Luego de un largo recorrido legal y político, finalmente los comunitarios de los municipios afectados por la mina El Escobal, cuya empresa administradora es subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, han dado un certero golpe a su favor. La Corte de Constitucionalidad indicó que todo el proceso administrativo de aceptación del proyecto debía regresar a la etapa previa a la concesión de permisos de exploración. Ahora la mina debe escuchar y resolver cientos oposiciones planteadas en contra del proyecto. Eso les tomará tiempo.

La anulación de las licencias viene al mismo tiempo que la caída dramática de precios delos metales preciosos que extraía Tahoe en San Rafael. Cuando esos precios vuelvan a subir, regresarán las pugnas sobre el proyecto minero. Por ahora, las comunidades y municipios del suroriente del país tienen una victoria de su lado.

Aprovechamos el momento para dar a conocer una investigación que detalla la estructura militar que formó la minera, con el objetivo de acallar la resistencia de los comunitarios. Mostramos un resumen; al final puede encontrarse el informe completo en inglés y en español.

Por Luis Solano

Sobre el proyecto

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la licencia de la mina El Escobal tiene el registro LEXT-015-11, y fue autorizada el 3 de abril de 2013. Contiene oro, plata, níquel, cobalto, cromo, plomo, zinc, antimonio y tierras raras. Según los acuerdos, en los 18 años de explotación el Estado de Guatemala estaría percibiendo US$84 millones, mientras que la minera recibiría US$12.4 mil millones (a precios de enero 2012).

Originalmente se otorgó a Entremares, S.A. una subsidiaria de la transnacional Glamis Gold. Luego pasó a manos de la minera canadiense-estadounidense Tahoe Resources, que lo opera por medio de su subsidiaria Minera San Rafael, S.A. (Minerasa). La compañía Tahoe Resources Inc. fue fundada por altos directivos de mineras canadienses, sobre todo de Glamis Gold y Goldcorp. Surgió a la palestra gracias al proyecto minero Escobal, en 2010, luego de una transacción con Goldcorp. Está registrada en Vancouver, Canadá, con oficinas en Vancouver y Nevada, Estados Unidos. Desde 1998, el Escobal había pertenecido a Glamis Gold. Posteriormente, en 2006, Glamis Gold fue adquirida por la transnacional canadiense Goldcorp la cual obtuvo todos sus activos mineros y empresas subsidiarias en Guatemala, tal el caso del proyecto Escobal y las empresas Entre Mares Guatemala, S.A. y Montana Exploradora, S.A..

Pobladores negaron que haya habido robo de explosivos y aseguraron que todo fue un montaje coordinado entre Mayaquímicos y Minerasa

El 14 de noviembre de 2012, Tahoe Resources anunciaba que la licencia de explotación estaba próxima a ser aprobada. Sorpresivamente, el MEM, a través de la Dirección de Minería, en fecha de 3 de abril de 2013 hizo público que otorgaba la licencia de explotación a Minerasa. En esa misma fecha, la Dirección de Minería notificaba a 280 ciudadanos que sus recursos de oposición a la licencia de explotación Escobal no serían conocidas por carecer de afectación directa y personal.

La licencia de explotación Escobal fue otorgada arbitrariamente por el director de Minería, Fernando Castellanos Barquín, quien asumió ese cargo en 2012, y que había trabajado para la empresa Kluane Guatemala, S.A., una de las empresas sub-contratadas por Minerasa.

Resistencias y redes políticas

Desde que Goldcorp obtuvo los derechos mineros de Glamis Gold, en 2007, la inconformidad comenzó a aflorar entre pobladores de comunidades de Jalapa y Santa Rosa. A partir de 2010, el proyecto minero bajo control de Tahoe Resources experimentó una  creciente oposición comunitaria con marchas de protestas hasta consultas municipales de vecinos de los municipios de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas. En esos años se fundó el Comité en Defensa por la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores, con participación de la Iglesia Católica local, mujeres y agricultores.

Una vez establecida la resistencia pacífica a finales de 2011, inmediatamente comenzó la criminalización, difamación y estigmatización de los líderes locales. Una característica muy importante en este proceso es que más de un centenar de casos ha sido desestimado por falta de pruebas o que incluyen pruebas y/o testimonios falsos. Nadie permanece en prisión, aunque varias de las personas criminalizadas han permanecido días o meses prisioneros mientras se dilucidaba su situación.

La Minera San Rafael (Minerasa), por su parte, gestó relaciones con grupos de poder político y económico para facilitar y garantizar sus operaciones, buscando ganar la confianza y el apoyo de sectores de la población, ycontrarrestar la oposición y resistencias comunitarias. Un ejemplo es la donación de US$2.3 millones otorgada por Tahoe Resources, por medio de Minerasa, al programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) denominado “Mejores Familias”, el cual es promovido por la Fundación del Azúcar (Fundazúcar) que es el brazo social de los ingenios azucareros de Guatemala. Fundazúcar es dirigida por Herbert González Hertzsch, uno de los principales socios de la Compañía Agrícola Industrial Palo Gordo (Ingenio Palo Gordo). Con esta corporación agrícola trabajó Iván Antonio Morales del Cid, que fue un enlace importante de Minerasa con las municipalidades.

Esas funciones de Morales del Cid se dieron a partir de la relación familiar con el alcalde municipal de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos, quien dirige esa municipalidad desde 2000. Morales del Cid está casado con una hija de Recinos, alcalde que es el secretario general del partido de gobierno, Partido Patriota (PP) (2012-2015), y que más respalda el proyecto minero de Tahoe Resources, y uno de los seis alcaldes de Santa Rosa que recibe fondos de la minera.

Pero no fue la asistencia social el principal brazo de la minera: fue la violencia y la Inteligencia militar.

Militarización

El 19 de noviembre de 2012, un convoy de la empresa Mayaquímicos, S.A., contratista de Minerasa, que supuestamente transportaba explosivos hacia la mina Escobal, fue detenido por un grupo grande de presuntos pobladores. Procedente de instalaciones de Mayaquímicos en el municipio de Sanarate, El Progreso, era la primera vez que la empresa transportaba explosivos por la ruta de Mataquescuintla, la cual conecta con Sanarate. Usualmente, se transportaban por la ruta que de Casillas conduce a San Rafael Las Flores. Pobladores de Mataquescuintla y San Rafael Las Flores entrevistados para este informe, negaron que haya habido robo de explosivos y aseguraron que todo fue un montaje coordinado entre Mayaquímicos y Minerasa. Minerasa y Mayaquímicos, en cambio, consideró que hubo robos, incluso acusó a los pobladores de la quema de 6 vehículos y una casa. Los explosivos nunca aparecieron o se recuperaron.

Entre los hechos más dramáticos ocurridos previo a la instauración del Estado de Sitio, se encuentra el ocurrido el 27 de abril de 2013, cuando guardias de la empresa de seguridad privada, Alfa Uno, del grupo israelita Golan, por órdenes del entonces jefe de seguridad Alberto Rotondo Dall’Orso, dispararon indiscriminadamente contra pobladores que protestaban pacíficamente frente a las instalaciones de la minera, en San Rafael Las Flores. Siete comunitarios resultaron heridos.

De sus declaraciones se desprende la existencia de un conglomerado de empresas y personajes ligados a grandes proyectos militares que arrastran las guerras en Afganistán e Iraq

Alberto Rotondo Dall’Orso posee una formación militar de tipo contrainsurgente, que él públicamente admite. Graduado en 1974 en la Marina de Guerra de Perú, entre 1980 y 1981 recibió capacitación en el Comando de Guerra Especial Naval de la Marina de Estados Unidos. Entre 1985 y 1986, recibió el curso para oficiales en operaciones psicológicas, asuntos civiles y terrorismo de baja intensidad en la Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy de Fort Bragg, North Carolina (John F. Kennedy Special Warfare Center and School).

Por ese caso, el 30 de abril de 2013, el Ministerio Público capturó a Rotondo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ligándolo a proceso el 7 de mayo del mismo año por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstaculización a la acción penal. El 18 de junio de 2014, los siete heridos demandaron a Tahoe Resources Inc. ante la Corte Suprema de British Columbia.

El 2 de mayo de 2013, tras estos hechos de violencia y fuertes presiones de empresarios mineros, el gobierno decretó Estado de Sitio, aunque luego lo concluyó 8 días después, decretando posteriormente Estado de Prevención. El estado de sitio fue saludado por el grupo de proveedores de Minerasa, donde se encontraban Cementos Progreso, Aceros Arquitectónicos, Mixto Listo y PADEGUA.

A cargo del Estado de Sitio estuvo el entonces Subjefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Manuel López Ambrosio. Al mes siguiente del Estado de Sitio, el 4 de junio de 2013, López Ambrosio fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa, y un mes después, el 16 de julio de 2013, fue nombrado Ministro de la Defensa.

El proyecto minero Escobal entró en la categoría de “recursos naturales estratégicos” definida por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y, por lo tanto, la situación en San Rafael Las Flores se convirtió en un problema de seguridad nacional. En marzo de 2013, esa instancia aprobó la constitución de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Integral. La Comisión quedó instalada luego que se aprobara el Acuerdo Gubernativo propuesto por la Secretaría Técnica del CNS, dirigida por el general Ricardo Bustamante Figueroa.

¿Cómo se llegó a esto?

El entramado militar

Una declaración jurada de Donald Paul Gray, vicepresidente de la minera canadiense Tahoe Resources Inc., con fecha 24 de noviembre de 2014, destapó uno de los casos de mayor interés detrás del proyecto minero Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Parte de la declaración jurada de Gray trata sobre el proceso de contrataciones que en materia de seguridad privada tuvo lugar a partir de 2011.

De sus declaraciones se desprende la existencia de un conglomerado de empresas y personajes ligados a servicios militares, de inteligencia, a contratos de seguridad privada con grandes proyectos militares que arrastran las guerras en Afganistán e Iraq, y sus relaciones con proyectos y empresas con operaciones mineras y de construcción en Guatemala.

En San Rafael Las Flores se proyectaba una seguridad con tintes contrainsurgentes, de inteligencia y contrainteligencia militar. De otra manera, no se puede explicar el porqué de la contratación de International Security and Defense Management, LLC (ISDM) para esa evaluación.

En el inciso 53 de la declaración de Gray, se cita que, en 2011, Minerasa “contrató a International Security and Defense Management, LLC (ISDM), una compañía de manejo de seguridad y defensa con operaciones internacionales, con sede en California, para evaluar sus necesidades y requerimientos de seguridad”. En el inciso 54, se describe que “Como resultado del proceso de solicitud, Minerasa contrató al Grupo Golan, formalmente llamado Alfa Uno, Sociedad Anónima (Grupo Golan)”.

ISDM se encuentra en los listados de las compañías militares privadas más importantes a nivel mundial. Incluso, aparece en listados de compañías privadas militares, de origen mercenario, que se fundaron como consecuencia de las guerras en Iraq y Afganistán. ISDM es una compañía fundada por los militares estadounidenses en retiro James V. Earl y William J. Earl.

Cuando ISDM fue contratada por Tahoe Resources, la compañía militar recién había signado un segundo contrato con Fluor Intercontinental, Inc. (FII), para suministrar personal calificado a ser desplegado en Afganistán. FII es una corporación de California, con sede en Carolina del Sur, que pertenece a Fluor Government Group (FGG), la cual forma parte de la corporación transnacional Fluor Corp. de Estados Unidos.

Uno de los consultores internacionales que participó en la evaluación de ISDM fue el militar estadounidense Tim Pascuarelli, de amplia experiencia en varios países en consultorías de seguridad en el campo militar, incluyendo Iraq y Afganistán. Pascuarelli estuvo en Guatemala contratado por ISDM entre mayo y septiembre de 2011. A partir de esa evaluación de ISDM, Grupo Golan fue contratado en noviembre de 2011 y, en el caso de Rotondo Dall’Orso, fue contratado quizá un mes antes, inicialmente por ISDM, para proveer servicios a Minerasa.

¿Qué pesó para que Tahoe Resources contratara al Grupo Golan? Quizá fue su experiencia previa con proyectos mineros en Guatemala y el hecho de tener la experiencia que ISDM buscaba. Golan Group, es una compañía de seguridad privada israelita fundada en 1983 por oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel. Su presidente es el capitán Yoram Yasur, y sus directores son Vered Yasur y Yehuda Senderey. En Guatemala, sus orígenes se remontan a la época de la guerra contrainsurgente que tuvo el respaldo del ejército e inteligencia israelí.

Grupo Golan se constituyó en noviembre de 1987, bajo el nombre de Golan, S.A.. En 1990, se inscribió la empresa Alfa Uno, S.A. y en 1997, se inscribieron las empresas Tiendas Golan, S.A. y Golan Armas y Municiones, S.A., todas integrantes del Grupo Golan. Sus representantes legales son Yoram Yasur y Gerardo Antonio Wurmser Ordóñez, quien también es gerente general y fue presidente de GGCA Inc. (Golan Group Central America) inscrita en Panamá en 2007.

La primera empresa de seguridad privada contratada por Minerasa, registrada con el nombre de Servicios de Protección Particular, S.A. (Serprop), propiedad de Carlos Quintanilla Villegas, quien en 2008 estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), durante el gobierno de Álvaro Colom, y destituido ese mismo año cuando fue señalado de incumplimiento de deberes, espionaje genérico e interceptación o reproducción de comunicaciones.

Minerasa luego contrató a la empresa de servicios de seguridad privada Corporación Internacional de Seguridad, S.A. (Corinsa), la cual prestó servicios hasta abril de 2013, conjuntamente con Alfa Uno, S.A. (Golan, S.A.) Corinsa es una empresa de seguridad privada, que legalmente aparece registrada a nombre de José Horacio Fúnez Gálvez, candidato a diputado para las elecciones generales a celebrarse en septiembre de 2015, por el Departamento de Sacatepéquez, postulado por el partido Corazón Nueva Nación (CNN), un partido político organizado e integrado por militares retirados.

Gray declara que Rotondo renunció dos días después de los incidentes del 27 de abril de 2013, y terminó su relación con Minerasa. Sin embargo, Gray no dice por qué Rotondo siguió viviendo en las instalaciones mineras durante el tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario, medida dictada tras la primera audiencia judicial celebrada en 2013.

Actualmente se desconoce dónde se encuentra Rotondo, aunque el arresto domiciliario continúa.

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El informe en inglés puede encontrarse en este enlace.

Informe Estado de Sitio 2015-11-20

 

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