La nueva Fiscal General y su declaración de probidad patrimonial

Por Rodrigo Véliz (CMI-G)

La llegada de Thelma Esperanza Aldana Hernández a la Jefatura del Ministerio Público no podría estar más llena de polémica. Según una reciente publicación del CMI-G, Aldana cuenta con un historial lleno de tachas y periodos en donde el tráfico de influencias, común en el Organismo Judicial y en general el sistema de justicia, fue sacado a luz en varios escándalos públicos.

Eso no evitó que Otto Pérez Molina, a cargo del Ejecutivo hasta el siguiente año, la seleccionara para llevar las riendas del ente encargado de la persecusión de las personas que trasgreden la ley. Una vez fuera la antigua Fiscal General, la independencia se verá nuevamente cuestionada con Aldana. Parte de un pacto más amplio, la decisión de Pérez Molina espera que los expedientes de varios grupos y clases perseguidos penalmente por la actual administración (militares, redes de narcotráfico, banqueros, empresarios financistas del terrorismo de Estado) pasen de nuevo a empolvarse en los archivos del MP.

Igual de importante, en la documentación pública de Thelma Aldana es posible ubicar la manera como se ha ido enriqueciendo en puestos clave del Estado. En la publicación citada del CMI-G fue posible ubicar una declaración patrimonial de Aldana en donde se comprueba que para el 2004 la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia tenía acciones en la empresa distribuidora de energía eléctrica en el oriente del país, DEORSA, S.A., cuya empresa dueña es subsidiaria de la multinacional inglesa ACTIS.

El hecho resulta lamentable, ya que viene a aumentar los cuestionamientos sobre la capacidad de Aldana para mantener a raya los intereses personales y de los grupos que la apoyan con su labor como Fiscal General del MP. El siguiente breve recuento busca analizar históricamente la trayectoria pública del patrimonio de Aldana Hernández.

Según un documento de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para 1996 Aldana trabajaba como Subjefe de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Electricidad (INDE). En el puesto Aldana recibía un sueldo total (salario mensual + salario personal) de un poco más de Q. 6,648. Hay que recordar que ese mismo año es en el que el gobierno de Álvaro Arzú (PAN) decidió privatizar la energía eléctrica en el país. Según el Sindicato de Trabajadores del INDE (STINDE), la venta fue de US$ 101 millones, cuando el valor deal de la empresa era de US$ 400 millones.

Para 1999, Aldana es ya Jefe de la Asesoría Jurídica del INDE, específicamente en la Empresa de Transporte y Control. Para entonces su salario ha aumentado, ubicándose en Q.12, 399.

Fuente: Contraloría General de Cuentas (CGC)

Y según consta en la declaración jurada de ese momento, aún no cuenta con acciones en ninguna empresa, aunque ya ha comenzado la compra de terrenos, como la de un inmueble en la colonia Quinta Samayoa.

Fuente: Contraloría General de Cuentas

Al siguiente año, Aldana renuncia en septiemrbe al INDE: ha sido escogida para ser Magistrada de Cortes de Apelación, según el Acuerdo Legislativo número 41-99 emitido por el Congreso de la República.

Allí Aldana Hernández comienza un recorrido por las distintas salas de apelación del OJ. Pasa unos meses como Presidenta del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, luego en agosto del 2000, por un año, como Vocal I de la Junta Disciplinaria Judicial del Organismo Judicial. Su siguiente asignación es la Sala Tercera del Ramo Civil y Mercantil, y para el siguiente año, en agosto del 2002, se le traslada a la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para terminar en su último año del periodo para el que fue escogida como Magistrada de Apoyo de la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social de la Corte de Apelaciones.

Con ello su sueldo aumentó de Q.10,848 que ganaba como Jefa de Asesoría Jurídica a Q26,136 como magistrada.

Fuente: Contraloría General de Cuentas

La siguiente información con la que se cuenta es la que ya fue publicada por el CMI-G, donde se hace constar que Aldana ya ha comprado acciones en DEORSA, S.A., por un valor de Q13,000. Es decir, siendo magistrada titular del ente encargado de velar por el comportamiento de los jueces y magistrados de todo el Organismo Judicial, y en general siendo magistada, compró acciones en una empresa privada, ejerciendo presión a su independencia como jueza.

Pero no es sólo eso lo que resalta. En sus cuatro años como magistrada ha logrado comprar alhajas por Q20,000, un carro por Q80,000, y con bienes inmuebles que suman un total de Q353, 500. Según la declaración de la CGC, esto suma un total de activo de más de 3/4 de millón de quetzales.

Fuente: Contraloría General de Cuentas

El siguiente documento que se consigue es del 2008. Allí aún consta que Aldana Hernández es accionista de DEORSA. De estos años son sus señalamientos de beneficiar como magistrada de Sala de Apelación a Francisco Alvarado Macdonald, amigo de Alfonso Portillo, para frenar la liquidación de los bancos Metropolitano y Promotor, luego que se descubriera que los bancos desviaban dinero de los cuentahabientes a cuentas privadas. Por esos años también es que vienen sus nexos con el empresario Roberto López Villatoro, como lo expuso en su momento la CICIG.

Fuente: Contraloría General de Cuentas

Fuente: Contraloría General de Cuentas

En esta nueva declaración aparecen más bienes inmuebles a nombre de Aldana. Pero lo que resalta es la ausencia de bienes que Aldana posee de manera conjunta con otros propietarios. Este es el caso de la propiedad que posee en copropiedad con Residenciales Petapa, S.A., valuada en casi Q.62 millones.

Resalta de la declaración de probidad de Thelma Aldana, en fin, su labor como asesora jurídica en el INDE mientras eran privatizadas las principales empresas de energía eléctrica del país, la posterior compra de acciones a una de esas empresas privatizadas (DEORSA) mientras era magistrada del Organismo Judicial, y el aumento de sus propiedades, así como dejar fuera otras en copropiedad.

Queda por ver si la nueva Fiscal General se atreverá a presentar una declaración actualizada pública sobre sus bienes. ¿Qué dirá al respecto?

Fuente: CGC

Fuente: DICABI