Por Gustavo Illescas/CMI-G

La Moratoria como estrategia gubernamental para consolidar el negocio minero en Guatemala.

Hace una semanas el presidente Otto Pérez Molina lanzó la iniciativa de Moratoria que pretende suspender temporalmente la emisión de nuevas licencias de explotación minera de metales en Guatemala.

En ese sentido, el Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) aborda desde distintos ángulos en esta serie de artículos, los factores que constituyen como tácticas gubernamentales enmarcadas en una estrategia global para perpetuar el saqueo de los bienes naturales a través de la minería:

I. Las licencias de explotación minera aprobadas durante la gestión de Otto Pérez Molina. (22 de julio de 2013)

II. Sin producción y transporte eléctrico no hay minera. (25 de julio de 2013)

III. Los ajustes a la Ley de Minería o Una Ley ajustada al negocio minero. (28 de julio de 2013)

IV. “El consenso nacional” la minería vá porque vá. (31 de julio de 2013)

Los ajustes a la Ley de Minería o una Ley ajustada al negocio minero (3/4)

A primera vista la relación entre el Cacif y el presidente Pérez Molina parece un lío de telenovela en el que solo existen buenos y malos. Pero en realidad, como sucede en otros negocios jugosos, el tema de la minería no pasa por cuestionar lo qué se produce o cómo se produce, sino quienes se reparten las ganancias.

Inicialmente la reforma a la Ley de Minería fue planteada por el gobierno del PP durante los primeros meses de la gestión de Pérez Molina, cuando en la propuesta de Reformas Constitucionales[1] se consideró un apartado donde mencionaba que el Estado podría participar como accionista de las actividades extractivas hasta en un 40% como parte de la continuación del paquete fiscal.

Finalmente el Gobierno decidió no meter todos los huevos de pascua en la misma cesta y promovió la reforma a la Ley de Minería por aparte. La táctica no evitó que el 21 de junio de 2012 la Gremiext se opusiera a la iniciativa que el MEM presentó al Congreso, argumentando que no habían sido consultados para su redacción final como sector minero interesado.  A la semana siguiente el Cacif se sumó a la postura de la Gremiext.

¿O sea que el gobierno debe consultarle al gran empresariado las iniciativas que impulsa? ¿Por qué no se aplica el mismo criterio para que las empresas y el gobierno le consulten a los Pueblos bajo sus propios mecanismos antes de realizar acciones que pueden afectar directamente a las familias, y particularmente a las más empobrecidas?

Preguntas ingenuas en un Estado corporativista como el nuestro, que niega las consultas comunitarias como ejercicio legitimo de poder popular. En este punto existe consenso entre el gobierno de turno y los barones de la industria y el capital especulativo.

En agosto de 2012 se dejó venir una delegación de parlamentarios canadienses a jalarle las orejas al gobierno, secundar al Cacif y mostrar su total apoyo a Montana Exploradora, S.A. subsidiaria de Goldcorp, Inc (transnacional canadiense) que opera desde el 2005 la licencia de explotación de la Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Pérez Molina no se dio por vencido y el 12 de octubre de 2012, día internacional de la resistencia de los pueblos indígenas, el Ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa presentó nuevamente una iniciativa de ley con 36 reformas, otra vez, sin consultar previamente a los Pueblos afectados.

Algunos de los cambios introducidos en la iniciativa de reformas a la Ley de Minería, y que serán objeto de discusión en el “Consenso”[2] que impulsa el gobierno a partir de la iniciativa de Moratoria[3] para su aprobación son las siguientes:

 1. Empresa Estatal Minera:

Bajo el argumento de que el subsuelo es propiedad del Estado, la propuesta del gobierno es crear una empresa estatal minera que pueda tener hasta el 40% de las acciones de una corporación que explote minerales metálicos. En el caso de la minería de materiales para la construcción, el negocio lo tiene controlado la familia oligárquica Novella-Torrebiarte a través de la empresa Cementos Progreso y no será objeto de discusión en la ley y tampoco le aplica la iniciativa de Moratoria.

Al crear una empresa estatal minera, los ingresos del Estado se pueden incrementar, máxime si consideramos que con las políticas neoliberales las empresas del Estado[4] que generaban ingresos productivos fueron privatizados, debilitando así el gasto público.

El auge de las empresas estatales y del Sector Público Agrícola (DIGESA, DIGESEPE, INTA, INDECA) sucedió durante la época conocida como “desarrollismo coercitivo”[5]en la que los militares al frente de la contrainsurgencia se hicieron del control del Estado y se constituyeron como una burguesía burocrática que poco a poco le fue disputando el poder económico a la oligarquía terrateniente e industrial.

Ese recuerdo en la memoria oligárquica, quizá sea uno de los motivos por los cuales el Cacif muestra resistencia ante la propuesta impulsada por un presidente que tiene origen militar y que ha concentrado capital junto a otros militares. Estos intereses están presentes en el Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A., un Megaproyecto que no cuenta con la venía de una buena parte del Cacif.

Pero mas allá de los temores del Cacif, nada garantiza que los ingresos que pueda tener una empresa estatal minera, sean redistribuidos de manera equitativa en el gasto público o que sea utilizado para brindarle infraestructura a las empresas, de que no hayan accionistas particulares, de que cese la corrupción o de que en un futuro la empresa minera una vez capitalizada sea privatizada.

2. Consultas Comunitarias y Vecinales

Cada vez más predomina la tendencia de que el Gobierno sea el responsable de negociar con las comunidades en apoyo a las empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas. Al respecto los designados son el MEM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)[6] que visitaran a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) del territorio donde se proyecta la minera.

No obstante, dichas instancias coexisten bajo la tutela del Estado a través de la Secretaría General de Planificación (Segeplan) y en la mayoría de casos no son representaciones legítimas debido a la dinámica del mercado electoral y la cooptación de liderazgos locales. Además, ante el recurso de inconstitucionalidad que planteó el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) sobre la actual Ley de Minería (Decreto 48-97) por no respetar las Consultas Comunitarias de Buena Fe a la hora de otorgar licencias, fue resuelta no a lugar por la Corte de Constitucionalidad (CC) en marzo de 2013.

De esta forma la CC avaló la propuesta que desde el gobierno de Álvaro Colom se planteó para  reglamentar desde el poder estatal las Consultas Comunitarias y Vecinales. Bajo el argumento de que la explotación minera es de “urgencia nacional”, la defensa del territorio que impulsa la resistencia de los Pueblos se ve amenazada bajo las figuras “legales” del usufructo y la compra forzada de la tierra por parte del Estado.

 3. Regalías, Fondo Minero y Ambiente

Sobre el tema de las regalías la gran bulla fue negociar que la Mina Marlin desembolsara voluntariamente el 5% de las ganancias, con el objetivo de legitimar los futuros proyectos extractivos y enviar un mensaje eufemístico de “responsabilidad social empresarial”. La actual propuesta plantea que las regalías sean:

Materiales de Construcción 1%, Rocas Decorativas 2%, Minerales no       metálicos 3%, Metales básicos 3%, Metales preciosos 5%, Piedras Semipreciosas 3% Piedras Preciosas 5%, Tierras Raras 10%.[7]

Además se contempla la creación de un Fondo Minero que distribuirá las regalías en un 35% en la municipalidad donde se encuentra instalada la corporación minera, el 20% dividido entre el resto de municipios del departamento afectado, 40% para el fondo común del Estado, 3% al MEM y 2% al MARN.

 Parte de este Fondo Minero servirá para realizar el Cierre Técnico de la mina, en caso que la empresa extractiva no se haga responsable de recuperar el ambiente, para ello también se contempla un Seguro Ambiental que debe pagar la empresa, pero… ¿Se puede reconstruir un cerro y recuperar su ecosistema?, ¿se puede purificar el agua que contiene cianuro?.                                

Las comunidades en resistencia al modelo extractivo no buscan aumentar las regalías que la empresa minera debe pagar, simplemente porque eso no devuelve la vida a la montaña devastada, no es equivalente al consumo excesivo de agua utilizada, no evita la contaminación del aire y los ríos, y mucho menos las enfermedades que de ello derivan, como ya se ha constatado por las actividades extractivas de la Mina Marlin en San Marcos.

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