A dos meses que termine el actual gobierno, los maquileros aglutinados en la agrupación Vestex, parte de la Asociación de Exportadores (Agexport), esperan lograr un objetivo que llevan más de tres años de cabildear. Bajo la excusa que la Organización Mundial del Comercio (OMC) exige que Guatemala quite beneficios fiscales para las industrias del país, buscaron aumentarlos: con un gobierno Patriota con fuerte influencia de Agexport y la Cámara de Industria, no escuchó a la OMC y propuso una ley que se recetaba más beneficios fiscales. Ahora las maquilas comienzan a amenazar con irse (unas ya se fueron) si no tienen certeza. Estas son tres razones por las que no se logró sacar la ley adelante.

Por Rodrigo Véliz

Cervecerías y azucareros entraron en escena

El Ministerio de Economía de Otto Pérez Molina, cedido a una parte del sector privado organizado, presentó al Congreso en febrero del 2013 el Paquete de Leyes de Inversión y Empleo. Era la propuesta del Estado de Guatemala, anunciaron en discursos oficiales, para cumplir con sus compromisos comerciales con el mundo y eliminar los beneficios fiscales a las exportaciones.

La aprobación de la iniciativa de ley 4644 (Ley de Inversión y Empleo) parecía poder aprobarse en las semanas del descanso del Congreso de 2014, pero su discusión se trabó. Eso confirmaban no sólo con los rumores que circulan en los pasillos del Legislativo, sino también en los cambios que sufrió la ley en sus artículos 4, 5 y 6, que básicamente se refieren a qué empresas pueden ingresar y qué empresas se quedarían fuera de la ley.

En la primera versión presentada en 2013 por el ministro de Economía Sergio de la Torre, quedaba claro que solamente los maquileros podían ingresar al nuevo régimen, quedando excluidas la mayoría de actividades económicas. Esto se mantuvo con el dictamen favorable que recibió la iniciativa en la Comisión de Economía, dirigida en su mayoría por diputados provenientes del sector empresarial: Emmanuel Seidner, Pedro Muadi y Jesús Ralda Sarg, del PP y CREO.

Fue en el momento de las enmiendas que surgieron más actores poderosos.

En las primeras enmiendas presentadas se registran leves pero significativos cambios. En el artículo 4 se suprime por completo el literal l), que prohibía la participación de las actividades que fabrican o comercian alcohol o sus productos. Es decir, ya pueden ser beneficiarios.

Según el diputado Amílcar Pop, esto se debió a las presiones que realizó la multinacional AmBev, productora de la cerveza Brahva. La Cervecería Centroamericana, parte de la Corporación Castillo Hermanos y productora de la cerveza Gallo, ya se encuentra amparada bajo la ley de maquila, por lo que podría fácilmente migrar.

Y en la mismas enmiendas propuestas en marzo de 2014, se hizo una pequeña supresión que benefició a una parte de los azucareros, que representan el 32% de las exportaciones nacionales. Los derivados y subproductos de la caña de azúcar, como el ron, fueron eliminados de la lista de actividades económicas excluidas. O incluidos entre las potenciales beneficiadas, que es lo mismo.

No pagar impuestos a cambio de poco o nada

Javier Zepeda, el director de la Cámara de Industria (CIG), dijo que sin la ley sería imposible competir con nuestros vecinos. «En toda la región se han creado leyes similares». El ministro Sergio de la Torre agregó que no es sólo la inversión y la competencia lo que se busca; el principal objetivo es «erradicar el hambre, la pobreza y mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos».

La ley logró unir a la izquierda progresista y a la derecha empresarial en contra del método propuesto por la iniciativa. La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), a través de su titular, Jorge Briz –uno de los estandartes de la derecha dura del país–, afirmó que tal como está planteada la ley sólo beneficia a un sector reducido, en referencia a la Cámara de Industria.

En la propuesta original quedan totalmente exentos de pagar el Impuesto de Solidaridad, el IVA de importaciones y derechos arancelarios en muchas de sus importaciones, el IVA doméstico en buena parte de sus compras, del Impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados, y al menos el 50% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por períodos de hasta 35 años. 35 años que, por la tradición desde 1989 y 2004, podrían ser prorrogables. Dos modificaciones posteriores y nuevas versiones de la ley no modifican sustancialmente este punto.

La SAT se opuso (dictamen 023-2014) porque sostiene que muchas de las empresas amparadas por la ley de maquila y la de zonas francas buscarían migrar al nuevo régimen. El impacto fiscal para el Estado de esa migración está proyectado en Q1 mil 200 millones. A esto la SAT le suma los contribuyentes que no están acobijados por esas leyes pero que podrían calificar para ser amparados por la iniciativa 4644. De las 380 empresas elegibles se podría llegar a perder Q3 mil millones, un poco menos del 10% de la recaudación total y un 1.5% de todo el PIB.

«Resulta incoherente que un Estado que no tiene suficientes ingresos proponga un paquete que busca reducir aún más la base tributaria», afirmó el economista Jorge Santos, del Centro de Investigaciones en Derechos Humanos.

El gobierno podría verse tentado a aumentar otros impuestos, como el IVA para consumidor y el de importación, que afectan directamente a los pequeños comerciantes y a los importadores afiliados a la Cámara que preside Briz.

Una ley para los grandes oligopolios

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), menciona que una reciente encuesta del Banco Mundial, realizada a empresarios, buscaba entender cuáles eran las prioridades que veían en un país al momento de considerar su inversión en él. En primer lugar aparecía el acceso a consumidores, con un 77% de importancia. Después se ubicaba un ambiente político y social estable, facilidad para hacer negocios, bajos niveles de corrupción, mano de obra calificada, infraestructura y servicios básicos, y otros.

Según expertos consultados, ni el Paquete ni las acciones del gobierno del Partido Patriota buscaban sanear estos problemas. El énfasis, más bien, es en dos incentivos principales: una mano de obra barata y no organizada, y la exención de impuestos, aranceles y otros gravámenes.

¿Qué lugar ocupan estos factores en las prioridades de los empresarios encuestados por el Banco Mundial? La mano de obra está en el octavo lugar y los impuestos nacionales y locales en el onceavo y diecisieteavo, respectivamente. Son importantes, claro, pero no parecen ser prioritarios. En verdad se trata de un discurso que busca convencer, mientras se beneficia a las mismas empresas de siempre

En el programa radial A primera Hora, de Emisoras Unidas, realizado el 10 de junio de 2014, el ex ministro de Finanzas del gobierno de Álvaro Colom, Édgar Balsells, intentó zanjar: «Lo único que estas iniciativas buscan es el beneficio de los mismos sectores, el de los oligopolios industriales».

Balsells se refiere a los grandes agremiados de la Asociación de Expotadores de Guatemala (Agexport), a la Asociación de Zonas Francas, y la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex). Ellos y los grandes azucareros y cerveceros de la Cámara de Industria (CIG).

Según las primeras enmiendas presentadas en el Congreso, para poder estar amparado en la Ley de Promoción de Inversión y Empleo es necesario tener la capacidad de crear al menos 80 trabajos formales y permanentes, y poseer activos fijos que superen los US$ 500 mil (Q. 4 millones).

Según datos de la SAT, fuera de las empresas amparadas en la Ley de Maquilas y Zonas Francas, solamente 380 empresas podrían beneficiarse. Son 380 de 200 mil empresas inscritas a nivel nacional. Una ley que beneficiaría entonces a un reducido 0.19% del empresariado. Un 0.19% que tal vez no necesita de incentivos fiscales para sobrevivir o crecer.

Esta es una versión actualizada y modificada de una nota de Nómada.

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