La doble moral del patriarcado
1Luego de constituir un aparato de seguridad represivo ligado a la inteligencia militar, de ordenar desalojos violentos contra vendedoras y vendedores ambulantes, y de fomentar la violencia en contra de periodistas y comunicadores sociales, cabe preguntarse qué sucedería con la embarcación de Woman on Waves si el “dignatario de la paz” Álvaro Arzú fuese presidente de la República y comandante general del Ejército.
Por Gustavo Illescas
El pasado 22 de febrero arribó a Guatemala la embarcación que ofrece servicios médicos gratuitos para interrumpir embarazos en aguas internacionales como una oportunidad para las mujeres que quieren y/o necesitan practicarse un aborto y la legislación de su país lo prohíbe. En el caso de Guatemala la pena es de 1 a 3 años de cárcel, exceptuando casos certificados por al menos dos médicos que consideren que la vida de la mujer está en peligro (Aborto terapéutico, Art. 137. Código Penal Guatemala).
Cabe decir que el barco no ha practicado ninguna interrupción de embarazo bajo jurisdicción nacional. Sus sus protocolos indican que luego de que las mujeres abordan el barco, éste se se dirige hacia aguas internacionales a 12 millas náuticas. Llegado ese punto se inicia con la práctica médica de suministrar las pastillas de mizoprostol, que en la dosis adecuada induce el aborto sin presentar complicaciones antes de las doce semanas.
En este sentido, la ONG Woman on Waves basada en Holanda no estaría violando la Constitución Política de la República. El alcalde capitalino Álvaro Arzú Yrigoyen, presionado por un antejuicio en contra, dijo que el ejército debería de ser hundir la embarcación.
Con estas declaraciones Arzú reafirmó esa visión del Estado como un patriarca que decide sobre las vidas de las mujeres. El Estado, en esta visión, debe generar dispositivos ante cualquier evento que rompa con la actividad reproductiva de la familia, a la que las mujeres han sido confinadas históricamente.
Se recordará que cuando Álvaro Arzú fue presidente le otorgó en usufructo tierras del estado a la Universidad del Itsmo (Unis) perteneciente al Opus Dei[1], una orden ultraconservadora de la Iglesia católica, a la cual pertenece su familia.
En esa misma línea, su hermana, María Mercedes Arzú de Wilson, es fundadora y presidenta de la Fundación Familia de las Américas, promotora de grupos “provida” en Latinoamérica que se opone a los abortos y promueve los métodos naturales para prevenir el embarazo.
Mercedes Arzú es miembra de la Academia Pontificia por la Vida con sede en el Vaticano, entidad dedicada al estudio de las ciencias biomédicas y cuyos miembros son nombrados por el Papa o el consejo de gobierno del Vaticano.
Es evidente que una mujer que decida sobre su cuerpo es objeto de amenaza a la seguridad nacional en estados patriarcales como el de Guatemala, sumidos en un conservadurismo católico y evangélico. Merece todo un despliegue militar y un bombardeo mediático, que no hace otra cosa que incentivar el odio contra las mujeres que no se subordinan a la moral del poder.
A simple vista es irónico que Arzú se oponga a los abortos proponiendo hundir por la fuerza militar un barco con mujeres y hombres a bordo. Pero en el fondo, esa es la doble moral del conservadurismo tropical que corre en las venas de quienes se oponen al aborto pero fomentan la implementación de medidas represivas o incluso están a favor de la pena de muerte.
El año pasado se realizó una actividad “provida” en Guatemala a la que asistió el Presidente Jimmy Morales, su hermano Samuel Morales y Lucrecia Marroquín de Palomo, ex diputada del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Por ello tampoco extraña la orden del presidente de custodiar militarmente la embarcación, negando el acceso a las mujeres a un servicio que el estado no presta y que más bien persigue amparado en una norma penal sesgada por el juego de la moral.
Lucrecia Marroquín es la presidenta del movimiento “Hoy por Guatemala” que surgió el año pasado a raíz del asesinato de su esposo, Francisco Palomo, principal estratega jurídico de la defensa del general Ríos Montt.
El 16 de febrero de 2017 la agrupación realizó un plantón frente al congreso de la república para exigir que se apruebe la iniciativa de pena de muerte contra sicarios, que presentaron el año pasado. Una de las consignas del plantón fue “Por el derecho a la vida, pena de muerte”, y estuvo encabezado por Zury Ríos Sosa, hija de Ríos Montt.
Según Lucrecia Marroquín de Palomo, el presidente Jimmy Morales ha estado de acuerdo con la propuesta de pena de muerte. Por su parte un diputado del partido Fuerza presentó este viernes una iniciativa de ley de pena de muerte, la anterior iniciativa de esta naturaleza fue presentada por el diputado conservador Fernando Linares Beltranena del partido PAN.
Mientras los grupos conservadores de la extrema derecha fomentan el fanatismo con su doble moral, las mujeres continúan sin poder decidir sobre su cuerpo, en un estado inseguro que estructuralmente las expone a la violencia sexual, que no promueve el uso de anticonceptivos pero tampoco condiciones para que las mujeres no sufran desnutrición y estén propensas a complicaciones en el embarazo, y que la practica abortiva sea criminalizada y condenada a una clandestinidad que las orilla a la muerte.
Por ello tampoco sería extraño que mañana los grupos que piden la pena de muerte salgan a manifestar por la vida, en contra de la embarcación de woman on waves. Así como la muerte de mujeres en contextos donde se penaliza el aborto, la pena de muerte es dirigida a los empobrecidos, a las del barco, a quienes están fuera del orden.
Esos religiosos que pidieron la muerte de Jesús, que fue un campesino pobre y rebelde, fueron los líderes religiosos que controlaban la ley y el dinero del templo, a quienes Jesús llamó: hipócritas
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia!” (Mateo 23: 25)
[1] El Opus Dei fue fundada en Guatemala en 1953. Uno de sus financistas iniciales fue la familia Widmann, emparentada con el expresidente Óscar Berger Perdomo. https://issuu.com/observadorguatemala/docs/enfoque_no._16__9_de_mayo_de_2011
imagino que esa familia Widmann es la misma familia Widmann es la misma responsable de los desalojos y los asesinatos de lideres comunitarios en el valle del Polochic