La batalla por el Duty Free: La sospechosa concesión en tiempos de Berger
0Durante ocho años, tres asociaciones de beneficencia vinculadas a la cúpula empresarial de Guatemala hicieron todo lo posible por sacar del aeropuerto La Aurora a la panameña La Riviera. Desde los años de las dictaduras militares esas asociaciones tuvieron el monopolio del Duty Free, que los panameños destrozaron en cuestión de meses. El Ministerio Público cerró La Riviera y encarceló a cinco exfuncionarios de la SAT por defraudación aduanera. La génesis del caso, está en una negociación sellada durante el gobierno de Berger, que la Fiscalía considera fraudulenta. A inicios de mayo, Colombia encarceló al multimillonario dueño de La Riviera, y todo apunta a que el control del Duty Free regresará a manos de las asociaciones de caridad.
Por Rodrigo Véliz
Las tiendas cerradas de La Riviera. Foto: Plaza Pública
Los cinco detenidos fueron ligados a proceso y liberados una semana después, tras el pago de una fianza de Q50 mil por cada uno. La panameña Lucía Touzard Romo, representante legal en Guatemala del Grupo Wisa, y otros dos exfuncionarios de la SAT, contra quienes fue girada orden internacional de captura, permanecen prófugos. En octubre de 2015 un juez cerró las tiendas de La Riviera en el aeropuerto. La Fiscalía reúne las pruebas para presentar acusación. Los ilícitos, según las investigaciones, tendrían sus orígenes en una negociación fraudulenta en la que se sospecha, estaría involucrado José Manuel Moreno Botrán, director General de Aeronáutica Civil (DGAC) durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008).
En tiempos de Berger
Esta historia tiene un largo pasado. Por décadas tres asociaciones de beneficencia, apoyadas por grandes grupos empresariales nacionales, tuvieron el oligopolio de las ventas en el Duty Free. La remodelación del aeropuerto durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y presiones de parte de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI, por siglas en inglés), abrieron una convocatoria al Grupo Wisa. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) presionaba en ese momento porque la remodelación llevara cambios en la calidad de las tiendas del Duty Free. Berger Perdomo estuvo de acuerdo y, según La Prensa de Panamá, modificó en 2007 el Acuerdo Gubernativo 939-2002 para que la DGAC enviara invitaciones personalizadas a entidades “de reconocido prestigio nacional y/o internacional”.
Un mes antes de dejar su puesto como Director General de Aeronáutica Civil, el 7 de diciembre de 2007, José Manuel Moreno Botrán envío una invitación directa a Hamudi Waked, vicepresidente de Grupo Wisa. La invitación sería lo más cercano a una licitación pública que tendrían los diez locales del renovado aeropuerto internacional La Aurora. Moreno Botrán se basó en ese cambio para invitar a la empresa de los Waked. En la invitación se describe con detalles todos los locales disponibles y se especifica qué se puede vender en cada uno.
La invitación directa de Moreno Botrán a Wisa.
Tres semanas después de enviar la invitación, y a escasos días de salir del gobierno, el 29 de diciembre de 2007, la DGAC y el Grupo Wisa firmaron el contrato. En el documento se menciona el dato que sostiene el argumento del MP: se condiciona a la SAT a emitir una resolución que permita a La Riviera operar en el aeropuerto.
Extracto del contrato.
El MP intentó profundizar en el expediente del Grupo Wisa en los archivos de la DGAC. Pero la abogada Raquel Soto Arias, notificó que el expediente estaba perdido. Entre 2013 y 2014, esta abogada cobró Q975 mil como consultora de la DGAC.
Los fiscales encargados del caso creen que las investigaciones los llevaran directamente a Moreno Botrán. Esta no es la primera vez el exdirector de Aeronáutica está metido en problemas.
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En noviembre de 2006, la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) otorgó al Estado de Guatemala US$300 mil para la construcción de una torre de control en el aeropuerto de Quetzaltenango. Según el diario El Quetzalteco, Moreno Botrán, entonces en la DGAC, tuvo conocimiento del ingreso de dos terceras partes del monto, pero nunca construyó la torre.
La remodelación de La Aurora por parte de Berger no estuvo exenta de problemas. Según un reportaje de Inforpress, la obra fue suspendida por la Contraloría General de Cuentas por la forma en que se dieron los contratos. En 2006, la entonces diputada Roxana Baldetti citó a Moreno Botrán al Congreso, en donde acusó que las tres empresas contratadas para la construcción estaban relacionadas con Óscar Berger.
Esto se sumó a otros actos de corrupción que ennegrecieron la reputación de un gobierno que se publicitó como libre de corrupción. La compra de terrenos con sobre precio con dinero del Estado para la Federación de Polo, donde Francois Berger Dorión (primo del exmandatario) era presidente, según los archivos de Prensa Libre (14-03-07); la compra a finqueros de tierras sobrevaloradas y no aptas para cultivos por Fontierras para vender a campesinos (elPeriódico, 1-03-06); y el caso del aeropuerto, hicieron ver lo que años después (con el caso Muadi, el caso IGSS-Pisa, el caso Aceros de Guatemala, y el caso Desvío de ríos), las investigaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), demostrarían: entre los grandes empresarios también hay quienes acumulan de forma fraudulenta.
Los hermanos de Moreno Botrán, Alejandra y José Manuel, fueron ligados a proceso en el caso y pagaron una fianza para no estar en prisión preventiva. Se les señala detratar de ocultar las pruebas que llevaron a los hermanos Valdés Paiz a la cárcel por el caso Rosenberg. La madre María Isabel Botrán Bonifasi de Moreno, es el vínculo familiar con uno de los más grandes ingenios del país, Santa Ana, donde se produce el ron que es vendido en el Duty Free por la Sociedad Protectora del Niño.
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José Méndez Dardón fue asesinado a un escaso kilómetro de su lugar de trabajo, la DGAC, el viernes 17 de agosto de 2007. Mientras esperaba en un semáforo, una persona se acercó a su carro y le disparó varias veces.
Semanas antes Méndez Dardón, encargado de realizar monitoreos a los vuelos privados en Aeronáutica Civil, denegó el aterrizaje de un vuelo privado proveniente de Panamá. No estaba en la lista y eso era sospechoso. Luego de eso comenzó a recibir amenazas. Moreno Botrán estuvo entre las personas que le achacaron no haber permitido que la avioneta aterrizara, según contó José a su padre, Amílcar Méndez. Antes de ser asesinado, su trabajo se había vuelto delicado y había muchas sospechas de trasiego de drogas en el aeropuerto.
Amílcar Méndez dijo para este reportaje, que Moreno Botrán presionó para que el caso de su hijo no fuera conocido. El Ministerio Público, en ese momento a cargo de Juan Luis Florido (abogado de Berger) y el caso llevado por el controversial exfiscal Álvaro Matus, ni siquiera citó a Moreno Botrán para dar declaraciones, pese a las pruebas ofrecidas por Méndez. En la sentencia solo se condenó a los actores materiales del hecho.
Fue imposible contactar a Moreno Botrán para obtener sus declaraciones sobre estos múltiples señalamientos. Su antes abogada, Berta Julia Morales Bustamante de López, fue suspendida por el Organismo Judicial luego de llamadas de atención por litigio malicioso en los casos que CICIG llevaba contra los hermanos Moreno. Ella no los representa más.
La Riviera
“Es una gran decepción”, dijo en febrero de 2016, luego de tomar un respiro, Juan Luis Correa, el vicepresidente del Grupo Wisa. Sentado en una cómoda silla en el despacho de sus abogados litigantes, el bufete Vielman, y con la zona 10 capitalina como telón de fondo, Correa se lamentó de la situación. “El país nos invita, nos da requisitos, y luego nos demanda. Eso es increíble”.
Los empresarios pagaron US$4.7 millones por el derecho de llave para diez locales, y estaban a punto de invertir Q100 millones para remodelarlos cuando se dieron las capturas. Wisa es una de varias corporaciones que han se han beneficiado del boom de inversiones extranjeras en Panamá.
Desde el momento de la llegada de La Riviera, hubo tensiones y presiones de cada lado. Las capturas y el cierre de La Riviera es un capítulo de una batalla opaca. La medida tomó un camino de disputas legales que está por llegar al mismo país panameño, donde Wisa presiona para demandar internacionalmente a Guatemala.
En Guatemala, el debate tiene posturas polarizadas. Grupo Wisa, sus abogados y algunos expertos dicen que se está atacando un detalle legal (cómo operar), y en verdad sólo se está favoreciendo a las asociaciones de beneficencia que tienen sus tiendas en el aeropuerto, y que se vieron perjudicadas por la competencia que les representó el grupo panameño. Las asociaciones, por su lado, afirman y documentan que es a ellas a quienes se marginó, mientras relatan cómo sus ventas (y los servicios que prestan, según esos ingresos) se han ido a la lona desde la llegada de La Riviera.
“Aquí lo que hay son oligopolios que no pueden competir. Hay vínculos entre los grandes monopolios de este país y esas asociaciones de beneficencia. Ese es el verdadero problema”, señaló Correa.
Caridad e intereses empresariales
“Nosotros no somos un monopolio, estamos amparados en la ley”, se defiende Vilma Rodas Johnson de Cordón, presidenta y representante legal de la Sociedad Protectora del Niño (SPN), en sus instalaciones centrales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Con una voz pausada y en apariencia a punto de quebrarse, Rodas de Cordón detalla todos los problemas que les ha ocasionado la llegada de La Riviera.
La SPN es una asociación de beneficencia fundada en 1920, meses después de la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera. “Varias señoras se reúnen en el teatro Lux para ver la necesidad que tenían las madres trabajadoras. Eran personas altruistas”, cuenta Rodas. En la actualidad, cuida a más de 1.500 niños de sectores bajos y populares, a los que se les otorga una beca que cubre una buena parte de los costos.
Su presupuesto es de Q14 millones anuales, y para llegar a esa suma se vale de un “aporte simbólico” de los padres (que ronda en el 10% del presupuesto), eventos sociales, aportaciones de socios, y el Duty Free que el Congreso le otorgó en 1979, durante el gobierno de Romeo Lucas García. Pero desde 2009 que opera La Riviera, han trabajado en números rojos.
“Son señoras de dinero, cuyos maridos les abren las puertas a la política. Es gente que hace mucho bien al país”, trata de profundizar en una sala de espera del aeropuerto La Aurora, Eugenio Fernández Dussaq, miembro del Centro de Integración Familiar (CIF), otra de las tres asociaciones que se vieron beneficiados por las dictaduras militares para operar en el aeropuerto.
El CIF fue agregado por el Congreso en 1984, durante el gobierno del general Óscar Mejía Víctores, al decreto 68-79, que permitía a la SPN y a las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul (SVP) operar en el aeropuerto. “Eso nos da para cubrir un 15% del mercado, ahora que La Riviera ya no está”, apunta Fernández. El resto del mercado va para la SPN (65%), que tiene tres locales (uno especializado con productos Ron Zacapa) y solo puede vender licores y perfumes, lo que más se vende en el aeropuerto. Por último están las SVP, que tienen dos locales y venden artículos electrónicos y misceláneas.
El CIF fue fundado por el sacerdote español y jesuita Antonio Gómez y Gómez en 1971 con el apoyo de varias familias acaudaladas. Uno de sus primeros y más grandes proyectos se encuentra en Rabinal, parte de una región azotada por la represión del Estado a inicios de los 80. “El CIF ayudó a los damnificados del terremoto (de 1976), y con la represión funcionamos como mediadores del Ejército con la población”, respondió Fernández en un correo previo a la entrevista. Eso los salvó de la ola de masacres que se dieron en Plan de Sánchez, Rabinal y Río Negro.
“Eran jesuitas muy conservadores”, recuerda el también jesuita Francisco Iznardo, parte de una generación de sacerdotes que abogó por la Teología de la Liberación. “Para la élite de este país era muy beneficioso tener un ’padrecito de ellos‘, que no les cuestione nada, que ven que está haciendo algo por los pobres”. No es casualidad por eso, según Iznardo, que los empresarios se acerquen a estas asociaciones.
La fundación Juan Bautista, de la corporación Multi Inversiones, donó cientos de miles de quetzales por años al CIF, según Fernández. También lo hizo la familia de la exprimera dama, Wendy Widmann de Berger, Godoy Becker, y Granai. El actual presidente de CIF es el multimillonario azucarero Fraterno Vila. “Un presidente de las asociaciones como la nuestra debe tener llaves que nos abran puertas”, enfatiza Fernández.
Desde que el sacerdote Gómez y Gómez murió, los apoyos al proyecto en España cayeron. También lo hicieron las ventas con la llegada de La Riviera. Entonces esas llaves se hicieron más necesitadas. Hoy el proyecto de Rabinal cuenta con el apoyo de la corporación SEGA (parte de Microsoft) y de Fundazucar, la principal forma en que los grandes azucareros realizan aportes sociales que descuentan de lo que deben aportar con impuestos al Estado de Guatemala.
La presidenta de las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul (SVP), según documentos del ministerio de Gobernación, es Sandra Monteros Saravia de Mata, esposa de Carlos Mata Castillo, presidente de la Central American Bottling Corporation (Cabcorp.), que produce Pepsi en Guatemala, y es considerado por la revista Forbes como uno de los 12 millonarios más importantes de Centroamérica.
Mata también tiene inversiones en hidroeléctricas, en el Banco Industrial, y en la industria de alimentos. La vicepresidenta de SVP es Mayté Solórzano de Muadi, cuñada del empresario de Agexport, Pedro Muadi, expresidente del Congreso, preso por la venta de plazas fantasmas. . Las autoridades de las SVP se negaron tras varias solicitudes a dar su opinió para este reportaje. En una ocasión mencionaron que en la Asociación “todo estaba en orden”.
“Son proyectos que no van al fondo del problema, no buscan justicia, sino que se quedan en la caridad y en no pagar impuestos”, apuntó el sacerdote Iznardo.
La guerra legal
El MP afirma que el documento de la discordia es la autorización que realizó la SAT para que La Riviera pudiera operar. En ella la SAT les permite constituirse como un Depósito Aduanero y que sus ventas pasen como reexportaciones, ya que nunca tocan suelo guatemalteco.
“La SAT no podía eximir de impuestos a La Riviera. Eso lo puede hacer sólo el Congreso”, explica la fiscal Heidy de León, de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Pero la versión del MP es hasta el momento eso, una versión.
Extracto de resolución de SAT que autoriza a La Riviera.
“Por esas medidas arbitrarias Guatemala es ahora el hazmerreír de Centroamérica. Los fiscales no entienden de derecho aduanero”, afirma en su oficina de zona 13 el abogado tributarista Carlos Herrera, parte del bufete Díaz-Durán, recientemente mencionado en los Panama Papers, y defensor de los intereses de La Riviera.
Herrera explica con lentitud un tema intrincado, y que se reduce a que en Guatemala no existe una Ley de Duty Free. Como no existe una regulación coherente de parte del Estado, afirma, es necesario valerse de otros mecanismos regionales. Eso fue lo que hizo la SAT en el caso La Riviera: no concedió exenciones, como dice el MP, sino que le dio un marco para operar: los Depósitos Aduaneros.
Según Herrera, dentro del marco del Código Aduanero Unificado Centroamericano y su Reglamento II se dice que los países que no tienen una legislación para el Duty Free pueden usar figuras especiales (“auxiliares de la función pública” u otros). Eso es, a su juicio, lo que hizo el Grupo Wisa: creó un Depósito Aduanero donde guarda sus mercancías suspendidas de pagar impuestos de importación, para luego venderlas en sus tiendas en el aeropuerto, como una reexportación de productos que nunca ingresaron al país. Los mecanismos son los mismos que utilizan otras empresas de maquilas o en zonas francas.
Meses antes de tomar posesión como ministro de Finanzas, Héctor Julio Estrada compartió esa opinión en una columna en Plaza Pública. Dijo que pasar de ese problema técnico a llamarla una estructura paralela era un exceso. Emilio Pinto Zimeri, gerente de La Riviera, sostuvo para este reportaje que durante ese periodo ellos siguieron pagando otros tributos como el Impuesto de Solidaridad y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Pinto Zimeri compartió una auditoría de 2012 de la SAT que deja constancia de que La Riviera estaba al día en el pago de otros impuestos que le exigía el Estado. La solicitud a la SAT la realizó la Fiscalía de Delitos Económicos del MP como parte de sus averiguaciones sobre el caso.
Herrera, el abogado tributario, se pregunta: “¿Si había problemas, por qué no ejecutó la fianza?”, y se responde inmediatamente: “El Ministerio Público está perdido”.
Para Eugenio Ramírez, del CIF, la cosa es clara, pero del otro lado del argumento. Como ejemplo muestra una factura de La Riviera donde se lee que los productos están exentos de impuestos, lo que es falso e ilegal, ya que, dice, el Congreso nunca les concedió ese privilegio.
A través de documentación a la que se tuvo acceso, se muestran las tensiones internas en la SAT para que la resolución que permite a La Riviera utilizar el Depósito Aduanero fuera aprobada. Los ex Intendentes Rudy Villegas y Raúl Díaz Monroy presionando porque se diera, mientras la Secretaría General, a cargo de Jorge Andrino Grotewold, negándose.
La pelea finalmente llegó a tribunales. A varios tribunales, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC). Tanto los juicios civiles como de lo contencioso-administrativo le dieron la razón a La Riviera: lo que había en el fondo era una disputa comercial. Nada más. Es decir, las asociaciones buscaban con las demandas que interpusieron sacar a La Riviera del mercado del Duty Free. No había ninguna ilegalidad, solo intereses.
Las sentencias se dieron pese a que tanto la PGN (el abogado del Estado), la Contraloría General de Cuentas, y la Secretaría de Asuntos Específicos del entonces presidente Álvaro Colom (a cargo del empresario Luis Velásquez), dijeron que había serios problemas con los contratos.
Una resolución de CC dio al final cierta razón a las asociaciones. Dijo que si bien La Riviera no estaba ejerciendo presiones directas para que la SAT los beneficiara, un numeral de la resolución de la SAT era inconstitucional, por lo que debía cambiarlo: esa institución no puede otorgar beneficios fiscales.
Entre el tiempo en que se puso la demanda y la resolución de la CC, la SAT pasó el contenido de ese numeral del artículo (31) a otro (28), por lo que la sentencia de la CC quedó sin efecto. Fernández, del Centro de Integración Familiar (CIF), documentó el caso en una presentación de Prezi. Al final de su resolución, la CC repitió lo que dijeron otros juzgados: se debía velar por la libre competencia, en alusión a los intereses empresariales de las asociaciones de beneficiencia.
En 2012 apareció la Asociación Pro Derechos del Consumidor (Asprodeco), y demandó a La Riviera ante el MP. Asprodeco está compuesto por por miembros pagados del CIF, incluido Eugenio Fernández Dussaq y Ricardo Zetina Góngora. Ese es el único caso que lleva Asprodeco, que es señalada por La Riviera.
Cuestionado por el conflicto de interés, Zetina Góngora se defendió: “Se ve mal, yo sé, pero fue pura casualidad”.
La Fiscalía asegura que todo se hubiera evitado con una ley de Duty Free.
Los panameños
Tres gigantescas torres gemelas son la más reciente construcción del nuevo centro de negocios de la ciudad de Panamá. Se trata del Soho Mall, un complejo multiusos que le costó US$360 millones al Grupo Wisa. Las torres se mercadean como la nueva forma de hacer shopping. Todas las tiendas de prestigio tienen locales en el nuevo centro comercial. El Grupo Wisa ha pasado de ser una iniciativa familiar de migrantes árabes a una gigantesca corporación con inversiones en infraestructura, seguros, Duty Free, inmobiliarias, medios de comunicación, y todo lo que tenga que ver con zonas francas (áreas territoriales donde las actividades económicas están exentas de impuestos). Pasaron, según un reportaje de Travel Markets, de la Zona Libre de San Andrés, Colombia, a la Zona Libre de Colón, en Panamá, donde encontraron un éxito sin precedentes. El grupo reportó en 2009 US$59 millones de ganancias netas.
El poder que han ido logrando no ha estado, fuera de controversias. Un sencillo recuento hemerográfico hace ver que en una parte importante de los países donde tiene sus tiendas La Riviera, hay casos o señalamientos de tráfico de influencias y corrupción.
Su país de origen, Panamá, para empezar. Según una investigación del periódico panameño el Panamá América, el entonces asesor presidencial de Mireya Moscoso (1999-2004), George Weeden Gamboa, recibió por años el equivalente a casi Q3 millones de parte de Waked International, parte del Grupo Wisa. Una parte de ese dinero era depositado mensualmente en una cuenta de la hermana de Mireya, Ruby Moscoso (que fungió como primera dama).
Durante el tiempo en que se registraron esos pagos, Mireya Moscoso le dio una concesión millonaria de locales en el aeropuerto de Tocumen a la empresa del Grupo Wisa. Según dijo un portavoz de esa corporación para ese reportaje, Weeden Gamboa era el dueño de cuatro de los locales, y los montos eran para pagar los arrendamientos.
Luego en 2009, una fiscalía de Colombia comenzó pesquisas por inconsistencias en la contabilidad de La Riviera. La Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento del Tesoro estadounidenses se mostraron públicamente interesados por el caso y pidieron colaborar. Según ese reportaje, en Nicaragua y República Dominicana se encontraron casos similares.
Luego de que el Estado panameño se negara a colaborar con las investigaciones, la Fiscalía colombiana se inhibió de conocer el caso en 2010. Pero el 5 de mayo de 2016 esa misma fiscalía detuvo a Nidal Waked, la cabeza del Grupo Wisa, por lavado de dinero. La captura fue parte de una operación donde estaba involucrado el Departamento del Tesoro norteamericano. La DEA lo tildó de ser “uno de los más grandes lavadores de dinero y facilitador de crímenes en el mundo”.
El núcleo del problema
En 2011, en el auge de la tensión entre La Riviera y las tres asociaciones guatemaltecas, se suscribieron tres documentos importantes. Eran finiquitos que cada asociación firmó con la empresa del Grupo Wisa donde desistían de continuar con las demandas, en una especie de acuerdo de paz. “Yo lo sentí como una extorsión, la verdad”, dijo Eugenio Fernández de CIF. Lo mismo dijo Vilma Rodas de Cordón, de la SPN. Ambos mencionan que el finiquito fue la fase final de una serie de presiones y amenazas. Según dijeron, luego de la licitación para el Grupo Wisa, los locales que ocupaban pasaron a tener un estatus temporal. Y ese estatus terminaba en 2011.
Ambos también dijeron que las presiones vinieron de la abogada Gladys Maritza Ruiz de Vielman, cabeza del bufete Vielman. En enero pasado, el presidente Jimmy Morales la propuso como embajadora de Guatemala en Washington. En una entrevista para este reportaje, Ruiz de Vielman dijo que las acusaciones de las asociaciones eran infundadas.
Varios abogados del bufete Vielman tenía fuerza en la DGAC en ese 2011. Según datos de Guatecompras y la DGAC, tres de los miembros de este bufete ubicado en el edificio Mariamelia en la zona 10 de la capital (Zully Chinchilla de Cuevas, Ricardo Rubio Palma y Eduardo Pinto), recibieron en ese año Q149 mil por asesorías brindadas a la DGAC.
Uno de los abogados, Eduardo Pinto, también tenía interés en el caso: es el representante del Grupo Wisa en los juicios del caso que el MP lleva en su contra. Gladys Maritza Ruiz de Vielmn buscó desligarse en la entrevista: dijo que cada abogado en su despacho puede llevar los casos que escoja, y que eso no implica que el bufete esté relacionado. El resto son solo coincidencias.
Las asociaciones de beneficencia afirman que esas presiones eran parte de un plan por dejar que solamente La Riviera tuviera presencia en el aeropuerto. Como ejemplo mencionan el caso de la empresa JAED S.A., que en 2007 intentó ingresar papelería para estar en el aeropuerto, pero la SAT les negó esa posibilidad.
El abogado y experto fiscal Carlos Herrera, parte del bufete Díaz-Durán, participó en esa petición, y contradice esa versión. Afirma que fueron dejados fuera por un error técnico. No hubo nada político de parte de la SAT.
Pero el tema de los lugares y la presencia en el aeropuerto es al final de cuentas el núcleo central del conflicto.
Antes de cerrar, según el gerente de La Riviera, Emilio Pinto Zimeri, la empresa panameña pagó a la DGAC Q500 mil en concepto de rentas de locales y porcentajes de ventas, de los Q8 millones que facturaban mensualmente.
Actualmente, Wisa presiona al ministerio de Comercio del Estado de Panamá para demandar al Estado de Guatemala dentro del marco del Cafta y el Sieca por prácticas desleales para competir, según quedó claro en una carta a la que se tuvo acceso. Está por verse si las capturas a sus grandes ejecutivos en Colombia harán cambiar la estrategia.
Ese mercado ahora se lo dividen las tres asociaciones. Y es algo que no buscan perder, sino acrecentar.
En marzo de 2008, los diputados César Fajardo y Nery Samayoa, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pretendieron reformar la ley que dio los privilegios a las tres asociaciones. No buscaban sacarlos, solamente incluir a más asociaciones: la Asociación Pro-Futuro y el Instituto Neurológico de Guatemala podrían vender a pasajeros en tránsito que salieran del país.
La iniciativa de ley, según un diputado de la UNE que prefirió guardar anonimato, fue vetada por grandes empresarios y sus diputados. El supuesto bloqueo mantuvo los privilegios de las asociaciones de beneficencia, que continuarán con su monopolio intacto.
Según Fernández Dussaq, del CIF, ya han enviado cartas a los dos últimos mandatarios, Alejando Maldonado y Jimmy Morales, para que se les otorguen a las asociaciones los diez locales de Wisa. En ese momento el Duty Free regresará a lo años cuando el Estado militar les otorgó los beneficios que nadie ha podido cuestionar.
Publicado bajo licencia Creative Commons. Original en Plaza Pública
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