron en contra. Estas dos juezas votaron también juntas para aceptar la recusación en contra de Valdéz en el caso por Genocidio, con lo que se frenó nuevamente el juicio y se tendrá que buscar una nueva jueza (o juez).
El caso de la Vocal María Eugenia Castellanos es importante para entender las presiones al sistema de justicia que mencionamos arriba.
Su hija es Heidy Pamela Delgado Castellanos, recién electa magistrada Vocal I de la Sala Mixta de la Corte de apelaciones del Departamento de Izabal. En 2001, Delgado Castellanos se casó con Allan Castro Tejada, Secretario General de la Vicepresidenta Roxana Baldetti. Castro fue recientemente despedido presuntamente por hacer negociaciones con Gustado Herrera a espaldas de Baldetti. Pero mantuvo un puesto secundario dentro del Ejecutivo, es decir, no fue desplazado.
Previo a ser electa magistrada de sala, Delgado Castellanos era asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República.
De la jueza Castellanos no se habían escuchado señalamientos hasta ahora que su hija logró entrar al Organismo Judicial votada principalmente por la bancada del Partido Patriota.
Sobre la correlación de fuerzas que permitió el avance y cierre del caso, ver:
El tutelaje de Estados Unidos y el juicio por genocidio
IV
Desde que el proceso se abrió a fines de la década pasada, la estrategia de la defensa de los militares del Alto Mando ha sido la misma: ganar el juicio no con un litigio capaz y un debate sobre las raíces de lo que se está juzgando, sino usando recursos (herramientas de defensa que permite el Código Procesal Penal) para que otras instancias con jueces o magistrados cercanos resuelvan a su favor.
Con el asalto a las cortes y la consigna de no hacer avanzar los casos de Justicia Transicional, esa estrategia tiene ahora mucho más sentido.
Los procesos que tienen frenado el Juicio por Genocidio, el de fundamentar la negación a la amnistía y la recusación a la Jueza Janeth Valdéz, están en Salas en donde hubo un interés especial por ubicar a operadores políticos leales a la estructura de poder.
La recusación de Valdéz, validada dos votos contra uno por el Tribunal de la que es parte, está en manos de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, una sala con importancia fundamental.
La Sala fue creada en 2012 por el ex magistrado César Barrientos Pellecer (+). En general, las Salas de Apelación se encargan de conocer en segunda instancia todo lo que pasa en los juzgados y tribunales. En ellas se puede validar o rechazar lo que allí ocurre (desde recusaciones hasta sentencias). Es una especie de salvaguarda y, por eso mismo, un órgano codiciado. Por eso es que la clase política se niega a reformar el sistema de justicia.
Barrientos creó los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo en 2009, espacios con mejores condiciones para tener casos de alto impacto (mejor seguridad, mejores salarios, un sistema más estricto de elección, etc.), pero Salas ordinarias seguían siendo corruptas y conociendo los casos. Por eso crearon la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo. Y con algunas salvedades, esta Sala había funcionado bien a cargo del magistrado César Rojas Cetina (ahora magistrado de la Corte Suprema).
Pero en las últimas elecciones del 2014 fue lo primero que se puso en la mira. Al final, se integró como parte de una negociación amplia: la presidencia quedó a cargo de Anabella Cardona, fiel al Partido Patriota y con numerosos señalamientos en su haber, y en las vocalías quedó el hermano de un diputado de Lider (Reyes Lee) y otro con el visto bueno de la Embajada (Oxom). Esta Sala, con esta carga política, es la encargada de conocer la recusación de la Jueza.
En 2010, un año después de ser elegida Jueza del Tribunal VII de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente., compró un terreno en Carretera a El Salvador por más de Q600mil, y aparece como co-dueña del Fideicomiso de Administración de Cañadas de Arrazola, por un valor superior a los Q11 millones.
En 2011 representó a la Asociación de Jueces y Magistrados del OJ (AJMOJ), de quien ha sido presidenta varias veces, ante la Asamblea General de la OEA, realizada en El Salvador. Fue vocal I de la AJMOJ (2011-2012) y en 2013 ganó la presidencia, siendo reelegida en 2014.
En septiembre de 2013 fue removida del caso Fraijanes II por una recusación presentada por la CICIG, tras haber hecho declaraciones reiteradamente en su contra en la radio Emisoras Unidas.
En 2013 Cardona Cámbara se opuso a la propuesta de Gabriel Medrano, entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de reformar la Ley de la Carrera Judicial.
La entonces jueza, constituida en calidad de Tribunal Unipersonal, absolvió a Arison Bubicely Cordón y a Julio Alvarado, vinculados al alcalde de Chinaultla, Arnoldo Medrano, quienes habían sido acusados de corrupción por supuestamente simular la recaudación del IUSI por parte de la empresa Dimaco, que cobró una comisión por ello a dicha municipalidad.
Jairo Hernández Reyes, recientemente condenado por el asesinato de la abogada Lea de León, fue absuelto por el mismo tribunal por la muerte de seis personas sindicadas de narcomenudeo.
Cardona Cámbara fue criticada en octubre 2014 por no apoyar las acciones que tomaron 50 jueces a favor de Claudia Escobar, magistrada de la Salta Quinta del Ramo Civil, quien renunció al cargo para el que fue electa.
En la comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia votó constantemente a favor de los candidatos que se rumoraba estaban con el PP. Eso le valió el apoyo de estas fuerzas. Al meter su papelería para continuar siendo magistrada de Sala, los operadores del PP votaron a favor de ella.
El vocal Reyes Lee es hermano del diputado de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) Fidel Reyes Lee, quien también es el rector de la Universidad Rural, la cual tuvo a un representante dentro de la postuladora que definió la lista final de aspirantes a Salas de Apelaciones.
Graduado de la Universidad Mariano Gálvez en noviembre de 1999. Ex-fiscal del Ministerio Público en Delitos Económicos, fue electo varias veces como parte del Consejo del MP. En la última ocasión, en junio de 2014, fue uno de tres electos en Asamblea de Fiscales. Es su primera vez como magistrado de Sala.
La amnistía, por su lado, será resuelta por la Sala I de Apelaciones en el Ramo Penal. La CC pidió a la Sala que fundamentara mejor su resolución, que no otorgaba la amnistía a Ríos Montt.
Desde entonces, más de 60 magistrados se han negado a conocer el caso. La razón era sencilla: las elecciones del OJ se acercaban y nadie quería entrar en desgracia frente a unos electores conservadores (Congreso y Comisiones de Postulación controlados por las mismas fuerzas).
El Congreso llegó a tal punto que pidió una lista de los magistrados que se habían negado a conocerlo. De esos 60 magistrados, 35 buscaron la reelección. Sólo 10 pasaron el filtro del Congreso, que castigó al resto por no haberse pronunciado con respecto a la amnistía.
Esa presión política es la que tienen ahora los magistrados de la Sala I de Apelaciones en lo Penal, constituida por ex-fiscales del Ministerio Público. Una de ellas, Aura Marina Mancilla ya se inhibió de conocer el caso.
Abogado de la USAC en 1990. Fue agente fiscal del Ministerio Público desde agosto de 1994 hasta mayo de 2008, cuando renunció. Se desempeñó posteriormente en el Instituto de la Defensa Pública penal como defensor público en Mixco a partir de esa fecha. En la antigua gestión (2009-2014) fue Presidente de la Sala de Apelación Mixta de Quiché. Según Prensa Libre: «Opositores a la administración del alcalde de Chichicastenango, Sebastián Xon Cortez, anunciaron medidas por la resolución de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché, que supuestamente declaró sin lugar la solicitud del segundo antejuicio contra el jefe edil, acusado de corrupción». Buscó ser Fiscal General en 2010, en donde fue fuertemente criticado por la CICIG. Finalmente no recibió apoyo de la Comisión de Postulación. El derechista Movimiento Cívico Nacional lo criticó en esa ocasión.
Abogada y notaria por la Universidad Rafael Landívar, cuenta con 25 años de ejercicio profesional. Estuvo en el Consejo del Ministerio Público, del 2010 al 2012, cargo que se obtiene por elección. Participó en la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos. En la pasada gestión fue la magistrada suplente de la Sala Cuarta de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. También aparece en 2013 como Jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos. Cuando sube el fiscal Orlando López, la mueven a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Se lanzó en las últimas elecciones para ser Procuradora de Derechos Humanos, pero no fue elegida. Buscó ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia en 2014, pero no recibió suficientes apoyos.
Como fiscal anticorrupción, Rodríguez estuvo a cargo del caso contra el expresidente Alfonso Portillo. Durante su carrera por ocupar la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio y como aspirante a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, se le vinculó con el oficialismo. También se desempeñó como asesor del Seguro Social.
Los abogados de Efraín Ríos Montt, mientras el ex dictador descansa atrás. Foto: Roderico Yool.
V
Para lograr una sentencia por la masacre de la Embajada de España el incansable trabajo de los querellantes fue fundamental. Pero igual de importante fueron los tribunales de Mayor Riesgo y, más importante aún, que los miembros del Alto Mando de 1980 estén muertos o prófugos.
Que en el Juicio por Genocidio pase lo contrario, que las altas figuras estén vivas y que otros que colaboraran, tanto en lo operativo (como el actual Presidente) como en el financiamiento (como los empresarios que exigieron la anulación de la sentencia de 2013), obligó a continuar cerrando los canales para que el caso avanzara. Eso pasó por doce años hasta que se abrió una ventana de oportunidad que logró llegar a una sentencia. Pero esa ventana se ha cerrado progresivamente. Y con las salas tomadas por esas mismas fuerzas que quieren evitar investigaciones en su contra, podrían pasar varios años con interminables trabas.
Esa es la diferencia entre los dos casos, y la razón de su estado actual.
Con la carrera electoral oficialmente a tres meses y con la turbulencia política que ocasiona el Juicio por Genocidio, el 2015 verá pocos avances en juicios a militares o civiles. Y que los juicios continúen en un siguiente gobierno dependerá de los equilibrios que se logren entre las grandes fuerzas internas y externas (Embajada y ONU, CICIG) en los próximos meses hasta fines de año.
Para el Departamento de Estado los casos de justicia transicional son importantes por dos razones clave: para limpiar el ejército de sus elementos vinculados al terror estatal y al narcotráfico, y dar elementos para que el Senado norteamericano levante el embargo de armas al ejército guatemalteco. Las dos razones en relación con la militarización de la región.
Sin fuerza organizada, el voto disperso será sólo un lejano partícipe de estas decisiones.
Sobre la elección del Organismo Judicial, lea:
Los cabos sueltos de la negociación y el blindaje de la impunidad
