Perito Militar: Altos mandos del Ejército son responsables de los delitos cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Theissen

En la cuarta sesión del juicio Molina Theissen, el Ministerio Público llamó a testificar el perito militar Rodolfo Robles Espinoza, quién afirmó que funcionalmente, los altos mandos del Ejército Guatemelteco tiene responsabilidad en los delitos cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Theissen, y Adriana Portillo-Bartow, quién testificó sobre la desaparición forzada de seis miembros de su familia, entre ellos tres niños entre las edades de uno y diez años.

Por Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

El testimonio de Portillo-Bartow es uno de varios que se centrarán en la práctica militar de desaparición forzada, particularmente la llevada a cabo contra niños y niñas. El Ministerio Público pretende con ello demostrar que las fuerzas armadas en Guatemala cumplían una política sistemática de desaparición forzada durante los años del conflicto armado, y que los niños y niñas eran un objetivo específico. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estimó que alrededor de 5,000 niños y niñas fueron desaparecidos forzosamente durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Rodolfo Robles Espinoza, un general retirado del Ejército peruano, sirvió 40 años a las fuerzas armadas en Perú, y fue el tercer oficial en el mando militar en 1993 cuando denunció la existencia del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte compuesto por militares peruanos. Después de denunciar tales delitos, Robles se vio obligado a abandonar Perú y fue despojado de su grado militar. Años después, Robles testificaría contra el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 como autor mediato de varios delitos cometidos por el Grupo Colina.

Robles también ha testificado en distintos casos en Guatemala, incluyendo el caso de Myrna Mack y el caso de Genocidio Ixil. Robles testificó sobre la estructura funcional del Ejército de Guatemala, la doctrina militar, la cadena de mando, así como la función de la Doctrina de Seguridad Nacional y el concepto de “enemigo interno”.

“Los militares hicieron de nuestros hijos su objetivo para lograr aterrorizarnos, paralizarnos y castigarnos”

Portillo-Bartow comenzó su testimonio afirmado que varios miembros de su familia eran militantes de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), uno de los cuatro movimientos armados en resistencia activos en Guatemala durante los años 1970 y 1980. ORPA fue fundado por Rodrigo Asturias, conocido como Gaspar Ilom, hijo del Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y años después se uniría a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que firmara los Acuerdos de Paz con el gobierno de Guatemala en 1996.

Ella dijo que en 1981, Guatemala está convulsionada por la violencia política y la injusticia social.

“Fue en este contexto”, dijo, “que seis miembros de mi familia fueron desaparecidos durante el gobierno de Romeo Lucas García [1978-1982]”.

Portillo-Bartow explicó que ella y otros de sus familiares se unieron a ORPA buscando un cambio social y político para Guatemala. Su padre, Adrián Portillo Alcántara, era un líder político de ORPA en la Ciudad Capital, y tres de sus hermanos eran combatientes.

“Las personas que participamos en los cambios que anhelamos para Guatemala estabamos conscientes de los riesgos que corríamos”, dijo al Tribunal. “Pero nunca imaginamos que niños iban a convertirse en blancos estratégicos del gobierno para aterrorizar, paralizar y castigarnos a los padres”.

Portillo-Bartow dio detalles de la desaparición forzada de su familia. El 11 de septiembre de 1981, su familia, celebraba el cumpleaños de su padre en su residencia en la Ciudad de Guatemala. Ella dejó que sus familiares se llevaran previamente a dos de sus hijas , ella se uniría a la celebración posteriormente. Cuando llegó, varios soldados, policías y hombres vestidos en ropa de civil rodearon la casa. Sus familiares, junto a sus hijas no fueron encontradas nunca.

“El día siguiente, escuché un vocero del Ejército dando declaraciones que se habían allanado una casa de seguridad de ORPA, donde encontraron armamento, trajes indígenas, y material para hacer bombas. Pero dijeron que esta casa estaba completamente deshabitada, y que los delincuentes subversivos se habrían dado la fuga al enterarse que las fuerzas de seguridad se venían para arrestarlos”, expresó al Tribunal.

Portillo-Bartow testificó que días después algunos vecinos le dijeron haber visto a soldados llevarse a su padre. En total seis miembros de su familia fueron desaparecidos: su padre, Adrián Portillo Alcántara de 17 años, la esposa de este, Rosa Muñoz Latín de Portillo de 26 años, la hija de 18 meses de ambos Alma Argentina Portillo Muñoz; su cuñada Edilsa Guadalupe Álvarez Morales; y sus hijas Rosaura y Glenda Carrillo Portillo, quienes tenían 9 y 10 años. Ella dijo al Tribunal que hasta hoy, ignora la verdad sobre el paradero de sus familiares.

Eventualmente huyo de Guatemala y se estableció en los Estados Unidos, regresó solo después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1997. Ella fundó la organización ¿Dónde están los niños y las niñas?, destinada a ayudar a las familias para localizar a los 5,000 niños y niñas que fueron desaparecidos durante el conflicto.

Las preguntas formuladas por la defensa se centraron de desacreditar a la testigo debido a su actividad política. En cierto punto, Jorge Lucas Cerca, el hijo y defensor de Benedicto Lucas García, le preguntó si la guerrilla también había generado violencia, a lo que ella contestó afirmativamente.

En otro momento, agregó “es evidente que ella odia a los del otro bando”, refiriéndose al Ejército. El juez Xitumul advirtió al abogado que debía abstenerse de hacer afirmaciones respecto de la testigo.

Lucas Cerna preguntó después “como madre, ¿por qué Ud. decidió tomar estls riesgos?”

A lo que Portillo-Bartow respondió diciendo “me involucré en el movimiento revolucionario para ayudar cambiar Guatemala”.

El escape de Emma Molina Theissen fue vergonzoso para la inteligencia militar

El general retirado Rodolfo Robles Espinoza fue llamado a testificar como testigo experto por parte del Ministerio Público, su peritaje “Violaciones de los derechos humanos de los hermanos Emma Guadalupe y Marco Antonio Molina Theissen (1981)”. Robles comenzó su intervención estableciendo que hay suficiente evidencia que permite concluir que había una relación directa entre el escape de Emma Molina Theissen y la operación militar en la casa Molina Theissen en la que el hermano de Emma, Marco Antonio de 14 años fue desaparecido.

Robles explicó que dos estructuras militares distintas, ambas vinculadas a la inteligencia militar, jugaron un papel clave en los posibles delitos cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Theissen.

De la primera operación especial de inteligencia (OEI), Emma resultó capturada y retenida incomunicada por nueve días dentro de la ZM17 en Quetzaltenango, durante ese tiempo fue interrogada por los oficiales de inteligencia de esa base. Después de que Emma escapara de la ZM17, la inteligencia militar organizó una nueva (OEI), que consistía en allanar la casa familiar Molina Theissen, y al fallar en localizarla, convirtió a Marco Antonio en “objetivo circunstancial” de la operación de inteligencia.

Robles explicó que el secuestro de Marco Antonio tenía como objetivo ejercer una presión psicológica y emocional para que Emma se entregase. De acuerdo a Robles, Emma era una fuente valiosa de información para la inteligencia militar, ya que ella era un cuadro político importante dentro del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Además, su familia era conocida por su activa oposición a los regímenes militares y había sido identificada por estos como “enemigo interno”, en base a la doctrina militar imperante en ese momento.

Además, el sistema de inteligencia militar creía que Emma les sería útil para sus operaciones psicológicas, convenciéndola u obligándola a dar declaraciones a nivel nacional identificándose como colaboradora del gobierno en la lucha contrasubversiva. Este tipo de operación psicológica, utilizada por el Ejército en casos de presos políticos, era visto por los militares como una forma de impactar positivamente en la opinión pública. Por otra parte, Robles indicó, que era un hecho vergonzoso para el sistema de inteligencia militar que una mujer hubiera podido escapar una base militar. Significaba desprestigio para Zaldaña Rojas como jefe de la inteligencia de la ZM17.

Robles estableció que Gordillo Martínez y Letona Linares, basados en la doctrina, normas y cadena de mando militar, esperaban sacar información de los sospechosos de subversivos que eran capturados. Zaldaña Rojas fue el primero en enterarse de la detención de Emma Molina Theissen, y era su función informar al comandante de la ZM17, Gordillo Martínez. Como jefe de la inteligencia de la ZM17, Zaldaña Rojas tuvo que haber informado al director de la Sección de Inteligencia militar, Manuel Callejas y Callejas. Por su parte, Gordillo debía informar a su superior jerárquico, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.

Robles señaló que, debido a su función como director de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, Callejas y Callejas era responsable de recomendar al jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, reaccionar inmediatamente ante el escape de Emma Molina Theissen de la ZM17. Según Robles, Lucas García aceptó la recomendación de Callejas y Callejas para realizar la operación especial de inteligencia (OEI) para recapturar a Emma Molina Theissen y fue el responsable del allanamiento de la casa familiar Molina Theissen y el resultado de la misma, en virtud de lo cual, su papel como jefe del Estado Mayor del Ejército, él ordenó y autorizó.

Robles explicó la doctrina militar establecida en Guatemala en 1981, así como la cadena de mando. Analizó la responsabilidad de cada uno de los acusados. Señaló los preceptos principales de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y su papel en la guerra contrasubversiva, subrayando que la misma tenía amplia aplicación en toda América Latina.

También señaló que la aplicación de la DSN en Guatemala fue aún más extrema que en otros países de América Latina, porque los comunistas eran vistos no solo como adversarios, sino como enemigos que había que destruir. Como resultado, afirmó, en Guatemala no existen prisioneros políticos. En cambio, el Ejército de Guatemala asesinaba, desaparecía forzadamente, perseguía y condenaba al exilio a aquellos considerados comunistas y por lo tanto “enemigos internos”.

Erick de León, fiscal del Ministerio Público dio seguimiento a lo expuesto a través de preguntas. Robles afirmó que los militares podían dar órdenes de forma escrita o verbal. Eso contradice lo que previamente había sido afirmado por el jefe el Estado Mayor General del Ejército, Benedicto Lucas García. Quien afirmó que las órdenes debían darse por escrito.

Robles también afirmó que el jefe del Estado Mayor de la Defensa tiene mando sobre toda la institución militar, puede tomar todas las acciones necesarias para asegurar la obediencia de sus subalternos. Robles afirmó que en 1981 las órdenes eran emitidas por los oficiales de más alto rango, lo cual le permitió concluir que Lucas García era el responsable de la implementación nacional de la política de retenes militares, justo la manera en que Emma fue capturada.

De León le pidió que revisara algunos documentos oficiales del Ejército incautados en la casa de Gordillo Martínez durante su arresto el 6 de enero de 2016. Un documento se refiere al arresto de María Margarita Chapetón Rosales, nombre e identidad falsa que Emma utilizaba en el tiempo del arresto. El documento era enviado por el jefe de inteligencia de la ZM17 Zaldaña Rojas y estaba dirigido al comandante de la ZM17 Gordillo Martínez.

Robles identificó que los manuales militares son una forma de plasmar la doctrina militar y las instrucciones de su contenido deben cumplirse sin dudar, tal como indican los procedimientos de las fuerzas armadas. En su declaración el jefe del Estado Mayor de Ejército dijo que él nunca siguió los manuales militares.

De León preguntó a Robles si el escape de Emma Molina Theissen representaba una tacha en la carrera militar de los oficiales de inteligencia de aquel tiempo, particularmente de Zaldaña Rojas. Robles afirmó de nuevo que el escape de la ZM17 fue una gran vergüenza para la inteligencia militar y resultó en ser en sí misma la motivación de todo el sistema re capturarla a cualquier costo.

En Twitter, Emma Molina Theissen explicó que ella descubrió la desaparición forzada de Marco Antonio hasta los seis meses posteriores a su desaparición. Su familia y colegas no le informaron inmediatamente debido a su delicado estado emocional y psicológico por la tortura y violencia sexual sufrida, sintieron que ella estaba muy débil para saber de la desaparición de Marco Antonio.

Se escuchará el testimonio de Emma en el juicio en las próximas semanas via prueba anticipada.

Las audiencias continúan el miércoles 14 de marzo de 2018.

Jo-Marie Burt, politóloga, profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de WOLA, monitorea los procesos de justicia transicional en Guatemala para el Monitor Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), un proyecto de Open Society Justice Initiative. Paulo Estrada es estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y defensor de derechos humanos. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM traducido por Evelyn Recinos Contreras.