La terna para Vicepresidencia: un reacomodo favorable para cúpulas de poder

Otto Pérez Molina parece haber aprendido la lección de las últimas tres semanas. O tal vez sólo aprendió una parte de la lección. Luego de quedar aislada del esquema de apoyos en la cúpula de gobierno, Roxana Baldetti renunció este último viernes en medio de fuertes señalamientos de corrupción y relación con poderes paralelos. La vacante llena de incertidumbre el panorama político: según la Constitución, en caso el Presidente deje su cargo, sería la vicepresidencia la que tendría que asumir el cargo. La apuesta va por tres personajes salidos del mismo gobierno que lleva semanas en una aguda crisis. De la persona elegida se sabrá hasta dónde se aprendió la lección.

Por Rodrigo Véliz

Esta incertidumbre ha llenado de urgencia el momento. Al siguiente día, un sábado, el Congreso tuvo una sesión extraordinaria para conocer y aceptar la renuncia de Baldetti, en una votación que pocas veces en los últimos años ha sido tan unida. Esto dio luz verde al Ejecutivo para enviar lo antes posible una lista de tres aspirantes, que el Congreso, con la misma prisa, deberá de reducir a una sola persona.

Ninguno de los aspirantes parece tener la madera necesaria, ni mucho menos la experiencia, para gobernar. Lo que han tenido al menos dos de ellos es el deseo de hacerlo.

Lo que esto puede decir es que Otto Pérez Molina (OPM) no tiene contemplado salir del cargo, pese a que buena parte de las consignas en las recientes manifestaciones exigen que las renuncias continúen, incluida la suya. Si OPM pensara que dejar el cargo está entre las opciones, hubiera ubicado en la terna a personas parte de su círculo cercano: si sale del Ejecutivo lo que buscaría es protección.

Pero eso no parece el caso. Al contrario, lo que se ve en cada candidato es una apuesta por afianzar un esquema posible de alianzas con los sectores de poder que presionaron para que Baldetti renunciara: la parte más fuerte del sector empresarial, expresado en la intermediación de Cacif, y la Embajada de Estados Unidos (EEUU).

La decisión de mantener la crisis en algo entre cúpulas se confirma por la ausencia de un acercamiento con movilizaciones o miembros respetados de la sociedad civil para proponer al menos uno de los candidatos. Nada eso ocurrió. Los propuestos son todos funcionarios del gobierno de OPM y con lazos comunicantes con Cacif y Embajada. Cada uno es una apuesta de gobernanza para los últimos 7 meses de gobierno.

Pero todo dependerá de un equilibrio en las relaciones de fuerza dentro del Congreso. Allí, las pequeñas y medianas bancadas de oposición (UNE, EG, Winaq-URNG, Todos) podrían buscar frenar la elección, o lo que es lo mismo, impedir que la estabilidad que busca el gobierno se logre. Lider, como con tantas cosas dentro del actual Congreso, tendrá la voz cantante.

La apuesta empresarial: Adela Camacho Sinibaldi de Torrebiarte

Si buena parte de las críticas al gobierno en las últimas tres semanas vinieron del Cacif, que Adela Camacho sea propuesta es lo mismo a buscar estrecharse la mano luego de una pelea de mediana intensidad. Cacif no ha buscado terminar con el gobierno de OPM, sino lo contrario: deshacerse solamente de las piedras en el zapato para poder salir lo mejor parados de la tensa coyuntura. La renuncia de Baldetti fue bien vista y saludada por el Cacif a través de un comunicado. Y mientras se acerca el plazo que tiene CICIG para mostrar más pruebas sobre la red de empresarios que pagaba por los servicios de La Línea, la coyuntura se hace más tensa para el sector privado.

Camacho es ese agradecimiento. La actual Comisionada para la Reforma Policial ha recibido fuertes críticas por su débil papel para cambiar a la Policía Nacional Civil. Algunos han dicho que la Comisión sólo ha servido para ejecutar fondos, mientras otros han demostrado que Camacho se encargó de contratar a toda la plana de su partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN). Lo cierto es que dentro de la Comisión se encuentran las principales piezas de inteligencia militar del gobierno (López Bonilla, Bustamante Figueroa), por lo que cualquier intento de cambio fuera de este marco sería fácilmente neutralizado.

Pero tal vez lo más importante de Camacho sean sus vínculos familiares. Es esposa de Luis Pedro Torrebiarte Lantzerdorffer, Presidente de la federación de exportadores de cardamomo (Cardegua), y dueño de fincas cardamomeras y cafetaleras en Cobán, Alta Verapaz, al norte del país.

Pertenece a la corporación familiar Grupo Cobán, donde confluyen intereses de su familia, con inversiones en Cementos Progreso, Banco Industrial, Hulera Centroamericana, el FC Cobán Imperial, Calzado Cobán y la Gremial de Huleros de Guatemala. Dentro de esa red familiar está la familia Arriola Torrebiarte, con inversiones en hule, palma africana, aceite de palma y banano.

Las empresas huleras de este consorcio familiar fueron señaladas por Estados Unidos de violar derechos laborales para poder competir, como parte de una demanda en contra del Estado de Guatemala en el marco del Cafta-DR.

La relación con Cementos Progreso es importante: cuando Adela Camacho fue Ministra de Gobernación durante el gobierno pro-empresarial de Óscar Berger, se vio una fuerte presión para que la cementera en San Juan Sacatepéquez agilizara su trámite. La presión continuó en este gobierno, donde se vieron fuertes operativos para silenciar a la oposición de los productores de flores en contra de la cementera.

Fue fundadora junto a Dianne de Torrebiarte del grupo Madres Angustiadas, una organización que reclama justicia y se posiciona en contra de la violencia. Pero los vínculos familiares cuestionan los límites de esa postura: Dianne es esposa de Carmelo Torrebiarte, hermano de Juan Miguel Torrebiarte. Juan Miguel fue uno de los testigos que propuso la defensa de Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio. A él se le recuerda como parte de los 14 empresarios denominados los “14 honorables” a quienes, según el REHMI, en 1982 el Ministro de Finanzas de Ríos Montt (coronel Leonardo Figueroa) les solicitó un aporte de Us$ 195 millones para financiar la guerra contrainsurgente (llamada Acción Conjunta Concertada).

Adela Camacho fue candidata presidencial por su partido, Acción de Desarrollo Nacional (ADN), en las elecciones del 2011. En ese año jugó un importante papel para frenar la candidatura de Sandra Torres (UNE). Se le vio una y otra vez preparando recursos ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia frente a la candidatura, algo que iba en consonancia con la postura del gran empresariado, que movió todo lo que pudo para evitar que la empresaria socialdemócrata compitiera.

En la segunda vuelta de ese año, Camacho y la ADN apoyaron al Partido Patriota. Y según informes, ADN está apoyando en Alta Verapaz, de donde es oriunda Camacho a Lider. Esto sube por completo las posibilidades de ser elegida.

Co-gobierno Cacif-PP: Carlos Contreras

Por otro lado, si lo que el gobierno quiere es tender la mano nuevamente al Cacif, pero sin ceder mucho, y distanciarse un tanto de Estados Unidos, el actual ministro de Trabajo es su mejor pieza para hacerlo.

De Contreras se sabe poco. Anteriormente fue abogado de la patronal pero nunca fue de sus principales operadores. Su mayor trabajo lo ha hecho desde el gobierno y como miembro del Partido Patriota.

Sus principales medidas han ido en sintonía con las propuestas de otro ministro cercano al Cacif, Sergio de la Torre, de Economía y ex-directivo de la Cámara de Industria. Ambos han buscado hacer al menos dos medidas que van en sintonía con lo que los exportadores y una parte de los industriales consideran su agenda de gobierno.

Por un lado, desde inicios del año pasado comenzaron a cabildear la propuesta de establecer salarios diferenciados en cuatro municipios del país. La idea, como se detalló en otra publicación, fue buscar que nuevas industrias livianas fueran ubicadas en regiones cercanas a infraestructura, y lejanas de la ciudad capital.

Como parte de este intento de reducir los salarios, el ministro Contreras se encargó de pasar por encima de la Comisión Nacional del Salario, a la que no informó sino hasta el final sobre el proceso. También permitió que las Comisiones Paritarias, donde se decide inicialmente sobre los salarios, fueran integradas solamente por representantes empresariales o de las municipalidades (todas con alcaldes parte del Partido Patriota). De esta manera pasó por encima de la institucionalidad que establece, desde 1947, el Código de Trabajo.

El ministro Contreras también ha sido criticado por no lograr que la Inspectoría General de Trabajo logre hacer una mejor labor, por lo que las estadísticas de investigaciones y sanciones en los últimos años vaya en caída. Y por proponer reformas que le quiten aun más capacidad de acción.

La situación ha sido tan fuerte que Estados Unidos activó una vieja demanda en contra de Guatemala, cuyo centro es la incapacidad del Estado en proteger a los trabajadores. De esa manera, el Estado contribuye a que las empresas cometan violaciones laborales. Al no cumplir estas leyes, se ahorran costos (no pagan salario mínimo, horas extra, etc.) y compiten, según la demanda Estados Unidos, deslealmente.

Los deseos de Contreras por llegar a la presidencia son conocidos: desde el año pasado se rumoraba como posible candidato por el Partido Patriota, en caso Sinibaldi saliera de la contienda. Pero los cambios internos en el PP parecen no haberlo ayudado: en 2011 se encontraba como Vocal VI, y en la última asamblea de su partido aparece nuevamente en la misma posición, mientras otros fueron favorecidos en su lugar.

El consenso internacional: Adrián Zapata

Por último está Adrián Zapata, que es parte de lo que en 2012 se llamó “la cara social del PP”. Esta sería una apuesta poco clara: Zapata es poco conocido y su tiempo en el gobierno ha sido gris, sin resultados. La cercanía con el plan Alianza para la Prosperidad, que comanda Estados Unidos con todo tipo de presiones, puede ser el único punto claro en el por qué de su candidatura.

Zapata comenzó en el gobierno como Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural. Fue un cuadro político importante dentro de las desaparecidas Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) durante los años de las dictaduras militares, y luego fue parte de la Comisión de Masas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Antes de ser parte del gobierno Patriota fue Director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El puesto fue creado específicamente para Zapata, y se suponía ser una alternativa más moderada de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, que por años ha sido rechazada en el Congreso. La salida fue la Política de Desarrollo Rural, de la que Zapata estaría a cargo. Sin embargo, según análisis, los resultados han sido pobres hasta el momento.

Zapata también sonó cuando firmó un documento, junto a otras 13 personalidades, en que decía que en Guatemala no hubo Genocidio.

Tal vez lo más importante de Zapata, y por eso su papel como candidato, es que junto a Juan Carlos Paíz es el encargado de diseñar el plan Alianza para la Prosperidad. El plan es un acercamiento entre Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador, en un intento por realizar reformas que logren frenar la migración masiva de niños.

En el fondo, el plan ha sido señalado de ser un proyecto que logre crear inversiones en infraestructura cercana a grandes proyectos económicos, y para propiciar un aumento en la militarización de la región.

Por último, Zapata está casado con Ileana Alamilla, Directora de la agencia Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), que durante el presente gobierno bajó las críticas que por lustros realizó al Estado de Guatemala: Cerigua fue durante la guerra interna una iniciativa de comunicación de las desaparecidas FAR como contribución a la URNG. En el actual gobierno, Alamilla es la encargada del Observatorio de Periodistas, auspiciado por el gobierno de OPM.

Las cartas están echadas. Es turno del Congreso permitir uno u otro desenlace.